Mario Flores Hernández
Expediente 1048/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1048/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 30/09/2019
Partes del expediente
- Mario Flores Hernández
Actuaciones
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- Principal
SE LISTA AVISO PARTE QUEJOSA Toluca, Estado de México; veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve. De la certificación de cuenta se desprende que la parte quejosa, a quien se considera podría causarle algún perjuicio la determinación de treinta de agosto de dos mil diecinueve, a través de la cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, dentro del plazo de diez días inserto en el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de revisión. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha adquirido firmeza procesal para todos los efectos legales correspondientes. En otro orden, el estado procesal de este juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Por tanto, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, fracción I, párrafo primero y segundo), pues se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa. 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Toda vez que el peticionario de amparo anexó a su demanda de carta poder de dos de agosto de dos mil diecinueve, dese vista para que dentro del plazo de noventa días, comparezca a este órgano jurisdiccional a recoger tal documento, para lo cual se dejará en su lugar copia certificada por la Secretaria de este Juzgado; asimismo, quien comparezca a recogerlos exhibirá copia simple de su identificación oficial vigente, a fin de que se certifique y sea glosada para debida constancia legal. Se apercibe al impetrante que de no comparecer a recibirlo, dicho documentos podrá ser destruidos junto con el expediente. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. En el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), háganse las anotaciones respectivas. Notifíquese y personalmente al quejoso.
- Principal
Toluca, Estado de México; veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve. De la certificación de cuenta se desprende que la parte quejosa, a quien se considera podría causarle algún perjuicio la determinación de treinta de agosto de dos mil diecinueve, a través de la cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, dentro del plazo de diez días inserto en el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de revisión. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha adquirido firmeza procesal para todos los efectos legales correspondientes. En otro orden, el estado procesal de este juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Por tanto, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, fracción I, párrafo primero y segundo), pues se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa. 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Toda vez que el peticionario de amparo anexó a su demanda de carta poder de dos de agosto de dos mil diecinueve, dese vista para que dentro del plazo de noventa días, comparezca a este órgano jurisdiccional a recoger tal documento, para lo cual se dejará en su lugar copia certificada por la Secretaria de este Juzgado; asimismo, quien comparezca a recogerlos exhibirá copia simple de su identificación oficial vigente, a fin de que se certifique y sea glosada para debida constancia legal. Se apercibe al impetrante que de no comparecer a recibirlo, dicho documentos podrá ser destruidos junto con el expediente. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. En el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), háganse las anotaciones respectivas. Notifíquese y personalmente al quejoso.
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Toluca, Estado de México; treinta de agosto de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, glósese el oficio enviado por el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a través del cual rinde informe justificado y adjunta copias certificadas del auto de ejecución de fecha veinte de agosto del año dos mil diecinueve. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de los datos que emanan del presente expediente, se obtiene que la parte quejosa reclama la omisión de la de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de dictar auto de ejecución con efectos de requerimiento y/o embargo, así como de señalar fecha de desahogo de audiencia inicial de liquidación en el expediente J.29/1012/2014. Sin embargo, de las constancias remitidas por la responsable en su informe justificado, se advierte que el veinte de agosto de dos mil diecinueve, la autoridad responsable dictó auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma y respecto a la apertura de audiencia inicial de liquidación que solicitó el quejoso, estableció que no había lugar a acordar favorable por carecer de sustento legal su petición, dado que el laudo de diez de agosto de dos mil dieciocho, ni en el resolutivo tercero, ni en la parte considerativa ordenaba apertura de dicho incidente; constancias a las que se otorga pleno valor probatorio por reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Sobre el particular se invoca, la jurisprudencia publicada con el número 226, en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, Materia Común, del contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Lo anterior denota que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos jurídicos. En primero orden conviene establece que el artículo 61 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. ." Es pertinente señalar que los efectos del acto reclamado no cesan, sino cuando la autoridad deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. Ahora bien, en términos de lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley de Amparo, la sentencia que proteja al peticionario