Mario Guadalupe Magadan Sánchez

Expediente 830/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
830/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
11/08/2023

Partes del expediente

  • Mario Guadalupe Magadan Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, mediante el cual hace del conocimiento el auto de siete de agosto de dos mil veintitrés, por el cual acusa recibo del expediente 830/2023, que contiene la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Juez Cuadragésimo Segundo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y secretarios actuarios adscritos a dicho juzgado..., Asimismo, y dado que no existe diligencia en el presente asunto pendiente por realizar, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, se hace la observación que este expediente es destruible, en el término de seis meses, por este juzgado de distrito contado a partir de que sea remitido al archivo..., Notifíquese.

  2. Principal

    AVISO: se notifica por medio de lista al QUEJOSO ... el contenido del auto de fecha 12 de julio de 2023, que en lo conducente dice: "Vista la demanda de amparo promovida por ******************** contra actos del Juez Cuadragésimo Segundo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y secretarios actuarios adscritos a dicho juzgado, por violación a las garantías consagradas en los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales; fórmese expediente impreso y electrónico respectivo, regístrese en el libro de gobierno de los juicios de amparo como 830/2023-III. Ahora bien, a efecto de acordar lo procedente respecto de la demanda de amparo, esta juzgadora toma conocimiento que se señala como acto reclamado la falta de emplazamiento, todo lo actuado en el juicio ********************, del índice del Juzgado Cuadragésimo Segundo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y como consecuencia la orden de lanzamiento del inmueble ubicado en el ********************, pretendiendo acreditar su interés jurídico con un contrato de arrendamiento respecto del mencionado domicilio de ********************. Por otra parte, de la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de la Red INTRANET, del Poder Judicial de la Federación, se puede consultar el ********************, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, promovido ********************, contra actos de la Quinta Sala, Juez Cuadragésimo Segundo y actuario adscrito a dicho juzgado, todos de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el que se señaló como acto reclamado "todas y cada una de las actuaciones practicadas en los autos del juicio ordinario civil promovido por ******************** en contra de ********************y de ********************tramitado bajo el expediente ********************, así como en los autos del juicio ordinario civil promovido por ******************** y ********************, tramitado con el expediente ********************, en el que se ejecutó la misma en el inmueble de nuestra propiedad que es el ********************, en esta ciudad, la sentencia definitiva dictada el de catorce de mayo de dos mil diecinueve y la diligencia ordenada y practicada el tres de septiembre de dos mil veintiuno, mediante la cual fuimos privados de la posesión del inmueble referido". En consecuencia, como claramente quedó advertido, en la demanda que ahora se analiza, se reclama la misma orden de lanzamiento que reclamaron los diversos quejosos en el juicio de origen y respecto del inmueble referido, en el cual ya se dictó sentencia definitiva, aunado a que ahora el aquí quejoso también refriere tener la posesión y no haber sido emplazado al mismo; por tanto, requiérase al promovente de este amparo, para que en el término de cinco días, con fundamento en los artículos 108, fracción V, y 114, fracciones I y II, ambos de la Ley de Amparo, realice lo siguiente: 1. Señale, bajo protesta de decir verdad, la relación que tiene con los diversos quejosos ********************, así como con las diversas personas que señala como terceros interesados. 2. Refiera quien tiene la posesión del inmueble que por esta vía combate, pues al existir un diverso juicio de amparo, en el cual se exhibió un diverso contrato a fin de acreditar el interés jurídico de los quejosos de referencia para defender el inmueble controvertido, refirieron tenerlo en posesión por la temporalidad de los documentos que exhibieron, los cuales están vigentes. 3. Remita copia simple o reproducción fotográfica íntegra y legible del auto que contenga determinación alguna de orden de desocupación del inmueble controvertido. Debiendo presentar su aclaración en original y copias suficientes, así como de sus anexos, con fundamento en el artículo 110 de la Ley de Amparo, apercibido que de no dar cumplimiento a lo ordenado en este proveído, se tendrá la demanda de amparo por no presentada, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la ley de la materia. Lo que se advierte que el quejoso está en aptitud de realizar, pues como se advierte del anexo que obra en la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, el contrato que celebró lo es con el actor en el juicio de origen, aunado a que las diversas partes que señala como terceros interesados, también conocen dicha información, la cual le puede obtener por conducto de estas. Debiendo presentar su aclaración en original y copias suficientes, así como de sus anexos, con fundamento en el artículo 110 de la Ley de Amparo, apercibido que de no dar cumplimiento a lo ordenado en este proveído, se tendrá la demanda de amparo por no presentada, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la ley de la materia. El requerimiento señalado en párrafos que anteceden se sustenta en el hecho de que, al promover el presente juicio de amparo podría retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada, lo que se traduciría en una transgresión a la impartición de justicia expedita, prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que deben respetar todas las autoridades del Estado Mexicano. Lo anterior es así, pues no debe perderse de vista que constituye un hecho notorio que