Mario Hector Hernandez Ochoa

Expediente 331/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
331/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
16/10/2020

Partes del expediente

  • Mario Hector Hernandez Ochoa

Actuaciones

  1. Principal

    MESA 5-B. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal de autos, se desprende que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la ley de la materia, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja contra el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por XXXXXXX. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho auto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no existe actuación pendiente por realizar. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: 1. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el capítulo décimo del mencionado Acuerdo General. 2. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del citado Acuerdo General, al ser un juicio en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado numeral. Notifíquese

  2. Principal

    (AVISO DE NOTIFICACIÓN) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS QUE SE FIJA EN UN LUGAR VISIBLE DE ÉSTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN I, INCISO C), EN RELACIÓN AL 29 AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, EL ACUERDO QUE ANTECEDE QUE DICE LO SIGUIENTE:MESA 5-B. Vista la demanda promovida por XXXXX, contra actos del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en la Ciudad de México, y otras autoridades, señalando como actos los que precisó en su escrito de demanda: ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 331/2020-5-B. DESECHAMIENTO Del análisis integral de la demanda de amparo, este juzgado advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De los numerales transcritos se observa, que dentro de las veinticuatro horas siguientes a partir de que fue recibida la demanda de amparo por el órgano de control constitucional, dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia, y, b) Que sea manifiesto e indudable. Lo manifiesto, se materializa cuando se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios, de ampliación a la misma, cuando los haya, y de los documentos que se anexen a tales promociones". Dicho precepto faculta a los Jueces de Distrito para que, en los casos en los que adviertan la actualización de una causa de improcedencia, desechen de plano el escrito de demanda correspondiente, con la condición de que ello se desprenda de manera manifiesta e indudable. Sobre dichas condicionantes, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por "manifiesto" se debe entender aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente. No obstante, para poder arribar a la conclusión de que una causa de improcedencia se advierte de ese modo, se debe tomar en cuenta la demanda de amparo y los anexos, que en su caso se acompañen, a efecto de que esté debidamente probada y no sea inferida con base en presunciones, de forma tal que resulte innecesaria la substanciación del juicio, en virtud de que no sería posible arribar a una determinación diversa.2 Ahora bien, en relación con el examen que se debe realizar de la demanda de amparo, es importante tener presente que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que aquélla debe ser interpretada en su integridad con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una resolución que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados.3 Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. (.) De igual manera, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. A partir de las anteriores ideas y de una interpretación íntegra de la demanda de amparo, se concluye que el quejoso controvierte lo siguiente El bloqueo o retención de las cuentas bancarias: 1. Cuenta 5579 0701 0464 2183, aperturada en el Banco Santander (México), Sociedad Anónima, Institución de Banca múltiple, Grupo Financiero Santander México. Tapachula. 2. Tarjeta 10149061920, aperturada en Bancoppel, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, 3. 4062209291 aperturada en HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. Sin que pase inadvertido que el impetrante hace referencia a la confiscación de sus cuentas bancarias, empero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado diversos criterios que postulan que el juicio de amparo es improcedente contra actos futuros e inciertos, pues son nulas las posibilidades a que el acto de alguna autoridad pudiera causar daño o perjuicio a una persona determinada, sin que éste sea actual o inminente y en el caso, no se advierte esto último. Una vez precisados los actos reclamados, este órgano jurisdiccional estima que debe desecharse de plano, toda vez que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que en la parte que interesa establecen lo siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". El precepto transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, que son aquellos en contra de los cuales no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos establecidos para ello. Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la interpretación sistemática de dichos preceptos se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando éste no se promueva dentro del plazo de quince días contado a partir del día siguiente a aquél en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que reclama; o bien, al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiera ostentado sabedor. También se advierte que el legislador estableció tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo de quince días para la promoción del juicio de amparo, el cual comienza desde el día siguiente al en que: 1. Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; o, 2. El quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución; o, 3. El quejoso se haya ostentado sabedor de los actos referidos. En esas condiciones, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de amparo debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique el supuesto aplicable de los tres establecidos en el artículo 18 de la Ley de Amparo. (.) Entonces la causa de improcedencia se actualizaría atendiendo a si un acto de autoridad puede ser consentido antes de solicitar la protección constitucional. La integración de las formas del consentimiento de los actos reclamados, en el juicio de amparo, conduce a formular estas nítidas proposiciones: I. Hay consentimiento expreso del acto reclamado, cuando directamente se exterioriza que se está de acuerdo o conforme con dicho acto. II. Hay consentimiento expreso, también, del acto reclamado, cuando media una manifestación de voluntad que entrañe ese consentimiento; y, III. Hay consentimiento tácito del acto reclamado cuando el juicio de amparo deja de promoverse dentro de los términos que señala el artículo 17 de la ley reglamentaria. Así, la improcedencia del juicio de amparo, contra actos consentidos tácitamente se actualiza cuando éstos no son reclamados dentro de los plazos establecidos en el precepto 17 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención: d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y, e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no puede encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiesencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda. Entonces, para explicar la actualización de la causa de improcedencia invocada, es necesario precisar los antecedentes de los actos reclamados que el quejoso narra bajo protesta de decir verdad. Que tiene aperturada una cuenta en el Banco Santander (México), Sociedad Anónima, Institución de Banca múltiple, Grupo Financiero Santander México, en Tapachula, Chiapas, para lo cual se le otorgó la tarjeta número 5579 0701 0464 2183. Por lo que, el diecisiete de julio de dos mil veinte, acudió a dicha institución para realizar un trámite con esa cuenta, pero el gerente le informó de forma verbal que la cuenta estaba congelada y/o bloqueada para realizar cualquier trámite. De igual forma, el dieciocho de julio de esta anualidad, acudió a la institución bancaria denominada Bancoppel, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, en donde tiene aperturada una cuenta con número de tarjeta 10149061920, no obstante al no poder hacerlo, el gerente le informó verbalmente que dicha cuenta bancaria estaba congelada y que no podía hacer ningún movimiento. Asimismo, le informó que tal bloqueo fue realizado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, directamente de la Ciudad de México. También refirió, que tiene aperturada una cuenta bancaria en la institución denominada HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, con el número 4062209291, que el dieciocho de julio de este año, acudió a dicha institución y el gerente le informó en forma verbal, que dicha cuenta estaba congelada. Por lo que el tres de agosto del año en curso, presentó una queja ante la PRODECON, Procuraduría de la defensa del contribuyente, a la que le recayó el número 02694-CHI-QR, sin embargo, el cuatro de septiembre de este año, concluyó el procedimiento y resolvió dejar a salvo sus derechos. Como se aprecia, de las manifestaciones realizadas en la demanda de amparo, se evidencia que la parte promovente tuvo conocimiento del bloqueo de sus cuentas bancarias desde los días diecisiete y dieciocho de julio de dos mil veinte, fechas en que acudió personalmente a las instituciones bancarias y le informaron que sus cuentas estaban bloqueadas o retenidas, por lo que se advierte que el impetrante, se hizo sabedor de dichos actos materia de la litis, cuando menos desde dicha data, por lo que el plazo respectivo inició el veinte de julio de dos mil veinte. Asimismo, tuvo conocimiento que la orden de embargo y bloqueo de sus cuentas la realizó la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, directamente de la Ciudad de México. (.) Por lo tanto, si presentó la demanda de amparo hasta el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, es claro que transcurrió en demasía el plazo previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, por lo que, su presentación fue extemporánea y deben tenerse como tácitamente consentidos los actos que ahora pretende reclamar consistentes en el bloqueo o retención de las cuentas bancarias: 1. 5579 0701 0464 2183, aperturada en el Banco Santander (México), Sociedad Anónima, Institución de Banca múltiple, Grupo Financiero Santander México. Tapachula. 2. Tarjeta 10149061920, aperturada en Bancoppel, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, 3. 4062209291 aperturada en HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. Dado que conocía éstos y la autoridad que lo ordenó, cuando menos desde aquéllas fechas, razón por la cual, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia P./J. 115/20105 , emitida por el Pleno del Alto Tribunal, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ.". Máxime que la naturaleza de dichos actos no permite ubicarlos en alguno de los demás supuestos de excepción previstos en el artículo 17 de la ley de la materia. En efecto, no se actualiza ningún supuesto de excepción porque los actos reclamados, no constituyen una sentencia condenatoria dictada en un proceso penal (fracción II); no constituye un acto que tenga o pueda tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a núcleos de población ejidal o comunal (fracción III); y, no se trata de actos prohibidos por el artículo 22 constitucional (fracción IV); lo cual revela de manera manifiesta e indudable la extemporaneidad de la promoción del juicio de amparo. Consecuentemente, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los dispositivos 17 y 18 todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA por improcedente, la demanda de amparo promovida por Mario Héctor Hernández Sánchez, contra actos del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en la Ciudad de México, y otras autoridades. Luego, si en relación a los actos que se reclaman a esas autoridades, el juicio de amparo es improcedente, a nada práctico se llegaría con emplazarlas a juicio, para que posteriormente se sobresea en el juicio por la causa de improcedencia que ha quedado establecida; además, con la tramitación del juicio se obligaría a las autoridades responsable a actuar en un juicio que jurídicamente resulta ocioso, lo que iría en contra de lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, al no impartirse una justicia pronta y expedita. (.) Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en esta ciudad. EXHORTACIÓN A LAS PARTES A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA", PRIVILEGIANDO EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con fundamento en el artículo 2, del Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, se exhorta a la parte quejosa a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", proporcionando a éste órgano jurisdiccional el nombre de usuario con el que se registren en el portal del de Juicio de amparo en línea bajo la siguiente liga electrónica: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea De igual manera con fundamento en la fracción XIX, del artículo 2 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. (.)

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