Mario Guadalupe Velez Flores
Expediente 1427/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1427/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Mario Guadalupe Velez Flores
Actuaciones
- Principal
agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el escrito signado por la licenciada Laura Pineda Rocha, en su carácter de autorizada de la parte quejosa, mediante el cual realiza diversas manifestaciones respecto a la vista dada por auto de ocho de septiembre de dos mil veintidós, en el que solicita se requiera a la responsable el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Ahora bien, visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio SF/DJTAIP/1491/2022 el Director Jurídico, de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, informó que en los últimos cinco días hábiles del mes de mayo de dos mil veintitrés, está contemplado el pago correspondiente a la parte quejosa. En ese sentido, atendiendo a las manifestaciones realizadas por la autoridad en cita, se tiene que la misma no ha justificado con los documentos fehacientes el día que tiene contemplado para realizar el pago correspondiente a la aquí parte quejosa, pues únicamente se ha informado que se realizara en el año dos mil veintitrés. En efecto, tratándose de una sentencia de amparo, cuyo cumplimiento implica el pago de una suma de dinero, si la autoridad vinculada originalmente al acatamiento del fallo protector y sus superiores jerárquicos, acreditan la insuficiencia de la partida presupuestal aplicable para el pago de esas sentencias, se debe determinar si es excusable el incumplimiento por falta de fondos y si se está en el caso de requerir a las autoridades que puedan disponer de los recursos presupuestarios correspondientes. Por tanto, resulta indispensable que la citada autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia de amparo (Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas), informe la fecha exacta en que estará a disposición del peticionario de amparo, el documento mercantil correspondiente al pago del crédito laboral a que fue condenado el demandado dentro del expediente laboral de origen. Asimismo, requiérasele al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios; para que dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones legales y en el plazo concedido, se sirva agilizar los trámites relativos a la conclusión del procedimiento de ejecución del laudo, materia de ejecución en el presente juicio de garantías; asimismo, para que INFORME cuál es el estado de las gestiones que ha realizado y en qué consisten los impedimentos con que cuenta para materializar el fin del procedimiento de ejecución del laudo. Es decir, que para el supuesto de que actualmente el procedimiento se encuentre detenido con motivo de la necesaria participación de alguna otra autoridad, entonces se pronuncie fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo, para que así, este órgano de control constitucional pueda proveer lo conducente al respecto, a saber, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. Del mismo modo, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, requiérase por última ocasión la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, informe las anteriores circunstancias; además, deberá acreditar de manera fehaciente, la imposibilidad presupuestal para dar debido cumplimiento al fallo protector, así como las gestiones que se encuentra realizando para efecto de incluir el pago en favor de David Ibarra Lerma, por la cantidad de $789,421.29 pesos, en relación a la resolución incidental de liquidación dictada dentro del juicio laboral de origen, en el actual presupuesto de egresos o bien, en el siguiente presupuesto de egresos dos mil veintitrés, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 38 de la Ley del Trabajo para Servidores Públicos al Servicio del Estado de Tamaulipas, y la fecha exacta de pago. Aunado a lo anterior, deberá justificar haber realizado los trámites necesarios a fin de que se dé cumplimiento al fallo proteccionista, así como haber instrumentado los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento. Apercibido que en caso de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238 de la ley invocada, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el escrito signado por el quejoso, por el cual hace diversas manifestaciones y solicita se requiera a la responsable a fin de que cumpla en sus términos con la ejecutoria. En ese sentido, tomando en consideración que mediante auto de uno de septiembre del presente año, se reiteró a la autoridad responsable su obligación de cumplir con el fallo protector, sin que a la fecha haya dado cumplimiento a la sentencia de amparo, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta a la autoridad responsable Presidencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días legalmente computados, cumpla con el fallo protector, esto es, en forma pronta y expedita dé trámite y conclusión al procedimiento de ejecución del laudo, dictado dentro del juicio laboral 313/E/2014, en específico, el pago por la cantidad de $68,500.36 (sesenta y ocho mil quinientos pesos, con treinta y seis centavos, moneda nacional) por concepto de prima de antigüedad, por el que se condenó a Gobierno del Estado, observando los plazos y términos legales, lo cual implica el deber de llevar a cabo los actos subsecuentes a los reclamados, necesarios para tal fin, o bien manifieste el impedimento que tenga para ello. