Mario Fernando Romero Villarreal

Expediente 376/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
376/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
12/01/2021

Partes del expediente

  • Mario Fernando Romero Villarreal

Actuaciones

  1. Principal

    ."Vista la primera certificación de cuenta, se advierte que en términos de los puntos 1, 2 y 3 de la circular SECNO/29/2020 y la diversa SECNO/1/2021, emitidas por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, durante el periodo comprendido del cinco de diciembre de dos mil veinte al dieciocho de enero de dos mil veintiuno, se regresa al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que respecto de las demandas presentadas físicamente, sólo se dará trámite a los asuntos considerados como urgentes, así como a aquellos bajo la modalidad de juicio en línea; y fuera de los mencionados supuestos, no correrán plazos ni términos procesales. Asimismo, de conformidad con la segunda certificación secretarial, son considerados como urgentes los juicios de amparo que se promuevan en contra de medidas cautelares, precautorias, o de protección en casos de violencia intrafamiliar y contra las mujeres en general, contra determinaciones sobre pensiones alimenticias corrientes; y aquellos relacionados con actos que afecten el interés superior del menor y que se estimen trascendentes para el ejercicio de sus derechos en el contexto de la contingencia. En ese sentido, se estima que el presente asunto es urgente, dado que Mario Fernando Romero Villareal reclama la resolución de cuatro de febrero de dos mil veinte, dictada por la Quinta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el toca 1854/2019-2, a través de la cual, se modificó la sentencia interlocutoria de trece de agosto de dos mil diecinueve, emitida por el Juez Décimo Tercero de lo Familiar de la Ciudad de México en el incidente de cancelación de pensión alimenticia. Por consiguiente, se procede al acuerdo en los términos siguientes: Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, intégrese a los autos la razón signada por la actuaria adscrita a este juzgado, mediante la cual manifiesta la imposibilidad que tiene de notificar el oficio que contiene la sentencia definitiva firmada el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, a la autoridad responsable Quinta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en virtud de que, por Acuerdo 03-01/2021, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, se determinó ampliar la suspensión de labores y de plazos procesales del siete al quince de enero de dos mil veintiuno. En consecuencia, se instruye a la fedataria judicial para que una vez que la autoridad en mención vuelva a sus labores o pueda recibir oficios, sin previo acuerdo, le haga de su conocimiento el fallo de mérito contenido en el oficio 14287/2020 y el proveído que se dicta, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    Vista la razón de cuenta, se aprecia que la actuaria adscrita a este juzgado federal manifiesta la imposibilidad que tiene para notificar el oficio 14287/2020 -que contiene la sentencia definitiva firmada el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte-, a la autoridad responsable Quinta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en virtud de que se encuentra gozando de su segundo periodo vacacional del año dos mil veinte, conforme al acuerdo 04-25/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. En consecuencia, se instruye a la actuaria judicial para que una vez que la autoridad en mención reanude labores, le haga de su conocimiento el fallo de mérito contenido en el oficio 14287/2020 y el proveído que se dicta, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    ."ESTUDIO DE FONDO EN EL JUICIO DE AMPARO 376/2020 En obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidos los motivos de disenso hechos valer por el quejoso Mario Fernando Romero Villareal (deudor alimentista), sin que ello implique transgresión alguna a los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias de amparo. ."En el único concepto de violación el impetrante del amparo sostiene que la Sala responsable al estudiar el asunto, por cuanto hace a Arturo Abraham Romero Macías, analizó de manera cuantitativa como deben ser cursados los estudios universitarios -edad-, así concluyó que aquél está dentro del promedio para estar cursando el grado académico en el que se encuentra y que no es obstáculo el que haya reprobado