Mario García Martínez.
Expediente 317/2018 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 8 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 317/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 29/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Mario García Martínez.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el estado que guardan los presentes autos y en atención a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término concedido a las partes sin que se hubieran inconformado con el proveído de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, que tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 201, fracción I, y 202 primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, se tiene por consentida la mencionada resolución. Mediante oficio que al efecto se gire, hágase del conocimiento de la autoridad responsable la presente determinación, para los efectos legales a que hubiere lugar. Al no existir diligencia pendiente de desahogo, archívese este asunto como concluido. Finalmente, de conformidad con lo ordenado en la fracción III, del punto Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, que estableció como susceptibles de depuración los expedientes relativos a juicios de amparo directo, en los que se haya negado o concedido la protección constitucional, por tal motivo, y en virtud de que carece de relevancia documental, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN; por lo que únicamente deberá conservarse el escrito de demanda de amparo, así como la resolución dictada en el presente asunto, pues este expediente no contiene resolución que tenga especial trascendencia jurídica, política, social o económica a nivel nacional, estatal o municipal; lo anterior una vez que transcurra el plazo de más de cinco años de haberse ordenado su archivo.
- Juicio de Amparo Directo
En Pachuca de Soto, Hidalgo a tres de mayo de dos mil diecinueve, el suscrito actuario judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, siendo las 09:00 horas, en cumplimiento al auto de veintiséis de abril de dos mil diecinueve y al citatorio dejado el veintinueve de abril del presente año, se hace constar: Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista al quejoso; Mario García Martínez o bien, a su autorizado; el auto de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, dictado en el amparo directo al rubro citado, quedando debidamente notificado, en razón de no haber acudido a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a notificarse de manera personal, dentro de los dos días siguientes hábiles, que lo fueron treinta de abril y dos de mayo del año en curso, no obstante al citatorio que se le dejó el veintinueve de abril del año que transcurre en el domicilio proporcionado. Lo que hago constar con fundamento en lo previsto por el artículo 27 de la referida ley y para todos los efectos legales conducentes. Doy fe. Cuya síntesis se dijo;Vistos los autos del juicio de amparo directo administrativo 317/2018, para resolver sobre el cumplimiento de la sentencia de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, que pronunció este tribunal colegiado, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Mario García Martínez, para el efecto de que: " La responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar, emita otra en la que reitere las consideraciones que no son materia de concesión, pero en relación a la prestación sobre rendición de cuentas, declare su improcedencia sobre la base de la obscuridad de su reclamo, al no exponer que frutos se produjeron durante las anualidades reclamadas y solamente haberse introducido en la testimonial y pericial, por lo que no brindó la oportunidad al quejoso de defenderse." Con motivo del requerimiento respectivo a la autoridad responsable para que informara a este Órgano Colegiado sobre el cumplimiento de dicha ejecutoria, el Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cincuenta y Cinco, remitió el oficio TUA/UAJ/590/2019, de once de marzo de dos mil diecinueve, al que anexó la sentencia que dictó en cumplimiento al fallo protector el ocho de marzo subsecuente, con la que se dio vista a la parte quejosa y terceras interesadas sin que ninguna de la partes realizara manifestaciones al respecto. Por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de la materia se analiza si la ejecutoria de amparo fue o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Proveído que corresponde dictar al Magistrado Presidente de este Tribunal Colegiado, en