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a Cien Unidades de Medida y Actualización Vigente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238 de la ley invocada; asimismo, una vez realizado el pronunciamiento respectivo se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el escrito de la licenciada Marcela González Arjona, autorizada de la quejosa Linda de Jesús Henríquez Luz Caballero, mediante el cual solicita el cumplimiento de la sentencia dictada en el presente asunto, aludiendo que se encuentra pendiente de cubrir la cantidad de $200,147.59 pesos (doscientos ciento cuarenta y siete pesos 59/100 m.n.) determinados en la resolución de fecha treinta de septiembre de dos mil veintiuno, asimismo, solicita la imposición de una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 258 en relación con el diverso 238 de la Ley de Amparo. Respecto a la manifestación que realiza la autorizada de la quejosa en el sentido de que no se ha cubierto la cantidad determinada en la resolución de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, dígasele que la resolución incidental de liquidación a la que alude no forma parte de la ejecución de la sentencia de amparo. Ello es así, pues dicho incidente de liquidación es independiente de los efectos por los cuales se concedió la sentencia del juicio de amparo. Cierto, pues en el incidente de liquidación únicamente se establece el importe líquido de las prestaciones de la condena establecida en el laudo -lo que constituye un requisito previo para hacerlo ejecutable-, siendo emitida por el pleno del Tribunal y no de manera autónoma por parte del Presidente, quien es la persona sobre la cual recae la ejecución del laudo; de ahí que no puede reputarse como acto de ejecución. Al respecto, se cita como apoyo la Jurisprudencia 624, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, número de registro 1002690, de rubro y texto siguiente: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE LAUDO. COMO LA INTERLOCUTORIA QUE LO RESUELVE, O EL ACUERDO QUE LO DESECHA, NO FORMAN PARTE DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN, NO PROCEDE EL RECURSO DE REVISIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ANTES DE INTENTAR EL AMPARO INDIRECTO. La interpretación armónica de los artículos 761 al 765, 843 y 946 de la Ley Federal del Trabajo, permite concluir que si al emitir el laudo correspondiente en un juicio laboral, la Junta omite cuantificar el importe de la condena por la que se deberá despachar ejecución, cualquiera de las partes puede promover el incidente de liquidación respectivo, debiéndose estimar que la resolución interlocutoria que le pone fin o el acuerdo que lo deseche de plano, no forman parte del procedimiento de ejecución del laudo, en primer lugar, porque es emitido por la Junta y no únicamente por su presidente y, en segundo lugar, porque en esa resolución sólo se establece el importe líquido de las prestaciones de la condena, lo cual constituye un requisito previo para hacer ejecutable el laudo; de ahí que dichas resoluciones no puedan reputarse como actos de ejecución impugnables a través del recurso de revisión establecido en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo. Por lo que en esas condiciones, no cabe agotar este recurso antes de promover en su contra la demanda de amparo, que debe ser indirecto en términos del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo." En otro orden, toda vez que a la presente fecha la autoridad responsable no ha dado cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto, con fundamento en los artículos 192, 193 y 195 de la Ley de Amparo, requiérase al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, informe a este juzgado si ya quedó cumplido el laudo en su totalidad, o bien, qué prestaciones quedan pendientes por cubrir del expediente laboral 504/E/2010. Lo anterior, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a Cien Unidades de Medida y Actualización Vigente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238 de la ley invocada, y llegado el momento procesal oportuno se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
- Principal
Vista la cuenta que antecede, téngase a Mario Guadalupe Vélez Flores solicitando el amparo y la protección de la justicia federal contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado con residencia en esta ciudad. Por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35, 37, 115, 116, primer párrafo, y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo; fórmese el cuaderno correspondiente; regístrese en el libro de gobierno con el número 1427/2022. Pídase a la autoridad responsable informe justificado, que deberá rendir dentro del plazo de quince días legalmente computados y requiérasele para que, dentro del término concedido, remita copia debidamente legible de todas y cada una de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional; en el entendido de que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia. De igual forma, se hace del conocimiento de las partes que deberán informar a este órgano jurisdiccional cuando surjan causas de improcedencia o sobreseimiento y, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten de acuerdo con lo establecido por el artículo 64 de la ley de la materia. Así, se pone a disposición de las autoridades responsables, el correo electrónico institucional 1jdo19cto@correo.cjf.gob.mx, para que se encuentren en aptitud de rendir su informe justificado y remitir cualquier información que se les solicite; en la inteligencia de que por este medio -correo electrónico-, se entablará comunicación con las autoridades responsables, hasta en tanto se normalicen las actividades de este órgano jurisdiccional, lo anterior de conformidad con los artículo 28, fracción III y 30, fracción I, de la Ley de la materia. Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. En la inteligencia de que la misma, en términos de los artículos 5, fracción II y 25 del Acuerdo General 21/2020, se llevará a cabo mediante el medio denominado ''videoconferencia'' a través de Cisco Webex Meetings. Por tanto, siguiendo los lineamientos establecidos en el diverso Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, en su artículo 28, SE REQUIERE A LAS PARTES para que en el plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación, proporcionen un correo electrónico o un dispositivo móvil al cual se les hará llegar la invitación del número de reunión en donde se llevará cabo la audiencia de ley; asimismo, indiquen en la promoción mediante la que desahoguen dicho requerimiento, la o las personas que acudirán vía electrónica en su representación (si es el caso). En el entendido que de no dar cumplimiento a lo anterior, o manifiesten el impedimento que tengan para hacerlo, la audiencia constitucional se llevará a cabo a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, lo anterior atento al artículo 5°, fracción II del Acuerdo General 21/2020. Por otro lado, en atención a los artículos 22 y 28 del citado Acuerdo General se les invita, a que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, e independientemente de lo anterior, propongan un correo electrónico a través del cual, en los casos que se estime necesario se pueda entablar la comunicación correspondiente. ''Artículo 22. Exhortos para mejorar la comunicación con las partes. Desde la primera notificación a las partes y en las subsecuentes mientras no atiendan la sugerencia, se les invitará a que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.'' ''Artículo 28. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes. Aunque el levantamiento de plazos trae aparejada la posibilidad recibir promociones presentadas físicamente y la de desahogar diligencias y actuaciones con presencia física de las partes, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Adicionalmente, los órganos jurisdiccionales procurarán exhortar a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea.'' Con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, se tienen con el carácter de terceros interesados a SENBIS S.A. DE C.V., INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL e INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES y se posterga su emplazamiento hasta en tanto obre en autos el informe justificado solicitado a la autoridad responsable. No se tramita incidente de suspensión toda vez que la parte quejosa no lo solicita expresamente en su demanda de amparo, como lo dispone el artículo 128, y el acto reclamado no está en los supuestos para decretarla de oficio en términos de los preceptos 126 y 127, todos de la Ley de Amparo. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda. Con fundamento en el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba de la parte quejosa la documental anexada en el escrito que se provee, la cual se admite y desahoga en el acto, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación de ella en la audiencia constitucional. Por cuanto hace a la prueba que ofrece consistente en todas las actuaciones que integran el expediente 149/E03/2020 del índice de la autoridad responsable, que deberá remitir al momento de rendir informe justificado, dígasele que su valoración se realizará en el momento procesal oportuno. De igual manera, se tienen como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala en su demanda, sin necesidad de acreditar que estén autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho, por ser laboral el juicio de donde deviene el acto reclamado y ser la parte trabajadora quien acude al amparo. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 y 79 del Acuerdo que Reglamenta los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación del Juicio de Amparo en Línea, este órgano de control constitucional otorga acceso, a la parte quejosa con nombre de usuario ''EDARROCHA'' con correo registrado pvmasesores74@gmail.com para que consulte las determinaciones emitidas en el asunto que nos ocupa; así como para enviar promociones, documentos, comunicaciones y recibir, en su caso, notificaciones en forma electrónica; lo anterior, también con lo establecido en el arábigo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, utilizando su firma FIREL, con el nombre de usuario que proporciona, en la página del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. Se hace del conocimiento del promovente que el acceso a los expedientes electrónicos solo es otorgado o revocado por los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito y, atenderá en todo caso a la situación jurídica que respecto a cada usuario impere en los asuntos en que se solicite, de conformidad con los términos legales que las propias partes otorgaron al solicitante, así como a la vigencia de su firma electrónica. Toda vez que resulta necesario habilitar al promovente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), notifíquese el presente proveído a la Encargada de dicho sistema, a efecto de que realice las gestiones administrativas correspondientes Con fundamento en el artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de amparo. Dese la intervención que legalmente corresponde al Fiscal Federal adscrito a este juzgado, corriéndole traslado con copia simple del escrito inicial de demanda, lo anterior a través del correo electrónico oficial rafael.desantillana@pgr.gob.mx. Notifíquese; y por correo electrónico al Fiscal Federal y a la Encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes ambos adscritos a este juzgado.
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