Mario Gallardo Maldonado

Expediente 26/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
26/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
08/02/2018

Partes del expediente

  • Mario Gallardo Maldonado

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; ocho de febrero de dos mil dieciocho. El estado procesal de los autos evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para la fecha en la que se actúa; sin embargo, por auto de dieciséis de enero del año en curso (foja 574), se requirió al perito oficial Heriberto Alvarado Castorena para que en el plazo de diez días emita el dictamen requerido en autos, asimismo, por escrito presentado el diecisiete de enero de dos mil dieciocho (foja 576), el citado perito solicito una prórroga para concluir el trabajo, en razón de que a la fecha llevaba un veinte por ciento del dictamen requerido, plazo que se le había concedido en el proveído de dieciséis de enero del año en curso (foja 574). En razón de lo anterior, hágase del conocimiento al citado perito que el artículo 17 constitucional establece que la impartición de la justicia debe ser pronta y expedita, por lo cual la emisión de su dictamen es necesaria para resolver el presente juicio de amparo, pues el mismo no se encuentra debidamente integrado, debido al retardo en la emisión de su trabajo experticial, lo que provoca que no se cumpla a cabalidad con el derecho fundamental en comento. En tales condiciones, con fundamento en el artículo120 de la Ley de Amparo y 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se requiere nuevamente al perito oficial Heriberto Alvarado Castorena, para que en el plazo de diez días hábiles, rinda su dictamen y en el mismo plazo comparezca a este Juzgado Federal a ratificarlo. Apercibido que en caso de no cumplir con dicho requerimiento, se le aplicará la multa con que se le conminó en el proveído de dieciséis de enero de dos mil dieciocho (foja 574). En tales condiciones, para dar margen a que se cumpla con lo anterior y el experto de cumplimiento a lo requerido el dieciséis anterior, la audiencia constitucional prevista para esta fecha, con fundamento en el artículo 115 de la ley de la materia, se difiere; y en su lugar se fijan las diez horas con treinta y cinco minutos del veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, para su celebración. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; asistido de la Secretaria Sara Mercedes Neira González, que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    VIII.- Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos los oficios remitidos por el Juez de Control del Distrito Judicial de Sultepec, Estado de México, mediante los cuales devuelve diligenciados los exhortos 1240/2017-VIII (orden 1267/2017) y exhorto 1295/2017-VIII (orden 1322/2017), del índice de este Juzgado, por los cuales se le encomendó notificar los autos de siete y veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete al quejoso Pedro García Porcayo; en consecuencia, ténganse por notificados los referidos autos y acúsese recibo. Por otra parte, es menester precisar que si bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones en los juicios de amparo se harán en forma personal a los quejosos privados de su libertad en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio, o bien, en el lugar de su reclusión; la realidad es que, la intención del legislador con tal disposición fue que el promovente del juicio privado de su libertad tuviera conocimiento de aquellas determinaciones que trascienden en la integración del juicio constitucional, a fin de que éste se encuentre en aptitud de hacer valer lo que a su interés legal convenga, y no hacer nugatorio su derecho de acceso a la justicia, por tanto, ante determinaciones que no tengan la finalidad de impulsar el procedimiento (como en la especie), o tratándose de la autorización de copias para alguna de las partes, por citar algunos, no es necesario ordenar la notificación de manera personal.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; quince de enero de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ténganse por recibidas las diligencias de notificación practicadas el once de enero del año en curso, por el Actuario de la adscripción y, en atención a su contenido, se provee: En relación con las razones de imposibilidad registradas con los números de control interno 744 y 745, se advierte que los quejosos Leonardo Islas Martínez y Fidel Hernández Gabriel, manifestaron respectivamente lo siguiente: "Me desisto del presente juicio". "ME DESISTO DE LA DEMANDA". En consecuencia, dado que los citados quejosos Leonardo Islas Martínez y Fidel Hernández Gabriel, manifestaron expresamente su deseo de desistirse del presente juicio, lo cual realizaron ante un funcionario investido de fe pública, por ende, es de concluirse claramente que no existe interés legal alguno por parte de los aludidos agraviados en la prosecución del presente asunto; por tanto, con fundamento en la fracción l, del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia del asunto en que se actúa únicamente por cuanto hace a los quejosos Leonardo Islas Martínez y Fidel Hernández Gabriel. