Mario García Santiago

Expediente 3244/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 8 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
3244/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
31/01/2019

Partes del expediente

  • Mario García Santiago

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, treinta y uno de enero de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, se advierte que en acuerdo de veintiuno de enero de dos mil diecinueve (foja 66), se dio vista a la parte quejosa con las constancias aportadas por la responsable, en cumplimiento al fallo protector, por el término de tres días, a efecto de que manifestara lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que en caso de ser omisa, este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento únicamente con las constancias que obren en autos. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    CITATORIO PRINCIPAL. POR MEDIO DE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DICTADO EL TREINTA Y UNO DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, CUYA SINTESIS DICE: AUTORIDAD HACE DEL CONOCIMIENTO QUE EMITIÓ EL CHEQUE...SE ESTIMA QUE LA RESPONSABLE ACATO EL FALLO PROTECTOR... ARCHIVESE EL EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO... ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN...

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintiuno de enero de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee: se tiene por recibido el oficio signado por la Secretaria General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, mediante el cual, en atención al requerimiento efectuado por este juzgado en proveído de diez de enero del año en curso, (fojas 53 y 54) remite copias certificadas del laudo de quince de enero del año en curso, dictado en el expediente 490/2012-A de su índice, constancias con las que pretende dar cumplimiento al fallo protector. En consecuencia, con el comunicado y anexos de cuenta, remitidos por la autoridad indicada, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo (vigente a partir del tres de abril de dos mil trece), manifieste lo que en derecho corresponda, respecto del cumplimiento que comunica la autoridad responsable en mención, en el entendido de que con o sin el desahogo de la vista otorgada, este órgano jurisdiccional emitirá pronunciamiento en el que declare si la sentencia esta cumplida o no lo está, si incurrieron en exceso o defecto, o si hay una imposibilidad para cumplirla. En la inteligencia que, de declararse no cumplida en su totalidad la ejecutoria de amparo, se remitirán los autos al tribunal colegiado de circuito competente, como establece en lo conducente, el artículo 193 de la ley de la materia. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa, debiendo correr traslado con copias simples de este acuerdo y los anexos allegados por la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante la secretaria Dolores Araceli Navarro Huerta quien autoriza y da fe, y certifica: que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta coinciden en su integridad con lo que obra en el expediente electrónico. LAPT/DANH/carlo

