Mario Fernández Marín
Expediente 628/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 628/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Mario Fernández Marín
Actuaciones
- Principal
De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término para interponer recurso de queja contra el acuerdo en el cual se desechó la demanda de amparo, sin que el promovente lo haya hecho valer; por tal motivo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído CAUSÓ ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que este asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
Mario Fernández Marín promueve juicio de amparo contra actos del Juez Primero de Primera Instancia, con residencia en Jalacingo, Veracruz y otra autoridad; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 628/2017 que le corresponde. CAUSA DE IMPROCEDENCIA De la lectura íntegra del escrito de demanda, se advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, como se explica: HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 113 de la Ley de Amparo, otorga facultad al órgano jurisdiccional de amparo para que, previo análisis de la demanda, de advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueve esa instancia constitucional dentro de los términos establecidos para ello. Por otra parte, el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, prevé que el término genérico para la promoción de la demanda de amparo es de quince días, salvo los supuestos previstos en dicho artículo. En ese sentido, la fracción IV del citado artículo 17 contempla como caso de excepción que se puede promover el juicio de amparo en cualquier tiempo contra actos que afecten la libertad personal fuera de procedimiento. Una interpretación en sentido contrario de esta última disposición legal permite establecer que cuando se trate de actos que afecten la libertad personal dictados dentro del procedimiento penal, el término para promover amparo es de quince días debido a que dicho supuesto no corresponde con el de excepción previsto en el artículo y fracción mencionados; aunado a que las disposiciones legales que regulan casos de excepción son de aplicación estricta. Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis 371/2013 y emitió el criterio obligatorio en el sentido de que, respecto de juicios substanciados en términos de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, solamente procederá el amparo en cualquier tiempo, contra actos dictados dentro del procedimiento penal que afecten la libertad personal, como el auto de formal prisión, cuando el acto restrictivo de la libertad de que se trate haya sido dictado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Amparo más reciente, esto es, antes del tres de abril de dos mil trece, pues las disposiciones de transición de la nueva Ley de Amparo, esto es, los artículos transitorios tercero y quinto del decreto relativo, no establecieron ese supuesto. Es aplicable la tesis siguiente: Localización: Época: Décima Época Registro: 2006652 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 7, Junio de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P. /J. 45/2014 (10a.) Página: 5 ACTOS PRIVATIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. LOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA Y QUE AL ENTRAR EN VIGOR LA NUEVA LEY AÚN NO HABÍAN SIDO COMBATIDOS, SON IMPUGNABLES EN CUALQUIER TIEMPO. El artículo Tercero Transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece establece que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a su entrada en vigor continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio -excepto por lo que se refiere al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo-, mientras que su artículo Quinto Transitorio señala que los actos a que se refiere la fracción III del artículo 17 de la propia Ley de Amparo, esto es, los actos en materia agraria que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la entrada en vigor de ésta podrán impugnarse dentro de los siete años siguientes y, por cuanto hace a los actos que, estando sujetos a un plazo para su impugnación, éste aún no hubiese vencido, les serán aplicables los plazos previstos en la ley reglamentaria vigente. Lo anterior evidencia que la nueva Ley de Amparo no contiene previsión alguna sobre el plazo que rige la impugnación de los actos privativos de la libertad personal dictados dentro de un procedimiento judicial durante la vigencia de la ley abrogada, pues si ésta no establecía plazo alguno para su impugnación, es claro que a la fecha en que aquélla entró en vigor no estaba corriendo plazo alguno, ni había vencido éste. Por ello, en función de tutelar los derechos fundamentales de seguridad jurídica y acceso efectivo a la justicia que consagran los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tomando en cuenta la inexistencia absoluta de norma transitoria e, incluso, de diversa norma en vigor, expresamente aplicable para la definición del plazo correspondiente, es necesario proveer de contenido integrador al precitado artículo Quinto Transitorio para establecer que los actos en comento -como lo es el auto de formal prisión- pueden ser impugnados a través del juicio de amparo en cualquier tiempo, lo que además es acorde al principio constitucional de interpretación más favorable a la persona que se consagra en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional, pues debe tenerse en cuenta que si el régimen transitorio de toda ley tiene, entre otras, la función de regular las situaciones jurídicas acaecidas durante la vigencia de una ley abrogada que trascienden a la nueva normatividad, a fin de no generar un estado de inseguridad jurídica, es claro entonces que la disposición transitoria respectiva debe complementarse en lo no previsto y, para ello, debe considerarse la misma previsión que regía al momento de darse el supuesto jurídico de que se trate. De igual manera el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el establecimiento del plazo para la promoción del amparo al que se ha hecho referencia busca equilibrar los derechos humanos del inculpado frente a los de la víctima u ofendido por el delito, sin generar al afectado por una resolución que implique la privación de la libertad personal dentro de un procedimiento, un obstáculo desproporcionado que le impida ejercer su derecho de acceso efectivo a la justicia para tutelar el diverso de libertad deambulatoria; por lo que el establecimiento de un término en la actual Ley de Amparo, a diferencia de la abrogada, conforme con la cual podía promoverse la instancia constitucional de amparo en cualquier tiempo contra actos restrictivos de libertad dictados dentro del procedimiento judicial, no constituye una medida legislativa regresiva. Es aplicable al caso la tesis siguiente: Localización: Época: Décima Época Registro: 2006591 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 7, Junio de 2014, Tomo I Materia(s): Constitucional Tesis: P. /J. 42/2014 (10a.) Página: 43 PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. LA APLICACIÓN DEL PLAZO DE OCHO AÑOS PARA IMPUGNAR