Mario Gregorio Villa Cardenas

Expediente 366/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
366/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
27/03/2017

Partes del expediente

  • Mario Gregorio Villa Cardenas

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de siete de marzo de dos mil diecisiete, por medio del cual se desechó la demanda de amparo de que se trata. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, en acatamiento a lo ordenado en los puntos cuarto, décimo cuarto, vigésimo al vigésimo tercero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en el manual -dos mil diez-, para la organización de archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de conformidad con el acuerdo antes mencionado se aprobó, manual que en su apartado IV, punto 4., refiere, que en los expedientes en los que se haya dictado un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido, deberán ser destruidos, por lo que, al actualizarse dicho supuesto en este asunto, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.Lo proveyó y firma, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Graciela Elias Morales Secretaria con quien actúa y da fe.Rs III

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación con que se da cuenta, de la que se advierte que a la fecha ya transcurrió el término de diez días a que se refiere el numeral 86, de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la sentencia dictada en estos autos, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que la resolución dictada por este Juzgado de Distrito el dieciséis de enero de dos mil diecisiete, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, glósese a los autos los cuadernos derivados del incidente de suspensión y previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, con conocimiento de las partes, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo vigésimo primero, fracción IV, capítulo cinco, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Por otra parte, en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo, se advierte que en su único punto resolutivo se concedió la medida cautelar definitiva; por tanto, consérvense todas las resoluciones relativas al otorgamiento de dicha interlocutoria así como la demanda, sentencia y demás constancias que se estimen pertinentes. Lo anterior, con fundamento en el segundo párrafo de la fracción III, del artículo vigésimo primero del citado acuerdo. Finalmente, en virtud de tratarse de un asunto totalmente concluido, se ordena devolver a la autoridad responsable Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, las documentales que acompañó a su informe justificado para los efectos legales procedentes; sin que sea necesario el acuse de recibo respectivo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    AVISO. CON APOYO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, SE PROCEDE A NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE SIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO 366/2017, POR MEDIO DE LISTA: Cuernavaca, Morelos, a siete de marzo de dos mil diecisiete. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra el acto de la Sala del Tercer Circuito Judicial del Estado de Morelos, consistente en la resolución de catorce de febrero de dos mil diecisiete, dictada por la Sala del Tercer Circuito Judicial del Estado, en el toca civil ***/2016-2, por el que declara fundada la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por el demandado, determinando que el Juez Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, es incompetente para seguir conociendo del juicio ordinario civil promovido *** en contra de ***, registrado con el número ***/2015-2, y ordenándose turnar los autos al Juez de origen y este a su vez los remita al Tribunal Unitario Agrario de Cuautla, Morelos, para que continúe en el conocimiento de dicho asunto. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 366/2017-III, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Desechamiento de la demanda. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 113 de la Ley de Amparo, esta sede constitucional desecha la demanda de amparo de que se trata, toda vez que de su estudio integral se advierte que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, contenida en los artículos 61, fracción XXIII y 62, con relación al 107, fracción VIII, aplicado a contrario sensu, todos de la citada ley. Al respecto, resulta conveniente tener presente el contenido de los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, los cuales son del tenor literal siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. (.)" El artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo establece que el amparo indirecto procede contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento del asunto, lo que tiene como finalidad permitir la revisión de tales cuestiones en esa vía constitucional. Asimismo, deben observarse algunos aspectos de las cuestiones de competencia establecidas en el Código Procesal Civil para el Estado de Morelos: Artículo 20. Incompetencia frente a Tribunal Superior. Ningún órgano jurisdiccional puede sostener competencia con un Tribunal Superior bajo cuya jerarquía se halle, pero sí con otro que, aunque sea superior en grado, no ejerza jurisdicción sobre él. Artículo 41. Conflictos de competencia. Los conflictos de competencia podrán promoverse por inhibitoria o por declinatoria. La inhibitoria se intentará ante el Juzgado que se considere competente, pidiéndole que dirija oficio al que se estima no serlo, para que se inhiba