una asignatura, ni que tenga un promedio de 7.31, razones que motivaban que siguiera recibiendo alimentos. No obstante, mencionó que el estudio debió abordarse correctamente de una manera cualitativa, dado que es un alumno irregular con bajas calificaciones, esto es, se coloca en la hipótesis normativa contenida en la fracción IV del artículo 320 del Código Civil para la Ciudad de México, de cesación de alimentos, relativa a una falta de aplicación en los estudios, pues la única obligación que tiene -según el propio dicho de su hijo- es estudiar y mantener un promedio decoroso, por ello debe estimarse que la Sala responsable violentó la hipótesis normativa citada. Que la autoridad responsable valoró de forma incorrecta la boleta global de estudios, violentando también lo dispuesto por el artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, dado que debió realizar un estudio conjunto de dicha documental con los demás medios probatorios. Los argumentos previamente sintetizados son jurídicamente ineficaces. En efecto, en el considerando tercero de la sentencia impugnada, la autoridad responsable indicó que por cuanto hace a Arturo Abraham Romero Macías, la edad para ingresar a la educación superior es entre dieciocho y diecinueve años, luego si de acuerdo al oficio remitido por el Instituto Politécnico Nacional se encontraba inscrito en el octavo semestre, aquél estaba dentro del promedio de edad para cursar el grado en el que se encontraba. Lo anterior, aunado a que de la boleta global de calificaciones que obraba en el expediente, se encontraban acreditadas la mayoría de sus materias, excepto una, así como que tiene un promedio de siete punto treinta y uno; luego, por lo que el hecho de que tenga una materia reprobada, no era suficiente para considerar que no se encontraba aplicado al estudio. Citó en apoyo de lo anterior el criterio "PENSIÓN ALIMENTICIA. LAS BAJAS CALIFICACIONES O REPROBAR ALGUNA ASIGNATURA NO ES UN FACTOR QUE POR SÍ SOLO JUSTIFIQUE SU REDUCCIÓN, TRATÁNDOSE DE HIJOS MAYORES DE EDAD QUE SE ENCUENTREN ESTUDIANDO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)". Por tanto, la autoridad responsable concluyó que era incorrecta la determinación del juez primigenio de cancelar la pensión alimenticia a su favor, pues de acuerdo a la información proporcionada por la institución educativa, se advertía que la carrera de forma regular se puede cursar entre nueve y catorce semestres, encontrándose el demandado en ese supuesto. Máxime, que como ya se había señalado, la obligación subsiste hasta que obtenga su título profesional el acreedor, siempre que sea en el término de tiempo adecuado. Aseveraciones las anteriores que son compartidas, en esencia, por este juzgador Federal, como se expone a continuación: Con el objeto de evidenciar el anterior aserto, es necesario traer a contexto el contenido de los artículos 308 y 320 del Código Civil para la Ciudad de México14, de los que se obtiene que, respecto los menores, los alimentos comprenden -en términos generales-, los rubros de comida, vestido, habitación, atención médica y gastos para su educación; además de que dicha obligación concluye en diversos supuestos, a saber: Hipótesis atribuibles al deudor - Cuando el deudor carece de medios para cumplirla. 14 "ARTICULO 308.- Los alimentos comprenden: I.- La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su caso, los gastos de embarazo y parto; II.- Respecto de los menores, además, los gastos para su educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales; III.- Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, lo necesario para lograr, en lo posible, su habilitación o rehabilitación y su desarrollo; y IV.- Por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, además de todo lo necesario para su atención geriátrica, se procurará que los alimentos se les proporcionen, integrándolos a la familia. ARTICULO 320.- Se suspende o cesa, según el caso, la obligación de dar alimentos, por cualquiera de las siguientes causas: I.- Cuando el que la tiene carece de medios para cumplirla; II.- Cuando el alimentista deja de necesitar los alimentos; III.- En caso de violencia familiar o injurias graves inferidas, por el alimentista mayor de edad, contra el que debe prestarlos; IV.- Cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta viciosa o de la falta de aplicación al estudio del alimentista mayor de edad; V.- Si el alimentista, sin consentimiento del que debe dar los alimentos, abandona la casa de éste por causas injustificables; VI.