Mario García Molina

Expediente 1257/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1257/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
19/10/2022

Partes del expediente

  • Mario García Molina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 18, fracción I inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, con relación a los puntos 7.1.1 en sus numeral 1, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de depuración, ya que se negó el amparo solicitado.

  2. Principal

    ...SENTENCIA Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo indirecto 1257/2022-I-C, promovido por ********************, por conducto de su defensor particular ********************, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito despositado el diez de agosto de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnado a este órgano jurisdiccional; ********************, por conducto de su defensor particular ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal reclamando la omisión y/o negativa de llevar acabo la audiencia de lectura y explicación de la sentencia definitiva, dentro de la causa penal ********************, atribuida al Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, considerando que se vulneran sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 17 y 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio. Por cuestión de turno correspondió el conocimiento del asunto a este Juzgado, se radicó la demanda con el número 1257/2022-I-C, y previa aclaración el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, se admitió a trámite, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado. Por auto de seis de septiembre de dos mil veintidós, de conformidad con el artículo 5º, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, se ordenó el emplazamiento de la víctima ********************. Seguidas las formalidades de ley, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclama una determinación emitida por una autoridad del orden penal cuya ejecución puede efectuarse dentro de la jurisdicción donde este órgano de control constitucional ejerce su competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, con número de registro 192097,cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En el mismo sentido, cobra aplicación al respecto, la tesis aislada P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XIX, del mes de abril de 2004, página 255, con número de registro 181810, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto" En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda de amparo inicial y de las constancias de autos, se concluye que lo que reclama del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México es la omisión y/o negativa de llevar a cabo una audiencia de lectura y explicación de la sentencia, dentro de la causa penal ********************. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, consistente en la omisión y/o negativa de llevar a cabo una audiencia de lectura y explicación de la sentencia, dentro de la causa penal ********************. Es así, pues al tratarse de un acto de carácter omisivo es necesario verificar si dentro de las facultades de la autoridad responsable se encuentra dicha obligación de explicar la sentencia en audiencia, pues es necesario recordar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis que más adelante se transcribe señaló que cuando se atribuyen actos omisivos a la autoridad responsable, no basta acreditar que la autoridad no ha actuado en el sentido que se le atribuye, ni son suficientes las manifestaciones de la autoridad en las que acepta o niega la certeza de lo reclamado; sino que es necesario verificar si dentro de las obligaciones legales de la responsable, se encuentra aquélla cuya omisión se le imputa, ya que de lo contrario, se llegaría al absurdo de tener por ciertas omisiones sobre actuaciones que no le corresponde efectuar a la autoridad responsable. El criterio a que se hizo alusion, se identifica con el número 1a. XXIV/98, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, Junio de 1998, página 53, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. ....Precisado lo anterior, es pertinente establecer que la obligación de dar lectura a la sentencia se encuentra reconocida en el artículo 401 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone: "Artículo 401. Emisión de fallo Una vez concluida la deliberación, el Tribunal de enjuiciamiento se constituirá nuevamente en la sala de audiencias, después de ser convocadas oralmente o por cualquier medio todas las partes, con el propósito de que el Juez relator comunique el fallo respectivo. El fallo deberá señalar: I. La decisión de absolución o de condena; II. Si la decisión se tomó por unanimidad o por mayoría de miembros del Tribunal, y III. La relación sucinta de los fundamentos y motivos que lo sustentan. En caso de condena, en la misma audiencia de comunicación del fallo se señalará la fecha en que se celebrará la audiencia de individualización de las sanciones y reparación del daño, dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días. En caso de absolución, el Tribunal de enjuiciamiento podrá aplazar la redacción de la sentencia hasta por un plazo de cinco días, la que será comunicada a las partes. Comunicada a las partes la decisión absolutoria, el Tribunal de enjuiciamiento dispondrá en forma inmediata el levantamiento de las medidas cautelares que se hubieren decretado en contra del imputado y ordenará se tome nota de ese levantamiento en todo índice o registro público y policial en el que figuren, así como su inmediata libertad sin que puedan mantenerse dichas medidas para la realización de trámites administrativos. También se ordenará la cancelación de las garantías de comparecencia y reparación del daño que se hayan otorgado. El Tribunal de enjuiciamiento dará lectura y explicará la sentencia en audiencia pública. En caso de que en la fecha y hora fijadas para la celebración