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 33/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 147, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de abril de 2000, Novena Época, con número de registro 192108, que establece: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA.De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia". Asimismo, sirve de apoyo en lo conducente la jurisprudencia 2a./J. 119/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 295, del Tomo XXIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de 2006, Novena Época, con número de registro 174481, que establece: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio". Ahora, por cuanto hace a la cédula de notificación registrada con el número 746, se advierte que el quejoso Mario Gallardo Maldonado, intentó desahogar los requerimientos precisados en el auto aclaratorio de diez de enero pasado (fojas 06 a 10), y al respecto manifestó lo que se transcribe: "Se reclama la omisión a derecho de petición en la cual se le ha solicitado la entrega de ropa, la cual las peticiones han sido enviadas al área de Almacen en la cual se solicita térmico, tennis #7, ya que los artículos de limpieza fueron entregados el día 8 de enero" Luego, es evidente que lo manifestado por el quejoso Mario Gallardo Maldonado, resulta insuficiente para cumplir con lo solicitado en el auto aclaratorio de diez de enero de dos mil dieciocho (fojas 06 a 10), pues en dicho acuerdo se le requirió a efecto de que precisara esencialmente lo siguiente: 1) Aclarar el acto que por esta vía combate; 2) Realizar una narración sucinta y cronológica de los hechos o abstenciones que le constan y constituyen los antecedentes del acto o actos que señale como reclamados. Aunado a ello, si bien el quejoso Mario Gallardo Maldonado, aclara el acto que reclama en este asunto, es decir, indica que su reclamó se circunscribe en la omisión a un derecho de petición referente a las solicitudes de ropa y tenis; lo cierto es que el peticionario de amparo fue omiso en precisar diversos aspectos igualmente requeridos en el auto aclaratorio de mérito, tales como: señalar ante qué autoridad o autoridades formuló sus peticiones (lo cual lleva implícito su denominación correcta), y en qué fecha. Asimismo, fue omiso en dar contestación a los diversos requerimientos hechos en acuerdo de diez de enero de dos mil dieciocho (fojas 06 a 10), relativos a realizar una narración sucinta y cronológica de los hechos o abstenciones que les constan y constituyen los antecedentes del acto reclamado. Por ende, es dable considerar que la parte quejosa no cumple con la prevención de que fue objeto por auto de diez de enero de dos mil dieciocho (fojas 06 a 10); y en consecuencia, no ha lugar a tener por desahogado tal requerimiento formulado y de conformidad con lo establecido en el artículo 108, fracciones IV y V, en relación con el diverso precepto legal 114, fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, procede requerir a Mario Gallardo Maldonado, para que realice lo siguiente: Deberá señalar ante qué autoridad o autoridades formuló sus peticiones relativas a la solicitud de ropa y calzado que aduce necesitar (lo cual lleva implícito su denominación correcta), y en qué fecha. Si contra el acto que reclama en esta instancia ha promovido el procedimiento administrativo que para tal efecto contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal, esto es si hicieron valer ante la autoridad penitenciaria la petición que refiere y en qué fecha. Para el caso de haber hecho valer el mencionado procedimiento, tendrá que precisar ante qué autoridad se tramitó, lo cual implica su denominación correcta, y señalar el estado procesal que guarda, es decir, si a la fecha de la presentación de la demanda ya se resolvió, y en qué data, así como si en su caso la resolución que haya resuelto el aludido procedimiento la señalan como reclamada; en el entendido que de reclamar tal resolución deberán indicar la fecha de notificación o de conocimiento de ésta. Si fuere el caso, deberá señalar si contra la resolución emitida en el referido procedimiento administrativo de petición previsto en el Capítulo III de la Ley de Ejecución Penal, formularon la controversia ante el Juez de Ejecución y/o Control respectivo, que para el caso prevé el artículo 114 del citado ordenamiento legal. De haber formulado controversia tendrá que señalar el estado procesal que guarda, esto es, si se encuentra en trámite, o bien si ya se resolvió, en qué data, y el sentido de la determinación respectiva; además deberá manifestar si desea reclamar esa resolución