Mario García Aguilar

Expediente 760/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 1 actuación registrada, la última del 21 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
760/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
21/11/2019

Partes del expediente

  • Mario García Aguilar

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la razón levantada por el Actuario de la adscripción en la que hace constar que no le fue posible notificar al promovente Mario García Aguilar, el proveído de quince de noviembre del año en curso, en el que este juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer la demanda de amparo que promovió, en razón de que al constituirse en el domicilio señalado para tal efecto, fue atendido por Jesús Martínez, quien le informó que el recibía las notificaciones de éste, pero que no la recibiría porque tiene más de un año que no sabe del quejoso ni de su autorizado, puesto que tiene conocimiento que viven en Escuinapa, Sinaloa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena notificar al promovente, por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, dicho proveído. Auto de quince de noviembre de dos mil diecinueve que en esencia se acordó: Vista la demanda de amparo signada por Mario García Aguilar, contra actos del Juez Mixto de Primera de Primera Instancia, con sede en Escuinapa, Sinaloa. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, fórmense los expedientes impreso y electrónico; así también, radíquense éstos con el número 760/2019-IV-1. Incompetencia. Ahora bien, con la finalidad de proveer lo que en derecho proceda sobre el particular, resulta necesario precisar que de las constancias que obran en autos, se aprecia que en el libelo constitucional la impetrante reclama en forma destacada lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE, RECLAMO LOS ACTOS SIGUIENTES: A) EL AUTO EMITIDO CON FECHA 21 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONTENIDO EN EL EXPEDIENTE NÚMERO 391/2014, RELATIVO AL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, POR PAGO DE PESOS, DENTRO DEL CUAL APARECE CON LA CALIDAD DE PARTE ACTORA EL AHORA QUEJOSO SEÑOR MARIO GARCÍA AGUILAR Y COMO PARTE DEMANDANDA EL AHORA TERCERO INTERESADO O PERJUDICADO SEÑOR JUAN MANUEL GONZÁLEZ CÁRDENAS, RADICADO ANTE EL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, SINALOA, MEDIANTE EL CUAL LA AUTORIDAD RESPONSABLE PRECITADA DENIEGA LA ADMISIÓN A TRÁMITE DEL RECURSO DE REVOCACIÓN HECHO VALER DE MI PARTE, EN TIEMPO Y FORMA LEGAL, EN CONTRA DEL AUTO DE FECHA 07 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, QUE DECRETA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA, ADUCIENDO QUE DICHO RECURSO DE REVOCACIÓN ES FRIVOLO E IMPROCEDENTE EN LOS TÉRMINOS DEL NUMERAL 77 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMINTOS CIVILES EN VIGOR PARA NUESTRO ESTADPO DE SINALOA, DE APLICACIÓN SUPLETORIA AL CÓDIGO DE COMERCIO EN VIGOR. (.) B). LOS ACTOS INMINENTES DE LA POSIBLE EJCUCIÓN QUE SE PUDIERA EMITIR Y DERIVAR RESPECTO DEL AUTO EMITIDO CON FECHA 21 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, CONTENIDO EN EL EXPEDIENTE NÚMERO 391/2014, RELATIVO AL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL POR PAGO DE PESOS DENTRO DEL CUAL APARECE CON LA CALIDAD DE PARTE ACTORA EL AHORA QUEJOSO SEÑOR MARIO GARCÍA AGUILAR Y COMO PARTE DEMANDANDA EL AHORA TERCERO INTERESADO O PERJUDICADO SEÑOR JUAN MANUEL GONZÁLEZ CÁRDENAS, RADICADO ANTE EL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, SINALOA, MEDIANTE EL CUAL LA AUTORIDAD RESPONSABLE PRECITADA DENIEGA LA ADMISIÓN A TRÁMITE DEL RECURSO DE REVOCACIÓN HECHO VALER DE MI PARTE, EN TIEMPO Y FORMA LEGAL, EN CONTRA DEL AUTO DE FECHA 07 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, QUE DECRETA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA, ADUCIENDO QUE DICHO RECURSO DE REVOCACIÓN ES FRIVOLO E IMPROCEDENTE EN LOS TÉRMINOS DEL NUMERAL 77 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMINTOS CIVILES EN VIGOR PARA NUESTRO ESTADPO DE SINALOA, DE APLICACIÓN SUPLETORIA AL CÓDIGO DE COMERCIO EN VIGOR." De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito y, además, con fundamento en los artículos 47 y 48 de la Ley de Amparo vigente, este órgano de control constitucional se declara incompetente para conocer del libelo que se atiende, cuyo tenor literal es el siguiente: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." De los numerales transcritos con antelación se desprende que la competencia para conocer de un juicio de amparo promovido contra actos que se estimen sean materia de amparo directo, recaerá en los tribunales colegiados de circuito, debiendo el juez de distrito ante el cual se presentó la demanda declararse incompetente y remitir de inmediato la misma y sus anexos al tribunal correspondiente. En ese sentido, si de la lectura del libelo de cuenta que nos ocupa, se advierte que en el juicio de amparo indirecto en que se actúa, el acto reclamado por Mario García Aguilar, se hizo consistir en el acuerdo emitido el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio ejecutivo mercantil por pago de pesos 391/2014 del índice administrativo del Juzgado Mixto de Primera Instancia, con sede en Escuinapa, Sinaloa, en el que se determinó no admitir el recurso de revocación interpuesto por el quejoso contra la resolución de uno de octubre del año en curso, en la que se decretó la caducidad de la instancia, por lo que este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, resulta incompetente para conocer del presente juicio de amparo, por tratarse de actos que ponen fin al juicio sin decidirlo en lo principal, ello, debido a que el desechamiento del recurso interpuesto otorga firmeza al auto que decretó la caducidad de la instancia en el juicio de origen. Ahora bien, los artículos 34, 170, fracción I, y 171, de la Ley de Amparo en vigor, disponen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma. Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; (.) Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Los preceptos legales recién transcritos, ponen de manifiesto que la resolución que constituye el reclamo debe ser materia del juicio de amparo en la vía directa ante el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, residente en esta localidad, en concordancia con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito. Surte aplicación en la especie, la jurisprudencia sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 3/90, publicada con el número 3a./J. 30/90, en la página 188, Tomo VI, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1990, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO EN MATERIA CIVIL. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, párrafo primero, de la Carta Magna, el amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, no sólo cuando se trate de materia administrativa, sino también procede en materia civil, pues aun cuando en el inciso c) de dicho precepto no se haya asentado expresamente, su procedencia respecto a resoluciones que ponen fin al juicio, como se hizo en el inciso b), asentándose únicamente que procede en contra de sentencias definitivas, ello no significa que la procedencia del juicio de amparo en materia civil no haya sufrido modificación alguna pues la reforma a dicho precepto constitucional, que consistió entre otras, en agregar como actos susceptibles de ser reclamados en la vía de amparo directo las resoluciones que ponen fin al juicio, alcanza también a la citada materia, dado que el párrafo primero de la fracción V se encuentra redactado en términos generales al expresar que el amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los casos siguientes: (y enumera los incisos a), b), c) y d) dentro de los que se encuentra la materia civil), debiendo tomarse en cuenta la definición que da el artículo 46, último párrafo de la Ley de Amparo, de lo que debe entenderse por resoluciones que ponen fin al juicio, a saber aquéllas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas". Así lo ha considerado el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, en el criterio aislado visible en la página 466, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Segunda Parte - 1, Julio a Diciembre de 1989, Octava Época, Materia Común, de la voz siguiente: "RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. SU SIGNIFICADO CONFORME A LAS REFORMAS DE LA LEY DE AMPARO. Es verdad que con anterioridad a las reformas que fueron efectuadas a la Constitución Federal, Ley de Amparo y Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que entraron en vigor a partir del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, se establecía que sólo correspondía conocer a la Suprema Corte de Justicia o a los Tribunales Colegiados de Circuito según su respectiva competencia de los juicios de amparo promovidos contra sentencias definitivas o laudos, sea que la violación se cometiera durante el procedimiento o en la sentencia misma, sin embargo, a raíz de dichas reformas se incluyó una nueva facultad de competencia exclusiva de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer, además de las sentencias definitivas o laudos, también de resoluciones que pongan fin al juicio, ahora bien, la palabra "resolución" empleada por el legislador en la nueva figura de competencia, "resoluciones que pongan fin al juicio", no fue empleada como sinónimo de sentencia definitiva, por el contrario, se refirió a aquellas resoluciones que sin tener tal naturaleza ponen también fin al juicio, esto es, que puede tratarse de un simple auto o de una resolución interlocutoria. Lo común tanto a los autos definitivos como a las sentencias interlocutorias que ponen fin al juicio para efectos del caso que nos ocupa, estriba en que deben impedir o paralizar definitivamente la prosecución de éste, dándolo así por concluido. Tanto la doctrina como el legislador coinciden en que por resolución que pone fin al juicio debe entenderse, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por terminado y respecto de las cuales las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario en su contra por lo que pueden ser modificadas o revocadas, por tanto indispensable es la reunión de todas estas características para que puedan ser consideradas como tales. De esta forma participan así dichas resoluciones de algunas de las características que contienen también las sentencias definitivas". En tal virtud, con fundamento en el invocado artículo 47 de la Ley de Amparo en vigor, este juzgador se declara legalmente incompetente para conocer del juicio de mérito, por estimar que al órgano que asiste tal conocimiento es al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad. Lo anterior, en atención al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece que la competencia por territorio de los tribunales colegiados de circuito, se determina atendiendo al domicilio de la autoridad responsable que dicta la sentencia, laudo o resolución que pone fin al juicio, por tanto, corresponde conocer