de dicha audiencia no asistiere persona alguna, se dispensará de la lectura y la explicación y se tendrá por notificadas a todas las partes. Con base en lo expuesto, debe tenerse por cierto el acto atribuido a la autoridad responsable puesto que, de conformidad con el precepto legal antes mencionado, se observa que el Tribunal de Enjuiciamiento en audiencia procederá a emitir el fallo absolutorio o condenatorio, donde en una audiencia pública procederá a darle lectura y la explicará, por tanto, sí es su obligación realizar dicha explicación conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales. Máxime que dicha existencia se corrobora con los dos discos en formato DVD de la causa penal ********************; documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, a la Ley de Amparo, según su numeral 2º, por tratarse de documentos públicos expedidos por una autoridad en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley, así como de registros de audio y video de cuya reproducción se advierte que el método empleado para su grabación fue el idóneo y es accesible para su consulta posterior y porque se presume que la información en ellos contenida se encuentra íntegra e inalterada desde el momento en que se generó por primera vez y, dada la tecnología empleada para su conformación, es factible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa, además de que su contenido se encuentra certificado por la autoridad judicial competente, de ahí que se tenga plena certeza de los actos que se les atribuyen. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, con número de registro 2004362, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. ...CUARTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, es dable analizar las causas de improcedencia que propongan las partes o advierta este Juzgador de oficio, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta esta determinación, la Jurisprudencia número 158, de una anterior conformación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 272, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, VIII Parte, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o no, deben examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el presente asunto, las partes no hacen valer alguna de ellas, ni este Juzgador observa que se actualice una causa de improcedencia, por lo que procede abordar el estudio de fondo del asunto. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Previo al análisis de fondo del juicio de amparo, es conveniente hacer una breve relación de los antecedentes más importantes del acto reclamado, los cuales se advierten de la resolución reclamada. Así, tenemos que el hecho delictivo por el cual se sometió a juicio al quejoso fue derivado de que el trece de noviembre de dos mil veinte, aproximadamente a las seis horas con treinta minutos, la víctima ********************, al conducir el vehículo de**************************, por lo que el sujeto que iba en la parte atrás, abrazó al pasivo con la mano izquierda, encañonándolo con la otra mano, mientras que el inculpado ********************, quien se encontraba del lado del copiloto, le pidió que se bajara, "que ya se lo cargó la chingada", quitándole el celular y el automóvil. 1. Por tanto, con motivo de la conclusión de la etapa intermedia, el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, ante el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, se radicó el juicio ********************, instruido contra ******************** por la comisión del hecho delictivo de robo con violencia por haberse cometido con violencia y respecto de un vehículo, en agravio de ********************, para lo cual se señalaron las ocho horas con treinta minutos a fin de llevar a cabo la audiencia de apertura. 2. Una vez que substanció en sus etapas procesales el juicio, el dos de marzo de dos mil veintidós, en audiencia pública en la que se encontraron presentes el agente del Ministerio Público ********************, el Asesor Jurídico ********************, los defensores particulares ******************** y ********************, y el inculpado ********************, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria, asimismo, en la propia data se llevó a cabo la audiencia de individualización de la sanción, donde la fiscalía y asesor manifestaron su deseo de que se les tuviera por dispensada la audiencia de lectura y explicación de la sentencia, en tanto que el defensor ******************** no manifestó nada al respecto, por lo que la autoridad responsable tuvo por dispensadas a las partes para llevar a cabo la audiencia de referencia. 3. El veinticinco de marzo de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia definitiva. 4. Mediante escrito de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, el defensor particular del sentenciado solicitó se llevara a cabo la audiencia de lectura y explicación de sentencia, y se regularizara la dirección de correo electrónico en la cual se realizaban las notificaciones del proceso; por lo que el treinta de marzo siguiente, la responsable medularmente no acordó favorable su petición, en virtud de que las notificaciones que se hacian en el correo electrónico de manera incorrecta, la defensa se encontró presente en la audiencia donde se dictó el fallo condenatorio, y por ende, dicha cuestión le fue notificada de manera personal. 