Mario García Cárdenas
Expediente 1355/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1355/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 14/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Mario García Cárdenas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Mérida, Yucatán, catorce de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que el referido proveído, en el cual se decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo fuera de audiencia, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Sin que sea óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado estado el proveído señalado en líneas que anteceden, el hecho de que aún no obren en autos los acuses de recibo relativos a los oficios por medio de los cuales se notificó la resolución de que se trata a las autoridades responsables, ya que la misma sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales, y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar los actos dictados por la autoridad señalada como responsable. Y en relación a la autoridad responsable, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que éstas sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de cada una de ellas se haya reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que es un fallo en el que se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia, y que por tanto, no afecta el interés que en un momento determinado pudiera tener la autoridad en que sus actos subsistan. Es aplicable al caso, la Tesis Aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida Yucatán, seis de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, se acuerda: agréguese a este expediente el informe justificado remitido por la autoridad responsable Encargado de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, y como solicita la autoridad responsable, téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones relacionadas con el presente asunto el inmueble que cita y como delegado en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a la persona que designa con tal carácter. Sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento, toda vez que por auto de veintiuno de febrero del año en curso, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese a este expediente el oficio RAN/YUC/SR/DJ/277/2019, signado por el Encargado de Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, y como solicita la autoridad responsable, téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones relacionadas con el presente asunto el inmueble que cita y como delegado en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a la persona que designa con tal carácter. En cuanto a las diversas manifestaciones realizadas, no es el caso hacer mayor pronunciamiento, toda vez que por auto de veintiuno de febrero del año en curso, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida Yucatán, diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guarda este expediente y lo de cuenta, se acuerda: toda vez que de las constancias que obran en autos se desprende que aún se encuentra transcurriendo el término de ocho días hábiles, con relación a la vista que se dio de los informes justificados que se relacionan en el proveído de siete de febrero de dos mil diecinueve. Por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las diez horas con treinta minutos del quince de marzo de dos mil diecinueve, como nueva hora y fecha para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.54/2000, publicada en la página 5 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Novena Epoca, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, del IUS Intranet, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en un aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Ahora bien, toda vez que del estado que guardan estos autos, se advierte que a la fecha el Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, no ha cumplido con el requerimiento que se le hizo en proveído de siete de febrero del año en curso; en consecuencia: Requiérase nuevamente al Delegado responsable, para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir de la notificación que se le haga de este proveído, remita a este órgano jurisdiccional, copia certificada, completa y legible de las constancias relativas a la aludida calificación registral, y en su caso, de la notificación efectuada a la aquí parte quejosa correspondiente a dicha calificativa, toda vez que dichas constancias se consideran necesarias para mejor proveer en el presente asunto. Con el apercibimiento a dicha autoridad que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. Notifíquese y cúmplase.
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