Mario Eugenio Muñoz Corona
Expediente 726/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 13 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 726/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 10/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Mario Eugenio Muñoz Corona
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Acapulco, Guerrero; diez de octubre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracciones II y IV, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; al igual que el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda de amparo, sentencia y resolución en la cual se concedió la suspensión definitiva; por lo que, se ordena glosar a estos autos el citado cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir de este auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo antepuesto, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la carátula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Finalmente, tomando en consideración que al presente asunto el Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, con motivo de su informe justificado remitió copias certificadas de la causa penal 63/2013-II, que constituye el tomo de prueba I, devuélvanse a la referida autoridad, dado que resultan innecesarias su permanencia en este órgano jurisdiccional. Notifíquese.
- Principal
AVISO. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA AUTORIZADA EL TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS, MISMA QUE DICE... A Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo número 726/2016. R E S U L T A N D O: PRIMERO.- Por escrito presentado el doce de julio de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido el trece siguiente por razón de turno, a este Juzgado Octavo, Mario Eugenio Muñoz Corona, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE Ordenadora Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad. Ejecutoras Coordinador Regional de la Policía Ministerial de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Guerrero. Comandante o Coordinador de Grupo de la Policía Investigadora Ministerial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero, adscrito a la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común denominada del Sector Zapata. (Se tuvo por inexistente en auto de dieciocho de julio de dos mil dieciséis) ACTO RECLAMADO: "De las autoridades responsables ordenadoras reclamo, la orden de aprehensión, reaprehensión o comparecencia girada en mi contra, y ante el temor de dichos actos, no estén debidamente fundados y motivados, como lo consagra el numeral 16 de nuestra carta magna, solicito el amparo y protección de la Justicia de la Unión, ya que tengo el temor que con el proceder de las autoridades responsables se cometan en mi contra actos estatuidos en el numeral 22 de nuestra Carta Magna. De las autoridades responsables ejecutoras, reclamo el cumplimiento y ejecución de dichos actos reclamados señalados en líneas que preceden". SEGUNDO.- Mediante proveído de catorce de julio de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de amparo radicada con el número de expediente 726/2016, se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe justificado; se ordenó emplazar a la parte tercera interesada; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y al Fiscal de la adscripción del juzgado responsable la intervención legal correspondiente, en su oportunidad se ordenó notificar de lo anterior a la parte tercera interesada, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual después de diferirse en una ocasión, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO.- Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama un acto emitido dentro de un juicio del orden penal que se tramita ante una autoridad judicial con residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional, que tiene sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste: a).- La orden de aprehensión; y, c).- La orden de reaprehensión emitida por el Juzgado responsable, en contra del quejoso, dentro de la causa penal 63/2013-II. TERCERO.- SON CIERTOS el acto reclamado a la autoridad responsable pues al rendir su informe con justificación el Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, así lo reconoció expresamente; manifestación que constituye una confesión de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2; y que se corrobora con las copias certificadas derivadas de la causa penal número 63/2013-II, que acompañó a su informe justificado, las cuales adquieren pleno valor probatorio, de conformidad con lo señalado en los preceptos 129, 197 y 202 de la legislación en cita. CUARTO.- Las partes legitimadas en el presente juicio de garantías no alegan causas de improcedencia; sin embargo este Juzgador advierte que se actualiza el cambio de situación jurídica respecto del primer acto reclamado, consistente en la orden de aprehensión. En efecto, se estima se actualiza la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. [.]