5. Inconforme con ello, el defensor particular del quejoso interpuso recurso de revocación, el cual fue desechado el ocho de abril de dos mil veintidós, dada su extemporaneidad. Nuevamente, en contra de la anterior determinación interpuso recurso de revocación, el cual no se acordó favorable. Siendo el estado procesal que guarda el juicio penal. SEXTO. Conceptos de violación. No es necesaria la transcripción de los conceptos de violación expresados por el accionante del juicio constitucional, de acuerdo con el criterio sustentado en la jurisprudencia número 58/2010 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título ...efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. En ese sentido, tenemos que la parte quejosa se duele de la negativa u omisión de la autoridad responsable de dar lectura y explicar el fallo emitido dentro de la causa penal instruida en su contra. La parte quejosa aduce que se vulnera en su perjuicio lo establecido en el artículo 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que tiene derecho a contar con una defensa adecuada dentro del proceso penal, que cuente con los conocimientos técnicos suficientes para llevar su representación. Que la autoridad responsable ha realizado las notificaciones de la causa penal en un correo electrónico que no fue señalado para tal efecto, lo que lo deja en estado de indefensión. Para lo cual estima aplicable la tesis aislada I.9o.P.24 P (11a.), del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, intitulada: "DERECHO HUMANO A UNA DEFENSA TÉCNICA ADECUADA EN MATERIA PENAL. NO PUEDE RESTRINGIRSE O NEGARSE AUN BAJO UN ESTADO DE CONTINGENCIA MÉDICA O PANDÉMICA, POR LO QUE AL TRATARSE DE UN DERECHO SUSTANTIVO, SU VULNERACIÓN CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PARA RECLAMAR SU OBSERVANCIA ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DE AMPARO". Estos argumentos son infundados y para justificar lo anterior, es pertienente tener en cuenta los siguientes tópicos: Del principio de oralidad. El precepto legal 20 de la Constitución General de la República, en su texto actual y aplicable al particular, establece que todo proceso penal deberá ser acusatorio y oral, y se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. En el mencionado dispositivo constitucional, interpretado conjuntamente con la legislación secundaria aplicable al caso, como principios generales del proceso se prevén, entre otros, que toda audiencia se desarrollará en presencia del Juez; que la presentación de los argumentos y las pruebas se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral; que las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; que éstos también serán observados en las audiencias preliminares a juicio; y que la resoluciones de los órganos jurisdiccionales deberán ser emitidas en forma oral, con expresión de los fundamentos y motivaciones. Para comprender la relevancia de la oralidad en este nuevo proceso penal acusatorio adversarial, en adición al contenido Constitucional, debemos invocar los artículos 4°, 5°, 63, 67, segundo párrafo y el 401 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que disponen: CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES "Artículo 4. Características y principios rectores. El proceso penal será acusatorio y oral, en él se observarán los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación y aquellos previstos en la Constitución, Tratados y demás leyes. Este Código y la legislación aplicable establecerán las excepciones a los principios antes señalados, de conformidad con lo previsto en la Constitución." "Artículo 5. Principio de publicidad. Las audiencias serán públicas, con el fin de que a ellas accedan no sólo las partes que intervienen en el procedimiento sino también el público en general, con las excepciones previstas en este Código." "Artículo 63. Notificación en audiencia. Las resoluciones del Órgano jurisdiccional serán dictadas en forma oral, con expresión de sus fundamentos y motivaciones, quedando los intervinientes en ellas y quienes estaban obligados a asistir formalmente notificados de su emisión, lo que constará en el registro correspondiente en los términos previstos en este Código." "Artículo 67. Resoluciones judiciales. La autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias y autos. Dictará sentencia para decidir en definitiva y poner término al procedimiento y autos en todos los demás casos. Las resoluciones judiciales deberán mencionar a la autoridad que resuelve, el lugar y la fecha en que se dictaron y demás requisitos que este Código prevea para cada caso. Los autos y resoluciones del Órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente y surtirán sus efectos a más tardar al día siguiente." "Artículo 401. Emisión de fallo Una vez concluida la deliberación, el Tribunal de enjuiciamiento se constituirá nuevamente en la sala de audiencias, después de ser convocadas oralmente o por cualquier medio todas las partes, con el propósito de que el Juez relator comunique el fallo respectivo. El fallo deberá señalar: I. La decisión de absolución o de condena; II. Si la decisión se tomó por unanimidad o por mayoría de miembros del Tribunal, y III. La relación sucinta de los fundamentos y motivos que lo sustentan. En caso de condena, en la misma audiencia de comunicación del fallo se señalará la fecha en que se celebrará la audiencia de individualización de las sanciones y reparación del daño, dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días. En caso de absolución, el Tribunal de enjuiciamiento podrá aplazar la redacción de la sentencia hasta por un plazo de cinco días, la que será comunicada a las partes. Comunicada a las partes la decisión absolutoria, el Tribunal de enjuiciamiento dispondrá en forma inmediata el levantamiento de las medidas cautelares que se hubieren decretado en contra del imputado y ordenará se tome nota de ese levantamiento en todo índice o registro público y policial en el que figuren, así como su inmediata libertad sin que puedan mantenerse dichas medidas para la realización de trámites administrativos. También se ordenará la cancelación de las garantías de comparecencia y reparación del daño que se hayan otorgado. El Tribunal de enjuiciamiento dará lectura y explicará la sentencia en audiencia pública. En caso de que en la fecha y hora fijadas para la celebración de dicha audiencia no asistiere persona alguna, se dispensará de la lectura y la explicación y se tendrá por notificadas a todas las partes. De la interpretación sistemática de los preceptos