Mario Flores Esquivel

Expediente 1609/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1609/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
13/11/2018

Partes del expediente

  • Mario Flores Esquivel

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VI Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, a través del cual se desechó la demanda de amparo promovida por ********************, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente sumario como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, fracción I, párrafos primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible, en su oportunidad de ser destruido. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11, fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA VI. NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA

  3. Principal

    MESA VI. (AVISO PARTE QUEJOSA) se hace efectivo el apercibimiento y se notifica por lista el proveído de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, en el que: RECEPCIÓN Y REGISTRO DE DEMANDA. Por recibida la demanda de amparo promovida por ****************, por derecho propio, contra actos del Juez Civil de Cuantía Menor de Xonacatlán, Estado de México y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 1609/2018-VI. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, del escrito de demanda se obtiene que la parte quejosa reclama:  Las órdenes de embargo sobre bienes propiedad del quejoso, derivadas de los expedientes ***************, del índice del Juzgado Civil de Cuantía Menor de Xonacatlán, Estado de México; así como su ejecución. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar la parte quejosa y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son: Se transcribe. DESECHAMIENTO. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. El artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: Se transcriben. Al respecto, se considera necesario destacar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia I.1.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 890, tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo del año de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, cuyo rubro y texto se citan: Se transcribe. Hecha tal precisión, respecto del citado acto reclamado, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, como a continuación se expone. En principio, es necesario señalar que en el artículo 107, fracciones III, incisos b), y c), IV, VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece: Se transcribe. A su vez, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece: Se transcribe. De lo anterior se advierte que la disposición legal y constitucional transcrita establece lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de amparo, consistente en que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, por regla general, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo. Este principio es indicativo de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa a través de la protección de los derechos fundamentales, de modo que para acudir a él es necesario interponer en la vía ordinaria procedente los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan. Es aplicable la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1304, del Tomo XLV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con número de registro 312200, que establece: Se transcribe. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia VI. 2 J/52, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 401, del Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación, de julio-diciembre de mil novecientos noventa, Octava Época, con número de registro 224841, que establece: Sin embargo, de las disposiciones antes transcritas, se advierten excepciones al principio de definitividad, es decir, que no se está obligado a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que procedan contra los actos reclamados, en los siguientes casos: a) Contra actos que afecten personas extrañas al juicio (artículo 107, fracción III, inciso c), de la Carta Magna). b) Contra actos administrativos, respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución (artículo 107, fracción IV, de la Constitución Federal y artículo 61 de la Ley de Amparo, fracción XX). c) Los que importen una violación a sus derechos humanos consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal (artículo 107, fracción XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). d) Tratándose de amparo contra leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación (párrafo tercero de la fracción XIV del precepto 61 de la Ley de Amparo). e) Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional (artículo 61, fracción XVIII, inciso a), de la Ley de Amparo. f) Contra actos dictados por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o judiciales, si carecen de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones dictadas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia (último párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo); y, g) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso (inciso d), fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo). Luego, en el caso el acto que aquí se analiza, no se encuentra dentro de alguno de los supuestos de excepción precisados, por ende, el quejoso no está exento de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en contra del acto reclamado. Lo anterior se afirma, en razón a que cuando se reclaman infracciones de legalidad reguladas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, de acuerdo con lo previsto en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, existe la obligación de agotar el principio de definitividad previamente a la promoción del juicio de amparo, lo cual acontece en el caso concreto, pues tal como se advierte de los hechos narrados bajo protesta de decir verdad, el aquí quejoso es parte formal en los procedimientos de origen, a saber, parte demandada, pues así lo refirió al precisar que la ejecutora señalada como responsable le pidió que le permitiera el ingreso a su domicilio porque el ahora quejoso firmó unos documentos de crédito en favor de otra persona, por diversas cantidades, de ahí que se advierte que ************ (solicitante del amparo), es el demandado; de ahí la obligación de agotar los recursos ordinarios previstos en la legislación común. Por tanto, conforme a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el promovente del amparo está obligado