tendrá por objeto restituirlo en el cabal goce del derecho violado, en el entendido que se restablecerán las cosas al estado que se encontraban antes de la trasgresión cometida, si el acto reclamado es de carácter positivo; y, si es de naturaleza omisiva, el efecto de la protección consistirá en obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar el derecho infringido y cumplir con lo que el mismo exija. En este sentido, el quejoso adujo en su demanda que la autoridad había sido omisa en acordar la omisión de dictar auto de ejecución, con efectos de requerimiento y/o embargo; así como de señalar fecha de desahogo de audiencia inicial de liquidación en el expediente J.29/1012/2014, pero de las constancias de referencia se advierte que el veinte de agosto de dos mil diecinueve, dictó el auto correspondiente. Lo antes narrado evidencia que han cesado los efectos del acto reclamado, pues como se dijo el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, dictó el auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma y respecto a la apertura de la audiencia incidental de liquidación que solicitó, estableció que ello carecía de sustento legal, como se corrobora con la copia certificada del auto de veinte de agosto de la presente anualidad; de ahí que el presente juicio de amparo deviene improcedente, pues aun cuando a la fecha de presentación de la demanda, existía violación al derecho fundamental previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actualmente, ésta ha cesado. Lo anterior, en razón que de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso que al agraviado, se le concediera la protección constitucional solicitada, sus efectos serían, por tratarse de un acto omisivo, los de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho consagrado en nuestra ley fundamental y, por ende, que se pronunciara respecto de la solicitud en comento, de tal manera que si eso ya aconteció, es inconcuso que el acto de autoridad reclamado ya no agravia a la solicitante del amparo, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de sus derechos fundamentales, ya fue reparada, como si se hubiese concedido el amparo y Protección de la Justicia Federal a su favor. Sirve de apoyo la jurisprudencia 103, publicada en las páginas 51 y 82, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo texto y rubro son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como la diversa jurisprudencia 415, publicada en la página 356, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." También la tesis P.CL/97, publicada en la foja 71 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, noviembre de 1997, que dispone: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad.". Cabe destacar que el impetrante es ejecutante en el juicio laboral 1012/2014; por ende, no es procedente requerirlo para que manifieste si es su deseo señalar como acto reclamado la respuesta dada a la petición formulada, ya que al ser parte en dicho procedimiento, puede intervenir directamente en él, de conformidad con el artículo 17 constitucional. Tal como lo establece la Jurisprudencia 7/2015 de la Décima Época, con el número de registro 2008884, de la Primera Sala, que a la letra dice: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." No se soslaya que en la jurisprudencia 1ª./J 136/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se determinó que cuando se advierta la existencia de un nuevo acto vinculado a la omisión reclamada por violación al derecho de petición, el juez de distrito debe notificar personalmente al quejoso su contenido, así como prevenirlo para que si lo estima conveniente amplíe la demanda. Sin embargo, dicha jurisprudencia no es aplicable al caso en concreto porque abordó el tema específico del derecho de petición, previsto en el artículo 8 constitucional, que no constituyó la litis en este juicio de amparo. En efecto, el mencionado criterio establece que cuando en una demanda de amparo se alegan violaciones al artículo 8 constitucional (derecho de petición) y durante la tramitación de ese juicio, la autoridad responsable emite un acto con el que le dé respuesta al quejoso, el juzgado de amparo está obligado a darle vista a fin que amplíe su demanda de derechos, respecto del acuerdo con el que se le dio respuesta. No obstante, como quedó asentado en párrafos anteriores, en la especie, el derecho en todo caso afectado no es el de petición previsto en el artículo 8, sino que el contenido en el diverso artículo 17 constitucional (administración de justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes); máxime que el impetrante tiene el carácter de actor en el procedimiento laboral de donde emana el acto reclamado. Por tanto, en el caso, la litis constitucional no se centraría en función de una violación al artículo 8 constitucional (derecho de petición), sino de una violación al artículo 17 (administración de justicia pronta), por lo que se reitera, este órgano constitucional estima que la aludida jurisprudencia no tiene aplicación y, por tanto, no resulta necesario requerir al quejoso para que amplíe su demanda respecto de la respuesta dada a la petición formulada ante la Junta responsable. Así las cosas, al configurarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el numeral 63, fracción V de la ley en cita. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se estima aplicable, al caso la jurisprudencia 2a./J.10/2003, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, materia común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno y comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para las diez horas con treinta minutos del nueve de septiembre de dos mil diecinueve, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas anteriormente. Notifíquese personalmente.de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas que autoriza, firma y da fe.
