Mario González López
Expediente 1193/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1193/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Mario González López
Actuaciones
- Principal
(3)...Visto el estado que guarda el presente expediente y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente haya recurrido el auto de diecisiete de julio de dos mil veintitrés (fojas 8 a 15), en que se desechó la demanda de amparo; por tanto, se declara que el auto de referencia ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese este juicio como asunto concluido. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, en términos del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que carece de relevancia documental. De igual forma, se destaca que en el presente juicio se ha desechado la demanda, por lo que de conformidad al numeral 20, fracción IV, del acuerdo general en cita, es susceptible de destrucción dentro de los tres años siguientes a la emisión de este auto, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, toda vez que en el presente expediente obra glosado un documento original que exhibió la parte quejosa, requiérasele para que dentro del término de noventa días naturales contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante este Juzgado, debidamente identificado a recibirlo, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término indicado, dicho documento podrá ser destruido junto con el presente juicio.
- Principal
(3) I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por *******, por derecho propio, contra actos de la Asamblea del Ejido Rosa de Castilla, Municipio de Agua Blanca de Iturbide, Hidalgo. II. Creación del expediente. Fórmense los expedientes impreso y electrónico, regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 1193/2023-3. III. Decisión sobre la acción de amparo. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija el imperativo consistente en que para desechar una demanda de amparo no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. Apoya a la anterior consideración, la jurisprudencia que se cita: "Novena Época Registro: 193379 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Septiembre de 1999 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/19 Página: 730 DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Del anterior criterio, se concluye que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, de un estudio integro de la demanda de amparo, se obtiene que el quejoso M*******, reclama de la autoridad responsable integrantes de la Asamblea del *******, la notificación con carácter de urgente de veintidós de junio de dos mil veintitrés, donde se le hace del conocimiento que el ejido decidió separar a Román Flores Lemus como ejidatario por no haber cumplido cabalmente con sus obligaciones y responsabilidades, y respecto a la parcela que tenía asignada el citado ********, el ejido decidió darle destino para servicios públicos para la comunidad, tales como escuelas, áreas verdes, áreas deportivas o una zona urbana, de ahí que se notificó al aquí quejoso para que deje de trabajar dicha parcela, dándole oportunidad de que recolecte la cosecha de maíz que sembró, y le avisó que una vez que terminara la recolecta de la cosecha, se tomará posesión de la parcela en cita; por ende, en dicho acto no existe una relación de supra a subordinación. Puntualizado lo anterior, a criterio para quien aquí resuelve, se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXIII del ordinal 61 de la Ley de Amparo, con relación al 1, fracción I, y 5, fracción II, último párrafo, del propio ordenamiento, porque el acto que impugna no constituye actos de autoridad susceptibles de control constitucional; dichos preceptos establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los "Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto "resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las "garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política "de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados "internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". Es pertinente recordar que la Teoría General del Derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materia de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado. Por ello, es indispensable que las autoridades a quienes se les pretende atribuir el carácter de responsables en el juicio de amparo indirecto, lleven a cabo actos que de acuerdo a su naturaleza, actos de persona de derecho público o de autoridad; si bien el artículo 1°, último párrafo, de la Ley de Amparo, prevé la procedencia del juicio contra actos de particulares, lo cierto es que ese artículo se debe interpretar en forma relacionada con el diverso 5°, fracción II, último párrafo, en el sentido de que los particulares tendrían la calidad de autoridad responsable, cuando realicen actos equivalentes a los de ésta, que afectaran derechos en términos de dicha fracción y cuyas funciones estuvieran determinadas por una norma general. El concepto referido en el párrafo que antecede, ha sido estudiado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos asuntos previos a la entrada en vigencia de la actual Ley de Amparo; así el Máximo Tribunal considera que es autoridad para efectos del amparo, el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado; de ahí que autoridad es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. De donde se sigue que el juicio de amparo sólo procede contra actos u omisiones de los poderes públicos o de particulares que emitan