- Las demás que señale este Código u otras leyes". Hipótesis atribuibles al acreedor - Cuando deja de necesitarlos, - Cuando abandona de manera injustificada la casa del deudor o, - Al obtener la mayoría de edad, comete conductas reprochables en contra de su benefactor, incurre en comportamientos viciosos o existe una falta de aplicación al estudio del acreedor. Como se ve, el creador de la norma no estableció -de manera expresa-, que el deber de los padres de proporcionar alimentos a sus descendientes se extinga al momento en que éstos adquieran la mayoría de edad, sino que en esos casos la obligación concluye -en lo que aquí trasciende-, cuando el acreedor alimentista tenga una conducta viciosa o incurra en una falta de aplicación al estudio. En ese sentido, conviene destacar que los hijos mayores de edad tienen la presunción de requerir alimentos, únicamente en el caso de que acrediten estar estudiando un grado acorde con sus años (edad biológica), pues no cabe duda de que sus necesidades vitales no se satisfacen de manera automática al llegar al referido extremo, salvo prueba en contrario. Asimismo, debe puntualizarse que en ese supuesto, el deudor tiene la carga de demostrar que el acreedor adulto que cursa un grado acorde a su edad, no necesita de los alimentos, esto es, debe acreditar hechos positivos, a saber, que el descendiente que ha cumplido dieciocho años, tiene bienes propios o desempeña algún trabajo remunerado que le permite allegarse de los medios para sobrevivir. Lo anterior obedece a que la institución de los alimentos tiene por objeto primordial satisfacer las necesidades básicas de subsistencia y bienestar del acreedor, en el entendido de que el punto de equilibrio descansa en la relación de proporcionalidad que debe existir entre la necesidad de la persona que goza de la prerrogativa a recibirlos y la posibilidad de quien tiene el deber de proporcionarlos. Por ello, la finalidad de dicha institución es garantizar a los hijos mayores de edad que se encuentran cursando un grado académico acorde con sus años, la posibilidad de atravesar esa etapa -que normalmente es económicamente inactiva-, con el apoyo numerario de ambos progenitores, que sea necesario para cubrir las necesidades comprendidas legalmente en el rubro de alimentos; esto es, el objeto de la pensión es cubrir las exigencias básicas del acreedor para que éste disponga del tiempo y las condiciones económicas óptimas para dedicarse a su formación académica. No obstante lo anterior, tal extremo no es equivalente a reconocer a dicha clase de individuos, un derecho ilimitado a estudiar en cualquier momento que estimen pertinente, pues tal prerrogativa está condicionada, en términos generales, a que los descendientes de más de dieciocho años sólo demuestren que se encuentran cursando un grado escolar acorde con su edad, capacidad y otras circunstancias personales, con lo cual es factible concluir la formación educativa que les brindará las bases para desempeñar una profesión u oficio. Así, en caso de que el beneficiario mayor de edad estudie un nivel académico discordante con sus años (edad biológica), ya no gozará a su favor de la presunción de necesitar alimentos, por lo que tendrá la carga de acreditar que esa situación se debe a circunstancias anormales y no forzosamente provocadas por un desinterés -pasajero o momentáneo-, de su parte hacia las actividades escolares cuando tuvo la oportunidad para hacerlo. Desde esa perspectiva, para decidir un incidente de cancelación de pensión alimenticia planteado bajo el argumento de que el acreedor es mayor de edad y no se encuentra estudiando un grado acorde con sus años -en cuyo caso no gozaría de la presunción de necesitar alimentos por las razones indicadas-, es necesario observar los artículos 281 y 282 del Código de Procedimientos Civiles local17, que prevén la distribución de las cargas probatorias de las partes, siendo que el actor y el demandado deben demostrar los hechos constitutivos de sus pretensiones, salvo que éstas se basen en cuestiones de carácter negativo, empero, dicha regla no resulta aplicable en algunos casos, a saber: - Cuando la negativa expresa envuelva la afirmación de un hecho, - Cuando se desconozca la presunción legal que tenga en su favor el colitigante, - Se desconozca la capacidad; o, - La negativa fuere elemento constitutivo de la acción. 