a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan conforme a la ley que rige el acto reclamado. Luego, contra el acto reclamado procede el recurso de revocación, cuya esencia se encuentra contenida en los artículos 1334 y 1335 del Código de Comercio, los cuales establecen lo siguiente: Se transcriben. Establecido lo anterior, no resulta inadvertido para este órgano jurisdiccional el artículo 1339 de la codificación mercantil, en donde se establece, entre otras prevenciones, que son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $633,075.88 (seiscientos treinta y tres mil setenta y cinco pesos 88/100 moneda nacional). No obstante, también se considera lo establecido en los artículos 1334 y 1335 del ordenamiento mercantil mencionado, los cuales están comprendidos en el capítulo XXIV de tal legislación, denominado "De la revocación y reposición", que contienen las reglas de procedencia de los recursos de revocación y reposición, de cuyo análisis no se advierte alguna limitante para interponer la revocación en contra de las determinaciones o resoluciones dictadas durante el procedimiento, como en el caso acontece, contra la orden de embargo sobre bienes del quejoso. En esas condiciones, el quejoso está obligado a inconformarse contra el auto reclamado consistente en la orden relativa al requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, realizado, como parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil del índice del Juzgado Civil de Cuantía Menor de Xonacatlán, Estado de México, mediante la interposición del recurso de revocación. De tal suerte que al acudir en forma directa al juicio de amparo, sin agotar aquel medio de impugnación por el cual se podría modificar, revocar o confirmar el acto reclamado, debe estimarse que incumplió con el principio de definitividad rector del juicio constitucional. Por lo anterior, es aplicable la tesis aislada II.2C.T.34 C, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, visible en la página quinientos ocho, del Tomo VII, Materia Civil del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: Se transcribe. En consecuencia al no haberse agotado por el quejoso previo al juicio de amparo, el recurso de revocación, respecto del acto que reclama, que estima ilegal, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la precitada fracción XVIII, del artículo 61 del ordenamiento jurídico invocado. Sin que pase inadvertido para este Juzgador, el hecho de que por jurisprudencia 6/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido que el auto de exequendo dictado en un juicio ejecutivo mercantil es un acto de imposible reparación, dado que constituye un mandato que se concreta con la sola emisión de la orden de requerir el pago de un adeudo en el acto mismo del requerimiento y una amenaza consistente en la prevención al deudor de que si no efectúa el pago se le embargarán bienes suficientes para cubrir el adeudo y las costas, lo que no será motivo de análisis en la resolución que ponga fin al juicio, la cual sólo decidirá la suerte de la pretensión de fondo del asunto, ni se examinará en otro momento del juicio, pues una vez ejecutada la orden, la impugnación del embargo sólo puede tener por efecto remediar vicios propios de éste, pero no la legalidad de la propia orden, que requiere como presupuesto estar fundada en un título que traiga aparejada ejecución. Lo anterior, porque tal perjuicio no es susceptible de reparación dentro del juicio, ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable que levantara el embargo, ya que no podría restituirse al quejoso en la afectación sufrida por el tiempo en que éste estuvo en vigor, derivado del auto de exequendo. Lo anterior es así, en razón de que en la presente determinación no se sostiene que el acto reclamado no sea un acto de imposible reparación, si no que tal determinación no constituye una excepción al principio de definitividad, como quedó demostrado con antelación; por ende, el quejoso debió agotar los recursos ordinarios previstos en la legislación que rige el acto reclamado para combatir tal determinación. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia 44/2012, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 729, del tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de julio de 2012, Décima Época, con número de registro 2001155, que establece: Se transcribe. En abundamiento, se reitera que el quejoso no tiene el carácter de tercero extraño a juicio, dado que del contenido de la demanda y sus anexos se advierte que el promovente, manifestó que es la parte requerida en los juicios tramitados ante el juzgado responsable, lo que pone en evidencia que de conformidad con la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, existe la obligación de agotar el principio de definitividad previamente a la promoción del juicio de amparo. Es aplicable por las razones que la informan la jurisprudencia 1/J.6/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 729, del tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de 2013, Décima Época, con número de registro 2004274, que establece: Se transcribe. En mérito de lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la citada legislación, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por *************** contra actos del Juzgado Civil de Cuantía Menor de Xonacatlán, Estado de México y otra autoridad, por notoriamente improcedente. DOMICILIO. En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en el proemio de la demanda. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. En otro punto, en atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, por contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y de forma restringida, así como para recoger toda clase de documentos a *********************, limitación que subsistirá hasta en tanto acrediten tener registradas sus cédulas profesionales en el aludido Sistema. NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, con número de registro 2002576, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de la responsable, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento), y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en este Juzgado de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en el numeral 21, párrafo tercero, de la legislación en cita, se ordena habilitar horas y días inhábiles, para realizar las notificaciones relacionadas con este juicio de amparo. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. CILN.

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