del presente asunto al tribunal colegiado que ejerce jurisdicción en la sede de dicha autoridad, en este caso, el Juzgado Mixto de Primera Instancia, con sede en Escuinapa, Sinaloa. Es aplicable a lo reseñado, la jurisprudencia 2a./J. 5/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, correspondiente al mes de febrero de dos mil dos, Novena Época, página 36, que a la letra dice: "COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO POR TERRITORIO. SE DETERMINA ATENDIENDO AL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE DICTA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. De la interpretación de los artículos 44 y 163 de la Ley de Amparo, que establecen que la demanda de amparo directo se presentará por conducto de la autoridad responsable que emitió la sentencia definitiva, laudo o resolución que haya puesto fin al juicio, se concluye que la competencia por territorio de los Tribunales Colegiados de Circuito, se determina por el domicilio de la autoridad responsable. Lo anterior se confirma, si se atiende a lo dispuesto en los artículos 95, fracción VI, 99 y 170 de la Ley de Amparo, que prevén que a la autoridad responsable corresponde proveer sobre la suspensión de los actos reclamados y al Tribunal Colegiado que ejerza su jurisdicción en el domicilio de la responsable conocer del recurso de queja contra la determinación en esa materia, pues de otra suerte carecería de objeto la división territorial del país en circuitos si los tribunales comprendidos en cada uno de ellos pudieran conocer de cualquier asunto, aunque el domicilio de la autoridad responsable no quedara comprendido en el territorio en el que ejerzan jurisdicción". Así también, como en el presente caso no se trata de actos de los mencionados por el numeral 15 de la Ley de Amparo en vigor, por consistir éste en el acuerdo emitido el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio ejecutivo mercantil por pago de pesos 391/2014 del índice administrativo del Juzgado Mixto de Primera Instancia, con sede en Escuinapa, Sinaloa, en el que se determinó no admitir el recurso de revocación interpuesto por el quejoso contra la resolución de uno de octubre del año en curso, en la que se decretó la caducidad de la instancia, se ordena remitir el presente juicio de garantías con sus anexos al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, a efecto de que tenga a bien, si así lo estima su presidente, avocarse al conocimiento del asunto. Con una copia del escrito de demanda fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, solicítese el acuse de recibo correspondiente y una vez aceptada la competencia declinada, de ser el caso, háganse las anotaciones conducentes en el libro de gobierno. Con una copia del escrito de demanda fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, solicítese el acuse de recibo correspondiente y una vez aceptada la competencia declinada, de ser el caso, háganse las anotaciones conducentes en el libro de gobierno. Domicilio y autorizados. De conformidad con el arábigo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la expresada ley de la materia, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Durango número 1105, entre calles Michoacán y Querétaro, colonia Leopoldo Sánchez Celis, en este puerto, y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Juan Hilario Rivera Valenzuela, con cédula profesional número 1610930 reconocida en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Uso de medios electrónicos. Las partes podrán imponerse de autos mediante el empleo de cámaras fotográficas o cualquier otro dispositivo electrónico, en aras del ejercicio de sus derechos procesales con mayor celeridad y sencillez; empero, con la salvedad de aquellas piezas documentales que sean clasificadas por sus emisores como confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública o cualquier otro ordenamiento de naturaleza análoga, caso en el cual, quien esto provee, previo análisis de la información de que se trate en términos de la Ley de Amparo, podrá permitir el acceso a las partes, exclusivamente respecto de aquélla que se considere esencial para su defensa, sin que de ser el supuesto, ésta última pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Resulta orientador al respecto el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 17, abril de dos mil quince, tomo II, página 1830, registro 2008986, del rubro: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Autorización de copias. Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se autoriza la expedición de copias simples y/o certificadas que solicite cualquier interesado con personalidad jurídica reconocida en este expediente, de las constancias que obren el mismo, previa razón de recibo que se deje en autos, salvo que se trate de información clasificada como reservada o confidencial, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual no podrá ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Integración del expediente electrónico. Por otra parte, en términos del artículo 3º, de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario encargado del trámite del presente juicio para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse o a presentarse en el expediente en que se actúa, a fin de que ambos coincidan en su totalidad; dicha instrucción también se hace extensiva a los actuarios adscritos a este juzgado de distrito, en relación con las actuaciones que les correspondan realizar.

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