acatamiento al Acuerdo General número 5/2013, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado por última vez mediante Instrumento Normativo del cinco de septiembre de dos mil diecisiete. De la sentencia dictada en cumplimiento a la ejecutoria que nos ocupa, se advierte lo siguiente: La responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar, emita otra en la que reitere las consideraciones que no son materia de concesión,.Mediante acuerdo de seis de marzo de dos mil diecinueve, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cincuenta y Cinco, dejó insubsistente la sentencia dictada el trece de julio de dos mil dieciocho, y en su lugar ordenó dictar una nueva bajo los lineamientos de lo ordenado en la ejecutoria de amparo. .pero en relación a la prestación sobre rendición de cuentas, declare su improcedencia sobre la base de la obscuridad de su reclamo, al no exponer que frutos se produjeron durante las anualidades reclamadas y solamente haberse introducido en la testimonial y pericial, por lo que no brindó la oportunidad al quejoso de defenderse. En materia de concesión realizó lo siguiente: - Ahora bien, lo que solicita EMMA GARCÍA MARTÍNEZ, es el pago del usufructo de la parcela 25, desde el veintiuno de febrero de dos mil once, que falleció su padre ANDRÉS GARCÍA RODRÍGUEZ, y que tiene en posesión MARIO GARCÍA MARTÍNEZ, por lo cual ofreció la prueba en agronomía para determinar si procede la rendición de cuentas por parte del demandado en el juicio natural. - - - . - - - Luego entonces, con la prueba pericial en agronomía ofrecida por la parte actora en el principal EMMA GARCÍA MARTÍNEZ, ésta estuvo a cargo del Ingeniero ANTONIO AMBROCIO RAMÍREZ, determinó en sus conclusiones que la rendición de cuentas por cosecha de alfalfa, en la parcela 25, el beneficio económico obtenido, desde el veintiuno de febrero de dos mil once, al veintiuno de febrero de dos mil dieciséis, el valor total de producción es de $472,736.67 (cuatrocientos setenta y dos mil setecientos treinta y seis pesos 67/100 M.N.), menos los costos de cultivo de $227,674.11 (Doscientos veintisiete mil seiscientos sesenta y cuatro (sic) 11/100 M.N), da un total de $245,062.67 Doscientos cuarenta y cinco mil sesenta y dos pesos 67/100 M.N), y considerando que la parte proporcional de gastos y producción que le corresponde a la coheredada EMMA GARCÍA MARTÍNEZ, es del cincuenta por ciento es la cantidad de $122,531.33 (Ciento veintidós mil quinientos treinta y un pesos 33/100 M.N) por parte de proporcional hasta el año dos mil dieciséis (foja 92 a 98). - - - Sentado lo anterior, y si bien es cierto, que el perito realizó una estimación de rendimiento y valor de la producción del año dos mil once al dos mil dieciséis, de la parcela 25, como aparece a fojas 95 y 96; no menos cierto es que no especifica ni tiene sustento, el precio a valor de mercado que haya estado vigente en ese año, así como, donde se basó para dar por cierto los precios mencionados, asimismo, la pregunta, como determinó que todos los años se haya sembrado alfalfa en la totalidad de la parcela, lo que evidencia que sólo se guió por el dicho de la actora en el principal, al mencionar que el demandado MARIO GARCÍA MARTÍNEZ, cosecha la parcela desde que falleció su papá, el veintiuno de febrero de dos mil once, es decir al perito no le consta este hecho, ni lo describe ni menciona, ni indica como estableció el rendimiento de la cosecha por año, así como en que basa los costos de cultivo, tampoco determinó como obtuvo la producción obtenida por hectárea, por toneladas de alfalfa, y como saber que el precio medio rural que marca por toneladas es el correcto, y sobre todo concluir el valor total de la producción, en consecuencia, al no estar sustentado, desglosado técnicamente este dictamen, a esta pericial no se le da eficacia jurídica, conforme a lo dispuesto por el artículo 189 de la Ley Agraria, donde no se acredita que la parte actora en reconvención MARIO GARCÍA MARTÍNEZ, venga usufructuando la parcela 25, con superficie 02-79-69.70 (sic) hectáreas, ubicada (sic) Teocalco, municipio de Tlaxcoapan, Hidalgo, desde el veintiuno de febrero de dos mil once, año en que falleció su padre ANDRÉS GARCÍA RODRÍGUEZ, si su testigo FRANCISCA ELIZONDO MARTÍNEZ, dice que la trabajaba desde el cinco de enero del año dos mil cuatro, si bien es cierto existe contradicción, no menos cierto es que MARIO GARCÍA MARTÍNEZ, tiene la posesión de dicha parcela; además tampoco existe certeza que se haya cultivado alfalfa, todos