y remita los autos al órgano requirente, si éste acepta tener la competencia. La declinatoria se propondrá ante el Juzgado que se considere incompetente, dentro del plazo para contestar la demanda, pidiéndole que se abstenga del conocimiento del negocio y remita los autos al considerado competente. Si sostuviere su competencia, lo declarará así en resolución debidamente fundada y motivada y enviará los autos originales al superior. Las cuestiones de competencia se substanciarán sin suspensión del procedimiento. Artículo 43. Tramitación de la declinatoria. La incompetencia por declinatoria se propondrá ante el órgano jurisdiccional pidiéndole que se abstenga del conocimiento del negocio. Este remitirá, desde luego, testimonio de las actuaciones respectivas a su inmediato superior, el que citará al actor y al demandado para que en un plazo de tres días comparezcan ante el órgano superior, el cual en una audiencia en que se reciban las pruebas y alegatos de aquéllos y las argumentaciones de los órganos contendientes, resolverá la cuestión notificándola a las partes dentro del término legal. El juzgado declarado incompetente remitirá los autos a quien ordene el superior con testimonio de la sentencia del superior y, en este caso, la demanda y la contestación se tendrán como presentadas ante éste. En los casos en que se afecten los derechos de familia, es menester oír al Ministerio Público. Artículo 44. Del trámite en caso de conflicto negativo de competencia entre órganos de la misma jurisdicción. Cuando dos o más juzgados se nieguen a conocer de determinado asunto, el promovente a quien perjudique la negativa ocurrirá al superior a fin de que ordene a los órganos que se nieguen a conocer, que eleven los autos en los que se contengan sus respectivas resoluciones de abstención. Una vez recibidos los autos por dicho Tribunal, citará al actor y al demandado a una audiencia de pruebas y alegatos, que se efectuará dentro del tercer día, y examinará en ella las resoluciones judiciales y pronunciará su propia resolución. En los asuntos en que se afecten los derechos de familia, deberá oírse al Ministerio Público. Artículo 45. Del desechamiento de plano de las cuestiones de competencia. Si apareciere de las constancias y documentos de autos que la jurisdicción radica en el Juzgado que previno en el conocimiento del juicio o que el litigante que promueve la inhibitoria o la declinatoria se ha sometido a la jurisdicción del Tribunal, ésta se desechará de plano, continuando el juicio su curso. Artículo 46. Sanción por el abandono o empleo sucesivo de las cuestiones de competencia. El litigante que hubiere optado por uno de los medios de promover una incompetencia, no podrá abandonarlo y recurrir al otro; tampoco podrá emplearlos sucesivamente. Al que realice cualquiera de estas hipótesis se le aplicará el pago de una multa hasta de cien días de salario mínimo general vigente en el Estado, en beneficio del fondo de la administración de justicia. Igual sanción se aplicará en todos los casos en que se declare infundada o improcedente la cuestión de competencia. Artículo 47. Nulidad de lo actuado ante el Tribunal declarado incompetente. El órgano superior, al resolver la cuestión de competencia, declarará nulo lo actuado ante el juzgado incompetente, con las salvedades que previene el Artículo 28 de este Código. Artículo 48. Contiendas de jurisdicción. Las controversias suscitadas entre los Tribunales del Estado de Morelos y los Tribunales Federales o los de las demás entidades federativas, serán resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme al artículo 106 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y previa la substanciación que señalan los artículos 31, 32, 33 y 36 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tras oír el parecer del Procurador General de Justicia Estatal. De igual forma, el artículo 2 Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, así como los artículos 1, 2 y 9 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, establecen lo siguiente: LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS Artículo 2.- Corresponde al Poder Judicial del Estado, en los términos de la Constitución Política local, la facultad de aplicar las leyes en asuntos civiles y penales del fuero común, lo mismo que en los asuntos de orden federal, en los casos en que expresamente los ordenamientos legales de esta materia les confieran jurisdicción, así como el de regular su administración. LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS Artículo 1o.- Los tribunales agrarios son los órganos federales dotados de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos, a los que corresponde, en los términos de la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la administración de justicia agraria en todo el territorio nacional. Artículo 2o.- Los tribunales agrarios se componen de: I.- El Tribunal Superior Agrario, y II.- Los tribunales unitarios agrarios. Artículo 9o.- El Tribunal Superior Agrario será competente para conocer: I.- Del recurso de revisión en contra de sentencias dictadas por los tribunales unitarios, en juicios que se refieran a conflictos de límites de tierras suscitados entre dos o más núcleos de población ejidales o comunales, o concernientes a límites de las tierras de uno o varios núcleos de población con uno o varios pequeños propietarios, sociedades o asociaciones; Fracción reformada DOF 09-07-1993 II.- Del recurso de revisión de sentencias de los tribunales unitarios relativas a restitución de tierras de núcleos de población ejidal o comunal; Fracción reformada DOF 09-07-1993 III.