constitucionales, así como de la ley secundaria invocados, se deducen varios aspectos a tomar en consideración; el primero de ellos es, que la "oralidad" es el medio distintivo y la vía instrumental idónea que permite el desarrollo del nuevo sistema penal acusatorio, sin la cual no puede estimarse que se haga el dictado de alguna resolución en las audiencias; que las audiencias deben ser públicas, con el fin de que a ellas accedan no solo las partes que intervienen en el procedimiento sino también el público en general, con las excepciones previstas en el propio Código Nacional; las resoluciones de los órganos jurisdiccionales serán dictadas en forma oral, con expresión de los fundamentos y motivaciones, quedando los intervinientes en ellas y quienes estaban obligados a asistir formalmente notificados de su emisión (hayan comparecido o no). Por su parte, el artículo 401 antes transcrito menciona que, el Tribunal de enjuiciamiento podrá emitir dos tipos de fallo, de absolución o de condena; donde deberá hacer una relación sucinta de los fundamentos y motivos que lo sustentan; así, en el caso de condena, en la misma audiencia de comunicación del fallo se señalará la fecha en que se celebrará la audiencia de individualización de las sanciones y reparación del daño, dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días. Asimismo, el Tribunal de enjuiciamiento dará lectura y explicará la sentencia en audiencia pública, y en caso de que en la fecha y hora fijadas para la celebración de dicha audiencia no asistiere persona alguna, se dispensará de la lectura y la explicación y se tendrá por notificadas a todas las partes. De la posibilidad de contar con dos abogados para ejercer el derecho de defensa. En adición a lo anterior, el artículo 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho humano que todo imputado tiene a una defensa adecuada por abogado, y a que éste comparezca en todos los actos del proceso, quien tendrá la obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, lo que se actualiza desde que aquél es puesto a disposición del Ministerio Público; esto es, desde la etapa ministerial deberá contar con la asistencia efectiva del profesional, entendiéndose como tal, la presencia física y la ayuda efectiva del asesor legal, quien deberá velar porque el proceso se siga con apego a los principios del debido proceso, y éste no sea viciado, asegurando a la postre el dictado de una sentencia que cumpla con los requisitos, valores y principios legales y constitucionales que permean en el debido proceso penal. Ello porque la defensa adecuada representa un derecho instrumental cuya finalidad es asegurar que el poder punitivo del Estado se desplegará a través de un proceso justo, lo que además busca asegurar que pueda tener garantizados en su integridad sus derechos fundamentales, como lo es no declarar, no autoincriminarse, no ser incomunicado, no sufrir tortura alguna, ni ser detenido arbitrariamente, así como ser informado de las causas de su detención, entre otras. Ahora bien, dicho derecho de defensa adecuada puede ejecercerse de manera única o bien, por varios profesionistas quienes serán los que representen los intereses del inculpado dentro del proceso penal, quienes deben cumplir con un estándar de defensa, lo cual se integra por la calidad de licenciado en derecho del defensor, el cumplimiento de sus deberes en ese cargo y su conocimiento del sistema procesal en el que litiga, siendo que tal representación no se delega o se sustituye en una persona, pues la misma es indivisible al perseguir un fin común respecto a velar por los derechos de la persona a la que se le sigue un procedimiento de índole penal, por ende, la comunicación entre los profesionistas que al efecto se hayan designado para ejercer la defensa, debe ser en aras de garantizar un derecho adeucado, protegido por el artículo 20 constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada 1a. CCXXVI/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2003959, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Penal, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1, página 554, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta con rubro y texto: "DEFENSA ADECUADA EN MATERIA PENAL. ALCANCES Y MOMENTO A PARTIR DEL CUAL SE ACTUALIZA ESTE DERECHO FUNDAMENTAL. El derecho a una defensa adecuada, contenido en el artículo 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), consiste en que el inculpado tendrá derecho a una defensa, por medio de su abogado y a que éste comparezca en todos los actos del proceso, quien tendrá la obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, lo que se actualiza desde que aquél es puesto a disposición del Ministerio Público; esto es, desde la etapa ministerial deberá contar con la asistencia efectiva del profesional, entendiéndose como tal, la presencia física y la ayuda efectiva del asesor legal, quien deberá velar porque el proceso se siga con apego a los principios del debido proceso, y éste no sea viciado, asegurando a la postre el dictado de una sentencia que cumpla con los requisitos, valores y principios legales y constitucionales que permean en el debido proceso penal; lo que deberá observarse en todas aquellas diligencias o actuaciones y etapas procesales en las cuales es eminentemente necesaria la presencia del inculpado, en las que activa, directa y físicamente participe o deba participar, así como en aquellas en las que de no estar presente, se cuestionarían o pondrían gravemente en duda la certeza jurídica y el debido proceso. Esto es así, porque la defensa adecuada representa un derecho instrumental cuya finalidad es asegurar que el poder punitivo del Estado se desplegará a través de un proceso justo, lo que además busca asegurar que pueda tener garantizados en su integridad sus derechos fundamentales, como lo es no declarar, no autoincriminarse, no ser incomunicado, no sufrir tortura alguna, ni ser detenido arbitrariamente, así como ser informado