17 "ARTICULO 281 Las partes asumirán la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones. ARTICULO 282 El que niega sólo será obligado a probar: I.- Cuando la negación envuelva la afirmación expresa un hecho; II.- Cuando se desconozca la presunción legal que tenga en su favor el colitigante; III.- Cuando se desconozca la capacidad; IV.- Cuando la negativa fuere elemento constitutivo de la acción". Luego, en el supuesto de que en la vía incidental se pretenda la mencionada cancelación -como ocurre en el presente caso-, primero corresponde al deudor acreditar que han cambiado las circunstancias que originaron tal medida, con base en las cuales plantea la negativa del derecho del acreedor, como es la afirmación de que éste ha adquirido la mayoría de edad y se encuentra desfasado en sus estudios. Y, en el supuesto de que se demuestren ambas circunstancias, entonces, el acreedor estará obligado a justificar que las circunstancias alegadas por el deudor para la cesación de los alimentos son insuficientes para conceder tal extremo. Se invoca en apoyo de lo anterior la tesis aislada de rubro y texto siguientes: "INCIDENTE DE REDUCCIÓN O CANCELACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA. CARGAS PROCESALES DE LAS PARTES. Los artículos 281 y 282 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, establecen las reglas para la distribución de las cargas probatorias en los juicios del orden civil. Así, todo el que afirma está obligado a probar, de forma tal que cada una de las partes deba probar los hechos constitutivos de sus pretensiones, salvo que éstas se basen en hechos de carácter negativo. Regla que no resulta aplicable: a) cuando la negativa expresa envuelva la afirmación de un hecho; b) cuando se desconozca la presunción legal que tenga en su favor el colitigante; c) cuando se desconozca la capacidad; o, d) cuando la negativa fuere elemento constitutivo de la acción. Entonces, si la acción intentada en la incidencia natural se hizo consistir en la reducción o cancelación de la pensión alimenticia, para cuya procedencia el segundo de los elementos de la acción, de acuerdo a lo establecido en el artículo 94 de la codificación en comento, lo constituye el que hubieran cambiado las circunstancias que dieron origen a la pensión alimenticia; en un primer momento corresponde al deudor alimentista acreditar las circunstancias con base en las cuales sustenta la negativa del derecho de su contraparte, por ser ésta la afirmación de que su acreedora tiene, en su caso, bienes, profesión, comercio o trabajo para su subsistencia. En un segundo momento, es decir, una vez acreditado lo anterior, corresponderá a la acreedora alimentista la carga de la prueba de acreditar que las circunstancias referidas por el deudor para la cancelación o disminución de la pensión son insuficientes para la procedencia del mismo, pero se reitera, esto será sí y sólo sí el deudor alimentista demuestra las circunstancias en las que basa su petición, pues sería absurdo obligar a su contraparte a demostrar la insuficiencia de las circunstancias aducidas por el actor para la cancelación o disminución de la pensión, ya que al otorgar validez al simple dicho de este último se correría el riesgo de dejar en estado de indefensión a la acreedora alimentista quien tendría que demostrar la insuficiencia de hechos que pudieran resultar falsos".18 Es por ello que, como se anunció, este juzgador comparte la determinación del Magistrado responsable en cuanto concluyó que era incorrecta la determinación del juez primigenio de cancelar la pensión alimenticia a favor de Arturo Abraham Romero Macías. Pues, como ya fue relatado, de acuerdo al oficio remitido por el Instituto Politécnico Nacional el acreedor alimentario se encuentra inscrito en el octavo semestre, por tanto, está dentro del promedio de edad para cursar el grado en el que se encuentra. Aunado a que de la boleta global de calificaciones que obra en el expediente, se desprende que se encuentran acreditadas la mayoría de sus materias, excepto una, así como que tiene un promedio de siete punto treinta y uno; luego, el hecho de que tenga una materia reprobada, no es suficiente para considerar que no se encuentra aplicado al estudio, por lo que subsiste la presunción de que necesita alimentos; en tanto que el deudor alimentario Mario Fernando Romero Villareal, no aportó ningún medio de prueba que justificara que Arturo Abraham Romero Macías -hijo mayor de edad que se encuentra estudiando un grado escolar adecuado-, no necesita