Mario Galván Pérez

Expediente 468/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
468/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
18/06/2019

Partes del expediente

  • Mario Galván Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el cuatro de junio de la presente anualidad, en el presente juicio de amparo, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, se obtiene de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, sí existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa que deben ser devueltos, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa es destruible. Por otra parte, requiérase al quejoso para que se presente en el local de este Juzgado, debidamente identificado, a fin de recoger el documento que exhibió en el presente juicio de amparo, apercibido que en caso de no hacerlo dentro del término de noventa días, dicho documento podrá ser destruido junto con el presente expediente.

  2. Principal

    Con efectos de notificación para el quejoso: Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el cuatro de junio de la presente anualidad, en el presente juicio de amparo, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, se obtiene de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, sí existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa que deben ser devueltos, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa es destruible. Por otra parte, requiérase al quejoso para que se presente en el local de este Juzgado, debidamente identificado, a fin de recoger el documento que exhibió en el presente juicio de amparo, apercibido que en caso de no hacerlo dentro del término de noventa días, dicho documento podrá ser destruido junto con el presente expediente.

  3. Principal

    Visto; agréguese a los presentes autos para obrar como corresponda el ocurso presentado por José Eduardo Román de los Santos, apoderado legal del quejoso Mario Galván Pérez, por el que en cumplimiento al requerimiento que se le hizo por auto de treinta de mayo del año en curso, precisa la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado y solicita la tramitación del incidente de suspensión en el presente juicio; al respecto, el Juez acuerda: Este Juzgado de Distrito advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo que impone desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio emitido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 730, de la novena época, tomo X, septiembre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aplicada en términos del sexto transitorio de la Ley de Amparo, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Así como la tesis II.2°.C.T.19K, visible en la página 618, del Semanario Judicial de la Federación, tomo V, mayo de 1997, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, con registro 198810, aplicada en términos del sexto transitorio que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto." Así es, como se anunció, la demanda de amparo es improcedente en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa consintió el acto reclamado. En efecto, para sustentar lo anterior, es preciso señalar que, el artículo y fracción citada establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento". De la interpretación del precepto trascrito, se desprende que el juicio de amparo se torna improcedente cuando no se haga valer dentro de los plazos contemplados en la Ley de Amparo, pues tal omisión entraña un consentimiento tácito, entendiéndose por tal, la actitud pasiva que asume el supuesto afectado por el acto de autoridad de no defenderse de éste, en términos del precepto en mención. En ese orden, los artículos 17 y 18, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, disponen: "Artículo 17.- El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se puede advertir, el artículo 17 de la Ley de Amparo prevé que el término para la interposición de la demanda de amparo es de quince días, salvo las excepciones contempladas en dicho numeral; en tanto que el diverso 18 dispone que el citado plazo se computarán a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a) Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Que el agraviado haya tenido conocimiento de los actos de autoridad o de su ejecución; o, c) Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. En la primera de ellas, el término de quince días que prevé el citado artículo 17 se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado. En la segunda hipótesis, el término para la interposición de la demanda de amparo iniciará a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución, ya sea porque en el procedimiento del que deriva el acto reclamado no existe medio legal de comunicación procesal, o bien, porque no es parte del mismo, o siéndolo no fue llamado al procedimiento. La tercera y última estriba en que los quince días de referencia se computarán a partir del día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor del acto reclamado, lo cual entraña una confesión de la existencia y conocimiento de un acto que transgrede derechos públicos subjetivos del gobernado. No está por demás mencionar que la parte quejosa no se ubica en ninguna de las hipótesis de excepción que prevé el numeral 17 de la Ley de Amparo, para interponer la demanda de amparo, en el plazo de quince días, pues no reclama una norma general, o el procedimiento de extradición; la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal; actos relativos a derechos agrarios; o alguno que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Ahora, el quejoso reclama la resolución interlocutoria de dos de mayo de dos mil diecinueve, que resuelve el incidente de cancelación de suspensión del procedimiento, dentro de la tercería excluyente de dominio 316/2018. En el escrito que se atiende, se advierte que el quejoso se hizo sabedor del acto reclamado el tres de mayo de dos mil diecinueve ya que así lo manifestó expresamente. Entonces, es evidente que el término de quince días contemplado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera su demanda de amparo, empezó a computarse a partir del seis al veinticuatro de mayo del año en curso, descontándose el cuatro, cinco, once y doce de mayo del presente año, por ser sábados y domingos por tanto inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo; en consecuencia, si la demanda que dio origen al presente juicio constitucional, la quejosa lo presentó en la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, el veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, es inconcuso que para esta última fecha ya había transcurrido el término de quince días que fija el citado artículo 17 de la Ley de Amparo, motivo por el cual, se sobresee en el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XIV, y 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Se cita en apoyo la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE GARANTÍAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA. Es correcto el actuar del juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías, y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el juez de amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el juez federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda." Tiene aplicación a lo anterior, la tesis II.1º.88 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquella resulta improcedente, conforme a la fracción XII, del artículo 73, en relación con el 145 de la Ley en cita." También se cita en apoyo la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE GARANTÍAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA. Es correcto el actuar del juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías, y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el juez de amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el juez federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda." Así como la tesis visible, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO, TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO.- El artículo 21 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías es de quince días que se computaran desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día, como esa confesión hace plena prueba de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación realiza el cómputo del término de presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado."

