Mario Gómez Vázquez
Expediente 1392/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1392/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/12/2022
Partes del expediente
- Mario Gómez Vázquez
Actuaciones
- Principal
...VISTO EL ESTADO PROCESAL DE AUTOS...SE DECLARA QUE EL AUTO POR EL QUE SE DESECHÓ LA DEMANDA HA CAUSADO ESTADO...ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO...
- Principal
*AVISO FIJADO EN PUERTA.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 24/11/2022, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "...Vista la demanda de amparo promovida por Mario Gómez Vázquez, por propio derecho, contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 42 del Estado de Querétaro, fórmese expediente y regístrese en libro de gobierno bajo el número 1392/2022. En principio conviene señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes. Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la misma. El artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Así también, la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA.- Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde". Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia publicada con la clave I.1o.A. J/4, en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora bien de la lectura integral de la demanda de amparo que nos ocupa se estima que, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse de plano, ya que en el caso se surte de manera manifiesta e indudable una causal de improcedencia. Ello toda vez que los actos reclamados substancialmente consisten en: a) El auto de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, emitido en el expediente 319/2021, promovido por Josefina Carmen Gómez Vázquez, Sofía Gómez Vázquez, Clotilde Gómez Vázquez, Ma. Isabel Gómez Vázquez, e Ignacia Gómez Vázquez, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 42 con sede en Querétaro, Querétaro, mediante el cual, regulariza el procedimiento y estima improcedente continuar con el requerimiento formulado a las actoras en cita a fin de que exhibieran las actas de nacimiento de todos y cada uno de los hijos de la extinta ejidataria Ma. Concepción Vázquez Reséndiz, a fin de ser llamados al procedimiento, ordenándose la continuidad de dicho procedimiento, sin el llamamiento a juicio de los hijos de la citada extinta. Acto de no imposible reparación (intraprocesal) En efecto, en relación con los actos reclamados descritos, se actualiza la causal de improcedencia prevista en 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal, ya que el acto reclamado en este asunto es un acto emitido dentro del juicio que no es de imposible reparación. Para demostrar lo anterior, es necesario tomar en consideración lo previsto en los citados artículos, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: . V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.] De estos preceptos se advierte, que se refieren al juicio de amparo promovido contra actos judiciales, además establecen la regla general consistente, en que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. A contrario sentido, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce una afectación de esa naturaleza. Cabe precisar que actos de imposible reparación, son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Federal o los tratados internacionales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos en juicio de ejecución reparable respecto de los cuales no procede el amparo indirecto, no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado; actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica; de ahí que respecto de ellos el amparo biinstancial es improcedente y tal acto se puede impugnar como una violación al procedimiento reclamable en el amparo directo que se promueva contra la sentencia que le resulte desfavorable, conforme al artículo 172 fracción XII de la Ley de amparo. En tales condiciones, si el acto reclamado consiste en el auto de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, emitido en el expediente 319/2021, promovido por Josefina Carmen Gómez Vázquez, Sofía Gómez Vázquez, Clotilde Gómez Vázquez, Ma. Isabel Gómez Vázquez, e Ignacia Gómez Vázquez contra el quejoso y otros, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 42 con sede en Querétaro, Querétaro, mediante el cual, regulariza el procedimiento y estima improcedente continuar con el requerimiento formulado a las actoras en cita a fin de que exhibieran las actas de nacimiento de todos y cada uno de los hijos de la extinta ejidataria Ma. Concepción Vázquez Reséndiz, a fin de ser llamados al procedimiento, ordenándose la continuidad de dicho procedimiento sin el llamamiento a juicio de los hijos de la extinta ejidataria, no es acto de ejecución irreparable, por lo siguiente: Con dicho acto sólo se pueden afectar los derechos procesales de la parte quejosa reo en el juicio natural, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, pues si se reclaman la determinación adoptada por el tribunal agrario responsable en donde estimó regularizar el procedimiento, con el objeto de señalar la improcedencia de llamar a juicio a todos los hijos de la extinta