actos de autoridad en los términos relatados y, en ese sentido, para distinguir un acto de otro, se debe atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supra ordinación. Conforme a ello, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se haga justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución General de la República establece una serie de derechos constitucionales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Por último, las relaciones de supra ordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. En atención a lo anterior, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse, también, a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior, aun tratándose de un particular. Bajo ese marco referencial, es de concluirse que las notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular, b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Las anteriores consideraciones tienen sustento en la jurisprudencia número 479, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común, Primera Parte, Cuarta Sección - Partes en el juicio de amparo, página quinientos veinte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS "EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las "notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de "amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o "de derecho que establece una relación de supra a subordinación "con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, "lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es "irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con "motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los "cuáles cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones "jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para "emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". En esas condiciones, es posible afirmar que los "actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo" son solamente aquellos que implican la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular, que esa relación tiene su nacimiento en una norma general, por lo que dota al ente de una facultad cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular y que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Del contexto integral de la demanda se revela que el peticionario ******, reclama de la autoridad responsable integrantes de la Asamblea del ********, la notificación con carácter de urgente de veintidós de junio de dos mil veintitrés, donde se le hace del conocimiento que el ejido decidió separar a Román Flores Lemus como ejidatario por no haber cumplido cabalmente con sus obligaciones y responsabilidades, y respecto a la parcela que tenía asignada el citado Flores Lemus, el ejido decidió darle destino para servicios públicos para la comunidad, tales como escuelas, áreas verdes, áreas deportivas o una zona urbana, de ahí que se notificó al aquí quejoso para que deje de trabajar dicha parcela, dándole oportunidad de que recolecte la cosecha de maíz que sembró, y le avisó que una vez que terminara la recolecta de la cosecha, se tomará posesión de la parcela en cita; por ende, en dicho acto no existe una relación de supra a subordinación. Conforme a lo antes expuesto, la autoridad señalada como responsable no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo; por ende, con fundamento en el numeral 113, en relación con la fracción XXIII del ordinal 61 de la Ley de Amparo, en concordancia al 1°, fracción I, y 5, fracción II, último párrafo, del propio ordenamiento, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia, de rubro, texto y datos de localización siguientes: "Registro digital: 2008595 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Administrativa Tesis: XXVII.3o. J/18 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III Página 2184 Tipo: Jurisprudencia AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO ES LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS. Del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo se advierte que es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, el ente público cuyos actos (lato sensu) unilaterales, son susceptibles de crear, modificar o extinguir obligatoriamente situaciones jurídicas, así como los particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por su parte, del proceso legislativo de la citada ley, concretamente del dictamen de la Cámara de Origen (Senadores), publicado en la Gaceta 288 de ese órgano el 13 de octubre de 2011, en relación con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de la contradicción de tesis 4/2014, cuya parte conducente aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 6, Tomo II, mayo de 2014, página 853, en la que se estableció que la procedencia del juicio está condicionada a que los actos de particulares "creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral, obligatoria, y en una relación de supra subordinación", se infiere que la identificación de las autoridades responsables en el amparo se clarifica y delimita si se atiende a los tipos fundamentales de relaciones que se dan al seno del Estado, a saber, de: subordinación, supraordinación y coordinación. De ahí que será autoridad para efectos del juicio de amparo, el ente público y/o el particular que se ubiquen en un plano de supra a subordinación y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Ahora bien, según el artículo 21 de la Ley Agraria, la asamblea es un órgano del ejido, no del Estado, por lo cual no puede considerarse como autoridad, máxime