Mario Hafet Herrera Jacobo

Expediente 509/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
509/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
14/12/2021

Partes del expediente

  • Mario Hafet Herrera Jacobo

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se aprecia que ha fenecido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la presente demanda de amparo; en consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se determina: Al haberse desechado la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, de acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso d), transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIDO en su totalidad. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el escrito de demanda firmado por Mario Hafet Herrera Jacobo, por propio derecho, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este órgano jurisdiccional, con el número 509/2021 y fórmese expediente físico y electrónico. Ahora, de conformidad con el artículo 112, en relación con el 113, ambos de la Ley de Amparo, este juzgado procede a examinar la demanda de amparo a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados artículos 112 y 113 de la Ley de la Materia, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo antes expuesto se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, página 64, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Atento a lo anterior, el suscrito juzgador advierte que la misma resulta improcedente en virtud del acto reclamado de la autoridad responsable, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, dado que del capítulo del acto reclamado señalado en la demanda de amparo, el quejoso aduce como tal el siguiente: ".IV.- ACTOS RECLAMADOS.- La ilegal sentencia interlocutoria de fecha 28 de octubre de 2021, en virtud de que se emitió sin fundar ni motivar y aun así reconoció la personalidad del hoy profesionista que compareció por el tercero interesado, a la audiencia incidental de acumulación de expediente, ostentándose como apoderado legal sin haber demostrado exhibido a juicio la documentación idónea y pertinente para acreditar su interés jurídico y legalidad y a nombre del Ayuntamiento Municipal de Acapulco, Guerrero; comparecer a defenderlo." En efecto, por lo que respecta al acto reclamado antes transcrito, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b), interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 113, 171 y 172, fracciones V y XII, del mismo ordenamiento legal, que en su orden disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo." Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [...] V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad; XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." (LO RESALTADO ES NUESTRO). De la lectura armonizada de los dispositivos legales transcritos, se desprende la notoria improcedencia de la demanda en estudio, en virtud de que el acto reclamado por el peticionario del amparo, consiste en la resolución interlocutoria de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, emitida en el incidente de falta de personalidad promovido por el quejoso contra la determinación emitida por la autoridad señalada como responsable en la audiencia incidental de acumulación de expediente 419/2019, en la cual compareció por parte del ayuntamiento demandado el licenciado Maximino Urióstegui Blas, sin exhibir acta y/o poder general donde se acreditara la designación como apoderado del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, para hacer valer la ratificación y las pruebas del incidente de acumulación. De la interpretación de lo anterior, se llega a la reflexión que el juicio de garantías procede ante un juez de distrito, contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; irreparabilidad que se refiere a una verdadera ejecución material que debe perdurar independientemente y a pesar del sentido del fallo final; destacándose que los actos de carácter procesal sólo tiene una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente algunos de los llamados derechos fundamentales del hombre, como lo es, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, ya que esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente solamente con el hecho de que quien la sufra obtenga sentencia favorable en sus pretensiones en el juicio. Tiene aplicación al caso concreto la tesis jurisprudencial P./J. 37/2014 (10a.), con número de registro digital 2006589, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, visible a página treinta y nueve, Décima Época, Tomo I, junio de dos mil catorce, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: ".PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Pues en el caso propuesto, dicho acto no puede considerarse de aquéllos que deban producir sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, toda vez que dicha resolución no conculca en modo alguno sus derechos fundamentales que tutela la Constitución Federal de la República a través de las garantías individuales, como lo son la libertad, integridad física, posesiones o derechos, sino la violación de derechos adjetivos que ocasionan únicamente efectos formales o intraprocesales dentro del juicio de origen, por lo que en caso de que esta violación procesal trascienda a su resultado y le resulte adverso, podrá reclamarla analógicamente a través del medio de impugnación correspondiente en contra de la sentencia de primer grado o por la vía de amparo directo al promoverse la demanda en contra de la sentencia definitiva en términos de lo dispuesto por el numeral 171 y 172, fracciones V y XII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Tiene aplicación al caso concreto la tesis jurisprudencial XIV. 2º. J/29, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible a página mil ciento dos, Novena Época, Tomo XIV, Agosto de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "RECURSOS. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA SU IMPROCEDENCIA ES RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO COMO VIOLACIÓN PROCESAL, POR EQUIPARARSE A AQUELLA QUE DECRETA SU DESECHAMIENTO." Así como la tesis XXI.3º.8 P, la cual se aplica de manera ilustrativa y por identidad de criterio, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible a página mil trescientos ochenta y seis, Novena Época, Tomo XVI, Julio de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro dice: "RECURSO DE REVOCACIÓN EN UN PROCESO PENAL FEDERAL. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA SU IMPROCEDENCIA ES RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO, POR SER UNA VIOLACIÓN PROCESAL ANÁLOGA A LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 160, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE AMPARO." Se sostiene lo anterior, porque del contenido íntegro del escrito de demanda presentada por el peticionario del amparo, se desprende que en el juicio de origen aún no se ha dictado laudo. Cobra aplicación la Jurisprudencia VI.2o.C. J/231, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tomo XVII, mayo de dos mil tres, a página mil ciento ochenta y seis, de rubro que a la voz dice: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE." En mérito de lo expuesto, se concluye que al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia ya analizada, lo que procede es desechar de plano la presente demanda, atento a lo dispuesto en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda; y, dado que se trata de un juicio de amparo en materia laboral, donde el promovente no es la parte patronal, se tienen como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que autoriza y da fe.

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