en esta instancia, para lo cual tendrán que indicar la fecha precisa de notificación y/o conocimiento. Finalmente, el peticionario de la protección constitucional deberá indicar si en una temporalidad de seis meses a la fecha ha promovido diversos juicios de amparo contra los actos reclamados que en su caso reclame en el presente asunto; en este aspecto, además tendrá que informar el número de expedientes, ante que juzgado de Distrito se tramitaron y el estado procesal de estos. Aunado a ello, se hace del conocimiento al quejoso Mario Gallardo Maldonado, las penas en que incurre en el caso de que exprese hechos falsos u omita los que consten en relación con el acto reclamado, contenidos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 261.- Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: - - - - - - - - - - I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y - -II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." Además, se precisa al citado quejoso Mario Gallardo Maldonado, que deberá satisfacer lo anterior dentro del plazo de cinco días; toda vez que intentó desahogar los referidos puntos de prevención cuando aún no comenzaba a computarse el término de cinco días concedido en auto de diez de enero anterior (fojas 06 a 10); además, no se advierten nuevos elementos que deban ser subsanados, en relación con los diversos a los que se requirieron en el referido auto aclaratorio. Asimismo, se apercibe al quejoso Mario Gallardo Maldonado, que para el caso de no desahogar en sus términos el requerimiento antes precisado, se le hará efectivo el apercibimiento con el cual se le conminó en el auto de prevención y se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 39/2012 (10a.), que aprobó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 400, del Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo de dos mil doce, Décima Época, con número de registro 2000702, que establece: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo." Además, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 106/2003, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 133, del Tomo XVIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de noviembre de dos mil tres, Novena Época, con número de registro 182896, que establece: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda." Finalmente, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a efecto de notificar la presente determinación a cada uno de los quejosos en el lugar en el que se encuentran recluidos, ello en razón de que los requerimientos formulados en el presente auto implican hechos propios en torno a los antecedentes del acto que reclama Mario Gallardo Maldonado, y también, en virtud de que se determinó decretar el sobreseimiento por lo que hace a los quejosos Leonardo Islas Martínez y Fidel Hernández Gabriel y, además, con la finalidad de salvaguardar sus derechos fundamentales. Notifíquese; y personalmente a cada uno de los quejosos en el lugar en el que se encuentran recluidos. Así lo proveyó y firma Liliana Lozano Mendoza, Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/6498/2017 de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, suscrito por el Secretario Técnico de dicha Comisión; asistida de la Secretaria Azucena Lazalde Íñiguez, que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; diez de enero de dos mil dieciocho. Por recibida la demanda de amparo promovida por Mario Gallardo Maldonado, Fidel Hernández Gabriel, Leonardo Islas Martínez y Carlos Obed Sánches Ángel, mediante la cual solicitan el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 26/2018. Ahora bien, previo a acordar lo conducente respecto de la procedencia del ocurso que se atiende es menester destacar que los quejosos hacen consistir su reclamo en esta vía esencialmente en: la omisión y/o negativa de la autoridad responsable de suministrar gratuitamente a los quejosos artículos de limpieza, aseo personal y ropa. En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 114 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda, y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna irregularidad, mandará prevenir al promovente para que cumpla los requisitos omitidos, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban complementarse, para que éste pueda subsanarlas en tiempo. Ahora, en torno al acto reclamado por la parte quejosa cabe acotar, que el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual tiene por objeto, el establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, así como establecer los procedimientos para resolver controversias que surjan con motivo de la ejecución penal y, regular los medios para lograr la reinserción social. Asimismo, en el citado ordenamiento legal, particularmente en el Capítulo III referente al Procedimiento Administrativo, el legislador estableció un mecanismo legal con el fin de que las personas privadas de