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, diez de enero de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee: téngase por recibido el oficio que suscribe la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual informa que no fue interpuesto medio de impugnación alguno respecto al auto de diez de diciembre de dos mil dieciocho, a través del cual se desechó por improcedente el recurso hecho valer, por lo que devuelve en seis tomos el juicio de amparo anotado al rubro, así como 142 cuadernos de pruebas y el juicio de amparo 682/2013. En consecuencia, en virtud de que se declaró improcedente el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de la resolución de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, se procede a levantar la suspensión del presente procedimiento y se declara firme la resolución de referencia, en donde se reconoció a los titulares del órgano de representación del ejido quejoso, quienes hicieron suya la demanda de amparo que dio origen al presente juicio. Ahora bien, de los presentes autos se advierte que mediante escrito y anexos presentado el siete de noviembre de dos mil doce (fojas 1691 a 1700 tomo III), signado por David Gutiérrez Cervantes, Teodoro Rivera Rodríguez y Angélica María Aguilar Cruz, integrantes del Comisariado Ejidal de Santa Ana Tepetitlán, Municipio de Zapopan, Jalisco, solicitaron, entre otras cosas, se tuviera por cesada la representación sustituta y desistidos del juicio constitucional en que se actúa. En el caso que nos ocupa, por lo que ve a la primera solicitud ya aconteció, pues el diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, se determinó que la representación legal del núcleo ejidal les corresponde a los nombrados en el párrafo que antecede. Así, debe tenerse presente que la defensa de los derechos del núcleo ejidal que los accionantes constitucionales originales vienen defendiendo, en el libelo actio, marcados con los incisos a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l y o, en el capítulo de acto reclamados, los cuales en aras de una economía procesal se tienen por reproducidos, ya están debidamente representados en el juicio de amparo, al haber comparecido David Gutiérrez Cervantes, Teodoro Rivera Rodríguez y Angélica María Aguilar Cruz, en su carácter de integrantes del Comisariado Ejidal de Santa Ana Tepetitlán, Municipio de Zapopan, Jalisco, en su calidad de Presidente, Secretario y Tesorero de dicho ente agrario, tal como se advierte del escrito que presentaron el siete de noviembre de dos mil doce (fojas 1686 a 1690). Ahora bien, por lo que ve al diverso escrito, por el que manifiestan que por así convenir a sus intereses, desisten del presente juicio de amparo, acompañando para acreditar su dicho, copia certificada de la convocatoria y del acta de asamblea general de ejidatarios de treinta de septiembre de dos mil doce, las que de conformidad con los artículos 150 y 151 de la ley de la matera se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia especial naturaleza. En esas condiciones, se decreta el sobreseimiento en este expediente, por lo que respecta al Comisariado Ejidal de Santa Ana Tepetitlán, Municipio de Zapopan, Jalisco, de conformidad con la fracción I del numeral 74 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales en relación a los actos reclamados señalados en los incisos a), b), c), d), e), f) g) h), i), j), k), l) y o), en el libelo actio de amparo, pues, dichos actos le competen al núcleo agrario reclamarlos, dado la esencia de lo reclamado en estos actos y este manifestó su voluntad de no reclamarlos y de que se sobresea en el presente juicio constitucional. En virtud de lo anterior, el presente procedimiento se ocupará por lo que respecta a los diversos actos que señalan los quejosos Ma. Lourdes García Gómez, Tranquilino Flores Aguilar, María Carmen Díaz Rodríguez, José Loreto Corona Corona y María Tolentina Corona Aguila. Sin embargo, analizado que fue los actos reclamados precisados en los incisos m) y n) de la demanda de amparo, se advierte una manifiesta, notoria e indudable causa de improcedencia, que impone necesariamente sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, toda vez que los quejosos reclaman en dicho inciso lo siguiente: m).- Por la nulidad del documento de fecha 28 de junio del 2009, con apariencia de acta de asamblea del ejido, así como por la nulidad del registro e inscripción del mismo, llevado a cabo por la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional. n).- Por la nulidad del documento de fecha 3 tres de octubre del 2010 con apariencia de un acta de asamblea, en donde supuestamente se celebró el acto electivo en donde resultaron electos como integrantes del comisariado ejidal, David Gutiérrez Cervantes, Teodoro Rivera Rodríguez y María Angélica Aguilar Cruz, así como la nulidad del registro e inscripción del mismo por parte de la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional. Pues bien, en el caso, este Juzgado Federal advierte que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que determina el sobreseimiento fuera de audiencia de la demanda de garantías que nos ocupa, conforme a lo previsto por la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:- - - XV.- Contra actos de autoridades distintas de los Tribunales Judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente Ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley.- No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación.". Del numeral transcrito se advierte que el juicio de amparo rige el principio de definitividad y tiene como objetivo primordial, determinar su procedencia, sólo contra actos definitivos, es decir, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario o medio de defensa legal alguno, puesto que al ser el amparo un juicio extraordinario, resulta obvio que a él, pueda acudirse sólo cuando previamente se haya agotado el recurso previsto en la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. En esto, precisamente estriba el principio de definitividad que rige el juicio de garantías, y, que hace procedente como se dijo, el juicio respecto de actos definitivos, que no sean susceptibles de modificación o invalidación por recurso ordinario alguno. En esa tesitura, se puede concluir que contra los actos reclamados m) y n), consistentes en la nulidad del documento de fecha veintiocho de junio del dos mil nueve, con apariencia de acta de asamblea del ejido, así como por la nulidad del registro e inscripción del mismo, llevado a cabo por la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional, así como la nulidad del documento de fecha tres de octubre del dos mil diez con apariencia de un acta de asamblea, en donde supuestamente se celebró el acto electivo en donde resultaron electos como integrantes del comisariado ejidal, David Gutiérrez Cervantes, Teodoro Rivera Rodríguez y María Angélica Aguilar Cruz y la nulidad del registro e inscripción del mismo por parte de la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional, se está ante una controversia agraria entre los propios ejidatarios y el órgano del núcleo de población a que pertenecen, cuyo competente para dirimir dicho conflicto, corresponde al Tribunal Unitario Agrario respectivo, de conformidad con el artículo 18, fracciones IV y VI de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios en vigor, el cual dice: "Artículo 18. Los tribunales unitarios conocerán, por razón de territorio, de las controversias que se planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo. Los tribunales unitarios serán competentes para conocer: [.] IV.- De juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación; [.] VI.- De controversias en materia agraria entre ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecindados entre sí; así como las que se susciten entre éstos y los órganos del núcleo de población; ..". En efecto, se dice lo anterior puesto que el hecho de que el acta de asamblea, así como su nulidad y registro de veintiocho de junio de dos mil nueve y la diversa de tres de octubre de dos mil diez en donde se celebró un acto electivo, quienes dicen los promoventes del amparo, fueron electos en forma ilegal; por tanto, resulta ineludible que dicho conflicto versa sobre una controversia agraria entre los impetrantes de garantías y los terceros perjudicados pertenecientes al mismo núcleo de población ejidal, cuyo conflicto, se concentra primordialmente a la cuestión, en cuanto a quiénes, representan dicho comité particular ejecutivo. Circunstancia que revela claramente, que el facultado para dirimir una controversia de tal naturaleza corresponde a un Tribunal Unitario Agrario, acorde a lo dispuesto por el numeral y fracciones transcritas con anterioridad, pues la controversia en materia agraria en cita, tiene que ver con la representación de los integrantes de dicho ejido, al impugnar la convocatoria y el acta de asamblea que eligió a nuevos representantes, que se traduce en una nulidad de dichos actos. Por tanto, al ser el conflicto sometido a consideración una controversia en materia agraria surgida entre ejidatarios, comuneros o posesionarios con los órganos del núcleo de población a que pertenecen, resulta evidente la causal de improcedencia que nos ocupa, y por ende, de conformidad con el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio por notoria e indudablemente improcedente. Sobre el caso, aplíquese la tesis publicada en la Octava Época, dentro del Semanario Judicial de la Federación, que aparece en el Tomo: XII, Septiembre de 1993, bajo la página: 346, que dice: "TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS, SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS JUICIOS DE NULIDAD DICTADOS POR AUTORIDADES AGRARIAS, QUE ALTEREN, MODIFIQUEN O EXTINGAN UN DERECHO O DETERMINEN LA EXISTENCIA DE UNA OBLIGACION. La nueva Ley de Reforma Agraria, regula la existencia en la República, de los tribunales unitarios que conocen en forma exclusiva de todos aquellos asuntos relacionados con esa materia y entre las facultades que a esos tribunales se les otorgó, atento a lo establecido por el artículo 18, de la Ley Orgánica que los rige, está la de conocer de los juicios de nulidad contra las resoluciones dictadas por las autoridades agrarias, que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación, luego si con la orden girada por la autoridad agraria, se pretende modificar o extinguir un derecho de los quejosos, es inconcuso que lo procedente en el caso, es que se reclame ante el tribunal unitario agrario competente, la nulidad de tal mandamiento, esto es, que es necesario agotar el procedimiento que la ley natural prevé en defensa de los derechos que se estiman lesionados y sólo en el evento de que éste les resultara adverso, estarían en aptitud de ocurrir al juicio de garantías, por lo que, al no haberlo hecho así, se actualizó la causal de improcedencia que refiere la fracción XV, del artículo 73, de la Ley de Amparo. De igual forma, tiene aplicación la tesis perteneciente a la Octava Época, que aparece en el Semanario Judicial