ejidataria Ma. Concepción Vázquez Reséndiz, y por ende ordena la continuidad de dicho procedimiento natural, es patente que los efectos de tal determinación sólo traen como consecuencia que el juicio continúe ante el tribunal primigenio por sus etapas legales en los términos inicialmente planteados, toda vez que dicha negativa a tener como tercero a todos los hijos de la extinta ejidataria, no constituye un acto de imposible reparación, ya que dicha actuación carece de afectación material, necesaria para la procedencia del juicio de amparo, toda vez que dicho actuar únicamente depara consecuencias dentro del procedimiento al afectarse la celeridad o prontitud del mismo, mas no así trasciende a la persona o bienes del justiciable, por lo cual no se actualiza la procedencia excepcional del juicio de amparo contra actos intraprocesales. Cabe precisar que conforme al citado numeral 107 fracción V de la ley de la materia, para que un acto sea de imposible relación, deben converger 1) que afecte materialmente derechos sustantivos y 2) que dichos derechos revistan el carácter de sustantivos, circunstancias que no se actualizan del análisis hecho al acto destacado. Máxime que de una distinción entre actos dentro del juicio que trasgreden de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo y los que solo afectan derechos adjetivos o procesales, en donde los primeros son indubitablemente impugnables en amparo indirecto, en virtud de que su ejecución es de imposible reparación, mientras que los segundos deben reclamarse en amparo directo como violación procesal, nos lleva a considerar que las violaciones procesales adjetivas reclamadas en torno a la regularización del procedimiento para el objeto de no llamar a juicio como terceros a todos los hijos de la extinta ejidataria Ma. Concepción Vázquez Reséndiz, no son impugnables en la vía que se actúa, pues dicha violación no es de imposible reparación al no afectar su derecho a la jurisdicción o a cualquier otro derecho sustantivo, pues se insiste, ello solo depara consecuencias dentro del propio procedimiento al afectarse su celeridad o prontitud. Es aplicable al caso concreto, la Jurisprudencia número 7/2019, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, Tomo I, Febrero de 2019, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS. EL AUTO O RESOLUCIÓN QUE NIEGA SU ADMISIÓN NO CONSTITUYE UN "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN", POR LO QUE ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, conforme a la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, para que los actos sean de "imposible reparación" es necesario que: 1) afecten materialmente derechos; y 2) esos derechos revistan la categoría de "sustantivos". Sobre esa base, la negativa a denunciar el juicio a terceros no es de naturaleza irreparable, pues esa actuación carece de la "afectación material" necesaria para la procedencia del juicio de amparo indirecto, ya que ese actuar jurisdiccional únicamente depara consecuencias dentro del propio procedimiento -al afectarse la celeridad o prontitud del juicio-, sin que trascienda a la persona o bienes del justiciable más allá de lo meramente procedimental, lo cual resulta indispensable para actualizar la procedencia excepcional del amparo indirecto contra actos intraprocesales. La postura anterior es la más acorde con el propósito que se busca con el artículo citado, consistente en evitar dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional, de suerte que sólo excepcionalmente se susciten cuestiones de esa naturaleza." Máxime, que el tribunal primigenio es puntual en el auto de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, que la acción planteada por la parte actora (aquí tercera interesada), frente al quejoso, es únicamente la nulidad del testamento público abierto otorgado por la extinta ejidataria, así como la cancelación de la inscripción como nuevo titular de este respecto a los derechos ejidatarios de Ma. Concepción Vázquez Reséndiz; lo cual, se traduce en garantizar el derecho efectivo a la jurisdicción y defensa de las partes e implica únicamente, que se sigua el procedimiento y se dicte la sentencia que en su momento se emitirá. Por tanto, será, en su caso, hasta el pronunciamiento de la sentencia que decida el fondo del asunto, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión del tribunal agrario responsable y, por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo y dar lugar así a una afectación de derechos; si la resolución definitiva es adversa a los intereses de la parte quejosa, en cuyo caso tal parte estará en posibilidad de impugnar como violación procesal la resolución ahora reclamada. Lo anterior se corrobora si se toma en cuenta, además, que tal resolución entraña una violación a las leyes del procedimiento, prevista en el artículo 172, fracción XII de la Ley de Amparo, puesto que tal precepto dispone lo siguiente: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicios de los órganos jurisdiccionales de amparo; (.)" En tales condiciones, al no ser actos que afecten derechos sustantivos en forma material; el juicio de amparo es improcedente contra de las determinación de veinticinco de octubre de dos mi veintidós, emitidas en el juicio 319/2021, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 42 con sede en Querétaro. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, el viernes seis de junio de dos mil catorce, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado - con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Sirve también de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1ª./ J. 90/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, visible en la página 213, de rubro y texto: DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN. De la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a./J. 42/2007, (1) de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", deriva que el acceso a la tutela jurisdiccional comprende tres etapas, a las que corresponden tres derechos que lo integran: 1) una previa al juicio, a la que atañe el derecho de acceso a la jurisdicción; 2) otra judicial, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y, 3) una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél. En estos términos, el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción debe entenderse como una especie del diverso de petición, que se actualiza cuando ésta se dirige a las autoridades jurisdiccionales, motivando su pronunciamiento. Su fundamento se encuentra en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual corresponde al Estado mexicano impartir justicia a través de las instituciones y procedimientos previstos para tal efecto. Así, es perfectamente compatible con el artículo constitucional referido, que el órgano legislativo establezca condiciones para el acceso a los tribunales y regule distintas vías y procedimientos, cada uno de los cuales tendrá diferentes requisitos de procedencia que deberán cumplirse para justificar el accionar del aparato jurisdiccional, dentro de los cuales pueden establecerse, por ejemplo, aquellos que regulen: i) la admisibilidad de un escrito; ii) la legitimación activa y pasiva de las partes; iii) la representación; iv) la oportunidad en la interposición de la acción, excepción o defensa, recurso o incidente; v) la competencia del órgano ante el cual se promueve; vi) la exhibición de ciertos documentos de los cuales depende la existencia de la acción; y, vii) la procedencia de la vía. En resumen, los requisitos de procedencia, a falta de los cuales se actualiza la improcedencia de una acción, varían dependiendo de la vía que se ejerza y, en esencia, consisten en los elementos mínimos necesarios previstos en las leyes adjetivas que deben satisfacerse para la realización de la jurisdicción, es decir, para que el juzgador se encuentre en aptitud de conocer la cuestión de fondo planteada en el caso sometido a su potestad y pueda resolverla, determinando los efectos de dicha resolución. Lo importante en cada caso será que para poder concluir que existe un verdadero acceso a la jurisdicción o a los tribunales, es necesario que se verifique la inexistencia de impedimentos jurídicos o fácticos que resulten carentes de racionalidad, proporcionalidad o que resulten discriminatorios. En las anotadas condiciones se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en su interpretación inversa. Por lo anteriormente considerado y fundado, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA, la demanda de amparo en análisis, promovida por Mario Gómez Vázquez, por propio derecho. Da vigor a lo dicho, Jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, Mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época , de rubro y texto:: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechar de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Por otra parte, se tiene como autorizada de la parte quejosa a KARLA CRISTINA MACKENZIE OLGUÍN, con todas las facultades de representación que indica el artículo 12 de la Ley de Amparo; y por lo que hace a la restante persona, sólo para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, en virtud de no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito (sin perjuicio de reconocerle las diversas facultades que le fueron conferidas, una vez que acredite ante éste Órgano estar plenamente autorizado para ejercer la profesión de abogado). Asimismo, se tiene como domicilio procesal el señalado en el escrito inicial de demanda. Ahora bien, atendiendo a la segunda certificación secretarial de cuenta, así como a la solicitud que vierte el promovente, con fundamento en el artículo 77 del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, se autoriza la consulta del expediente electrónico con el nombre de usuario "karlamackenzie". Hágase del conocimiento de la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, la autorización de consulta de expediente electrónico, ello para los efectos legales conducentes. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para practicar las notificaciones que se deriven de la tramitación el presente juicio de amparo, con el fin de no entorpecer su trámite. En diverso sentido, para el caso de que en el presente asunto, se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. En otro orden de ideas, se da vista a la parte quejosa para que, en el caso de que la autoridad señalada como responsable, con la denominación que indica en su demanda, no exista, con fundamento en la fracción III del artículo 108, de la Ley de Amparo vigente, (que precisa las obligaciones de la parte quejosa, entre las que se encuentra el señalamiento preciso de las autoridades responsablestema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la ley de la materia), sin diverso acuerdo, se les tendrá como inexistentes, no se les dirigirán comunicaciones procesales y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que la parte quejosa corrija el señalamiento de la denominación de las autoridades responsables; tomando en consideración que le corresponde al quejoso estar pendiente de la tramitación, en su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3, 6, 8, 9, 68, 71, 110, 113, 117, 118 y Segundo transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, así como en los considerandos Décimo Quinto, Décimo Sexto y artículo 33, fracción III, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, indíquese a las partes que las sentencias que emita el Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas, salvaguardando los datos personales concernientes a los promoventes identificados e identificables; haciéndoles saber de igual manera el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición, podría entenderse como el consentimiento de que se publiquen. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que emite las reglas y acuerdos generales correspondientes a la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso del FIREL, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo en vigor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre del dos mil catorce, en su oportunidad, digitalícese las demandas, recursos, incidentes, promociones y documentos que presentan las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información con el presente expediente; en la inteligencia de que el Acuerdo General de mérito establece que la integración del expediente electrónico iniciará para este Vigésimo Segundo Circuito en una tercera etapa, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, haga la declaratoria correspondiente que se publique en el Diario Oficial de la Federación, conforme al artículo Segundo Transitorio, fracciones I y II, del propio Acuerdo General Conjunto. Dado el estado de emergencia sanitaria en que se encuentra el País, se exhorta las partes que de ser posible continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", para lo cual deberán informar su usuario, ello de conformidad con los Acuerdos Generales 12/2020 y 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal. Atento a lo anterior, se reitera la exhortación a las partes y a sus autorizados, para que, de acuerdo a la contingencia por el virus COVID-19 en el que el país se encuentra inmerso, realicen consulta de expedientes vía remota (expediente electrónico listas de acuerdos a su disposición en la página www.cjf.gob.mx para lo cual, dígase, que para la continuación del presente asunto, tienen expedito su derecho de solicitar el acceso al expediente electrónico, y al efecto deberán proporcionar el "Nombre de Usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el portal respectivo. También se hace la precisión de que tratándose del juicio en línea, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, las partes, sus representantes en los juicios o los autorizados que cuenten con facultades expresas para ello conforme al segundo párrafo del artículo 35, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Finalmente, para los efectos legales conducentes, hágase del conocimiento de las partes, que de conformidad con los artículos 1 y 2 del ACUERDO GENERAL 15/2022, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DE LA ESPECIALIZACIÓN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, CON RESIDENCIA EN QUERÉTARO; A LAS OFICINAS DE CORRESPONDENCIA COMÚN QUE LES PRESTARÁN SERVICIO; ASÍ COMO LAS REGLAS DE TURNO, SISTEMA DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ASUNTOS ENTRE LOS JUZGADOS DE DISTRITO REFERIDOS; Y QUE REFORMA EL SIMILAR 3/2013, RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DEL NÚMERO Y LÍMITES TERRITORIALES DE LOS CIRCUITOS JUDICIALES EN QUE SE DIVIDE LA REPÚBLICA MEXICANA; Y AL NÚMERO, A LA JURISDICCIÓN TERRITORIAL Y ESPECIALIZACIÓN POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO, este Juzgado Federal, a partir del uno de septiembre de dos mil veintidós, modifica las materias de su competencia, para ahora ser semiespecializado en materia de amparo civil, administrativo y de trabajo y de juicios federales y conocerá de los asuntos que se indican en los artículos 57 a 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; conservando su residencia y jurisdicción territorial que tiene asignados y su nueva denominación será, JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVO Y DE TRABAJO Y DE JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE QUERÉTARO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE..."
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