su libertad y aquellas legitimadas conforme a los términos de dicha ley (familiares, visitantes, defensores públicos, Ministerio Público, etc.), pudieran formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, y así poder salvaguardar los derechos de las personas que se encuentran privadas de su libertad, ya sea por prisión preventiva o en cumplimiento a una pena. En esas condiciones, con fundamento en los artículos 114, fracciones I, II y IV, 108, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114 y 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se considera pertinente requerir a los quejosos para que dentro del plazo de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito, bajo protesta de decir verdad y entendidos de la responsabilidad en que incurren las partes en el juicio de amparo a los que declaran con falsedad para tener una ventaja indebida, realicen lo siguiente: PRIMERO. Los quejosos deberán aclarar de forma individual el acto que por esta vía combaten. Lo anterior es así, pues si bien en el capítulo correspondiente a la precisión del acto reclamado, los promoventes señalaron como tal la negativa de la autoridad responsable de suministrarles gratuitamente artículos de limpieza, aseo personal y ropa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º, fracción XXV, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, lo cierto es que de las manifestaciones hechas en la demanda que se atiende, de forma particular, en el capítulo relativo a los antecedentes del acto reclamado, se obtienen datos contradictorios, pues por una parte los quejosos hacen referencia a que desde el uno de noviembre de dos mil diecisiete, la autoridad responsable ha sido omisa en proporcionarles los artículos que aducen necesitar; y por otro, refieren que la autoridad responsable les ha negado los artículos solicitados. Por tanto, toda vez que dichas manifestaciones crean incertidumbre en el suscrito para estar en aptitud de precisar con claridad el o los actos que por esta vía se combaten, se considera oportuno requerir a los quejosos para que precisen de manera enunciativa y no limitativa, lo siguiente: 1. Deberán aclarar si lo que reclaman es la omisión de las responsables en dar contestación a un derecho de petición, o bien, si la omisión reclamada únicamente deriva de la conducta a que está obligada la responsable en términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, de brindarles de forma gratuita y periódica artículos de limpieza, aseo personal y ropa; o finalmente, si su reclamo se circunscribe a la negativa (respuesta en sentido negativo) de la autoridad penitenciaria de otorgarles los artículos que aducen necesitar. 2. Para el caso de reclamar la citada omisión como una abstención de la responsable de dar contestación a un derecho de petición, los quejosos deberán señalar ante qué autoridad o autoridades formularon dichas peticiones (lo cual lleva implícito su denominación correcta), y en qué fecha. 3. Por otro lado, de señalar como acto reclamado destacado la negativa de la autoridad penitenciaria responsable de otorgarles los artículos de limpieza, aseo personal y ropa que aducen necesitar, tendrán la obligación de referir lo siguiente: a) Qué autoridad o autoridades les dieron contestación a la solicitud o solicitudes formuladas; y, b) La fecha y forma en la que tuvieron conocimiento de la o las contestaciones a sus solicitudes. Es aplicable la tesis número I.7o.A.100 K, publicada en la página 990, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2006, Tomo XXIII, Novena Época, aprobada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que establece: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." Asimismo, es aplicable por las razones que la informan la tesis publicada en la página 427 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Octava Época, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con número de registro 212552, que establece: "DEMANDA DE AMPARO, ACLARACIÓN DE LA. PROCEDE CUANDO SE OMITE LA FECHA DE CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO (ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO). No señalar en la demanda de garantías el dato referente a la fecha de conocimiento de los actos reclamados, debe considerarse una irregularidad en el libelo que es suficiente para ordenar su aclaración, habida cuenta que, además de que el artículo 116, fracción IV, de dicha Ley, dispone que todo quejoso está obligado a manifestar, bajo protesta de decir verdad: "... cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado...", sin ese antecedente no sería posible efectuar el cómputo para saber si la demanda aludida se presentó o no en tiempo; de ahí que el incumplimiento de ese requisito quede comprendido entre aquellas deficiencias señaladas por el artículo 146 de la Ley invocada, que confiere facultades expresas al Juez de Distrito para prevenir al