de las causas de su detención, entre otras. De las cargas y obligaciones procesales. Por otro lado, debemos tener en consideración que, las cargas procesales exigen una vigilancia continua del proceso, una actividad positiva en el mismo y una colaboración oportuna con el juez, pues de no hacerlo en ese sentido, acarrean consecuencias desfavorables para los intereses sustanciales de las partes, verbigracia, el no comparecer a ratificar un escrito a manifestar si la firma es auténtica o no, puede generar una consecuencia desfavorable, como lo es, tenerlo por confeso. En otras palabras, por carga procesal se entiende como aquel acto jurídico que debe ejecutarse durante el proceso, si se quiere obtener cierta finalidad en interés propio, cuya omisión involucraría la pérdida de un efecto favorable durante el proceso y enfrentar uno desfavorable. Esta carga para las partes debe tener origen en la ley o en una determinación judicial, donde los efectos de su insatisfacción produce una consecuencia desfavorable que perjudica el interés del propio quejoso, sin que pueda obligársele a cumplir la carga procesal. Así, la satisfacción de las cargas procesales es un deber de las partes en el juicio para impulsar el procedimiento, en términos del principio dispositivo, sin que ello conlleve a estimar que la discrecionalidad del Juez puede mantenerse alejada de una sana dinámica procesal, en la que, con rectoría en el proceso, actúe a fin de estimular el proceso. Por otro lado tenemos que, las obligaciones procesales tienen una naturaleza distinta, donde ante el incumplimiento de una obligación procesal, el juzgador puede hacer cumplir su determinación mediante coacción, o sea, imponiendo medidas de apremio, en este caso, podemos citar como ejemplo, la citación de un testigo por parte del Juez para comparecer a declarar sobre los hechos materia del asunto, el incumplimiento a ello, puede generar la imposición de una multa. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada 1a. CLVIII/2009, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 166349, Novena Época, Materias(s): Común, Tomo XXX, Septiembre de 2009, página 448, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta con rubro y texto: "OBLIGACIONES Y CARGAS PROCESALES. DISTINCIÓN DE LAS CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO DE UNAS Y OTRAS. La obligación procesal existe cuando la ley ordena a alguien tener determinado comportamiento para satisfacer un interés ajeno, sacrificando el propio; mientras que la carga procesal tiene lugar cuando la ley fija la conducta que debe asumir quien quiera conseguir un resultado favorable a su propio interés. Así, el incumplimiento de una obligación procesal puede dar lugar a la imposición de sanciones, como son los medios de apremio, la condena en costas o el pago de daños y perjuicios; en cambio, no es jurídicamente correcto sostener que el incumplimiento de una carga procesal produce como consecuencia propiamente una sanción, entendida como castigo o penalización por el incumplimiento de un deber, sino que en función de su naturaleza procesal, constituye una omisión en la de verificación de un requisito procesal; es decir, si el cumplimiento de una carga procesal constituye una condición para que el litigante consiga los fines que satisfacen su propio interés, es evidente que la insatisfacción de esa condición tiene como consecuencia que el interesado no alcance dichos fines". De la preclusión. Asimismo, tenemos que la preclusión es una institución jurídica procesal, consistente en la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, contribuye a que el proceso en general, para cumplir sus fines, se tramite con la mayor celeridad posible, pues por virtud de la preclusión, las distintas etapas del procedimiento adquieren firmeza, dando sustento a las fases subsecuentes, de modo que el juicio se desarrolle ordenadamente y se establezca un límite a la posibilidad de discusión. Así, tenemos que la preclusión tiene lugar cuando: a) No se haya observado el orden u oportunidad establecido en la ley, para la realización del acto respectivo; b) Se haya realizado una actividad procesal incompatible con el ejercicio de otra; y, c) La facultad relativa se haya ejercido válidamente en una ocasión. En ese sentido, en el caso, es importante precisar que en el último de los supuestos referidos que corresponde a la consumación propiamente dicha, indefectiblemente en todos ellos la preclusión conlleva la clausura definitiva de cada una de las etapas del proceso, lo que implica que, por regla general, una vez extinguida la oportunidad de ejercer el derecho correspondiente o habiéndolo ejercido en una ocasión, ya no puede hacerse valer en un momento posterior. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada 2a. CXLVIII/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 168293, Novena Época, Materias(s): Común, Tomo XXVIII, Diciembre de 2008, página 301, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta con rubro y texto: "PRECLUSIÓN. SUPUESTOS EN LOS QUE OPERA. La mencionada institución jurídica procesal, consistente en la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, contribuye a que el proceso en general, para cumplir sus fines, se tramite con la mayor celeridad posible, pues por virtud de la preclusión, las distintas etapas del procedimiento adquieren firmeza, dando sustento a las fases subsecuentes, de modo que el juicio se desarrolle ordenadamente y se establezca un límite a la posibilidad de discusión, en aras de que la controversia planteada se solucione en el menor tiempo posible, observando el principio de impartición de justicia pronta previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, la preclusión tiene lugar cuando: a) No se haya observado el orden u oportunidad establecido en la ley, para la realización del acto respectivo; b) Se haya realizado una actividad procesal incompatible con el ejercicio de otra; y, c) La facultad relativa se haya