de la Federación, dentro del Tomo: XII, Septiembre de 1993, página: 345, de título y contenido siguientes: "TRIBUNAL AGRARIO. ES NECESARIO AGOTAR EL JUICIO ANTE EL. PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. El artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo establece la improcedencia del juicio constitucional, cuando en materia administrativa proceda en contra de los actos reclamados, algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes se suspendan los efectos de los actos mediante la interposición del recurso o medios de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la ley de la materia consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la propia Ley de Amparo; así pues, cuando se reclama alguna de las controversias surgidas en relación a tierras o derechos de las previstas por el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, es necesario someter previamente dicha cuestión a los tribunales referidos, puesto que al acudir al medio ordinario de defensa se está en posibilidad de obtener la suspensión del acto reclamado con menos requisitos que los que la Ley de Amparo exige para otorgar dicha medida. Lo anterior porque de conformidad con lo previsto en el artículo 384 del Código Federal de Procedimientos Civiles el cual tiene aplicación supletoria al caso, por disposición expresa del artículo 167 de la Ley Agraria, no sólo mediante la promoción inicial de la demanda, sino antes de iniciarse el juicio o durante su desarrollo, podrán decretarse todas las medidas necesarias para mantener la situación de hecho existente, sin audiencia de la contraparte y sin que proceda recurso legal alguno. Por lo tanto, si se promueve el amparo sin agotar previamente el juicio agrario opera la causal de improcedencia, prevista en el artículo 73, fracción XV, de la ley reglamentaria, de los artículos 103 y 107 constitucionales, siempre y cuando la hipótesis del caso de que se trate no se ubique en alguna otra excepción al principio de definitividad de los actos reclamados en el juicio de garantías.". Así como la tesis XXI.1o.P.A.55 A, visible en la página 979, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIII, Abril de 2006, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "AUTORIDADES AGRARIAS. ALCANCE DE ESTA EXPRESIÓN PARA EFECTOS DE LA ACCIÓN DE NULIDAD (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN IV DEL NORMATIVO 18 DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS). La reforma al artículo 27 de la Constitución Federal, publicada el seis de enero de mil novecientos noventa y dos en el Diario Oficial de la Federación, sentó en nuestro país un nuevo marco jurídico en torno al sistema de justicia agraria, en el que figura una estructura orgánica de tribunales dotados de plena jurisdicción y autonomía para dictar fallos tendientes a resolver los conflictos relacionados con la tenencia de la tierra ejidal y comunal, sustituyéndose así el antiguo régimen de justicia administrativo-judicial seguido ante las Comisiones Agrarias Mixtas, por uno propiamente jurisdiccional a cargo de órganos autónomos, todo ello, a fin de brindar al gobernado plenamente la garantía de audiencia y defensa contra actos que incidan en la creación, alteración, modificación o extinción de derechos, emitidos de forma unilateral. En ese sentido, el análisis de la exposición de motivos que dio origen a la referida reforma constitucional, y el relativo a la expedición de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, revelan que el alcance de la expresión "autoridades agrarias" plasmada en la fracción IV del numeral 18 del cuerpo de leyes orgánico antes mencionado, no puede ser otro que el de considerar que para efectos de la acción de nulidad agraria lo son aquellas de carácter administrativo y no las de índole jurisdiccional, pues las resoluciones provenientes de estas últimas, están sujetas al cumplimiento de diversos requisitos procesales relacionados con la garantía de audiencia y defensa a favor del gobernado, tal como lo determina la ley de la materia en relación con los actos de los tribunales agrarios. Lo anterior, sin prejuicio de que conforme al numeral 354 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio por disposición del arábigo 2o. de la Ley Agraria, proceda una excepción al principio de cosa juzgada mediante el ejercicio de la acción de nulidad de juicio concluido, toda vez que los requisitos y objetivo de esta acción no son los mismos que los exigidos implícitamente por la fracción IV del citado numeral 18, pues ésta -como se explicó- sólo se circunscribe a anular actos que no son propiamente juicios, sino aquellos que si bien es cierto inciden en derechos agrarios, también lo es que provienen de autoridades de naturaleza administrativa y no jurisdiccional. Finalmente, dada la voluminosidad del presente asunto, se ordena cerrar el tomo VI con la foja 4348 y aperturar con lo actuado en el cuaderno de antecedentes, el tomo VII con la foja 4349, lo anterior para un mejor manejo del mismo. Notifíquese; y, personalmente. Así lo proveyó y firma Guillermo Aguirre Castañeda, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización comunicada mediante oficio CCJ/ST/6835/2018 de once de diciembre de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la Secretaria Alondra Betania Loza Aguilar, quien autoriza y da fe, y certifica: que al día de hoy, el expediente electrónico de este asunto coincide en su integridad con el expediente impreso. GAC/ABLA/msm

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