los años, si la testigo en mención también declara que sembró maíz; entonces el perito dio por hecho que se sembró la parcela 25 todos los años, pero alfalfa, calculando el beneficio económico de toda la superficie de 02-79-69.705 hectáreas, sin saber que se haya sembrado en su totalidad o sólo parte de ella, desde la fecha en que falleció el ejidatario ANDRÉS GARCÍA RAMÍREZ, el veintiuno de febrero de dos mil once, sin existir pruebas que así fuera; asimismo realizó un estudio en agronomía al tomar como base las características físicas del suelo como son textura, estructura y materia orgánica, además otros factores que determinan el tipo y la buena o mala calidad del terreno, considerando la superficie total que comprende dicha parcela, determinando que es de buena calidad, ya que la clase de la tierra es de riego o humedad de primera y por lo consiguiente se encuentra en óptimas condiciones para establecer los cultivos agrícolas propios de la región, determinando así las estimaciones de rendimiento y valor de la producción y costos de los años dos mil once al dos mil dieciséis, que fueron calculados primeramente por hectáreas y posteriormente por la superficie total de 02-79-69.705 Hectáreas, con lo anterior se acredita que es una parcela de buena calidad; por lo tanto EMMA GARCÍA MARTÍNEZ, no probó con ningún medio de prueba, que se haya sembrado la parcela desde el dos mil once al dos mil dieciséis, de alfalfa y la totalidad de la parcela; aunado que también quedó establecido, que la actora solicitó la rendición de cuentas por parte de su hermano por venir usufructuando la parcela 25, desde el fallecimiento de su padre, que fue el veintiuno de febrero de dos mil once, sin exponer que se sembraba alfalfa, y al no especificar en su presentación que producto se sembraba, esta situación dejó en estado de indefensión al quejoso, para que estuviera en posibilidad de controvertirlo, o en su caso, ofrecer algún medio de convicción para acreditar los frutos reales percibidos desde esa anualidad; por lo tanto, se absuelve a MARIO GARCÍA MARTÍNEZ, de la rendición de cuentas que solicita su contra parte, conforme a lo establecido en la ejecutoria que se cumple. Lo anterior tiene sustento en la siguiente tesis de rubro, texto y localización siguientes: "PRUEBA PERICIAL. LAS OPINIONES EMITIDAS EN LOS DICTÁMENES NO VINCULAN AL JUZGADOR, PUES ES ÉSTE QUIEN DETERMINA SU VALOR. Como el artículo 1301 del Código de Comercio prevé un sistema de libre valoración para la prueba pericial, la opinión emitida en un dictamen no vincula necesariamente al Juez ni lo obliga a darle un valor probatorio del que carece, porque finalmente es a él a quien, como perito de peritos y de acuerdo con su libre arbitrio, corresponde ponderar en su justo alcance, la eficacia de los medios probatorios, es decir, es el Juez quien decide si acoge o no las conclusiones contenidas en los peritajes o si en todo caso, las asume parcialmente o las adminicula con otros elementos de prueba, con base en un análisis de sus fundamentos y conclusiones y al tenor de los principios elementales de orden lógico como son: congruencia, consistencia, no contradicción y verosimilitud, los que debe observar al exponer los razonamientos que soporten su decisión y que la justifiquen con una finalidad persuasiva o de mayor credibilidad, a fin de rechazar la duda y el margen de subjetividad del resolutor. En esas condiciones, el desahogo de una pericial no implica su forzosa utilidad para resolver la controversia, pues conforme al arbitrio del Juez puede ser que ninguno de los dictámenes sea suficientemente sustentable para crear convicción en él y entonces, será éste, quien de acuerdo con sus facultades deberá decidir la situación jurídica que se le plantea, aun cuando su determinación no encuentre apoyo en los peritajes que obren en autos." Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, el Magistrado Presidente de este Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, declara cumplida la ejecutoria de amparo, sin que se advierta exceso o defecto en la emisión de la nueva sentencia, toda vez que la responsable se apegó a lo estrictamente establecido en dicha ejecutoria. Consecuentemente, hágase del conocimiento de la parte quejosa y terceros interesados este proveído para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo y, en su caso una vez transcurrido el término de quince días a que se refiere el numeral 202, primer párrafo del mismo ordenamiento, archívese el expediente como asunto concluido.