ejercido válidamente en una ocasión. Si bien el último de los supuestos referidos corresponde a la consumación propiamente dicha, indefectiblemente en todos ellos la preclusión conlleva la clausura definitiva de cada una de las etapas del proceso, lo que implica que, por regla general, una vez extinguida la oportunidad de ejercer el derecho correspondiente o habiéndolo ejercido en una ocasión, ya no puede hacerse valer en un momento posterior. En ese sentido, la figura procesal referida permite que las resoluciones judiciales susceptibles de ser revocadas, modificadas o nulificadas a través de los recursos y medios ordinarios de defensa que establezca la ley procesal atinente, adquieran firmeza cuando se emita la decisión que resuelva el medio impugnativo o, en su caso, cuando transcurra el plazo legal sin que el recurso o medio de defensa relativo se haya hecho valer. Solución del caso. Con base en el anterior marco referencial, en el presente caso tenemos que la parte quejosa se duele de la omisión o negativa de la responsable de que en audiencia se dé lectura y explicación a la sentencia condenatoria emitida en su contra, para lo cual es necesario recordar que una vez llevado a cabo el juicio contra el quejoso, el dos de marzo de dos mil veintidós, la Juez de Tribunal de Enjuiciamiento procedió a celebrar la audiencia de alegatos de clausura donde una vez que se individualizaron las partes, esto es, la agente del Ministerio Público ********************, el Asesor Jurídico ********************, los defensores particulares ******************** y ********************, y el inculpado ********************, la fiscalía expuso sus manifestaciones respecto a la acreditación del delito y la participación del quejoso en su comisión; acto seguido, el Asesor jurídico hizo lo propio; y finalmente, el defensor particular explicó los razonamientos del por qué debía dictarse un fallo absolutorio a su representado. Así, una vez que se llevó a cabo el debate entre las partes, en el segundo segmento de dicha audiencia, a las catorce horas con cincuenta y tres minutos del dos de marzo del año en curso, la autoridad responsable procedió a dictar un fallo de condena, en el cual sustancialmente refirió los hechos, el modo de comisión y la participación del sentenciado en el hecho delictivo; razón por la cual, procedió a señalar fecha y hora para la audiencia de individualización de sanciones. Audiencia que tuvo verificativo el propio dos de marzo de dos mil veintidós, a las quince horas con cinco minutos, donde nuevamente se encontraron presentes la agente del Ministerio Público ********************, el Asesor Jurídico ********************, el defensor particular ********************, y el inculpado ********************; acto seguido, cada una de las partes procedieron a verter sus alegatos respecto de la sanción impuesta, y en la continuación de la audiencia, la Juez de Enjuiciamiento, explicó las sanciones respectivas; y finalmente, indicó que señalaría fecha y hora para dar lectura y explicación a la sentencia, donde la representación social y el Asesor Jurídico indicaron que lo sustentado por la Juez era suficiente para colmar dicha formalidad, en tanto que la defensa particular ******************** no hizo manifestación alguna; y en mérito de ello, la responsable tuvo por dispensadas a las partes para llevar a cabo la audiencia a que se refiere el artículo 401, último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales. Como puede verse la falta de lectura está justificada pues la oposición de su abogado conllevó a consentimiento y preclusión del derecho de solicitarlo, por tanto, no le asiste la razón a la parte quejosa para dolerse de la omisión o negativa de la autoridad responsable para señalar la audiencia de lectura y explicación de la sentencia emitida en su contra, puesto que dentro de la audiencia de dos de marzo de dos mil veintidós, se dictó fallo condenatorio donde se explicaron los razonamientos jurídicos para ello, posteriormente, dentro de la continuación de la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, la Juez citó a las partes para explicar la sentencia, donde la fiscalía y el asesor jurídico solicitaron la dispensa para ello, en tanto que el defensor ******************** no hizo manifestación al respecto, y en consecuencia la Juez tuvo por dispensadas a las partes; razón por la cual, si el defensor particular ******************** no solicitó que se le diera lectura y explicación al fallo, ello es una consecuencia desfavorable a sus intereses dentro del proceso, puesto que estuvo presente y se le cuestionó al respecto, sin aducir nada al respecto. Así, contrario a lo que sostiene el quejoso relativo a que debe contar con una persona que lo defienda dentro del proceso penal para llevar su representación, tal cuestión nunca le fue vulnerada puesto que en todo momento se encontró asistido de sus defensores particulares, siendo las persona que él señaló para que lo representaran durante el juicio, por ende, si en el caso el profesionista ******************** que se encontraba en la audiencia de dos de marzo de dos mil veintidós de individualización de sanciones ante el cuestionamiento que le hizo la Juez, no se pronunció al respecto, fue en detrimento de sus intereses, pues era una obligación procesal frente al juicio, máxime que debe contar con los conocimientos técnicos necesarios y suficientes para representar al sentenciado, por tanto, era sabedor de la consecuencia -dispensa- de no dar lectura y explicación a la sentencia. Por otro lado, respecto a la forma en cómo se le realizan las notificaciones, y que la autoridad le ha notificado de manera incorrecta las determinaciones judiciales, para así aducir que con ello ésta ha sido omisa o se ha negado a celebrar la audiencia de lectura y explicación de la sentencia, debe decirse que si se encontraban presentes en la audiencia los defensores particulares el dos de marzo de dos mil veintidós, conforme al artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tuvo conocimiento de dichas actuaciones al haber estado en la audiencia respectiva. Aunado a ello, este Juzgador observa que el defensor ******************** en diverso escrito intentó solicitar a la responsable se señalara una audiencia para la lectura y explicación de la sentencia, siendo que la Juez el treinta de marzo de dos mil veintidós, medularmente no acordó favorable su petición, en virtud de que las notificaciones que se hacían en el correo electrónico de manera incorrecta, la defensa se encontraba presente en la audiencia donde se dictó el fallo condenatorio, y por ende, dicha cuestión le fue notificada de manera personal, y si bien intentó combatir esa determinación a través del recurso de revocación, por mayoría de razón se sostiene que era sabedor de las consecuencias jurídicas de no haber solicitado en la audiencia respectiva la lectura y explicación de la sentencia. Por otra parte el quejoso, estima que se vulnera en su perjuicio lo establecido en el artículo 17 constitucional, merced a que tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta y efectiva, sin embargo, la autoridad responsable no desempeña su función con apego al principio de imparcialidad, pues debe subsanar el error mecanográfico de notificar en el correo señalado desde el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Sin embargo, en concepto de este Juzgador tampoco se desprende que exista una vulneración al principio de imparcialidad, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal, que señala: "Artículo 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. (.).". Este precepto contempla lo siguiente: 1. La prohibición al gobernado de hacerse justicia por sí mismo o por medio de la violencia. 2. La garantía a la tutela jurisdiccional, que se rige por los siguientes principios: a) Se administrará por los tribunales expeditos. b) Los tribunales impartirán justicia de manera pronta, completa e imparcial. c) La justicia se administrará en los plazos y términos que fijen las leyes. d) La justicia se administrará de manera gratuita. Así, en el caso no se desprende que la autoridad responsable hubiere actuado de manera parcial para con alguna de las partes como pudiera ser el Ministerio Público o la víctima, puesto que en el caso, de las videograbaciones se desprende que en todo momento dio el uso de la voz a todos los intervinientes, quienes expresaron lo que conforme a derecho estimaron pertinente, siendo que si la defensa del quejoso en la audiencia de dos de marzo de dos mil veintidós, no manifestó si estaba o no de acuerdo con la dispensa solicitada por la fiscalía y el Asesor Jurídico, para dar lectura y explicación a la sentencia, ello se insiste fue en detrimento de sus intereses, pues al contar con los conocimientos suficientes para defender al quejoso era sabedor de las consecuencias jurídicas que podían ocasionarle tales cuestiones, sin que con ello, se atente contra el principio de imparcialidad; máxime que en el caso, tampoco existe parcialidad en relación al error mecanográfico del correo electrónico, pues como se dijo, el defensor se encontraba presente en la audiencia donde fue sabedor de las determinaciones ahí adoptadas. Por tanto, al resultar infundados los conceptos de violación, y sin que exista queja qué suplir, lo procedente es negar el amparo solicitado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 73, 74, 75, 76, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, por conducto de su defensor particular ********************, respecto del acto reclamado consistente en la omisión y/o negativa de llevar acabo la audiencia de lectura y explicación de la sentencia definitiva, dentro de la causa penal ********************, atribuida al Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, por los motivos asentados el considerando último del presente veredicto constitucional.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, seis de septiembre de dos mil veintidós. Informe justificado Intégrese el oficio signado por la Jueza del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, a través del cual, rinden su informe justificado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés convenga. Pruebas En ese orden, de conformidad con el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba de la Juez oficiante los discos que adjunta, que contienen el expediente electrónico y de las videograbaciones verificadas en la causa penal 341/2021; dada su naturaleza se tienen por admitidas y desahogadas, debiendo dar cuenta con ellas en la audiencia constitucional; videograbaciones de las que se ordena hacer respaldo. Emplazar tercero interesado Ahora, vistas las constancias que se reciben, así como, el estadio procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que por auto de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, se reservó proveer respecto al tercero interesado, se levanta la reserva y se provee; de conformidad con el inciso c), fracción III, del artículo 5° de la Ley de Amparo, le recae el carácter de tercero interesado a ****, con domicilio ubicado en Hacienda****, Toluca, Estado de México Por tanto, se comisiona a uno de los actuarios para que se constituya en el domicilio antes precisado, y lo emplace a juicio, corriéndoles traslado con copia autorizada de la demanda de amparo, auto admisorio y de la presente determinación. De igual forma, deberá requerirles, para que en el momento de dicha diligencia o dentro del plazo de tres días legalmente computados, señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad o su zona conurbada, con el apercibimiento que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se les realizarán por medio de la lista que se publica en este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Oficio Agréguese el oficio signado por la Jueza de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, por medio del cual en cumplimiento al proveído de diecinueve