Mario García Reyes
Expediente 118/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 118/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 06/03/2017
Partes del expediente
- Urbana María Eugenia Avendaño Hernández
- Mario García Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado de los autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo que nos ocupa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Finalmente, se hace la aclaración que ninguna de las partes allegó al juicio principal, algún documento que por sus características amerite ser devuelto, de conformidad con lo previsto por la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
- Principal
RECEPCIÓN DE ESCRITO Y ESTADO DE AUTOS. Agréguese a los autos el escrito aclaratorio signado por ***, representante común de la parte quejosa, por medio del cual da cumplimiento a lo requerido por este Juzgado en proveído que antecede; en consecuencia, se provee: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo vigente, al tenor del ocurso de que se trata y copias de traslado, téngase a la parte promovente dando cumplimiento al requerimiento contenido en autos. ACTOS RECLAMADOS. Del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa señala como actos reclamados los proveídos a través de los cuales se les tuvo debidamente notificados de las jurisdicciones voluntarias promovidas ante los Jueces Sexto y Octavo, ambos de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro; es decir, la ilegal notificación de dichos procedimientos, misma que se realizó por medio de edictos. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. La demanda de amparo que presentaron los justiciables, contra el acto precisado, es improcedente. Del texto de los dispositivos en consulta, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva fuera de los términos establecidos en los artículos 17 y 18 de la ley de la materia, que en este caso es de quince días. En esas condiciones, es claro que el término para la promoción del juicio de amparo debe computarse, a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los tres supuestos referidos. Es importante destacar, que el conocimiento del acto reclamado por la parte quejosa, para iniciar el cómputo de los quince días para promover el juicio de amparo, debe acreditarse por cualquiera de los medios de prueba previstos en la ley y no inferirse con base en indicios. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa en el capítulo de fecha de notificación del acto reclamado manifiesta que el cinco de enero de la presente anualidad, se enteró de las ilegales notificaciones practicadas en los procedimientos radicados en los Juzgados Sexto y Octavo, ambos de primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, ya que en dicha data fueron emplazados al Juicio Sumario Hipotecario 1775/2008, del que advirtieron que los procedimientos de referencia son documentos base del aludido Juicio Sumario. Sin embargo, de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa tuvo conocimiento de los documentos que formaban parte del aludido juicio sumario hipotecario al menos desde el veinte de mayo de dos mil dieciséis, data en la que presentaron en la oficialía de partes de este juzgado el escrito al que se adjuntaron las citadas constancias. Aunado a ello, en auto de veinticinco de mayo de dos mil dieciséis se dio vista a las partes con el informe y anexo remitidos por el Juez Sexto de primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, en el que obra precisamente copia certificada de las constancias procesales que integran el juicio sumario de origen. Por tanto, resulta un hecho notorio para este juzgado que por lo menos desde aquella data, los quejosos tuvieron conocimiento de las constancias que integraban el Juicio Sumario Hipotecario 1775/2008, y por ende, del acto reclamado en esta instancia constitucional. Por lo que, en este supuesto el plazo de quince días para el ejercicio de la acción constitucional, debe computarse a partir de que la parte promovente tuvo acceso al contenido de las constancias del acto reclamado, pues incluso, al haber obtenido copia certificada de éstas antes de que se le notificara su contenido a la parte quejosa, logró utilizarlas como medio probatorio en diverso juicio de amparo. En ese orden de ideas, y atendiendo a la primera fecha en que se actualizó el conocimiento de los procedimientos que en esta instancia se reclaman, resulta evidente que se actualiza la causal de improcedencia antes invocada, toda vez que el acto reclamado no fue combatido dentro del término de quince días que establecen los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo resultando extemporánea, ya que si la parte promovente del amparo tuvo conocimiento del acto que reclama por lo menos desde el veinte de mayo de dos mil dieciséis, el plazo para presentar la demanda corrió del veinticuatro de mayo al trece de junio de dos mil dieciséis, sin contar el veintiocho y veintinueve de mayo; así como cuatro y cinco, y once y doce de junio, todos de dos mil dieciséis, por haber sido inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Lo anterior, incluso otorgando un día más como surtimiento de efectos, al día en que tuvo conocimiento. Luego, si la demanda la presentó el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales, indudablemente se hizo de forma extemporánea, por lo que se determina que el acto que aquí se reclama se considera como consentido para efectos del amparo, lo cual de manera manifiesta e indudable torna improcedente el presente juicio de derechos fundamentales. Por lo tanto, al surtirse en relación al acto en estudio la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda promovida por Mario García Reyes y Urbana María Eugenia Avendaño Hernández, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
En términos del artículo 27 fracción I, inciso c), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa, la resolución de 14 de febrero de dos mil dieciséis: "RECEPCIÓN DE ESCRITO Y ESTADO DE AUTOS. Agréguese a los autos el escrito aclaratorio signado por ***, representante común de la parte quejosa, por medio del cual da cumplimiento a lo requerido por este Juzgado en proveído que antecede; en consecuencia, se provee: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo vigente, al tenor del ocurso de que se trata y copias de traslado, téngase a la parte promovente dando cumplimiento al requerimiento contenido en autos. ACTOS RECLAMADOS. Del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa señala como actos reclamados los proveídos a través de los cuales se les tuvo debidamente notificados de las jurisdicciones voluntarias promovidas ante los Jueces Sexto y Octavo, ambos de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro; es decir, la ilegal notificación de dichos procedimientos, misma que se realizó por medio de edictos. