Mario Flores de la Cruz
Expediente 505/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 24 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 505/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 01/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Mario Flores de la Cruz
- Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero
- Ministerio Público de la Federación, adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, primero de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido a la parte quejosa y tercera interesada el término de tres días otorgados a efecto de que desahogaran la vista ordenada en proveído de ocho de febrero de dos mil veintidós, con el cumplimiento dado por la autoridad responsable en este juicio; sin que lo hubieran hecho así, por tanto, este órgano de control constitucional procede a pronunciarse en relación con dicho cumplimiento. I. Mediante escrito presentado el cinco de abril de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en ***********, remitido en la misma fecha por razón de turno a este Juzgado de Distrito, ****************, por conducto de su apoderado legal, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra actos del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, en autos del juicio laboral ************ II. Luego, el cuatro de marzo de dos mil veinte, se celebró la audiencia constitucional y se dictó la sentencia la cual concedió el amparo y protección a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, para los siguientes efectos: "Deje insubsistente el auto de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, emitido en el juicio laboral *********. En su lugar, emita otro en el que deje firme lo que no fue materia de concesión en la presente sentencia y por lo demás, se pronuncie respecto del requerimiento de cumplimento del laudo, dictado en el juicio laboral de origen, con el apercibimiento para la parte demandada, de que en caso de no realizar el pago de lo condenado, se aplicará la medida de apremio establecida en el artículo 138, fracción II, de la Ley 248 del Estado de Guerrero. III. Por auto de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la misma A fin de cumplir con lo anterior, la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, realizó lo siguiente: Remitió copia certificada del auto de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, del que se advierte que dejó insubsistente el diverso proveído de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, emitido en el juicio laboral *************. Asimismo, de dicho auto de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, se advierte que requirió a la parte demandada el cumplimiento del laudo en el juicio de origen, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se haría acreedora a una medida de apremio por la cantidad equivalente a veinte días de salario mínimo, con fundamento en el artículo 125 de la Ley 248 del Estado de Guerrero. Finalmente, remitió el auto de dos de febrero de dos mil veintidós, del que se advierte que hizo efectivo el apercibimiento de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, a la parte demandada por incumplimiento del laudo y promovió nuevamente la ejecución del laudo. En atención a lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo en su totalidad, pues siguió los lineamientos establecidos en la misma. IV. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se estima cumplida la ejecutoria federal, en su totalidad sin exceso ni defecto, toda vez que la responsable se apegó a los lineamientos que fueron destacados en la sentencia de amparadora. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 18, fracción I, inciso b), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DEPURABLE, en su totalidad, porque se concedió la protección constitucional. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Finalmente, tomando en consideración que no es necesario seguir conservando las constancias que remitió la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero; por tanto, hágase la devolución de las mismas a su lugar de origen, en el entendido que la anotación en la constancia respectiva con el sello fechador de que se recibió el precitado anexo, se tomará como acuse de recibo. Notifíquese; personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Hernández Serrano, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, ocho de febrero de dos mil veintidós. Glósese a los autos el oficio y anexos signados por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, mediante el cual remite copias certificadas de los autos de nueve de noviembre de dos mil veintiuno y dos de febrero de dos mil veintidós, asimismo, se pronunció respecto del requerimiento de cumplimento del laudo, dictado en el juicio laboral de origen, con el apercibimiento para la parte demandada, respecto de la medida de apremio establecida en el artículo 138, fracción II, de la Ley 248 del Estado; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copias del oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada, por el término de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado de amparo se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a la tercera interesada. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Hernández Serrano, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos, no obstante de estar debidamente notificada tal y como se advierte del acuse de notificación que obra en autos. Por tanto, en atención al el escrito firmado por José Alberto Jaimes Saldaña, en su carácter de autorizado legal de la parte quejosa y con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero con sede en esta ciudad, por conducto de su Presidenta Miriam Cortés Cisneros, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de la notificación del presente proveído, remita copias certificadas que denoten el cumplimiento de la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, que lo obliga a realizar lo siguiente: "Deje insubsistente el auto de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, emitido en el juicio laboral 379/2008. En su lugar, emita otro en el que deje firme lo que no fue materia de concesión en la presente sentencia y por lo demás, se pronuncie respecto del requerimiento de cumplimento del laudo, dictado en el juicio laboral de origen, con el apercibimiento para la parte demandada, de que en caso de no realizar el pago de lo condenado, se aplicará la medida de apremio establecida en el artículo 138, fracción II, de la Ley 248 del Estado de Guerrero." Hecho lo anterior, de inmediato deberá informar a este juzgado y, remitir las constancias correspondientes, sin necesidad de un ulterior requerimiento. Conforme a lo anterior, se apercibe a Miriam Cortés Cisneros, en su carácter de Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238, 258 y 192, de la Ley de Amparo, que asciende a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Patricia Elizabeth Bautista Ávila, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargada del Despacho, por licencia concedida al Titular de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial, que actúa ante el Secretario César Hernández Serrano, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubieran recurrido la sentencia de cuatro de marzo de dos mil veinte; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que AMPARA y PROTEGE ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Lo anterior, toda vez que la suspensión de las autoridades o tercera interesada no trasciende para el cómputo de los términos legales y las actuaciones que se han de practicar, pues conforme al marco normativo que rige al juicio de amparo, la suspensión temporal de labores de las autoridades oficiales, no es un componente previsto en las citadas normas, de lo que se colige que no suspende la prosecución del procedimiento, pues no debe soslayarse que durante la suspensión de labores en comento, se ordena continuar con un sistema de guardias, lo que evidencia que tiene la infraestructura necesaria para contar con personal de guardia capacitado tanto para la recepción de notificaciones, como para el cumplimiento que la Ley de Amparo le impone con motivo de la substanciación de un juicio de garantías en el que figura como autoridad responsable o tercero interesado. Se cita para apoyar consideraciones expuestas, la tesis III.1o.A.150 A emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, Materia Administrativa, página 3178, registro 166288, de rubro y texto siguientes: "REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. LA INTERRUPCIÓN DE LAS LABORES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN VIRTUD DE DISFRUTAR DE UN DESCANSO TEMPORAL (VACACIONES), NO SUSPENDE EL TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DE DICHO RECURSO. Del análisis sistemático de los artículos 24, 26, 28, fracción I, 33, 34, fracción I, 83, fracción IV y 86 de la Ley de Amparo, relativos a la regulación de las notificaciones y término para la interposición del recurso de revisión en el juicio de garantías indirecto, se advierte que la interrupción de las labores de la autoridad responsable, en virtud de disfrutar de un descanso temporal (vacaciones), no es un componente previsto en las citadas normas, de lo que se colige que no suspende el aludido término, pues ésta, como parte integrante de la organización estatal, tiene la infraestructura necesaria para contar con personal de guardia capacitado o comisiones de receso, encargados de la recepción de notificaciones y, en su caso, de la presentación de los medios de impugnación que se requieran, precisamente en tales lapsos de descanso. Además, en atención al principio de paridad procesal que debe regir entre las partes, el quejoso o tercero perjudicado, como particulares, tendrían desventaja, si únicamente a la autoridad disconforme se le descontara del plazo legal para la interposición de los medios de defensa, el tiempo en que esté de vacaciones, pues ese beneficio no podría ser alegado por aquéllos, precisamente por no existir disposición jurídica que así lo permita." De igual forma, no debe soslayarse que la Constitución dispone, en sus artículos 103 y 107, que el juicio de amparo se reglamenta a través