Mario Filiberto Santiago Carrizales

Expediente 445/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 20 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
445/2021
Año
2021
Actuaciones
20
Última actuación
25/03/2022

Partes del expediente

  • Mario Filiberto Santiago Carrizales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que las partes no se inconformaron contra el proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, que tuvo por cumplida la sentencia autorizada en este juicio de amparo, dentro del plazo legal de quince días que señala el artículo 201, de la Ley de Amparo. En esas condiciones, ha causado estado el citado acuerdo, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. En esas condiciones, conforme lo previene el numeral 196 de la Ley de Amparo, procede archivar el presente controvertido constitucional como concluido. Ahora bien, términos de los dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales - publicado el veinte de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental pendiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. Como lo dispone el precepto 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno******************** una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el presente sumario al Centro Archivístico Judicial. Ahora, tomando en consideración que se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en los cuadernos incidentales. Con apoyo en el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se instruye a la secretaría devolver el tomo de pruebas que el Juez y Oficial Administrativo en funciones de Actuaria, ambos del Juzgado Segundo de Primera Instancia con sede en esta ciudad, remitieron en apoyo a su informe justificado, ya que carece de objeto su conservación. Asimismo, se ordena devolver a la parte quejosa los documentos certificados que acompañó a su escrito inicial de demanda******************** por tanto, requiérasele para que dentro del término de noventa días, contados a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante este juzgado a recogerlos, previa identificación y constancia que se asiente en autos, apercibida que de no hacerlo dentro del plazo señalado, dichos documentos correrán la suerte de del presente sumario cuando se efectué la destrucción del mismo. En el entendido que, para tales efectos se deberá atender al sistema de citas, previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte.

  2. Incidental

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Como se encuentra ordenado en el juicio principal del cual deriva este incidente, se provee lo relativo al destino del presente incidente de suspensión que se tramitó en original y duplicado. Ahora bien, de autos se advierte que por una parte se negó y por otra se concedió la suspensión provisional y definitiva a la parte quejosa. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte; se ordena el archivo de este expediente. Por otra parte, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a) del citado acuerdo, se clasifica como susceptible de depuración el original del incidente de suspensión, pues se concedió la medida cautelar provisional respecto de los actos reclamados. Asimismo, como lo dispone el penúltimo párrafo del citado numeral, una vez que transcurran tres años, procédase a su depuración conservando únicamente las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión o su violación, así como el presente auto y se destruirán el resto de las actuaciones; hecho lo cual deberá gestionarse su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Respecto al duplicado del cuaderno incidental, este se clasifica como destruible, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción II, inciso a), del multicitado acuerdo; y, una vez que transcurran seis meses, deberá procederse a su destrucción, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal Como lo dispone el artículo 35 del citado acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula de cada uno de los expedientes mencionados. firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa.

  3. Principal

    LA PRESENTE NOTIFICACIÓN (POR LISTA) SE REALIZA A LA PARTE QUEJOSA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. "Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de tres días otorgado a las partes en proveídos de nueve de febrero de dos mil veintidós, ha fenecido, sin que las partes hicieran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a resolver de oficio si el fallo protector se encuentra cumplido, atendiendo a las constancias de autos. Sirve de apoyo la jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, página 203, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Esta Segunda Sala, en la jurisprudencia 85/98, entre otras tesis, ha sostenido el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva y se le concede el plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que de no hacerlo, se tendrá por cumplida la sentencia, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista a su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogarse la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad." En ese sentido, para estar en condiciones de pronunciar lo que en derecho corresponda, es necesario resaltar los antecedentes que a continuación se enuncian: Mediante sentencia de treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso ***** contra el acto reclamado al Juez Segundo de Primera Instancia de esta ciudad. En consecuencia, en acuerdo de veintiséis de enero del año en curso, se requirió a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia de esta ciudad para que en el término de tres días diera cumplimiento a la sentencia de amparo y realizara lo siguiente: Dejar insubsistente la diligencia de emplazamiento reclamada por ****así como las subsecuentes actuaciones del juicio ordinario 33/2017 del índice de dicho juzgado, incluyendo la sentencia y actos de ejecución y, en su caso, ante la instancia de parte legitima, actuar en consecuencia. En mérito de lo anterior, mediante proveído de nueve de febrero del año en curso, la responsable remitió a este órgano jurisdiccional el oficio 223 de treinta y uno de enero de dos mil veintidós donde justificaba haber dado cumplimiento a la ejecutoria. Ahora bien, de dichas constancias se advierte que la autoridad responsable dejó insubsistente la diligencia de emplazamiento de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, así como las actuaciones subsecuentes incluyendo la sentencia y su ejecución dentro del juicio ordinario 33/2017, de su índice. Asimismo, giró oficio al Encargado del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de esta ciudad, para que dejara sin efectos el oficio número mil setenta y tres de doce de agosto de dos mil veinte, mediante el cual ordenó cancelara la inscripción número tres mil cincuenta y seis, tomo XVLIV, sección primera de veintisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y tres. En esa tesitura, es inconcuso que el FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO, dado que las razones que expuso son acordes a las contenidas en la resolución amparadora dictada por el suscrito, motivo por el cual la autoridad responsable no incurre en exceso o en defecto en su cumplimiento. Por la importancia del caso, conviene anticipar que la decisión que precede, en modo alguno restringe el derecho de la parte quejosa de inconformarse en contra de esta determinación, ya que de acuerdo a lo previsto en el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo está en aptitud de hacer valer el recurso de inconformidad, ajustándose al trámite previsto en el diverso artículo 202 del referido ordenamiento legal. En otro contexto, a fin de limitar la propagación de la pandemia generada por el Coronavirus (COVID-19), y evitar el eventual contagio de los servidores públicos que laboran esta institución, así como de los justiciables y ciudadanos en general, a más de proteger el derecho humano a la salud; toda vez, conforme al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, subsisten las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia, así como la utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones y el trabajo a distancia; por lo que, el presente proveído será firmado electrónicamente, en términos del artículo 3, de la Ley de Amparo, que establece que la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Finalmente, se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna."