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. La demanda de amparo que presentaron los justiciables, contra el acto precisado, es improcedente. Del texto de los dispositivos en consulta, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva fuera de los términos establecidos en los artículos 17 y 18 de la ley de la materia, que en este caso es de quince días. En esas condiciones, es claro que el término para la promoción del juicio de amparo debe computarse, a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los tres supuestos referidos. Es importante destacar, que el conocimiento del acto reclamado por la parte quejosa, para iniciar el cómputo de los quince días para promover el juicio de amparo, debe acreditarse por cualquiera de los medios de prueba previstos en la ley y no inferirse con base en indicios. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa en el capítulo de fecha de notificación del acto reclamado manifiesta que el cinco de enero de la presente anualidad, se enteró de las ilegales notificaciones practicadas en los procedimientos radicados en los Juzgados Sexto y Octavo, ambos de primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, ya que en dicha data fueron emplazados al Juicio Sumario Hipotecario 1775/2008, del que advirtieron que los procedimientos de referencia son documentos base del aludido Juicio Sumario. Sin embargo, de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa tuvo conocimiento de los documentos que formaban parte del aludido juicio sumario hipotecario al menos desde el veinte de mayo de dos mil dieciséis, data en la que presentaron en la oficialía de partes de este juzgado el escrito al que se adjuntaron las citadas constancias. Aunado a ello, en auto de veinticinco de mayo de dos mil dieciséis se dio vista a las partes con el informe y anexo remitidos por el Juez Sexto de primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, en el que obra precisamente copia certificada de las constancias procesales que integran el juicio sumario de origen. Por tanto, resulta un hecho notorio para este juzgado que por lo menos desde aquella data, los quejosos tuvieron conocimiento de las constancias que integraban el Juicio Sumario Hipotecario 1775/2008, y por ende, del acto reclamado en esta instancia constitucional. Por lo que, en este supuesto el plazo de quince días para el ejercicio de la acción constitucional, debe computarse a partir de que la parte promovente tuvo acceso al contenido de las constancias del acto reclamado, pues incluso, al haber obtenido copia certificada de éstas antes de que se le notificara su contenido a la parte quejosa, logró utilizarlas como medio probatorio en diverso juicio de amparo. En ese orden de ideas, y atendiendo a la primera fecha en que se actualizó el conocimiento de los procedimientos que en esta instancia se reclaman, resulta evidente que se actualiza la causal de improcedencia antes invocada, toda vez que el acto reclamado no fue combatido dentro del término de quince días que establecen los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo resultando extemporánea, ya que si la parte promovente del amparo tuvo conocimiento del acto que reclama por lo menos desde el veinte de mayo de dos mil dieciséis, el plazo para presentar la demanda corrió del veinticuatro de mayo al trece de junio de dos mil dieciséis, sin contar el veintiocho y veintinueve de mayo; así como cuatro y cinco, y once y doce de junio, todos de dos mil dieciséis, por haber sido inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Lo anterior, incluso otorgando un día más como surtimiento de efectos, al día en que tuvo conocimiento. Luego, si la demanda la presentó el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales, indudablemente se hizo de forma extemporánea, por lo que se determina que el acto que aquí se reclama se considera como consentido para efectos del amparo, lo cual de manera manifiesta e indudable torna improcedente el presente juicio de derechos fundamentales. Por lo tanto, al surtirse en relación al acto en estudio la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda promovida por Mario García Reyes y Urbana María Eugenia Avendaño Hernández, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. ".
- Principal
En términos del artículo 27 fracción I, inciso c), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa, la resolución de 27 de enero de dos mil dieciséis: "PREVENCIÓN. Ahora, con fundamento en el artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, y a fin de satisfacer la totalidad de las exigencias previstas en el artículo 108 de dicho ordenamiento legal, prevéngase al promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir de la notificación de este proveído, por escrito y con copias simples su escrito aclaratorio y advertido de las sanciones a que se hacen acreedores quienes afirman hechos falsos u omitan los que les consten, previstas en el dispositivo 261 del ordenamiento legal invocado, realice lo siguiente: ÚNICO. Amplíe los antecedentes del acto reclamado y al efecto señalen de manera clara y precisa cuales son las prestaciones reclamadas en los procedimientos que identifica con los numerales 544/2006 y 1536/2007, el primero del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Civil; mientras que el segundo del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil, ambos en el Estado de Querétaro; así como el estado procesal que guarda cada uno de los procedimientos en cita. Se apercibe legalmente al promovente que en caso de no cumplir en sus términos con el presente requerimiento, se tendrá por no presentada la demanda de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. Lo anterior, en atención a que el artículo 108 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala los requisitos que debe cumplir la demanda de amparo indirecto, entre otros, el que se prevé en la fracción V, así como el ordinal 110 de la misma ley, esto es, el o los actos reclamados, los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación que menciona en su libelo constitucional, así como las copias que debe acompañar a su libelo constitucional, cuya teleología no es otra que dar claridad al juzgador federal con relación a la naturaleza misma del acto reclamado, a fin de discernir en el caso concreto respecto a su procedibilidad. Aunado a lo anterior, los autorizados no pueden desahogar una prevención relativa a que se exprese bajo protesta de decir verdad cuestiones inherentes a los antecedentes de los actos reclamados, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo. Es aplicable la jurisprudencia 50/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA.". REPRESENTANTE COMÚN. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común a Mario García Reyes, para los efectos legales correspondientes; sin perjuicio de que los quejosos señalen uno diverso de así estimarlo acorde a sus intereses. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese, y personalmente a la parte promovente.".
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