Mario Héctor Flores Ríos y Otros.
Expediente 759/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 759/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 10/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Mario Héctor Flores Ríos y Otros.
- Mario Héctor Flores Ríos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Vista la certificación con que se da cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia que sobreseyó este asunto; por tanto, con fundamento en el numeral 2, de la ley invocada, en relación con los ordinales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución causó ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, captúrese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, sin necesidad de pronunciarse respecto del destino de los incidentes de suspensión, toda vez que en la audiencia incidental se hizo la valoración respectiva de los mismos. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su artículo 21, inciso a), que a la letra dice: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; e) Medidas precautorias, siempre que no sean en materia penal. f) Impedimentos; g) Recusaciones; h) Excusas; i) Returnos; j) Incompetencias; k) Conflictos competenciales. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General." Por ende, a efecto de acatar el referido acuerdo, envíese el mismo al archivo de trámite y tomando en consideración que el presente asunto no es de relevancia documental, procede determinar que el presente asunto es destruible en un plazo de tres años, contados a partir del presente auto que ordena el archivo, por lo que deberá procederse a su destrucción en los términos ordenados en el penúltimo párrafo del numeral trascrito. Cabe precisar que el acto reclamado en el presente asunto no se ubica en ninguno de los supuestos contenidos en el artículo 15 del invocado Acuerdo General, motivo por el que no se considera de información reservada. Finalmente, de conformidad con el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de noventa días contados a partir del en que quede legalmente notificado del presente proveído, comparezca personalmente ante este Juzgado a recoger los documentos que anexó a su escrito de demanda, con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo concedido para tal efecto, dicho documento será destruido. .
- Principal
Visto el estado actual de los autos, se advierte que la autoridad Junta Arbitral para los Trabajadores del Servicio del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, no ha informado en relación al cumplimiento dado al fallo protector; por tanto, requiérase a la citada responsable para que dentro del plazo de veinticuatro horas, siguientes al en que reciba el oficio en el que se le transcriba el presente acuerdo, informe sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, o bien, los actos que haya realizado para ese efecto.
- Principal
Visto el estado actual de los autos, de los que se advierte que en proveído de veintiséis de mayo del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con el oficio DJF.-7845-I/2021 y su anexo, signado por la Directora Jurídica, de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, mediante el cual informó el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por consiguiente, atento lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. De las constancias que integran al presente juicio de amparo se desprende lo siguiente: La parte quejosa, reclamó específicamente: Del CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, se le reclama la aprobación y expedición el Decreto No. LXVI/APLIE/0637/2019 I P.O. relativo a la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua y su tarifa anexa, que contiene el apartado IV en la que se establece el cobro de derechos por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, específicamente el numeral 12, que contiene la tarifa de $15,000.00 pesos (QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.) por las inscripciones traslativas de dominio de propiedad de inmueble o garantías constituida sobre estos. DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, se le reclama la promulgación década uno de los ordenamientos legales expedidos por el H. Congreso del Estado de Chihuahua. En sentencia pronunciada el veintiséis de enero de la anualidad cursante, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, para el siguiente efecto: "(.) se le cobre únicamente el cinco por ciento (5%) de la tarifa total, es decir, la cantidad de $ 750.00 (setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) por el servicio que recibió, única y exclusivamente respecto del pago correspondiente a la factura fiscal con número de operación 1578008, relativo al pago de inscripción traslativa de dominio, de fecha veintisiete de febrero de dos mil veinte, expedido en favor del aquí quejoso y se le reintegre la parte que cubrió en exceso por tal concepto." En proveído de diez de marzo del presente año, causó ejecutoria la sentencia y se requirió el cumplimiento a la autoridad Oficina de Recaudación de Rentas de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, con asiento en esta ciudad. Mediante oficio DJF.-7845-I/2021, recibido en este Juzgado el veinticinco de mayo del presente año, la Directora Jurídica, de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, con domicilio en esta ciudad, informó sobre dicho cumplimiento y anexó copia autorizada de la constancia justificativa correspondiente. Bajo ese contexto, en el caso que se analiza, de la copia con firma autógrafa que adjuntó la responsable a su oficio de cuenta, se advierte que el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, se entregó al quejoso *******, el cheque número ******, a cargo de la institución bancaria Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, valioso por la cantidad de $9,750.00 (nueve mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N). Con el contenido del citado oficio y anexo, se dio vista al quejoso en proveído de veintiséis de mayo del año en curso, del cual quedó notificado el veintiocho de mayo del presente año, constancia de notificación que por ser expedida por un servidor público en ejercicio de o con motivo de sus funciones, merece eficacia probatoria plena, en términos de los artículo 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria a Ley de Amparo. Acorde a lo narrado, este Juzgado Federal estima que en el presente caso, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, está cumplida la ejecutoria de amparo, conclusión a la que se arriba de la confrontación entre los efectos para los cuales se otorgó a la parte quejosa la protección constitucional, y la actuación realizada por la autoridad ejecutora en cumplimiento de la misma, según las constancias que se allegaron a los presentes autos. Por tales motivos, una vez que cause estado este proveído, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo en vigor, se ordenará el archivo definitivo del presente asunto.
- Principal
Vista la certificación que inmediatamente antecede, de la cual se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la resolución dictada en este juicio; con fundamento en el artículo 2, de la Ley invocada, en relación con los preceptos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, causó ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así las cosas, de los autos se advierte que en el presente asunto se reclamó específicamente: "la responsable, en términos de lo ordenado por el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, de inmediato, emita el laudo correspondiente en el expediente 369/2018, del que deriva el acto reclamado, para así restituir al agraviado en el goce del derecho fundamental violado." Por tanto, se impone conceder la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la Junta responsable, dicte laudo que en derecho corresponda, en el expediente laboral ******+ de su índice. Así las cosas, de conformidad con el artículo 192, del citado ordenamiento legal, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número Veintiséis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, para que en el plazo de tres días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le transcriba el presente acuerdo; de cumplimiento a la ejecutoria en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte, o bien, los actos que haya realizado para ese efecto. Apercibida que de hacer caso omiso a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 192 y 258, ambos de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien unidades de medidas y actualización. Con independencia de proceder conforme lo estatuye el numeral 192, de la Ley de la Materia. Finalmente, glósese a los autos el escrito de cuenta firmado por el licenciado ************, autorizado del quejoso y, atendiendo a su solicitud; dígasele que se esté a lo acordado en párrafos precedentes.
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