- Juicio de Amparo Directo
Vistos los autos del juicio de amparo directo administrativo 317/2018, para resolver sobre el cumplimiento de la sentencia de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, que pronunció este tribunal colegiado, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Mario García Martínez, para el efecto de que: " La responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar, emita otra en la que reitere las consideraciones que no son materia de concesión, pero en relación a la prestación sobre rendición de cuentas, declare su improcedencia sobre la base de la obscuridad de su reclamo, al no exponer que frutos se produjeron durante las anualidades reclamadas y solamente haberse introducido en la testimonial y pericial, por lo que no brindó la oportunidad al quejoso de defenderse." Con motivo del requerimiento respectivo a la autoridad responsable para que informara a este Órgano Colegiado sobre el cumplimiento de dicha ejecutoria, el Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cincuenta y Cinco, remitió el oficio TUA/UAJ/590/2019, de once de marzo de dos mil diecinueve, al que anexó la sentencia que dictó en cumplimiento al fallo protector el ocho de marzo subsecuente, con la que se dio vista a la parte quejosa y terceras interesadas sin que ninguna de la partes realizara manifestaciones al respecto. Por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de la materia se analiza si la ejecutoria de amparo fue o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Proveído que corresponde dictar al Magistrado Presidente de este Tribunal Colegiado, en acatamiento al Acuerdo General número 5/2013, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado por última vez mediante Instrumento Normativo del cinco de septiembre de dos mil diecisiete. De la sentencia dictada en cumplimiento a la ejecutoria que nos ocupa, se advierte lo siguiente: La responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar, emita otra en la que reitere las consideraciones que no son materia de concesión,.Mediante acuerdo de seis de marzo de dos mil diecinueve, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cincuenta y Cinco, dejó insubsistente la sentencia dictada el trece de julio de dos mil dieciocho, y en su lugar ordenó dictar una nueva bajo los lineamientos de lo ordenado en la ejecutoria de amparo. .pero en relación a la prestación sobre rendición de cuentas, declare su improcedencia sobre la base de la obscuridad de su reclamo, al no exponer que frutos se produjeron durante las anualidades reclamadas y solamente haberse introducido en la testimonial y pericial, por lo que no brindó la oportunidad al quejoso de defenderse. En materia de concesión realizó lo siguiente: - Ahora bien, lo que solicita EMMA GARCÍA MARTÍNEZ, es el pago del usufructo de la parcela 25, desde el veintiuno de febrero de dos mil once, que falleció su padre ANDRÉS GARCÍA RODRÍGUEZ, y que tiene en posesión MARIO GARCÍA MARTÍNEZ, por lo cual ofreció la prueba en agronomía para determinar si procede la rendición de cuentas por parte del demandado en el juicio natural. - - - . - - - Luego entonces, con la prueba pericial en agronomía ofrecida por la parte actora en el principal EMMA GARCÍA MARTÍNEZ, ésta estuvo a cargo del Ingeniero ANTONIO AMBROCIO RAMÍREZ, determinó en sus conclusiones que la rendición de cuentas por cosecha de alfalfa, en la parcela 25, el beneficio económico obtenido, desde el veintiuno de febrero de dos mil once, al veintiuno de febrero de dos mil dieciséis, el valor total de producción es de $472,736.67 (cuatrocientos setenta y dos mil setecientos treinta y seis pesos 67/100 M.N.), menos los costos de cultivo de $227,674.11 (Doscientos veintisiete mil seiscientos sesenta y cuatro (sic) 11/100 M.N), da un total