Mario Hector Manuel Montiel Rojas
Expediente 2283/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 19 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2283/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 27/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Mario Hector Manuel Montiel Rojas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Mérida, Yucatán, a veintisiete de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de quince días que señala la ley de la materia en su artículo 202, para que la parte quejosa se inconformara, con el proveído que declaró cumplida la ejecutoria federal; por tal motivo y en razón de que no ejerció ese derecho, téngase a la parte promovente del amparo conforme con el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, por lo que, háganse las anotaciones en el libro respectivo. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se otorgó la protección constitucional a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, el mismo debe conservarse, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá depurarse, tal como lo establece el propio numeral antes invocado. Asimismo, y como lo dispone el segundo párrafo del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales y en razón al sentido dictado en el presente asunto consérvese únicamente la demanda y sentencia dictada en el presente asunto, mismos que deberán digitalizarse en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala el referido segundo párrafo del citado artículo 18 del multicitado Acuerdo. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, a veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierten los oficios recibidos por este órgano de control jurisdiccional federal los oficios suscritos por las autoridades responsables, la Directora y el Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Patrimonial de Yucatán, ambos con sede en esta ciudad, y los anexos que acompañaron, mismos que ya obran glosados a los presentes autos, con los cuales informan lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria concesoria de amparo; asimismo, dado que mediante proveído de nueve de mayo de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa con dicha documentación para que en el término de tres días hábiles, manifestara lo que a su derecho conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obraran en este expediente y de los datos aportados por la responsable, sin que a la presente fecha hubiere hecho manifestación al respecto. Consecuentemente, este Órgano de Control Constitucional procede a resolver, si, de acuerdo con las constancias de autos, la invocada sentencia concesoria ha sido cumplida, o no; lo antes expuesto encuentra apoyo en lo establecido en el artículo 196 párrafo segundo de la Ley de Amparo. En este sentido es importante asentar que por sentencia definitiva dictada el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, terminada de transcribir el veintinueve de marzo del año en curso, por una parte se sobreseyó en el juicio de amparo, y por otra, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Mario Héctor Manuel Montiel Rojas, contra actos que reclamó de la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Patrimonial de Yucatán, con sede en esta ciudad, y de otra autoridad responsable. Asimismo, por auto de veintidós de abril de dos mil veintidós, causó ejecutoria la citada resolución, requiriendo a las responsables para que den cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo. De manera que las autoridades responsables, esto es, la Directora y el Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Patrimonial de Yucatán, ambos con sede en esta ciudad, estaban obligadas a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: ".SÉPTIMO. EFECTOS DEL AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, establece que cuando el acto reclamado es de carácter positivo, la sentencia concesoria tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce del derecho constitucional violado y restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En la especie, el amparo y protección de los derechos fundamentales, deberá restituir al quejoso en su derecho humano de seguridad jurídica, para lo cual, una vez que se notifique que haya causado ejecutoria esta sentencia de amparo, las autoridades registrales deberán proceder respecto de la solicitud 52114-2021, relativa a la cancelación de la nota jurídica que pesa sobre el inmueble materia de este juicio en lo relativo al diverso de amparo 296/21, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán y como consecuencia, la inscripción de la operación de compraventa por cuanto al predio cuatrocientos noventa y seis letra C, de la calle ochenta y dos de esta ciudad, con folio electrónico 484671..." Así, de las constancias que obran en este sumario, se advierte que la Directora y el Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Patrimonial de Yucatán, ambos con sede en esta ciudad, informaron del cumplimiento dado a la ejecutoria mediante oficios INSEJUPY/DRPPYC/DJ/AR/0474/2022 y INSEJUPY/DRPPYC/DJ/AR/0475/2022, y para acreditar su dicho, anexaron constancia de la boleta de inscripción con sello digital, respecto de la cancelación de la nota restrictiva inscrita con motivo del diverso amparo con número de expediente 296/2021, del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, e inscribiendo la solicitud marcada con el número 52114-2021, de operación de compraventa del bien inmueble ubicado con folio electrónico 484671. Lo anterior con el fin de restituir el pleno goce de sus derechos violados a la aquí peticionaria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se determina que se ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, a nueve de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos los oficios INSEJUPY/DRPPYC/DJ/AR/0474/2022 y INSEJUPY/DRPPYC/DJ/AR/0475/2022, ambos de dos de los corrientes, signados por la Directora y el Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, ambos con sede en esta ciudad, junto con un anexo que acompaña, relacionadas con el cumplimiento de la sentencia dictada en este asunto. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con las documentales de referencia, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificado de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido el plazo de referencia, dese cuenta con los autos para resolver si está cumplida o no la sentencia ejecutoriada. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, a veintidós de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente asunto; con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución, que en su primer punto resolutivo se sobreseyó en el juicio, y en su segundo, punto AMPARÓ y PROTEGIÓ a la parte quejosa Liliana Montiel Suarez, apoderada del directo quejoso Mario Héctor Manuel Montiel Rojas, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables respecto de las que se concedió el amparo y protección de amparo, con sede en esta Ciudad, para que en el plazo de tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, cumplan con la ejecutoria de mérito, a fin de restituir a la parte impetrante en el pleno goce de sus derechos violados; apercibidas que de no cumplir con lo anterior, en el lapso señalado, se les impondrá una multa mínima de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al numeral 258, en armonía con el diverso ordinal 238, ambos de la Ley de Amparo, y en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de inejecución. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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