promovente y, en su caso, tener por no interpuesta la demanda, cuando no se hiciere la aclaración respectiva. En la inteligencia de que el último precepto citado no limita las facultades del juzgador federal para exigir la aclaración sólo cuando se omitan los requisitos que señala el referido artículo 116, sino que en forma amplia y discrecional le permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite a fin de que sea subsanado." SEGUNDO. Hecho lo anterior, los quejosos de forma individual deberán realizar una narración sucinta y cronológica de los hechos o abstenciones que les constan y constituyen los antecedentes del acto o actos que señalen como reclamados, de los cuales se adviertan los siguientes elementos: Si contra el acto o actos que reclamen en esta instancia han promovido el procedimiento administrativo que para tal efecto contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal, esto es si hicieron valer ante la autoridad penitenciaria la petición que refiere y en qué fecha. Para el caso de haber hecho valer el mencionado procedimiento, tendrán que precisar ante qué autoridad se tramitó, lo cual implica su denominación correcta, y señalar el estado procesal que guarda, es decir, si a la fecha de la presentación de la demanda ya se resolvió, y en qué data, así como si en su caso la resolución que haya resuelto el aludido procedimiento la señalan como reclamada; en el entendido que de reclamar tal resolución deberán indicar la fecha de notificación o de conocimiento de ésta. Si fuere el caso, deberán señalar si contra la resolución emitida en el referido procedimiento administrativo de petición previsto en el Capítulo III de la Ley de Ejecución Penal, formularon la controversia ante el Juez de Ejecución y/o Control respectivo, que para el caso prevé el artículo 114 del citado ordenamiento legal. De haber formulado controversia tendrán que señalar el estado procesal que guarda, esto es, si se encuentra en trámite, o bien si ya se resolvió, en qué data, y el sentido de la determinación respectiva; además deberán manifestar si desean reclamar esa resolución en esta instancia, para lo cual tendrán que indicar la fecha precisa de notificación y/o conocimiento. Finalmente, los peticionarios de la protección constitucional deberán indicar si en una temporalidad de seis meses a la fecha han promovido diversos juicios de amparo contra los actos reclamados que en su caso reclame en el presente asunto; en este aspecto, además tendrá que informar el número de expedientes, ante que juzgado de Distrito se tramitaron y el estado procesal de estos. Tales requerimientos obedecen a que de lo narrado en el escrito de demanda, por los peticionarios de la protección constitucional, específicamente en el apartado relativo a los hechos que conforman los antecedentes del acto reclamado, no se advierten tales elementos los cuales resultan indispensables para el capítulo de antecedentes, el cual a su vez es un requisito esencial de la demanda de amparo en términos de la fracción V del artículo 108, de la Ley de Amparo. Al caso es aplicable, se invoca, la tesis número I.7o.A.100 K, que se aprecia en la página 990, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2006, Tomo XXIII, Novena Época, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que establece: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." En consecuencia, se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento a los requerimientos insertos en el presente proveído, en el lapso concedido para tal efecto, se tendrá por no presentada la demanda de amparo en términos de la parte final del artículo 114 de la Ley de Amparo. En otro punto, como lo establece el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos a Carlos Obed Sánches Ángel. Por otro lado, de conformidad con lo previsto en el artículo 26, fracción l, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificarle la presente determinación a la parte quejosa en el lugar de su reclusión. Por tanto, por única ocasión, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a efecto de notificar la presente determinación a cada uno de los quejosos en el lugar en el que se encuentran recluidos, ello en razón de que los requerimientos formulados en el presente auto implican hechos propios en torno a los antecedentes del o los actos que señalen como reclamados y con la finalidad de salvaguardar sus derechos. Desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese; y personalmente a cada uno de los quejosos en el lugar en el que se encuentran recluidos. Así lo proveyó y firma Liliana Lozano Mendoza, Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/6498/2017 de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, suscrito por el Secretario Técnico de dicha Comisión; asistida de la Secretaria Azucena Lazalde Íñiguez, que autoriza y da fe. Doy fe.

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