Mario Goicochea Romero

Expediente 75/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 20 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
75/2023
Año
2023
Actuaciones
20
Última actuación
09/08/2023

Partes del expediente

  • Mario Goicochea Romero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de agosto de dos mil veintitrés. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el plazo de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para inconformarse del acuerdo dictado el siete de julio de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. DESTINO DEL EXPEDIENTE Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), en vigor a partir del día siguiente hábil (ocho de junio de dos mil veintitrés) se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo, no es de relevancia documental pero es conservable y susceptible de ser transferido cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, a los depósitos documentales dependientes del área coordinadora de archivos de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, ello, en términos del artículo 17, fracción III, inciso a), en relación con el artículo 9, del capítulo segundo del Acuerdo General. DESTINO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En cuanto al cuaderno original único del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la medida cautelar definitiva, se decreta que es conservable y susceptible de ser transferido, cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, a los depósitos documentales dependientes del área coordinadora de archivos de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, ello, en términos del artículo 17, fracción III, inciso b), en relación con el artículo 9, del capítulo segundo del acuerdo general señalado. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. DEVOLUCION DE DOCUMENTOS. Por otra parte, ya que resulta innecesario conservar la documental que la autoridad responsable Juez de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, Miriam Huerta Lechuga, remitió en apoyo a su informe justificado, consistente en copia certificada de la carpeta judicial administrativa 346/2019/CHOLULA, de su índice con la que se formó el cuaderno auxiliar I (anexo I), así como un disco versátil digital (DVD), relativo al registro de audio y video de la audiencia celebrada en ese expediente (obrante en la foja 148), previo desglose e inserción de la foja de sustitución correspondiente. No ha lugar a requerir el acuse de recibo respecto de las constancias devueltas toda vez que la autoridad responsable destinataria radica dentro de la zona conurbada del lugar de residencia de este juzgado; por tanto, se instruye al actuario judicial a quien corresponda entregar el oficio respectivo, cerciorarse que en el acuse de dicha misiva se haga constar la entrega de la documental descrita. INTEGRACIÓN AL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, en términos de lo que dispone el penúltimo párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionado por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, intégrese la presente determinación al expediente impreso dado que en ésta se ordena el archivo del expediente y genera notificaciones. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar donde se encuentra recluido; por lista a los terceros interesados; por oficio a la autoridad responsable, a las autoridades terceras interesadas, y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte que en acuerdo de veintiséis de junio del año en curso, se dio vista a la parte quejosa, tercera interesada y autoridades terceras interesadas con el cumplimiento que la autoridad responsable manifestó haber dado al fallo protector; la cual fue desahogada por el quejoso ********************, mediante escritos presentados el veintisiete de junio y tres de julio de dos mil veintitrés. Por ello, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se analiza si la ejecutoria fue acatada por la autoridad correspondiente, con los elementos que obran en autos. Primero, es pertinente precisar que en sentencia de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, se concedió la protección constitucional para los siguientes efectos: ".NOVENO. Efectos de la protección constitucional. Se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************, para que una vez que cause ejecutoria la sentencia y se requiera su cumplimiento, la 1. Juez de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en la ciudad de San Andrés Cholula, Puebla, ********************, realice lo siguiente dentro de la carpeta judicial administrativa ********************2019/CHOLULA: 1. Dejar insubsistente el acuerdo reclamado de diecisiete de enero de dos mil veintitrés. 2. Señalar fecha para celebrar audiencia de revisión de medida cautelar, en la que deberá: a) Permitir a las partes exponer lo que estimen pertinente en torno a la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y que debatan al respecto; b) Con base en la información que proporcionen las partes, con libertad de jurisdicción, la juez de control resolverá si el agente del Ministerio Público demostró o no la necesidad y justificación de prolongar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; c) En caso de resolver que se justificó la prolongación de la prisión preventiva oficiosa, determinará con claridad y precisión la vigencia de dicha prolongación. d) De no haberse justificado la prolongación de la prisión preventiva oficiosa, deberá ordenar que cese de inmediato dicha medida cautelar y, previo debate que sostengan las partes, podrá imponer alguna o algunas otras de las previstas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, excepto la prisión preventiva ni el resguardo domiciliario." Inconforme, el tercero interesado ********************interpuso recurso de revisión. Medio de impugnación que se substanció ante el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, bajo el número de revisión R-********************de su índice y, en ejecutoria de dos de junio de la presente anualidad, se resolvió en los términos siguientes: "PRIMERO.- Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO.- Para los efectos precisados en la sentencia recurrida, la Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, en contra del acto y autoridad precisados en el resultando primero de esta ejecutoria." Por lo anterior, en acuerdo de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, se requirió el cumplimiento de la sentencia de amparo a la autoridad responsable 1. Juez de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en la ciudad de San Andrés Cholula, Puebla, ********************. Mediante oficio 2891/2023/CHOLULA, la citada juez de control informó las gestiones que realizó para cumplir la ejecutoria de amparo, pues comunicó que en acuerdo de veinte de junio de dos mil veintitrés, dictado en la carpeta judicial administrativa ********************2019/CHOLULA, dejó insubsistente el acuerdo de diecisiete de enero de dos mil veintitrés (acto reclamado). Asimismo, informó que señaló las catorce horas con treinta minutos del veintidós de junio de dos mil veintitrés, para celebrar audiencia de revisión de medida cautelar, como se indicó en la ejecutoria de amparo. Mediante oficio 2937/2023/JC y 2938/2023/JC (sic), la juez de control responsable remitió copia autorizada del registro de audio y video de la audiencia celebrada el veintidós de junio de dos mil veintitrés, celebrada dentro de la carpeta judicial ********************2019/CHOLULA de su estadística, con la que manifestó haber cumplido la sentencia amparadora. Ahora, de las referidas constancias, que merecen pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la autoridad responsable realizó las siguientes acciones: 1) En acuerdo de veinte de junio de dos mil veintitrés, dictada en los autos de la carpeta judicial ********************2019/CHOLULA, dejó insubsistente el acuerdo reclamado de diecisiete de enero de dos mil veintitrés. 2) Señaló las catorce horas con treinta minutos del veintidós de junio de dos mil veintitrés para celebrar una audiencia de revisión de medida cautelar; en esa data celebró la audiencia aludida en la que realizó lo siguiente: a) Permitió a las partes exponer lo que estimaron pertinente en torno a la prolongación o cese de la prisión preventiva oficiosa impuesta como medida cautelar al quejoso; b) Con base en la información proporcionada por las partes en esa audiencia, con la libertad de jurisdicción que se le concedió, la juez de control responsable determinó procedente prolongar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el plazo de ocho meses, esto, a fin de dar oportunidad a que concluya el procedimiento penal ordinario; es decir, consideró que el agente del Ministerio Público justificó la necesidad de prorrogar la medida cautelar y fijó con precisión y claridad el tiempo de dicha extensión. Resolución que se notificó al peticionario de amparo y a su defensa en la audiencia misma en que se pronunció. Así, de la comparación realizada entre los efectos del fallo protector y las actuaciones de la autoridad responsable se obtiene que se cumplió, sin excesos ni defectos, la sentencia protectora de garantías; por tanto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia. No obstáculo para lo anterior que mediante escritos presentados el veintisiete de junio y tres de julio de dos mil veintitrés, el quejoso ********************, manifestó que la sentencia de garantías no se cumplió cabalmente; al respecto, el peticionario de amparo expresó esencialmente lo siguiente: Que en la audiencia de revisión de medida cautelar celebrada el veintidós de junio del presente año, incorporó, a través de su defensa, datos de prueba para demostrar que padece diabetes y es dependiente de la insulina, y que tiene arraigo domiciliario; datos de prueba que, dice, no fueron desvirtuados por la Fiscalía y pese a ello, la autoridad responsable no se pronunció en torno a valor probatorio de los mismos; Que no se justificó la prolongación de la prisión preventiva en su contra, por lo que la juez de control responsable debió ordenar el cese de la misma e imponérsele una diversa. Los argumentos recién sintetizados son infundados, en virtud de que están encaminados a controvertir el fondo de la decisión jurisdiccional pronunciada por la juez de control responsable en la multicitada audiencia de revisión de medida cautelar, lo cual no formó parte de la litis constitucional en este expediente, en virtud de que, como se relató, los efectos del fallo protector tuvieron el alcance de constreñir a la juez de control a celebrar audiencia de revisión de medida cautelar, pero se le reservó libertad de jurisdicción para decidir en torno a la prolongación o cese de la prisión preventiva impuesta al quejoso, con base en la información aportada por las partes en la audiencia respectiva. En ese sentido, es evidente que en el fallo amparador no se emitió pronunciamiento ni se estableció lineamiento alguno en torno al sentido en que debía emitirse la resolución respectiva, por lo que ésta no puede ser analizada en esta instancia; de ahí lo infundado de sus argumentos. INTEGRACIÓN AL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, en términos de lo que dispone el penúltimo párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionado por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso dado que en ésta se tiene por cumplida la sentencia de amparo. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión; personalmente a los terceros interesados; por oficio a la autoridad responsable, a las autoridades terceras interesadas y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  3. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADALA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, siete de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte que en acuerdo de veintiséis de junio del año en curso, se dio vista a la parte quejosa, tercera interesada y autoridades terceras interesadas con el cumplimiento que la autoridad responsable manifestó haber dado al fallo protector; la cual fue desahogada por el quejoso ********************, mediante escritos presentados el veintisiete de junio y tres de julio de dos mil veintitrés. Por ello, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se analiza si la ejecutoria fue acatada por la autoridad correspondiente, con los elementos que obran en autos. Primero, es pertinente precisar que en sentencia de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, se concedió la protección constitucional para los siguientes efectos: ".NOVENO. Efectos de la protección constitucional. Se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************, para que una vez que cause ejecutoria la sentencia y se requiera su cumplimiento, la 1. Juez de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en la ciudad de San Andrés Cholula, Puebla, ********************, realice lo siguiente dentro de la carpeta judicial administrativa ********************2019/CHOLULA: 1. Dejar insubsistente el acuerdo reclamado de diecisiete de enero de dos mil veintitrés. 2. Señalar fecha para celebrar audiencia de revisión de medida cautelar, en la que deberá: a) Permitir a las partes exponer lo que estimen pertinente en torno a la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y que debatan al respecto; b) Con base en la información que proporcionen las partes, con libertad de jurisdicción, la juez de control resolverá si el agente del Ministerio Público demostró o no la necesidad y justificación de prolongar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; c) En caso de resolver que se justificó la prolongación de la prisión preventiva oficiosa, determinará con claridad y precisión la vigencia de dicha prolongación. d) De no haberse justificado la prolongación de la prisión preventiva oficiosa, deberá ordenar que cese de inmediato dicha medida cautelar y, previo debate que sostengan las partes, podrá imponer alguna o algunas otras de las previstas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, excepto la prisión preventiva ni el resguardo domiciliario." Inconforme, el tercero interesado ********************interpuso recurso de revisión. Medio de impugnación que se substanció ante el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, bajo el número de revisión R-********************de su índice y, en ejecutoria de dos de junio de la presente anualidad, se resolvió en los términos siguientes: "PRIMERO.- Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO.- Para los efectos precisados en la sentencia recurrida, la Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, en contra del acto y autoridad precisados en el resultando primero de esta ejecutoria." Por lo anterior, en acuerdo de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, se requirió el cumplimiento de la sentencia de amparo a la autoridad responsable 1. Juez de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en la ciudad de San Andrés Cholula, Puebla, ********************. Mediante oficio 2891/2023/CHOLULA, la citada juez de control informó las gestiones que realizó para cumplir la ejecutoria de amparo, pues comunicó que en acuerdo de veinte de junio de dos mil veintitrés, dictado en la carpeta judicial administrativa ********************2019/CHOLULA, dejó insubsistente el acuerdo de diecisiete de enero de dos mil veintitrés (acto reclamado). Asimismo, informó que señaló las catorce horas con treinta minutos del veintidós de junio de dos mil veintitrés, para celebrar audiencia de revisión de medida cautelar, como se indicó en la ejecutoria de amparo. Mediante oficio 2937/2023/JC y 2938/2023/JC (sic), la juez de control responsable remitió copia autorizada del registro de audio y video de la audiencia celebrada el veintidós de junio de dos mil veintitrés, celebrada dentro de la carpeta judicial ********************2019/CHOLULA de su estadística, con la que manifestó haber cumplido la sentencia amparadora. Ahora, de las referidas constancias, que merecen pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la autoridad responsable realizó las siguientes acciones: 1) En acuerdo de veinte de junio de dos mil veintitrés, dictada en los autos de la carpeta judicial ********************2019/CHOLULA, dejó insubsistente el acuerdo reclamado de diecisiete de enero de dos mil veintitrés. 