Mario Flores Rodríguez
Expediente 979/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 979/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Mario Flores Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Visto el oficio de cuenta firmado por el Secretario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, por el que remite los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, así como testimonio autorizado de la ejecutoria dictada el veintisiete de enero del presente año, en el recurso de queja penal *** del registro del referido órgano jurisdiccional, en la que se determinó lo siguiente: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por ***, contra el auto de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, dentro del juicio de amparo ***." Comuníquese lo anterior a la parte quejosa, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, glósense al expediente principal devuelto, únicamente las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes que se integró con motivo del envío de aquél a dicho tribunal. Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido. En consecuencia, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral. De igual manera, en cumplimiento al artículo 21, inciso b), del mencionado Acuerdo General, se establece que este expediente deberá destruirse transcurrido el plazo de tres años. Mientras tanto, resérvese en el archivo de este órgano jurisdiccional para su posterior destrucción.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, firmado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, por el cual acusa recibo del juicio de amparo 979/2021-G y del escrito de expresión de agravios con copias del recurso de queja interpuesto por el quejoso ***, en contra del proveído de ***, que desechó la demanda de amparo intentada; además, informa que se admitió el referido medio de impugnación, el cual quedó registrado con el número ***de su índice; circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso ***, por propio derecho; por el cual, interpone recurso de queja en contra del auto de veintidós de octubre de dos mil veintiuno. En consecuencia, intégrese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo, en el que deberá constar copia certificada de las constancias conducentes, copia del escrito de agravios, así como copia autógrafa de este proveído. Una vez que obre la constancia de notificación del presente acuerdo, sin necesidad de mayor trámite, remítase el expediente en que se actúa, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios a la Presidencia del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, para la substanciación del recurso que se tramita. Ríndase al tribunal colegiado el informe sobre la materia del recurso de queja, en el sentido de que ES CIERTO EL ACTO IMPUGNADO.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve ***. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 979/2021-G. A ese respecto, del ocurso inicial se desprende que la impetrante promueve esta instancia constitucional contra los actos y autoridad siguientes: -Autoridad responsable: Juez Sexto de Control y Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializada en Justicia para Adolescentes. -Actos reclamados: La determinación de once de octubre de dos mil veintiuno, que resuelve como improcedente la petición de reapertura de la investigación con efectos de reposición del procedimiento expuesta de manera oral, dentro de la causa judicial *** radicada en el Juzgado Sexto de Control y Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializada en Justicia para Adolescentes, con residencia en Apizaco, Tlaxcala. Acto que estima violatorio del artículo 20, apartado b, fracción IV constitucional. Ahora bien, del análisis al ocurso inicial se desprende que es IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharlo de plano, sin suspensión del acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de Ley de Amparo en vigor, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del anterior precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de amparo solo procede ante la concurrencia de estos requisitos: 1.- Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; y, 2.- Que este motivo sea manifiesto e indudable. A ese respecto, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo, del escrito aclaratorio o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones y, lo indudable, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Así las cosas, este órgano de control constitucional de oficio advierte que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En cuanto a ello, es menester señalar que el amparo indirecto únicamente procede contra actos cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. La demostración de lo anterior requiere dilucidar en qué consisten los actos de imposible reparación. Para explicar esto, se expondrá el criterio de clasificación de tales actos sustentado por el Máximo Tribunal del país durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada. Posteriormente, se explicarán las razones por las que ese criterio es inaplicable para los asuntos regidos por la actual Ley de Amparo. El artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece (abrogada), en consonancia con el artículo 107, fracción III, inciso b) , de la Constitución Federal, establecía que el amparo indirecto procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Sin embargo, ni la norma constitucional ni la reglamentaria establecían qué debe entenderse por actos de imposible reparación. De tal suerte, para dar contenido a ese concepto jurídico, fue necesaria la interpretación judicial de los tribunales de amparo. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que los actos de imposible reparación pueden dividirse en dos vertientes: a) Los actos intraprocesales son de imposible reparación cuando afectan de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con la obtención de fallo definitivo favorable en el juicio natural. b) Los actos intraprocesales son de imposible reparación cuando afectan los derechos adjetivos en grado predominante o superior, considerando la institución procesal en juego, la gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica. Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo ahora establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Como se puede ver, el citado precepto reiteró que el amparo indirecto procede contra actos intraprocesales de imposible reparación; pero también agregó que esos actos son los que afecten materialmente derechos sustantivos. Así, el legislador secundario estableció una interpretación auténtica sobre el concepto constitucional de actos de imposible reparación, con la mira de fijar definitivamente su sentido. En este nuevo contexto normativo, no puede subsistir la interpretación judicial según la cual los actos de imposible reparación son los que afectan derechos sustantivos y los que podrían perturbar gravemente derechos adjetivos. Es así, porque esa clasificación dicotómica resulta incompatible con la definición legal recién acuñada, la cual sólo reconoce como actos de imposible reparación a los que afectan derechos sustantivos. En síntesis, conforme a la definición legislativa contenida en el artículo 107, fracción V, de la actual Ley de Amparo, deben considerarse como actos intraprocesales de imposible reparación únicamente los que afecten derechos sustantivos, y no los que solo afecten derechos procesales. Sentado lo anterior, conviene destacar la diferencia entre los conceptos de derechos adjetivos y los derechos sustantivos. Los derechos adjetivos se derivan de las normas aplicables a la tramitación de los procedimientos contenciosos o de jurisdicción voluntaria. Se trata pues de derechos emanados de las disposiciones instrumentales establecidas al servicio de la resolución final del procedimiento jurisdiccional. En cambio, los derechos sustantivos se derivan de preceptos destinados a regir situaciones jurídicas materiales al exterior del juicio. "La clasificación derecho sustantivo se refiere a las normas que conceden derechos e imponen obligaciones, excepto las relacionadas con el proceso." Según se ha visto, son de imposible reparación los actos intraprocesales que puedan afectar derechos sustantivos destinados a regir al exterior del juicio, como los derechos a la vida, la integridad personal, la salud, la educación, el trabajo, la libertad, el patrimonio, la intimidad, la inviolabilidad del domicilio y de las comunicaciones particulares, entre otros. El carácter irremediable de estos actos estriba en que sus consecuencias dejan una huella indeleble en la esfera jurídica material del gobernado, afectación que no podría desvanecerse con una sentencia favorable. En el caso, la parte quejosa se duele de la determinación de once de octubre de dos mil veintiuno, que resuelve como improcedente la petición de reapertura de la investigación con efectos de reposición del procedimiento expuesta de manera oral, dentro de la causa judicial *** radicada en el Juzgado Sexto de Control y Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializada en Justicia para Adolescentes, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, la cual se celebró dentro la etapa intermedia. Al efecto, en el capítulo de conceptos de violación, el quejoso expone que su actual defensor particular, después de haber protestado el cargo, se impuso de las actuaciones de la causa judicial de origen, de la que advirtió diversas anomalías en relación con la estrategia de defensa de los anteriores abogados, motivo por el que interpuso un incidente con el objeto de que se regularizara el procedimiento y se ordenara la reapertura de la investigación. A ese respecto, es menester precisar que el procedimiento penal acusatorio se integra por distintas etapas, cada una con objetivos propios y diferentes a las demás. La investigación tiene por objeto reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos; la etapa intermedia tiene por finalidad el ofrecimiento y admisión de medios de prueba, así como la depuración de los hechos, y el juicio tiene como propósito decidir acerca de la existencia o no de un delito y, en su caso, respecto a la responsabilidad o no del acusado en su comisión. De esta manera el inicio de la etapa intermedia da por cerrada definitivamente la investigación, mientras que con el comienzo del periodo de juicio se clausura automáticamente la etapa intermedia; entonces, según la lógica del procedimiento penal acusatorio, las cuestiones controvertidas en cada una de las etapas procesales deben quedar definitivamente resueltas antes de que comience la siguiente fase del procedimiento; de otro modo, se trastocaría el curso regular del proceso. En ese contexto, como se precisó, el abogado del quejoso al interponer el incidente que fue materia de la resolución reclamada, señaló que advirtió posibles violaciones en la tramitación del asunto -omisión de advertir que tuvo una inadecuada defensa-. Lo anterior pone en evidencia que se está frente a un acto intraprocesal que no es de imposible reparación; puesto que aún no concluye la fase en que se emitió el pronunciamiento reclamado, a saber la etapa intermedia. Tal como lo afirma el quejoso en el antecedente décimo tercero (foja 7 de la demanda de amparo), en el que manifestó bajo protesta de decir verdad, que inicialmente el catorce de octubre de este año se llevaría a cabo la audiencia intermedia o de procedimiento abreviado; sin embargo, esta se difirió para las trece horas con treinta minutos del día catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Conforme a las consideraciones antes expuestas, dada la etapa procesal en que se encuentra el procedimiento penal, el referido acto no debe ser considerado como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. Así, es inconcuso que el acto reclamado no genera en sí mismo la irreparabilidad que exige la fracción V, del numeral 107 de la Ley de Amparo, para que pueda ser reclamable inmediatamente en la vía indirecta, pues en todo caso trastocaría -presuntivamente- derechos de índole procesal que son combatibles hasta que se resuelva la etapa en que se suscitó la aparente trasgresión. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la Materia, SE DESECHA la demanda de amparo. Además, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a***, por contar con su cédula profesional inscrita Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, a la profesionista señalada para tal efecto y por así solicitarlo; y en términos restringidos del referido numeral a *** y ***, por así solicitarlo expresamente Asimismo, se autoriza la consulta del expediente electrónico en el Sistema de Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, presentación de promociones y escritos de manera electrónica, a través del usuario ***; por tanto, se faculta al Analista Jurídico SISE adscrito a este juzgado para que realice las autorizaciones correspondientes. De igual forma, como lo solicita el promovente, en términos del artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena que las notificaciones que se dirijan a la parte quejosa, se practiquen a través del citado Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten su actuación a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; es decir, promuevan en la vía electrónica; asimismo, deberán proporcionar algún correo electrónico, número telefónico - celular o fijo- o mensajería instantánea -WhatsApp-, a efecto de entablar comunicaciones no procesales, lo anterior con sustento en lo previsto en el artículo 22, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 del referido órgano colegiado. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", según lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Asimismo, se instruye a la secretaria encargada del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales" aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve.
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