- Del recurso de revisión de sentencias dictadas en juicios de nulidad contra resoluciones emitidas por autoridades agrarias; IV.- De conflictos de competencia entre los tribunales unitarios; V.- Del establecimiento de jurisprudencia, para lo cual se requerirá de cinco sentencias en un mismo sentido no interrumpidas por otra en contrario, aprobadas por lo menos por cuatro magistrados. Para interrumpir la jurisprudencia se requerirá el voto favorable de cuatro magistrados y expresar las razones en que se apoye la interrupción. Asimismo, el Tribunal Superior resolverá qué tesis debe observarse, cuando diversos tribunales unitarios sustenten tesis contradictorias en sus sentencias, la que también constituirá jurisprudencia, sin que la resolución que se dicte afecte las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción. La jurisprudencia que establezca el Tribunal Superior Agrario será obligatoria para los tribunales unitarios a partir de su publicación en el Boletín Judicial Agrario; Fracción reformada DOF 09-07-1993 VI.- De los impedimentos y excusas de los magistrados, tanto del Tribunal Superior como de los tribunales unitarios; VII.- Conocer de las excitativas de justicia cuando los magistrados del propio Tribunal Superior no formulen sus proyectos o los magistrados de los tribunales unitarios no respondan dentro de los plazos establecidos; y VIII.- De los demás asuntos que las leyes expresamente le confieran. Corresponderá al magistrado ponente instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución definitiva para someterla a la aprobación del Tribunal Superior. Así, cabe destacar que en los artículos transcritos se establece el procedimiento a seguir cuando se promuevan conflictos de competencia. Además, se advierte que ningún órgano jurisdiccional puede sostener competencia con un Tribunal Superior bajo cuya jerarquía se halle, pero sí con otro que, aunque sea superior en grado, no ejerza jurisdicción sobre él. Aunado a ello, del artículo 2 Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, así como de los artículos 1, 2 y 9 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, se colige que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, no ejerce jurisdicción sobre los Tribunales Unitarios Agrarios. En el caso, el acto que reclama la parte quejosa consistente en la resolución de catorce de febrero de dos mil diecisiete, dictada por la Sala del Tercer Circuito Judicial del Estado, en el toca civil ***/2016-2, por el que declara fundada la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por el demandado, determinando que el Juez Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, es incompetente para seguir conociendo del juicio ordinario civil promovido por M*** en contra de ***, registrado con el número ***/2015-2, y ordenándose turnar los autos al Juez de origen y este a su vez los remita al Tribunal Unitario Agrario de Cuautla, Morelos, para que continúe en el conocimiento de dicho asunto. Sin embargo, de los hechos narrados bajo protesta de decir verdad por la quejosa, así como de las constancias que obran en autos no se advierte que la autoridad a la cual se le declinó la competencia, se haya pronunciado por cuanto a la aceptación o no de la misma. De ahí que no sea dable estimar como una determinación final o definitiva los actos reclamados en el presente juicio, ya que ésta se encuentra supeditada a lo que el Tribunal Unitario Agrario de Cuautla, Morelos, determine, en razón de que la Sala del Tercer Circuito del Estado de Morelos no ejerce jurisdicción sobre dicho Tribunal. Estimar lo contrario permitiría que aún y cuando no se acepte la competencia, y por ende se lleve a cabo un conflicto competencial, se pueda substanciar de manera paralela el juicio de amparo indirecto, creando incertidumbre para las partes y autoridades, así como desnaturalizando el juicio constitucional, mismo que, por regla general, debe ser instado una vez que se agotaron los medios ordinarios para resolver este clase de conflictos, como ya se señaló, un conflicto competencial. Es requisito indispensable para que proceda el juicio constitucional ante el Juez de Distrito, que se afecte de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el juicio, por haberse consumado la violación de la garantía individual de que se trate. Así, tenemos que los actos controvertidos en esta vía de amparo no corresponde a aquellos de imposible reparación a que alude la fracción V, del artículo 107 de la Ley que nos ocupa, porque no afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, sino sólo produce efectos de carácter meramente adjetivo o procesales, los cuales repercuten en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento de origen, con vista a obtener un fallo favorable, de tal modo que si la parte quejosa obtiene una resolución a ella conveniente, tales efectos se extinguen por esa circunstancia, o bien que aunque no se lesione ninguno de los derechos sustantivos. Sirve de orientación, la tesis XVIII.4o.11 K (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, visible en la Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, página 1620, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, con registro 2006818, que estatuye: "COMPETENCIA POR DECLINATORIA O INHIBITORIA. EL AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE EN DEFINITIVA CONCLUYE CUALQUIERA DE ESOS PROCEDIMIENTOS (ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "DETERMINEN" CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO). Conforme a la disposición