EN AMPARO DIRECTO SENTENCIAS CONDENATORIAS QUE IMPONEN PENA DE PRISIÓN, DICTADAS ANTES DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE NO VULNERA AQUÉL, TOMANDO EN CUENTA EL PRINCIPIO DE INTERDEPENDENCIA, ESPECÍFICAMENTE LA QUE SE DA ENTRE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS SENTENCIADOS Y DE LAS VÍCTIMAS U OFENDIDOS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). La regulación del plazo para acudir al juicio de amparo en contra de sentencias condenatorias que impongan pena de prisión, dictadas con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, se rige por el principio de progresividad dado que para el ejercicio del derecho humano de acceso efectivo a la justicia reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos resulta determinante contar con un plazo que de manera razonable permita ejercer la principal garantía para la protección de los derechos humanos. A pesar de lo anterior, en virtud de que los derechos humanos no son absolutos, atendiendo al principio de interdependencia entre las diversas prerrogativas fundamentales -la que además de suscitarse entre las que asisten a un individuo se actualiza entre distintas personas en razón de la interrelación existente entre sus derechos humanos- para determinar si una norma general que conlleva una disminución al grado de tutela de alguno de ellos respeta el principio de progresividad en su vertiente de no regresividad, resulta necesario tomar en cuenta si ello tiene como finalidad esencial incrementar el grado de tutela de un derecho humano del que son titulares personas diversas. En ese sentido, cuando se presenta una relación de interdependencia entre el derecho de acceso efectivo a la justicia del sentenciado y los derechos a la reparación del daño, a la verdad y a la justicia de la o las víctimas de la conducta delictiva materia del respectivo juzgamiento penal, ante una limitación de aquella prerrogativa que provoca una disminución de su grado de tutela, para determinar si la regulación respectiva respeta el principio de progresividad, es necesario analizar si ésta genera un equilibrio razonable entre los derechos fundamentales en juego, sin afectar de manera desmedida la eficacia de alguno de ellos, pues de lo contrario se tratará de una legislación regresiva. Por tanto, tomando en cuenta que el establecimiento del plazo materia de análisis busca equilibrar los derechos humanos del sentenciado y los de las víctimas, sin generar al afectado por una sentencia condenatoria un obstáculo desproporcionado que le impida ejercer su derecho de acceso efectivo a la justicia para tutelar el diverso a la libertad deambulatoria, la previsión del plazo de ocho años, computado a partir del tres de abril de dos mil trece, para impugnar en amparo directo una sentencia condenatoria que impone pena de prisión no implica una medida legislativa de carácter regresivo y, por ende, es acorde al principio de progresividad. Por otra parte, se destaca que el artículo 18 de la Ley de Amparo prevé que los plazos previstos en el artículo 17 de dicha ley se computarán a partir del día siguiente al en que surta efectos, conforme con la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución; dichas hipótesis resultan excluyentes entre sí y carecen de prelación, por lo que la actualización de una hipótesis impide que opere alguna otra y no es necesario que se siga el orden en que fueron previstas por el legislador en el artículo 18 de la Ley de Amparo, al analizar su actualización. HECHOS Del análisis íntegro del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: El auto de formal prisión de siete de agosto de dos mil trece, dictado por el Juzgado Primero de Primera Instancia con sede en Jalacingo, Veracruz, en los autos de la causa penal 94/2012, en contra del quejoso como probable responsable del delito de violación agravado, así como, el cumplimiento del auto de formal prisión de fecha siete de agosto de dos mil trece. Asimismo el quejoso manifiesta en el apartado de antecedentes respectivo que a la fecha no ha interpuesto ningún recurso en contra del acto reclamado; sin embargo, resulta un hecho notorio para este juzgado de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que el seis de mayo de dos mil catorce, el aquí quejoso presentó una demanda de amparo en contra del auto de formal prisión de siete de agosto de dos mil trece dictado en la causa penal 94/2012 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia, con sede en Jalacingo, Veracruz, con la que se radicó el juicio de amparo 622/2014 del índice de este Juzgado de Distrito (juicio del que se ordena anexar las copias certificadas necesarias al juicio en el que se actúa). En ese sentido, si bien el quejoso no especifica en qué fecha tuvo conocimiento del acto que reclama, de lo narrado en el párrafo anterior se deduce que al menos tuvo conocimiento del acto reclamado desde el seis de mayo de dos mil catorce en que intentó promover juicio de amparo contra dicho acto por primera vez. CONCLUSIÓN De lo anterior, se concluye respetuosamente que la presentación de la demanda es extemporánea, al haber tenido lugar con posterioridad a los quince días al en que se hizo conocedora la parte quejosa respecto de la resolución de siete de agosto de dos mil trece, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia con sede en Jalacingo, Veracruz, en los autos de la causa penal 94/2012, pues debió presentarse ante el Juez de Distrito en turno en tiempo; por tanto, se entiende que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente por el promovente. Lo anterior, debido a que en este asunto rige la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; aunado a que, de acuerdo con la naturaleza de la resolución reclamada, que la parte quejosa combate por vicios propios, constituye un acto privativo de libertad dictado dentro del procedimiento judicial, la cual fue pronunciada con posterioridad al tres de abril de dos mil trece; por lo que no se actualiza la hipótesis de excepción prevista en el artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, ni se trata del supuesto definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 45/2014, publicada en el mes de junio de dos mil catorce, de la décima época, con número de registro 2006652, relacionado con actos privativos de libertad dentro del procedimiento penal, anteriores al momento en que entró en vigor la Ley de Amparo más reciente. En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS La parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado de distrito; por tanto, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones que emanen de este asunto, incluso las de carácter personal, efectúenseles por lista de acuerdos. De igual forma, se tiene como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones en términos de la última parte del artículo 12, de la Ley de Amparo, a Antonio Ortíz Hernández, por no tener su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la parte quejosa que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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