que, de acuerdo con la ratio de este último ordenamiento no podría estimarse así, en estricto sentido, pues desde su iniciativa de 10 de febrero de 1992, presentada por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se le perfiló (junto con el comisariado y el consejo de vigilancia) como mero órgano de representación y ejecución del ejido. Por otra parte, del precepto 23 de la Ley Agraria se advierte que: a) la asamblea general de ejidatarios no cuenta con atribuciones para vencer cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de sus actos, lo cual es una característica propia de una relación de supra a subordinación, en tanto revela la existencia de un sujeto cuyos actos gozan de imperatividad, coercitividad y unilateralidad; b) sus relaciones con los sujetos del ejido, por ejemplo, los avecindados, son de coordinación, ya que las diferencias que entre ellos se susciten deben ser resueltas mediante los procedimientos jurisdiccionales, como el juicio agrario, en términos del artículo 163 de la invocada legislación; y, c) aun cuando su artículo 27 establezca que sus resoluciones son obligatorias, lo cierto es que ello es una mera declaración llana como la dada por cualquier cuerpo director de una sociedad privada, pero que no está cargada del imperio, coerción y unilateralidad de los cuales están dotados los actos de autoridad. Por tanto, la asamblea indicada, en sus relaciones con los sujetos del ejido, no se ubica en una posición de supra a subordinación, sino en una de coordinación, por lo que no es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo." De igual forma, por las razones que la informan, la tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, séptima época, del Semanario Judicial de la Federación, volumen 175-180, primera parte, página 13, con registro digital 232366, del tenor: "AGRARIO. COMISARIADO EJIDAL. NO TIENE EL CARACTER DE AUTORIDAD, AUNQUE INTERVENGA EN LA APLICACION DE LA LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA. Aun cuando aparezca que el comisariado ejidal, señalado como autoridad responsable, aplicó los artículos 434, 435, 436 y 437 de la Ley Federal de Reforma Agraria impugnados de inconstitucionales, no puede estimarse que dicha aplicación de la ley sea un acto de autoridad para los efectos de la procedencia del juicio de garantías, sino que se trata de actos de particulares que no pueden ser objeto del juicio de amparo. Respecto de problemas similares, esta Suprema Corte ha sostenido reiteradamente que los actos efectuados por los comisariados ejidales en cumplimiento de las atribuciones que les confiere la Ley Federal de Reforma Agraria, no son actos susceptibles de reclamarse en la vía constitucional, por ser actos de particulares, ya que dichos órganos actúan únicamente como representantes del núcleo de población ejidal y como administradores de los bienes agrarios, salvo el caso en que ejecuten o pretendan ejecutar acuerdos u órdenes de las autoridades agrarias que afecten o puedan afectar derechos agrarios individuales de los ejidatarios. El comisariado ejidal no aplica la ley como autoridad sino como simple particular, cuando interviene en el procedimiento que establecen los artículos 434, 435, 436 y 437 de la Ley Federal de Reforma Agraria, como simple conciliador en la disputa suscitada entre la quejosa y tercera perjudicada por la posesión de una parcela ejidal, y su actuación se reduce a proponer una solución práctica de avenimiento a las partes en pugna con el objeto de evitar que tengan la necesidad de ocurrir al trámite contencioso agrario que determinan los artículos 438 al 440 de la Ley Federal de Reforma Agraria. En consecuencia, estos actos del comisariado ejidal no son actos de autoridad que lesionen los derechos agrarios de la quejosa y, por consiguiente debe sobreseerse en el juicio, en este aspecto, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo." Asimismo, las tesis aisladas de rubro y texto siguientes: "AGRARIO. COMISARIADO EJIDAL Y CONSEJO DE VIGILANCIA. NO SON AUTORIDADES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Aun cuando el artículo 22, fracciones II y III, de la Ley Federal de Reforma Agraria incluyen a los comisariados ejidales y a los consejos de vigilancia entre las autoridades de los núcleos de población ejidal relacionadas con las atribuciones que los diversos artículos 48 y 49 de la misma ley les marca, se desprende que no son autoridades agrarias, sino propiamente órganos de dirección y vigilancia, respectivamente, de los ejidos correspondientes: en consecuencia, aun en el supuesto de que éstos intervengan en los hechos que se le imputan, realizan actos de particulares que en todo caso caen bajo la sanción de las leyes comunes, por lo que en contra de dichas autoridades no cabe el juicio constitucional. "COMISARIADO EJIDAL. CARECE DEL CARÁCTER DE AUTORIDAD AGRARIA. El comisariado ejidal es el órgano de representación y ejecución de los acuerdos de asamblea de un ejido y tiene conferidas por la ley diversas facultades; sin embargo, ello no significa que deba considerársele una autoridad agraria, pues su carácter de órgano representativo y de ejecución son respecto del ejido y hacia su interior, respectivamente, de manera que se trata de cuestiones entre particulares sin imperio ni coerción. Lo anterior encuentra apoyo en la propia exposición de motivos de la Ley Agraria presentada por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados, que en la parte conducente señala que: "... En cuanto a la organización interna del ejido, la asamblea, el