citada, el amparo indirecto procede contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, lo que tiene como finalidad permitir la revisión de tales cuestiones en esa vía constitucional. Ahora bien, el juicio de amparo reviste un carácter excepcional y no debe sustituir a los procedimientos ordinarios, puesto que su propósito principal es proteger los derechos fundamentales de las personas. Por otra parte, es claro que, una cuestión de competencia, se suscita por el desacuerdo entre autoridades sobre quién debe conocer de cierto asunto, por lo que cada una de ellas bien puede emitir resoluciones que determinen inhibir o declinar la competencia o su conocimiento; pero la amplitud del citado texto legal, en cuanto a los supuestos que establece, no puede llevar al absurdo de que, en una cuestión de competencia, puedan impugnarse en amparo indirecto cada una de las determinaciones que van emitiendo las autoridades involucradas pues, de ser así, una impugnación podría afectar a la otra y se desplazaría al sistema legal previsto en la ley respectiva, para dilucidar las cuestiones de competencia, lo cual no corresponde a la finalidad del juicio de derechos fundamentales. Por ende, la aplicación de la norma aludida no debe interrumpir ni sustituir los procedimientos legales ordinarios para la sustanciación de las cuestiones de competencia, por lo que, en cada vía o tipo de juicio, habrá de analizarse cuál es el momento oportuno para que el asunto sea del conocimiento de los tribunales de amparo, armonizando los principios de la legislación que rija al acto reclamado, con los del referido juicio constitucional. En ese sentido, el vocablo "determinen" utilizado en la fracción en comento, debe entenderse referido a aquella resolución que en definitiva establezca el conocimiento del asunto de origen, contra la cual procederá el juicio de amparo indirecto; esto es, tanto la inhibitoria como la declinatoria se componen de dos decisiones judiciales, la que inicia y la que concluye. Así, el amparo indirecto sólo procede contra la que concluye cualquiera de esos dos tipos de procedimientos competenciales, salvo cuando la decisión concluyente sea en sentido negativo pues, en ese caso, se generaría el conflicto competencial, el cual tiene una tramitación especial. Amparo en revisión 264/2013. José Bahena García. 16 de diciembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Gerardo Dávila Gaona. Secretario: Max Gutiérrez León. Esta tesis se publicó el viernes 27 de junio de 2014 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación." Así como la diversa XII.2o.2 L (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, de la Décima Época, visible en el Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, página 1507, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, de rubro y texto siguiente: "INCOMPETENCIA EN MATERIA LABORAL. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE REQUIERE QUE LA DECLARACIÓN RELATIVA SEA DEFINITIVA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE LA MATERIA. La extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 4a. 16, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, Primera Parte, julio-diciembre de 1989, página 333, de rubro: "INCOMPETENCIA, DECLARACIÓN DE. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO.", determinó que la declaración de incompetencia de la autoridad de trabajo que inicialmente conoce de un juicio laboral y remite los autos a la autoridad que estima competente, todavía requiere que esta última acepte la competencia para que el justiciable pueda acudir al juicio de amparo, en virtud de que, mientras esto último no acontezca, no se tiene certeza de que la competencia declinada sea aceptada o no por la segunda autoridad. Así las cosas, el Juez de Distrito, al momento de aplicar el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, vigente a partir de 3 de abril de 2013, el cual dispone que el amparo indirecto procede contra la resolución que determine declinar o inhibir la competencia o conocimiento de un asunto, deberá atender que esa determinación debe ser definitiva en los términos señalados. Lo anterior es así, porque la sola existencia del auto del órgano declinante que se declara incompetente no tiene el carácter de definitivo, ya que por su naturaleza sólo constituye un acto cuyo objetivo o propósito es remitir los autos que conforman el juicio natural a la autoridad que se considera competente, pendiente de aceptarse; de ahí que hasta que se acepta la competencia por la autoridad declinada, se puede acudir al juicio de amparo indirecto. Amparo en revisión 300/2013. José Antonio Mérida Rivera. 14 de febrero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: David Próspero Cardoso Hermosillo. Secretario: José Trinidad García Pineda. Esta tesis se publicó el viernes 25 de abril de 2014 a las 09:32 horas en el Semanario Judicial de la Federación." Máxime que los criterios emitidos por el Máximo Tribunal de la Nación, han limitado la procedencia del juico biinstancial, únicamente cuando se afecten materialmente derechos sustantivos, dejando superado el criterio de "violaciones en grado predominantemente superior", tal es el caso de la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, que a la letra dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por los artículos 61, fracción XXIII y 62, en relación con el diverso artículo 107, fracción VIII, interpretado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda de amparo. Notifíquese personalmente.

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