  4. Principal

    LA PRESENTE NOTIFICACIÓN (POR LISTA) SE REALIZA A LA PARTE TERCERA INTERESADA ***********EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE.Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de tres días otorgado a las partes en proveídos de nueve de febrero de dos mil veintidós, ha fenecido, sin que las partes hicieran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a resolver de oficio si el fallo protector se encuentra cumplido, atendiendo a las constancias de autos. Sirve de apoyo la jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, página 203, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Esta Segunda Sala, en la jurisprudencia 85/98, entre otras tesis, ha sostenido el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva y se le concede el plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que de no hacerlo, se tendrá por cumplida la sentencia, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista a su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogarse la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad." En ese sentido, para estar en condiciones de pronunciar lo que en derecho corresponda, es necesario resaltar los antecedentes que a continuación se enuncian: Mediante sentencia de treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso ***** contra el acto reclamado al Juez Segundo de Primera Instancia de esta ciudad. En consecuencia, en acuerdo de veintiséis de enero del año en curso, se requirió a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia de esta ciudad para que en el término de tres días diera cumplimiento a la sentencia de amparo y realizara lo siguiente: Dejar insubsistente la diligencia de emplazamiento reclamada por ****así como las subsecuentes actuaciones del juicio ordinario 33/2017 del índice de dicho juzgado, incluyendo la sentencia y actos de ejecución y, en su caso, ante la instancia de parte legitima, actuar en consecuencia. En mérito de lo anterior, mediante proveído de nueve de febrero del año en curso, la responsable remitió a este órgano jurisdiccional el oficio 223 de treinta y uno de enero de dos mil veintidós donde justificaba haber dado cumplimiento a la ejecutoria. Ahora bien, de dichas constancias se advierte que la autoridad responsable dejó insubsistente la diligencia de emplazamiento de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, así como las actuaciones subsecuentes incluyendo la sentencia y su ejecución dentro del juicio ordinario 33/2017, de su índice. Asimismo, giró oficio al Encargado del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de esta ciudad, para que dejara sin efectos el oficio número mil setenta y tres de doce de agosto de dos mil veinte, mediante el cual ordenó cancelara la inscripción número tres mil cincuenta y seis, tomo XVLIV, sección primera de veintisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y tres. En esa tesitura, es inconcuso que el FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO, dado que las razones que expuso son acordes a las contenidas en la resolución amparadora dictada por el suscrito, motivo por el cual la autoridad responsable no incurre en exceso o en defecto en su cumplimiento. Por la importancia del caso, conviene anticipar que la decisión que precede, en modo alguno restringe el derecho de la parte quejosa de inconformarse en contra de esta determinación, ya que de acuerdo a lo previsto en el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo está en aptitud de hacer valer el recurso de inconformidad, ajustándose al trámite previsto en el diverso artículo 202 del referido ordenamiento legal. En otro contexto, a fin de limitar la propagación de la pandemia generada por el Coronavirus (COVID-19), y evitar el eventual contagio de los servidores públicos que laboran esta institución, así como de los justiciables y ciudadanos en general, a más de proteger el derecho humano a la salud; toda vez, conforme al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, subsisten las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia, así como la utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones y el trabajo a distancia; por lo que, el presente proveído será firmado electrónicamente, en términos del artículo 3, de la Ley de Amparo, que establece que la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Finalmente, se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna."

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