Mario Fernando Ayala Fernández

Expediente 1357/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 14 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1357/2017
Año
2017
Actuaciones
14
Última actuación
07/05/2019

Partes del expediente

  • Mario Fernando Ayala Fernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Inconformidad. Visto lo de cuenta, se tiene que ya transcurrió el término legal previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la resolución en la que se dilucidó en torno al cumplimiento del fallo protector, por lo cual lo conducente en el caso es declarar que ha quedado consentida para todos los efectos legales. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes o todos los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Depuración o destrucción. Por carecer de relevancia documental, este expediente es susceptible de depuración, salvo la demanda y el fallo relativo, mismos que deberán conservarse en términos del numeral vigésimo primero del Acuerdo General 1/2009, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por el Consejo de la Judicatura Federal. Incidente. No se solicitó. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Archivo. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  2. Principal

    Se notifica por lista al quejoso Estado de autos. Visto el estado de autos, del cual se advierte que transcurrió el plazo de tres días, concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por el Administrador Local de Recaudación de esta ciudad, sin que lo hicieran; por tanto, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en autos. Efectos de la sentencia. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo en comento fueron los siguientes: "SÉPTIMO. Efectos de la concesión de amparo. En términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la protección constitucional es para que el Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: 1. Desincorpore de la esfera jurídica del quejoso, los artículos 79, fracción II y 79-A, ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 2. En relación a los actos de aplicación de los ordinales 79, fracción II y 79-A, ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, contenidos en el recibo con número de folio E.C. 758823749, se devuelvan al quejoso las cantidades realmente erogadas por haber sido beneficiario de subsidio, a las cuales se deberá restar la cantidad fija mínima a pagar por el concepto de inscripción de documento en el Registro Público de la Propiedad, es decir, la cantidad de $1,648.00 (mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional); y, se le reintegre el excedente. 3. Igualmente, se pongan a disposición de la parte quejosa las cantidades erogadas, respecto a lo que cubrió por los conceptos de: "fomento a la educación y a la seguridad" e "impuesto adicional", dado que dichos cobros fueron determinados como consecuencia directa e inmediata de la aplicación de los mencionados numerales 79, fracción II y 79-A, ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, normas que, como ya se dijo, son contrarias al artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin que deba devolverse el importe que aparece en los citados recibos como "CEPROFI" (certificado de promoción fiscal), ya que no fue pagado por el quejoso por tratarse de estímulos fiscales, en términos del numeral 38, fracción III, del Código Fiscal para el Estado de Coahuila". Impugnación. Inconformes con la sentencia, las autoridades responsables Gobernador y Congreso del Estado de Coahuila, ambos con residencia en Saltillo, interpusieron recurso de revisión del que correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, la cual resolvió: "PRIMERO. Queda firme el SOBRESEIMIENTO decretado en el juicio de amparo, por los motivos precisados en el considerando correspondiente de la sentencia recurrida, por falta de impugnación. SEGUNDO. En la materia de la revisión, SE CONFIRMA la sentencia de once de diciembre de dos mil diecisiete, dictada por la Juez Primero de Distrito en la Laguna, con sede en esta ciudad, en el juicio de amparo 1357/2017-VI. TERCERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA y PROTEGE a Mario Fernando Ayala Fernández, respecto de los actos atribuidos al Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, para los efectos señalados en la sentencia que se revisa". Tan pronto fue recibida la citada ejecutoria, el veintinueve de enero de dos mil diecinueve, se requirió el cumplimiento respectivo. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. De lo anterior se desprende, que a fin de determinar si en el presente caso la autoridad responsable cumplió o no con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hayan sido correctamente cumplidas, pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Análisis de las constancias. En tal virtud, este juzgado estima que en el caso se cumplieron los anteriores efectos de la ejecutoria de amparo, ya que de las constancias remitidas por la autoridad responsable las cuales gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, aparece que dicha autoridad recaudadora realizó la devolución del pago erogado mediante el recibo oficial con número de folio E.C. 758823749, por la cantidad de $10,317.00 (diez mil trescientos diecisiete pesos 00/100 moneda nacional), mediante cheque número 14076, de la institución bancaria denominada Banorte, por la cantidad antes referida y desincorporó de la esfera de la parte quejosa los artículos objeto de la protección constitucional. Vista con cumplimiento. Con dicha constancia remitida, por proveído de catorce de marzo del año en curso, se dio vista a las partes. Desahogo de la vista. Sin que las partes hubieren hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Así pues, del examen de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que la autoridad responsable informó que en cumplimiento al fallo protector, desincorporó de la esfera de la parte quejosa los artículos objeto de la protección constitucional y realizó la devolución del pago erogado mediante el recibo oficial con número de folio E.C. 758823749, por la cantidad de $10,317.00 (diez mil trescientos diecisiete pesos 00/100 moneda nacional), informando que el referido título fue recibido de conformidad por el quejoso el veinticinco de febrero del año en curso, en las oficinas de esa dependencia. Vista a las partes. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, por lo cual, dese vista a las partes por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Apercibimiento. Con el apercibimiento que, de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Aviso cambio de titular. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 146 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en términos del oficio SEADS/235/2019, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en la Ciudad de México, se hace del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de marzo de dos mil diecinueve, funge como titular de este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO:Por recibido el oficio de cuenta signado por la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento que ha dado a la ejecutoria de amparo. Al efecto, con el oficio precisado, dése vista a la parte quejosa por el término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su interés convenga; apercibido que en caso de no hacerlo con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, proveerá lo correspondiente en torno al cumplimiento de la sentencia constitucional, atendiendo al contenido de las constancias de autos y al oficio de cumplimiento a que se refiere el presente proveído. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    Por recibido el oficio de cuenta signado por la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento que ha dado a la ejecutoria de amparo, haciendo entrega al quejoso del cheque expedido a su favor. Por otra parte, de autos se obtiene que la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación de la ciudad de Torreón, no ha remitido las constancias de las que se advierta que desincorporó de la esfera jurídica del quejoso... en lo presente y en lo futuro, el artículo 79, fracción II y 79-A, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza; en esas condiciones, requiérase nuevamente a la citada autoridad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación de esté proveído, comunique a esta potestad federal el cabal cumplimiento de la ejecutoria de amparo; bajo el apercibimiento, que de no hacerlo así dentro del tiempo señalado, se le hará efectivo el apercibimiento decretado en autos. En el entendido de que si retrasa el cumplimiento por medio de evasivas o realiza comportamientos inocuos o que no trasciendan al núcleo de las obligaciones impuestas, se considerará incumplimiento con fundamento en el artículo 193 de Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE; MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.

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