- Principal
(SE LISTA AVISO PARTE QUEJOSA)Toluca, Estado de México; treinta de agosto de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, glósese el oficio enviado por el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a través del cual rinde informe justificado y adjunta copias certificadas del auto de ejecución de fecha veinte de agosto del año dos mil diecinueve. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de los datos que emanan del presente expediente, se obtiene que la parte quejosa reclama la omisión de la de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de dictar auto de ejecución con efectos de requerimiento y/o embargo, así como de señalar fecha de desahogo de audiencia inicial de liquidación en el expediente J.29/1012/2014. Sin embargo, de las constancias remitidas por la responsable en su informe justificado, se advierte que el veinte de agosto de dos mil diecinueve, la autoridad responsable dictó auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma y respecto a la apertura de audiencia inicial de liquidación que solicitó el quejoso, estableció que no había lugar a acordar favorable por carecer de sustento legal su petición, dado que el laudo de diez de agosto de dos mil dieciocho, ni en el resolutivo tercero, ni en la parte considerativa ordenaba apertura de dicho incidente; constancias a las que se otorga pleno valor probatorio por reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Sobre el particular se invoca, la jurisprudencia publicada con el número 226, en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, Materia Común, del contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Lo anterior denota que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos jurídicos. En primero orden conviene establece que el artículo 61 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. ." Es pertinente señalar que los efectos del acto reclamado no cesan, sino cuando la autoridad deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. Ahora bien, en términos de lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley de Amparo, la sentencia que proteja al peticionario tendrá por objeto restituirlo en el cabal goce del derecho violado, en el entendido que se restablecerán las cosas al estado que se encontraban antes de la trasgresión cometida, si el acto reclamado es de carácter positivo; y, si es de naturaleza omisiva, el efecto de la protección consistirá en obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar el derecho infringido y cumplir con lo que el mismo exija. En este sentido, el quejoso adujo en su demanda que la autoridad había sido omisa en acordar la omisión de dictar auto de ejecución, con efectos de requerimiento y/o embargo; así como de señalar fecha de desahogo de audiencia inicial de liquidación en el expediente J.29/1012/2014, pero de las constancias de referencia se advierte que el veinte de agosto de dos mil diecinueve, dictó el auto correspondiente. Lo antes narrado evidencia que han cesado los efectos del acto reclamado, pues como se dijo el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, dictó el auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma y respecto a la apertura de la audiencia incidental de liquidación que solicitó, estableció que ello carecía de sustento legal, como se corrobora con la copia certificada del auto de veinte de agosto de la presente anualidad; de ahí que el presente juicio de amparo deviene improcedente, pues aun cuando a la fecha de presentación de la demanda, existía violación al derecho fundamental previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actualmente, ésta ha cesado. Lo anterior, en razón que de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso que al agraviado, se le concediera la protección constitucional solicitada, sus efectos serían, por tratarse de un acto omisivo, los de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho consagrado en nuestra ley fundamental y, por ende, que se pronunciara respecto de la solicitud en comento, de tal manera que si eso ya aconteció, es inconcuso que el acto de autoridad reclamado ya no agravia a la solicitante del amparo, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de sus derechos fundamentales, ya fue reparada, como si se hubiese concedido el amparo y Protección de la Justicia Federal a su favor. Sirve de apoyo la jurisprudencia 103, publicada en las páginas 51 y 82, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo texto y rubro son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como la diversa jurisprudencia 415, publicada en la página 356, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." También la tesis P.CL/97, publicada en la foja 71 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, noviembre de 1997, que dispone: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad.". Cabe destacar que el impetrante es ejecutante en el juicio laboral 1012/2014; por ende, no es procedente requerirlo para que manifieste si es su deseo señalar como acto reclamado la respuesta dada a la petición formulada, ya que al ser parte en dicho procedimiento, puede intervenir directamente en él, de conformidad con el artículo 17 constitucional. Tal como lo establece la Jurisprudencia 7/2015 de la Décima Época, con el número de registro 2008884, de la Primera Sala, que a la letra dice: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." No se soslaya que en la jurisprudencia 1ª./J 136/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se determinó que cuando se advierta la existencia de un nuevo acto vinculado a la omisión reclamada por violación al derecho de petición, el juez de distrito debe notificar personalmente al quejoso su contenido, así como prevenirlo para que si lo estima conveniente amplíe la demanda. Sin embargo, dicha jurisprudencia no es aplicable al caso en concreto porque abordó el tema específico del derecho de petición, previsto en el artículo 8 constitucional, que no constituyó la litis en este juicio de amparo. En efecto, el mencionado criterio establece que cuando en una demanda de amparo se alegan violaciones al artículo 8 constitucional (derecho de petición) y durante la tramitación de ese juicio, la autoridad responsable emite un acto con el que le dé respuesta al quejoso, el juzgado de amparo está obligado a darle vista a fin que amplíe su demanda de derechos, respecto del acuerdo con el que se le dio respuesta. No obstante, como quedó asentado en párrafos anteriores, en la especie, el derecho en todo caso afectado no es el de petición previsto en el artículo 8, sino que el contenido en el diverso artículo 17 constitucional (administración de justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes); máxime que el impetrante tiene el carácter de actor en el procedimiento laboral de donde emana el acto reclamado. Por tanto, en el caso, la litis constitucional no se centraría en función de una violación al artículo 8 constitucional (derecho de petición), sino de una violación al artículo 17 (administración de justicia pronta), por lo que se reitera, este órgano constitucional estima que la aludida jurisprudencia no tiene aplicación y, por tanto, no resulta necesario requerir al quejoso para que amplíe su demanda respecto de la respuesta dada a la petición formulada ante la Junta responsable. Así las cosas, al configurarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el numeral 63, fracción V de la ley en cita. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se estima aplicable, al caso la jurisprudencia 2a./J.10/2003, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, materia común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno y comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para las diez horas con treinta minutos del nueve de septiembre de dos mil diecinueve, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas anteriormente. Notifíquese personalmente.de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas que autoriza, firma y da fe.
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