los conflictos del orden jurisdiccional, generan, en la gran mayoría de los casos, el resentimiento entre las partes, sobre todo en el vencido, ya sea por considerar -entre otros supuestos- que el litigio no fue equitativo, que no fue debidamente representado o que su falta de recursos económicos se constituyó en factor determinante para el sentido de la sentencia firme; circunstancias las anteriores, que provocan la resistencia de quien no fue favorecido en la controversia para aceptar y cumplir, a título voluntario, con la decisión emanada de una contienda en la que se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento. La resistencia de que se viene hablando, se patentiza aun cuando es de explorado derecho que la sentencia firme, es decir, la que decide el juicio en lo principal y que no admite ningún medio de impugnación ordinario o extraordinario, que ha adquirido la categoría de cosa juzgada, característica que se presenta cuando lo decidido en ella es inmutable y en consecuencia debe ser atendida como la verdad legal, debe ejecutarse con independencia de la voluntad contraria de la parte derrotada o de cualquier otra persona que sin haber intervenido en el litigio pretenda hacer valer prerrogativas en contra del cumplimiento de aquélla. Así pues, la ejecución de las sentencias firmes derivadas de las controversias jurisdiccionales, generan en la mayor parte de los casos, la deslealtad del interesado que fue derrotado o, en su defecto -por lo general-, la intervención de terceros relacionados con aquél, ostentándose tanto a título de terceros extraños a juicio como en su calidad de supuestos justiciables que pretenden pasar por encima de la voluntad de los órganos jurisdiccionales y, desconocer en consecuencia, los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada que derivan de la sentencia firme que resolvió la contienda de origen en lo principal. Dentro de las maniobras apuntadas, los pretendidos "terceros extraños a juicio", abusan de la institución del juicio de amparo y de los principios inherentes de buena fe y legalidad que prevén a favor de todo gobernado, entre otros, los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se constituyen además en los principios rectores que norman el actuar de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito que integran el Poder Judicial de la Federación. Al promover el juicio de derechos fundamentales, se ha establecido como una práctica perniciosa por parte de los indicados "terceros extraños a juicio", ostentarse como poseedores del bien inmueble cuya desocupación y restitución ya fue ordenada en sentencia firme, razón por la cual, para acreditar su posesión y la certeza de sus afirmaciones como el interés jurídico que dicen les asiste para instar la tutela constitucional, exhiben, en la mayoría de los casos, documentos privados -contratos privados, comprobantes de domicilio, estado de cuenta, etcétera- que por lo regular en nada prosperan en la acción constitucional promovida, pues al momento de emitirse la sentencia respectiva son asuntos que no progresan al no quedar acreditado el interés jurídico por parte del promovente, obteniendo con ello el entorpecimiento de una ejecución en el juicio de origen, pues con tales documentos no puede tenerse por demostrado, de manera fehaciente, su interés jurídico, pues, para que tal cosa ocurra resulta obligado que los referidos títulos sean de fecha cierta, lo cual únicamente acontece a partir del día en que un documento de tal naturaleza se inscribe en el Registro Público o desde la muerte de cualquiera de los firmantes. En efecto, en la mayoría de las ocasiones la interposición de los sumarios constitucionales por parte de los "terceros extraños a juicio", es retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada, por tanto, la ratificación de la firma de la demanda de amparo, ante la presencia de Fedatario Judicial, permitirá a esta juzgadora federal formarse la plena convicción de que el libelo constitucional no se interpone con el fin referido, sino con el objetivo de acreditar y demostrar la ilegalidad del acto que se reclama. En la especie, y toda vez que con la promoción de este juicio se podría entorpecer la ejecución del expediente de origen; por lo cual, hágase del conocimiento al quejoso que al desahogar el presente requerimiento y al emitirse la sentencia correspondiente, de estimarse que aun así el presente juicio de amparo se promovió con la intención de entorpecer la ejecución en el juicio de origen, se hará acreedor a una sanción conforme al artículo 261 de la Ley de Amparo, según las circunstancias del caso que se estimen pertinentes. En ese tenor, el actual precepto 261 de la ley de la materia sustancialmente establece que se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días, a la parte quejosa, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda de amparo afirmen hechos falsos u omitan los que les consten en relación con el acto reclamado, o si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. En atención a lo expuesto, y con independencia de lo anterior, en caso de que se observe alguna irregularidad en el presente asunto, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a efecto de que manifieste lo que a su representación social corresponda. Se tiene al promovente señalando domicilio para oír y recibir el que indica y por autorizados a los licenciados en derecho que menciona, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, que a la fecha del dictado del presente acuerdo, tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito atento a lo dispuesto en el título Decimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis, y a las demás personas que indica para oír y recibir notificaciones, documentos e imponerse de los autos en términos del último supuesto del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo; a quien también de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite el uso de cámaras o lectores ópticos al consultar el expediente. Notifíquese personalmente al quejoso." NOTIFÍQUESE.

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