2) Señaló las catorce horas con treinta minutos del veintidós de junio de dos mil veintitrés para celebrar una audiencia de revisión de medida cautelar; en esa data celebró la audiencia aludida en la que realizó lo siguiente: a) Permitió a las partes exponer lo que estimaron pertinente en torno a la prolongación o cese de la prisión preventiva oficiosa impuesta como medida cautelar al quejoso; b) Con base en la información proporcionada por las partes en esa audiencia, con la libertad de jurisdicción que se le concedió, la juez de control responsable determinó procedente prolongar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el plazo de ocho meses, esto, a fin de dar oportunidad a que concluya el procedimiento penal ordinario; es decir, consideró que el agente del Ministerio Público justificó la necesidad de prorrogar la medida cautelar y fijó con precisión y claridad el tiempo de dicha extensión. Resolución que se notificó al peticionario de amparo y a su defensa en la audiencia misma en que se pronunció. Así, de la comparación realizada entre los efectos del fallo protector y las actuaciones de la autoridad responsable se obtiene que se cumplió, sin excesos ni defectos, la sentencia protectora de garantías; por tanto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia. No obstáculo para lo anterior que mediante escritos presentados el veintisiete de junio y tres de julio de dos mil veintitrés, el quejoso ********************, manifestó que la sentencia de garantías no se cumplió cabalmente; al respecto, el peticionario de amparo expresó esencialmente lo siguiente: Que en la audiencia de revisión de medida cautelar celebrada el veintidós de junio del presente año, incorporó, a través de su defensa, datos de prueba para demostrar que padece diabetes y es dependiente de la insulina, y que tiene arraigo domiciliario; datos de prueba que, dice, no fueron desvirtuados por la Fiscalía y pese a ello, la autoridad responsable no se pronunció en torno a valor probatorio de los mismos; Que no se justificó la prolongación de la prisión preventiva en su contra, por lo que la juez de control responsable debió ordenar el cese de la misma e imponérsele una diversa. Los argumentos recién sintetizados son infundados, en virtud de que están encaminados a controvertir el fondo de la decisión jurisdiccional pronunciada por la juez de control responsable en la multicitada audiencia de revisión de medida cautelar, lo cual no formó parte de la litis constitucional en este expediente, en virtud de que, como se relató, los efectos del fallo protector tuvieron el alcance de constreñir a la juez de control a celebrar audiencia de revisión de medida cautelar, pero se le reservó libertad de jurisdicción para decidir en torno a la prolongación o cese de la prisión preventiva impuesta al quejoso, con base en la información aportada por las partes en la audiencia respectiva. En ese sentido, es evidente que en el fallo amparador no se emitió pronunciamiento ni se estableció lineamiento alguno en torno al sentido en que debía emitirse la resolución respectiva, por lo que ésta no puede ser analizada en esta instancia; de ahí lo infundado de sus argumentos. INTEGRACIÓN AL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, en términos de lo que dispone el penúltimo párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionado por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso dado que en ésta se tiene por cumplida la sentencia de amparo. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión; personalmente a los terceros interesados; por oficio a la autoridad responsable, a las autoridades terceras interesadas y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  4. Principal

    SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LUIS EMANUEL VALDIVIA FIGUEROA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, siete de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte que en acuerdo de veintiséis de junio del año en curso, se dio vista a la parte quejosa, tercera interesada y autoridades terceras interesadas con el cumplimiento que la autoridad responsable manifestó haber dado al fallo protector; la cual fue desahogada por el quejoso ********************, mediante escritos presentados el veintisiete de junio y tres de julio de dos mil veintitrés. Por ello, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se analiza si la ejecutoria fue acatada por la autoridad correspondiente, con los elementos que obran en autos. Primero, es pertinente precisar que en sentencia de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, se concedió la protección constitucional para los siguientes efectos: ".NOVENO. Efectos de la protección constitucional. Se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************, para que una vez que cause ejecutoria la sentencia y se requiera su cumplimiento, la 1. Juez de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en la ciudad de San Andrés Cholula, Puebla, ********************, realice lo siguiente dentro de la carpeta judicial administrativa ********************2019/CHOLULA: 1. Dejar insubsistente el acuerdo reclamado de diecisiete de enero de dos mil veintitrés. 2. Señalar fecha para celebrar audiencia de revisión de medida cautelar, en la que deberá: a) Permitir a las partes exponer lo que estimen pertinente en torno a la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y que debatan al respecto; b) Con base en la información que proporcionen las partes, con libertad de jurisdicción, la juez de control resolverá si el agente del Ministerio Público demostró o no la necesidad y justificación de prolongar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; c) En caso de resolver que se justificó la prolongación de la prisión preventiva oficiosa, determinará con claridad y precisión la vigencia de dicha prolongación. d) De no haberse justificado la prolongación de la prisión preventiva oficiosa, deberá ordenar que cese de inmediato dicha medida cautelar y, previo debate que sostengan las partes, podrá imponer alguna o algunas otras de las previstas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, excepto la prisión preventiva ni el resguardo domiciliario." Inconforme, el tercero interesado ********************interpuso recurso de revisión. Medio de impugnación que se substanció ante el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, bajo el número de revisión R-********************de su índice y, en ejecutoria de dos de junio de la presente anualidad, se resolvió en los términos siguientes: "PRIMERO.- Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO.- Para los efectos precisados en la sentencia recurrida, la Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, en contra del acto y autoridad precisados en el resultando primero de esta ejecutoria." Por lo anterior, en acuerdo de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, se requirió el cumplimiento de la sentencia de amparo a la autoridad responsable 1. Juez de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en la ciudad de San Andrés Cholula, Puebla, ********************. Mediante oficio 2891/2023/CHOLULA, la citada juez de control informó las gestiones que realizó para cumplir la ejecutoria de amparo, pues comunicó que en acuerdo de veinte de junio de dos mil veintitrés, dictado en la carpeta judicial administrativa ********************2019/CHOLULA, dejó insubsistente el acuerdo de diecisiete de enero de dos mil veintitrés (acto reclamado). Asimismo, informó que señaló las catorce horas con treinta minutos del veintidós de junio de dos mil veintitrés, para celebrar audiencia de revisión de medida cautelar, como se indicó en la ejecutoria de amparo. Mediante oficio 2937/2023/JC y 2938/2023/JC (sic), la juez de control responsable remitió copia autorizada del registro de audio y video de la audiencia celebrada el veintidós de junio de dos mil veintitrés, celebrada dentro de la carpeta judicial ********************2019/CHOLULA de su estadística, con la que manifestó haber cumplido la sentencia amparadora. Ahora, de las referidas constancias, que merecen pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la autoridad responsable realizó las siguientes acciones: 1) En acuerdo de veinte de junio de dos mil veintitrés, dictada en los autos de la carpeta judicial ********************2019/CHOLULA, dejó insubsistente el acuerdo reclamado de diecisiete de enero de dos mil veintitrés. 2) Señaló las catorce horas con treinta minutos del veintidós de junio de dos mil veintitrés para celebrar una audiencia de revisión de medida cautelar; en esa data celebró la audiencia aludida en la que realizó lo siguiente: a) Permitió a las partes exponer lo que estimaron pertinente en torno a la prolongación o cese de la prisión preventiva oficiosa impuesta como medida cautelar al quejoso; b) Con base en la información proporcionada por las partes en esa audiencia, con la libertad de jurisdicción que se le concedió, la juez de control responsable determinó procedente prolongar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el plazo de ocho meses, esto, a fin de dar oportunidad a que concluya el procedimiento penal ordinario; es decir, consideró que el agente del Ministerio Público justificó la necesidad de prorrogar la medida cautelar y fijó con precisión y claridad el tiempo de dicha extensión. Resolución que se notificó al peticionario de amparo y a su defensa en la audiencia misma en que se pronunció. Así, de la comparación realizada entre los efectos del fallo protector y las actuaciones de la autoridad responsable se obtiene que se cumplió, sin excesos ni defectos, la sentencia protectora de garantías; por tanto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia. No obstáculo para lo anterior que mediante escritos presentados el veintisiete de junio y tres de julio de dos mil veintitrés, el quejoso ********************, manifestó que la sentencia de garantías no se cumplió cabalmente; al respecto, el peticionario de amparo expresó esencialmente lo siguiente: Que en la audiencia de revisión de medida cautelar celebrada el veintidós de junio del presente año, incorporó, a través de su defensa, datos de prueba para demostrar que padece diabetes y es dependiente de la insulina, y que tiene arraigo domiciliario; datos de prueba que, dice, no fueron desvirtuados por la Fiscalía y pese a ello, la autoridad responsable no se pronunció en torno a valor probatorio de los mismos; Que no se justificó la prolongación de la prisión preventiva en su contra, por lo que la juez de control responsable debió ordenar el cese de la misma e imponérsele una diversa. Los argumentos recién sintetizados son infundados, en virtud de que están encaminados a controvertir el fondo de la decisión jurisdiccional pronunciada por la juez de control responsable en la multicitada audiencia de revisión de medida cautelar, lo cual no formó parte de la litis constitucional en este expediente, en virtud de que, como se relató, los efectos del fallo protector tuvieron el alcance de constreñir a la juez de control a celebrar audiencia de revisión de medida cautelar, pero se le reservó libertad de jurisdicción para decidir en torno a la prolongación o cese de la prisión preventiva impuesta al quejoso, con base en la información aportada por las partes en la audiencia respectiva. En ese sentido, es evidente que en el fallo amparador no se emitió pronunciamiento ni se estableció lineamiento alguno en torno al sentido en que debía emitirse la resolución respectiva, por lo que ésta no puede ser analizada en esta instancia; de ahí lo infundado de sus argumentos. INTEGRACIÓN AL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, en términos de lo que dispone el penúltimo párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionado por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso dado que en ésta se tiene por cumplida la sentencia de amparo. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión; personalmente a los terceros interesados; por oficio a la autoridad responsable, a las autoridades terceras interesadas y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

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