que se le proporcionen alimentos, ya sea porque tiene bienes propios o porque 18 Registro digital: 160682, Aislada, Materias(s): Civil, Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: Libro II, Noviembre de 2011 Tomo 1, Tesis: I.3o.C.998 C (9a.), Página: 629. desempeña algún trabajo o alguna profesión, oficio o comercio; no obstante que le correspondía dicha carga. En las relatadas condiciones, ante lo jurídicamente ineficaz de los argumentos propuestos por el quejoso, lo que en la especie procede es negar el amparo solicitado. X. DECISIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO 166/2020 Y SU ACUMULADO 376/2020 Ante el escenario expuesto, al resultar jurídicamente ineficaces los conceptos de violación, procede negar el amparo y la protección de la Justicia Federal. Negativa que se hace extensiva al Juez Décimo Tercero de lo Familiar de la Ciudad de México, toda vez que no le reclamaron actos por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de los actos atribuidos a la autoridad señalada como ordenadora; respecto de la cual procede negar la protección constitucional solicitada. XI. CASO URGENTE. En virtud de que en el presente asunto el acto reclamado consiste en la resolución de cuatro de febrero de dos mil veinte, dictada por la Quinta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el toca 1854/2019-2, a través de la cual, se modificó la sentencia interlocutoria de trece de agosto de dos mil diecinueve, emitida por el Juez Décimo Tercero de lo Familiar de la Ciudad de México en el incidente de cancelación de pensión alimenticia; es inconcuso que el acto reclamado se relaciona con una determinación sobre pensiones alimenticias corrientes en términos del inciso b) de la fracción V del artículo 4 del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus COVID-19, en relación con la circular SECNO/29/2020, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, mediante la cual se regresa al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo inicialmente mencionado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 11, fracción I, segundo párrafo, del Acuerdo General 13/2020, la presente resolución deberá notificarse a las autoridades responsables en la fecha en que se encuentren de guardia de conformidad con el Acuerdo 19-23/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, así como a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para lo cual la diligencia respectiva deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Por lo expuesto, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Arturo Abraham Romero Macías, contra actos de la Quinta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia y Juez Décimo Tercero de lo Familiar, ambos de la Ciudad de México, por las razones expuestas en el apartado de este fallo denominado "VII. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE LOS JUICIOS DE AMPARO". SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Mario Iván y Erik Alán, ambos de apellidos Romero Macías, contra los actos que reclamaron de la Quinta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia y Juez Décimo Tercero de lo Familiar, ambos de la Ciudad de México, por los motivos expuestos en el apartado de esta sentencia denominado "VIII. ESTUDIO DE FONDO EN EL JUICIO DE AMPARO 166/2020". TERCERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Mario Fernando Romero Villareal, contra los actos que reclamó de la Quinta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia y Juez Décimo Tercero de lo Familiar, ambos de la Ciudad de México, por las razones expuestas en el apartado de este fallo denominado "IX. ESTUDIO DE FONDO EN EL JUICIO DE AMPARO 376/2020". CUARTO. Con fundamento en el artículo 11, fracción I, segundo párrafo, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con la circular SECNO/29/2020, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, mediante el cual se regresa al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo inicialmente mencionado; la presente resolución deberá notificarse personalmente a los quejosos y terceros interesados, a las autoridades responsables en la fecha en que se encuentren de guardia de conformidad con el Acuerdo 19-23/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, así como a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para lo cual la diligencia respectiva deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.

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