  4. Principal

    Con efectos de notificación para el quejoso: Vista; la demanda de amparo presentada por el Mario Galván Pérez, por conducto de su apoderado legal José Eduardo Román de los Santos, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, por violación a diversos preceptos constitucionales, el Juez acuerda: Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 468/2019-II y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, en virtud que de la lectura íntegra de la demanda de mérito, se advierte que la misma presenta irregularidades, pues el promovente señala como acto reclamado la resolución interlocutoria de dos de mayo de dos mil diecinueve, que resuelve el incidente de cancelación de suspensión del procedimiento, dentro de la tercería excluyente de dominio 316/2018, radicada ante la responsable; sin embargo, la parte quejosa omite informar cuándo tuvo conocimiento de la resolución que constituye el acto reclamado en este juicio. Asimismo, se advierte que el quejoso en su escrito de demanda de amparo, concretamente en el número dos petitorio, solicita: "Se me tenga por promoviendo incidente de suspensión del acto, documento que se anexo por duplicado"; sin embargo, de la lectura íntegra de su demanda, no se advierte capítulo de suspensión. Por tanto, a fin de estar en aptitud de acordar lo que en derecho corresponda en relación a su demanda de cuenta, con fundamento en el artículo 114, fracciones I, II y III en relación con el artículo 108, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; requiérase al quejoso para que dentro del término de cinco días, con las copias necesarias a que se refiere el artículo 110 de la ley de la materia, y bajo protesta de decir verdad: a) Indique la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado. b) Manifiesten si solicitan sea tramitado incidente de suspensión y para qué efectos la solicita; y de ser así, exhiba dos copias más del escrito aclaratorio. Se apercibe al promovente del amparo, que en caso de no dar cumplimiento con lo requerido en el plazo indicado, se tendrá por no presentada su demanda, conforme lo dispone el numeral 114 de la Ley de Amparo. Lo anterior, tiene sustento en la tesis jurisprudencial 2a./J. 161/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página: 1079, del epígrafe siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado." Se tienen por autorizados para imponerse de autos y oír notificaciones en términos de la segunda parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Juan Ortiz Ortiz, en virtud que no se proporciona los datos del documento que lo faculta a ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, tal como exige el mencionado precepto legal; y, como domicilio para ello, el ubicado en calle Del Águila, número ciento seis (106), colonia Fernando Pámanes Escobedo, en esta ciudad de Zacatecas.

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