Mario Garcia Tepetate

Expediente 89/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
89/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
22/02/2019

Partes del expediente

  • Mario Garcia Tepetate

Actuaciones

  1. Principal

    V. Apareciendo que ha transcurrido el término de cinco días que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese recurrido el auto de siete de febrero de dos mil diecinueve, mediante el cual este Juzgado DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO; en consecuencia, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción después de los cinco años siguientes a partir del presente acuerdo

  2. Principal

    V.- Vista la demanda de amparo de cuenta en la que Mario García Tepetate y Dulce Alexandra Magaña Parra, por propio derecho, solicitan el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, y otros. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el Libro de Gobierno bajo el número 89/2019-V-B. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que se actualiza una causal de improcedencia manifiesta e indudable, comprendida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con lo dispuesto en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, porque los referidos actos reclamados constituyen actos intermedios en ejecución de la sentencia dictada en el juicio ordinario civil de origen, que sólo pueden reclamarse en amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, misma que no se ha emitido en el presente caso si se toma en consideración que la última resolución que se dicte en esa fase ejecutiva, debe ser entendida conforme a lo dispuesto en el invocado artículo 107, fracción IV de Ley de Amparo, como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Lo que en el caso aún no acontece, pues todavía se están imponiendo a la parte demandada, aquí quejosa, las medidas de apremio para que dé posesión al actor del predio en litigio, tal y como se advierte de la simple lectura del propio escrito inicial de demanda. Cabe precisar, que la parte quejosa no se ostenta como tercera extraña al juicio de origen, pues de las constancias que adjunta a su demanda, se aprecia que en su carácter de demandados, interpusieron recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, que fue confirmada por la Alzada, y el acto aquí reclamado se emitió en ejecución de ese fallo. Ciertamente, el acuerdo en el que se le indicó a la quejosa que el predio que debe entregar al actor es el señalado en el proveído de treinta de enero de la presente anualidad dictado en el juicio ordinario civil de origen; no constituye la última resolución dictada en ejecución de la sentencia pronunciada en tal procedimiento ni están encaminados a cumplirla, y por el contrario, en el caso de la determinación reclamada, se remueve el eventual obstáculo que para dicho cumplimiento representa el citado medio de impugnación intentado por la enjuiciada, hoy quejosa; por ende, el mencionado acuerdo reclamado no podrá ser impugnado en amparo desde luego, sino sólo al mismo tiempo que lo sea la última resolución que se llegue a dictar en el procedimiento de ejecución de sentencia correspondiente. Esto es, el acto impugnado por esta vía, no constituye la última resolución dictada en tal fase, sino que se trata de una intermedia, en la medida que no aprueba o reconoce en forma expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Máxime que al existir una sentencia ejecutoria debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento, y en ese orden, la restricción para la procedencia del juicio de garantías contra violaciones sufridas en ejecución de una sentencia, limitada a la impugnación de la última resolución que ahí se dicte, obedece a razones tanto de interés social, como al mandato de prontitud en la impartición de justicia, establecido en el artículo 17 de la Constitución Federal. Aunado a que de la revisión de los documentos que la parte quejosa anexó a su libelo constitucional se revela que el acto combatido recae exclusivamente sobre el bien inmueble que ya fue objeto de la controversia judicial resuelta en sentencia definitiva, de ahí que cabe considerar que no excede los límites de la ejecutoria que se manda cumplimentar, la quejosa es quien fue plenamente oída y vencida, por lo que tal acto no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia ni con él se afectan derechos de la inconforme que no se hubiesen discutido y decidido en el juicio natural. Por lo tanto, al no constituir el referido acto de autoridad que se reclama, la última resolución del procedimiento de ejecución de sentencia del juicio de origen; es evidente que no pueden considerarse como una violación irreparable en atención a lo expuesto en las jurisprudencias antes trascritas; lo que indudablemente, materializa la hipótesis de improcedencia en comento. Así las cosas, ante la manifiesta e indudable presencia de la invocada causal de improcedencia, lo procedente es DESECHAR la demanda de amparo promovida por Mario García Tepetate y Dulce Alexandra Magaña Parra; lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia.

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