de una ley emitida por el Congreso de la Unión, por tanto, las legislaturas de los Estados como las autoridades pertenecientes a éstos, como en la especie sucede el Tribunal de Conciliación y Secretaría de Educación, ambos del estado de Guerrero, no tienen competencia para regular el juicio de amparo; de aceptarse el criterio propuesto, se llegaría al absurdo de reconocer que las citadas autoridades tienen competencias legislativas para reglamentar los cómputos de los plazos en el juicio de amparo, lo que sin duda conformaría una falacia de falsa autoridad, en la medida de que nuestra Constitución Federal no faculta a un órgano local para regular o reglamentar los términos procesales que rigen en el juicio de amparo. Además, de la versión taquigráfica de la sesión pública ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, celebrada a distancia el veintiocho de abril de dos mil veinte al resolver la contradicción de tesis 275/2018, se advierte en lo medular que seis Ministros (mayoría) votaron en contra del proyecto presentado, al considerar que no es posible tomar como plazo adicional a los ya estipulados en la Ley de Amparo, los días que las autoridades locales designen como vacacional o que declaran como inhábiles, debido a que las entidades federativas no pueden ajustar los plazos del juicio de amparo, al ser parte en el procedimiento y conocer de antemano los días inhábiles para esos efectos, por lo que están obligados a acatarlos. Si bien, a la presente fecha, el engrose y la tesis se encuentran pendientes de publicar, también lo es que la decisión que antecede es determinante, como se lee de la misma versión taquigráfica: "SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: En esa virtud, aquí hay algunas posibilidades: una, desechar el proyecto y returnarlo; sin embargo, parece que la decisión ya es muy clara, es determinante. Hemos ya discutido mucho este tema y yo consultaría al Ministro ponente si él estaría en posición y en posibilidad de poder hacer el engrose con el criterio mayoritario. SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO: Lo intentaría, señor Presidente, con mucho gusto. SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Muchas gracias, se lo apreciamos muchísimo porque esto nos ahorra tiempo en la decisión del asunto. ENTONCES, QUEDA RESUELTO EN ESOS TÉRMINOS EL PROYECTO." En ese sentido, permitir que los Estados y, en su caso, las autoridades responsables regulen las reglas sobre los días hábiles aplicables en su perjuicio, diluiría el valor normativo del juicio de amparo como un medio de control constitucional Los plazos en el juicio de amparo conforman una garantía orgánica del derecho de acceso a la justicia en sede constitucional, ya que los justiciables tienen la certeza de que dichos plazos son aquellos que condicionarán el tiempo de resolución de un juicio; sin embargo, si cualquier autoridad responsable se entiende habilitada para alterar los plazos del juicio de amparo mediante la regulación de los días hábiles, ello le daría un poder a los órganos controlados de postergar, a su conveniencia, la resolución de un medio de control. Por tanto, visto el escrito firmado electrónicamente por José Alberto Jaimes Saldaña, autorizado legal de la parte quejosa y con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero con sede en esta ciudad, por conducto de su Presidenta Miriam Cortés Cisneros, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de la notificación del presente proveído, remita copias certificadas que denoten el cumplimiento de la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, que lo obliga a realizar lo siguiente: "Deje insubsistente el auto de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, emitido en el juicio laboral 379/2008. En su lugar, emita otro en el que deje firme lo que no fue materia de concesión en la presente sentencia y por lo demás, se pronuncie respecto del requerimiento de cumplimento del laudo, dictado en el juicio laboral de origen, con el apercibimiento para la parte demandada, de que en caso de no realizar el pago de lo condenado, se aplicará la medida de apremio establecida en el artículo 138, fracción II, de la Ley 248 del Estado de Guerrero." Hecho lo anterior, de inmediato deberá informar a este juzgado y, remitir las constancias correspondientes, sin necesidad de un ulterior requerimiento. Conforme a lo anterior, se apercibe a Miriam Cortés Cisneros, en su carácter de Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238, 258 y 192, de la Ley de Amparo, que asciende a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de la Ley de Amparo. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico del órgano laboral responsable, dado que el mismo, al ser un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, está desvinculado de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirle cómo ha de resolver y cumplir sus juicios. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia siguiente: JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Hernández Serrano, que autoriza y da fe.
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