de los cursantes, informa que la parte quejosa y su defensa se encontraban presentes al momento que la juez emitió el fallo correspondiente y citó a las partes a la diversa audiencia de individualización de sanciones, por lo que fue notificado de manera personal de la fecha y hora en que tendría verificativo, asimismo, a petición expresa del quejoso, el dos de marzo del año en curso, se tuvo por dispensada la audiencia de lectura y explicación de sentencia, solicitada por la defensa del quejoso Mario García Molina, actuaciones de la causa oral 341/2021, de su índice; asimismo, remite las constancias para acreditar lo anterior. Atento a lo anterior, ténganse por cumplido el requerimiento formulado a la autoridad oficiante. Admisión En consecuencia, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, admítase a trámite la demanda promovida por Mario García Molina, a través de su defensor particular José Ruiz González. Incidente de suspensión Por no haberse solicitado, no se tramita el incidente de suspensión. Ministerio público federal Dese intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación por lo que se deja a disposición copia de la demanda en la sección de actuaria. Audiencia constitucional Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las once horas con veinte minutos del veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Sin que por el momento sea necesario que la referida audiencia de ley se desahogue por videoconferencia en términos del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, ya que del estadio procesal no se advierte la necesidad de realizar de esa forma dicha diligencia. Sin embargo, en caso de que alguna de las partes considere lo contrario, deberá de realizar su petición motivando por qué considera necesario se realice la audiencia constitucional por ese medio. Requerimiento de autoridad En términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, requiérase a la responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del término de quince días contados a partir de la notificación de este proveído, debiendo anexar copia certificada legible, completa y ordenada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. En el entendido de que podrá rendir el citado informe y anexos en un plazo menor al señalado, lo cual contribuirá en una pronta impartición de justicia en favor del justiciable, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 constitucional. Bajo apercibimiento que, de ser omisa en rendir el informe conforme a los lineamientos antes detallados, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización. Por otra parte, de actualizarse alguna causa de sobreseimiento, deberán informarlo de inmediato; en caso de no hacerlo se hará acreedora a una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización, de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 251, del ordenamiento invocado. La información puede ser enviada al fax (722) 2.36.05.00, extensión 3257 o VÍA INTERNET, al correo electrónico oficial tramite1@correo.cjf.gob.mx; confirmando a la extensión 3255. Notificación autoridad Por otro lado, se hace del conocimiento a las autoridades responsables, que en términos del artículo 28, fracción I, 29, 30 y 31 de la Ley de Amparo, los acuerdos de trámite de menor trascendencia se les notificarán por lista y los restantes por oficio. En apoyo se invoca la Jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, visible en la página 1253 de enero de dos mil trece, tomo 2, Décima Época del Sermonario Judicial y su Gaceta, cuyo rubro es: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." TERCERO INTERESADO Se reserva proveer en cuanto a la notificación de la instauración del presente sumario a la tercero interesada que refiere, hasta en tanto se cuenten con mayores datos donde pueda ser emplazado a juicio. Emisión de oficios Se instruye al oficial administrativo encargado del trámite de este expediente, así como al secretario de acuerdos y en su momento al proyectista, para que vigile la emisión de los oficios respectivos a las autoridades responsables o cualquier otra autoridad que tenga intervención en este asunto, así como los anexos respectivos que deriven de esa determinación. De igual forma, se requiere al Secretario y Oficial Administrativo, para que agenden los plazos y términos que surjan en la tramitación de este expediente, a fin de que los acuerdos respectivos se propongan a tiempo, y con ello, no se afecte el desarrollo de pronta impartición de justicia. En el mismo orden, se conmina a los actuarios para que realicen todas y cada una de las notificaciones que deriven del presente juicio en los términos que manda la ley; además, en este acto se les instruye para que verifiquen que los oficios que deriven del presente acuerdo, así como los subsecuentes, se entreguen de manera correcta a sus destinatarios. Apartado especial de actuarios Asimismo, de conformidad con el artículo 2, fracción XII, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se comisiona al actuario de la adscripción para que mediante notificación electrónica a través del Portal de Servicios en Línea, por oficio electrónico o digitalizado con firma electrónica, por lista electrónica según corresponda realicen las notificaciones que se emitan en el presente sumario; asimismo, para que realicen todas y cada una de las comunicaciones que deriven del presente juicio en los términos que manda la ley. De igual manera, en este acto se les instruye para que verifiquen que los oficios que deriven del presente acuerdo y subsecuentes, se entreguen de manera correcta a sus destinatarios. Expedición de copias Desde este momento se autoriza a las partes la reproducción de copias fotostáticas a su costa, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional; en el entendido que previa entrega, deberá quedar debidamente asentado en autos su recepción, ello para su constancia legal.

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