comisariado y el consejo de vigilancia ya no se conciben como autoridades en la iniciativa, sino como órganos de representación y ejecución; sus funciones son transparentes y sus reglas de operación sencillas. Estos órganos serán ahora protagonistas del cambio democrático, obligados en todo momento a respetar la voluntad de sus mandantes. ..."; es decir, la propia exposición de motivos de la Ley Agraria aclara enfáticamente que el comisariado ejidal no es una autoridad agraria. Por otro lado, y de manera destacada, la actual Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 48/97, publicada en la página cuatrocientos sesenta y tres del Tomo X, octubre de mil novecientos noventa y nueve, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sostuvo lo siguiente: "... si el acto de la autoridad agraria, define o da certeza a una situación legal o administrativa, y en ejercicio de su potestad, crea, reconoce, modifica o extingue algún derecho, en materia agraria, y dicha autoridad puede imponerla y ejecutarla aun en contra de la voluntad de los gobernados, ese acto es una resolución ..."; o sea que de acuerdo con el criterio de la Corte para que un acto pueda reputarse proveniente de una autoridad agraria, además de crear, reconocer, modificar o extinguir algún derecho, debe ser imponible y ejecutable aun en contra de la voluntad de los gobernados, lo que en el caso de los actos del comisariado ejidal no acontece, pues no se advierte en la ley dispositivo alguno que les otorgue esa facultad de imperio, sino únicamente, se insiste, de representación del ejido y ejecución de los acuerdos de asamblea." IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Parte quejosa: *********. a. Domicilio. Téngase como lugar para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda. b. Notificaciones vía correo electrónico. Con fundamento en los artículos 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 3º y 26, fracción IV, y 30 de la Ley de Amparo, en relación al artículo 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, dígase a(los) promovente(s) que no ha lugar a practicarle(s) notificaciones vía correo electrónico, dado que al efecto debe(n) contar con número de usuario y firma electrónica del Poder Judicial de la Federación. En todo caso, el número de teléfono celular y/o dirección de correo electrónico proporcionados se utilizarán para establecer comunicación no procesal con las partes cuando exista necesidad al respecto, conforme al artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. c. Autorizado(s). Téngase por autorizado(s) en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a *********, hasta en tanto acredite(n) contar con cédula profesional inscrita en el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que se señalan para tal efecto. d. Uso de medios electrónicos. Hágase del conocimiento del promovente que no requiere de autorización por parte de este tribunal para hacer uso de los mismos en la consulta del expediente físico. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a los actuarios de la adscripción para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto de realizar las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Asimismo, se requiere a dichos fedatarios para que, al elaborar las síntesis de los acuerdos que deban publicarse en listas, especifiquen en la forma más completa el contenido de las resoluciones emitidas, además de integrar debidamente al expediente físico las razones de las diligencias que practiquen. VI. Exhortación a que hace alusión el artículo 263, fracción II del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, a fin de mejorar la comunicación con las partes. De conformidad con el numeral señalado en párrafo que antecede, se exhorta a las partes a que: Continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. VII. Expedición de copias. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo o en los informes justificados; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. VIII. Transparencia. Hágase del conocimiento de las partes que de conformidad a los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que este juzgado, como responsable de los datos personales de las partes en el presente juicio de amparo, los mismos serán utilizados para su tramitación y registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con fines estadísticos; asimismo, en términos de los diversos 43 a 48 de la ley general en cita, quedan a salvo los derechos de las partes de acceso, ratificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los que podrán ejercitar directamente ante este tribunal, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de transparencia de éste, auxiliar de su Comisión de Transparencia. En todo caso, hágase del conocimiento de las partes que este tribunal presume su oposición a la publicación de sus datos personales y únicamente en caso de solicitud expresa, se obrará en contrario. Finalmente, acorde a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, la información señalada en el Título Quinto, entre ellas, las sentencias ejecutorias de interés público, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que, en las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia que la falta de oposición expresa, implicará que en la versión pública correspondiente se suprimirán los datos sensibles que puedan contener de conformidad con el artículo 118 del ordenamiento en cita, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales.
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