de $245,062.67 Doscientos cuarenta y cinco mil sesenta y dos pesos 67/100 M.N), y considerando que la parte proporcional de gastos y producción que le corresponde a la coheredada EMMA GARCÍA MARTÍNEZ, es del cincuenta por ciento es la cantidad de $122,531.33 (Ciento veintidós mil quinientos treinta y un pesos 33/100 M.N) por parte de proporcional hasta el año dos mil dieciséis (foja 92 a 98). - - - Sentado lo anterior, y si bien es cierto, que el perito realizó una estimación de rendimiento y valor de la producción del año dos mil once al dos mil dieciséis, de la parcela 25, como aparece a fojas 95 y 96; no menos cierto es que no especifica ni tiene sustento, el precio a valor de mercado que haya estado vigente en ese año, así como, donde se basó para dar por cierto los precios mencionados, asimismo, la pregunta, como determinó que todos los años se haya sembrado alfalfa en la totalidad de la parcela, lo que evidencia que sólo se guió por el dicho de la actora en el principal, al mencionar que el demandado MARIO GARCÍA MARTÍNEZ, cosecha la parcela desde que falleció su papá, el veintiuno de febrero de dos mil once, es decir al perito no le consta este hecho, ni lo describe ni menciona, ni indica como estableció el rendimiento de la cosecha por año, así como en que basa los costos de cultivo, tampoco determinó como obtuvo la producción obtenida por hectárea, por toneladas de alfalfa, y como saber que el precio medio rural que marca por toneladas es el correcto, y sobre todo concluir el valor total de la producción, en consecuencia, al no estar sustentado, desglosado técnicamente este dictamen, a esta pericial no se le da eficacia jurídica, conforme a lo dispuesto por el artículo 189 de la Ley Agraria, donde no se acredita que la parte actora en reconvención MARIO GARCÍA MARTÍNEZ, venga usufructuando la parcela 25, con superficie 02-79-69.70 (sic) hectáreas, ubicada (sic) Teocalco, municipio de Tlaxcoapan, Hidalgo, desde el veintiuno de febrero de dos mil once, año en que falleció su padre ANDRÉS GARCÍA RODRÍGUEZ, si su testigo FRANCISCA ELIZONDO MARTÍNEZ, dice que la trabajaba desde el cinco de enero del año dos mil cuatro, si bien es cierto existe contradicción, no menos cierto es que MARIO GARCÍA MARTÍNEZ, tiene la posesión de dicha parcela; además tampoco existe certeza que se haya cultivado alfalfa, todos los años, si la testigo en mención también declara que sembró maíz; entonces el perito dio por hecho que se sembró la parcela 25 todos los años, pero alfalfa, calculando el beneficio económico de toda la superficie de 02-79-69.705 hectáreas, sin saber que se haya sembrado en su totalidad o sólo parte de ella, desde la fecha en que falleció el ejidatario ANDRÉS GARCÍA RAMÍREZ, el veintiuno de febrero de dos mil once, sin existir pruebas que así fuera; asimismo realizó un estudio en agronomía al tomar como base las características físicas del suelo como son textura, estructura y materia orgánica, además otros factores que determinan el tipo y la buena o mala calidad del terreno, considerando la superficie total que comprende dicha parcela, determinando que es de buena calidad, ya que la clase de la tierra es de riego o humedad de primera y por lo consiguiente se encuentra en óptimas condiciones para establecer los cultivos agrícolas propios de la región, determinando así las estimaciones de rendimiento y valor de la producción y costos de los años dos mil once al dos mil dieciséis, que fueron calculados primeramente por hectáreas y posteriormente por la superficie total de 02-79-69.705 Hectáreas, con lo anterior se acredita que es una parcela de buena calidad; por lo tanto EMMA GARCÍA MARTÍNEZ, no probó con ningún medio de prueba, que se haya sembrado la parcela desde el dos mil once al dos mil dieciséis, de alfalfa y la totalidad de la parcela; aunado que también quedó establecido, que la actora solicitó la rendición de cuentas por parte de su hermano por venir usufructuando la parcela 25, desde el fallecimiento de su padre, que fue el veintiuno de febrero de dos mil once, sin exponer que se sembraba alfalfa, y al no especificar en su presentación que producto se sembraba, esta situación dejó en estado de indefensión al quejoso, para que estuviera en posibilidad de controvertirlo, o en su caso, ofrecer algún medio de convicción para acreditar los frutos reales percibidos desde esa anualidad; por lo tanto, se absuelve a MARIO GARCÍA MARTÍNEZ, de la rendición de cuentas que solicita su contra parte, conforme a lo establecido en la ejecutoria que se cumple. Lo anterior tiene sustento en la siguiente tesis de rubro, texto y localización siguientes: "PRUEBA PERICIAL. LAS OPINIONES EMITIDAS EN LOS DICTÁMENES NO VINCULAN AL JUZGADOR, PUES ES ÉSTE QUIEN DETERMINA SU VALOR. Como el artículo 1301 del Código de Comercio prevé un sistema de libre valoración para la prueba pericial, la opinión emitida en un dictamen no vincula necesariamente al Juez ni lo obliga a darle un valor probatorio del que carece, porque finalmente es a él a quien, como perito de peritos y de acuerdo con su libre arbitrio, corresponde ponderar en su justo alcance, la eficacia de los medios probatorios, es decir, es el Juez quien decide si acoge o no las conclusiones contenidas en los peritajes o si en todo caso, las asume parcialmente o las adminicula con otros elementos de prueba, con base en un análisis de sus fundamentos y conclusiones y al tenor de los principios elementales de orden lógico como son: congruencia, consistencia, no contradicción y verosimilitud, los que debe observar al exponer los razonamientos que soporten su decisión y que la justifiquen con una finalidad persuasiva o de mayor credibilidad, a fin de rechazar la duda y el margen de subjetividad del resolutor. En esas condiciones, el desahogo de una pericial no implica su forzosa utilidad para resolver la controversia, pues conforme al arbitrio del Juez puede ser que ninguno de los dictámenes sea suficientemente sustentable para crear convicción en él y entonces, será éste, quien de acuerdo con sus facultades deberá decidir la situación jurídica que se le plantea, aun cuando su determinación no encuentre apoyo en los peritajes que obren en autos." Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, el Magistrado Presidente de este Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, declara cumplida la ejecutoria de amparo, sin que se advierta exceso o defecto en la emisión de la nueva sentencia, toda vez que la responsable se apegó a lo estrictamente establecido en dicha ejecutoria. Consecuentemente, hágase del conocimiento de la parte quejosa y terceros interesados este proveído para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo y, en su caso una vez transcurrido el término de quince días a que se refiere el numeral 202, primer párrafo del mismo ordenamiento, archívese el expediente como asunto concluido.
- Juicio de Amparo Directo
Por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual la autoridad responsable remite copia certificada por triplicado de la resolución de ocho de marzo del año en curso, dictada en el expediente agrario 484/2016-55, con el que dice dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista al quejoso, así como a la tercera interesada, con copia de la referida sentencia, por el plazo de diez días, contado a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación de este acuerdo, dentro del cual podrán alegar el defecto o exceso en el cumplimiento; apercibidos que de ser omisos, este tribunal determinará lo procedente.
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