." Conforme con la transcripción que antecede, cuando se reclaman actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, pero en dicho procedimiento se suscita un cambio de situación jurídica que impida resolver en el presente asunto, las violaciones reprochadas quedan irreparablemente consumadas, puesto que no podría decidirse en este procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En el caso, el acto reclamado consiste en la orden de aprehensión atribuida al Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, contra del promovente del amparo, dentro de la causa penal número 63/2013-II, y de acuerdo con la copia certificada remitida por el juez responsable, cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2 de esta última legislación, dicha orden de aprehensión, efectivamente, fue librada en su contra el dieciséis de mayo de dos mil trece, por el delito de violencia familiar y lesiones, en agravio de Marisol Villegas Castillo, y el veintinueve de mayo dicha anualidad, le decretó auto de formal prisión, lo que define su situación jurídica. Lo anterior conduce a estimar que, conforme con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, han quedado irreparablemente consumadas las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión reclamada. Ahora, el cambio de situación jurídica en comento constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que a la postre conduce a sobreseer en el juicio, en virtud de que la sola emisión del auto de formal prisión implica que la libertad del quejoso se circunscribe ahora a un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional de la orden de aprehensión tildada de inconstitucional sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento, de modo que las violaciones cometidas en la primera deben considerarse consumadas de modo irreparable, y precisamente por tal motivo, se surte una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que da lugar al sobreseimiento. Bajo ese contexto, lo procedente es sobreseer el presente asunto, con apoyo en el numeral 61, fracción XVII, en relación con el arábigo 63, fracción V, de la ley de la materia, respecto de la orden de aprehensión y su ejecución reclamados por Mario Eugenio Muñoz Corona, al Juez Octavo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, así como al Coordinador Regional de la Policía Ministerial del Estado. Por cuando hace a la orden de reaprehensión el juicio de constitucional es procedente y por tanto procede el análisis de fondo. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los que se tienen por reproducidos en obvio de repetición innecesaria, ya que dicha circunstancia no lo deja en estado de indefensión, habida cuenta que con ello no se hace nugatoria la posibilidad de recurrir esta sentencia y alegar lo que estimen pertinente. Apoya esta consideración la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, del tomo XXXI, mayo de 2010, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Al respecto, se puede sostener válidamente que en contraposición a lo que argumenta el solicitante del amparo en vía de conceptos de violación, en el caso, la orden de reaprehensión impugnada no resulta violatoria de las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, como se expone a continuación. Se estima que el acto reclamado no viola las garantías individuales contenidas en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en el auto de nueve de febrero de dos mil dieciséis, el Juez responsable aplicó artículos vigentes a la fecha de su emisión, los cuales citó con precisión para fundar la orden de reaprehensión, como son los artículos 152, fracción II, del Código de Procedimientos Penales, además expresa las razones mediatas y circunstancias particulares que lo llevaron a decretar el acto reclamado como lo fue la conducta del quejoso al no haber acudido ante el órgano jurisdiccional a dar cumplimiento a sus obligaciones procesales. Además, la orden reclamada no constituye un acto privativo, sino de molestia, ya que los actos de privación son aquellos que producen disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, mientras que los de molestia, constituyen una afectación temporal a la esfera jurídica de aquél y, por ende, no producen una pérdida definitiva de un derecho, sino que sólo lo restringen de manera provisional o preventiva, de manera tal que constituye un medio para la consecución de una finalidad específica, por lo que en el presente caso, la orden de reaprehensión solamente tiende hacer efectiva la obligación procesal adquirida por el quejoso cuando obtuvo la libertad caucional ante el juez de origen. En efecto, de las constancias que integran la causa penal de la que deriva el acto reclamado, se advierte que: a).- El diecisiete de enero de dos mil trece, se inició averiguación previa en contra de Mario Eugenio Muñoz Corona, por los delitos de lesiones y violencia familiar (doloso), ante la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, del Distrito Judicial de Tabares, registrada con el número TAB/AEDS/02/0057/2013. b).- Mediante pedimento número 073/2013, el Agente del Ministerio Público antes mencionado presentó pliego de consignación sin detenido, en el que solicitó orden de aprehensión en contra del aquí quejoso, del que correspondió conocer por razón de turno al Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares. c).- Mediante resolución de dieciséis de mayo de dos mil trece, el Juez responsable libró orden de aprehensión en contra de Mario Eugenio Muñoz Corona, por los delitos de violencia familiar y lesiones en agravio de Marisol Villegas Castillo. d).- El veinticuatro de mayo de dos mil trece, fue puesto a disposición el inculpado, quedando interno en el Centro Regional de Reinserción Social de esta Ciudad. e).- En esa misma fecha, el inculpado, asistido de su defensor de oficio José Ubaldo Alemán Almazan, rindió declaración preparatoria, solicitando la ampliación de término constitucional y se le fijara caución. e).- En respuesta a la petición del defensor del indiciado, el Juez del conocimiento, determinó que toda vez que el delito que se le imputa al indiciado no es catalogado como grave por el artículo 70 del Código de Procedimientos Penales, se le concedió la libertad provisional bajo caución, y para que la misma surtiera efectos, señaló las cantidades que debía exhibir. f) En comparecencia de veinticuatro de mayo de dos mil trece, el inculpado Mario Eugenio Muñoz Corona y su defensor, exhibieron la cantidad de $7,295.20 (siete mil doscientos noventa y cinco pesos 20/100 moneda nacional), en efectivo, a efecto de gozar su libertad provisional bajo caución. En dicha diligencia, el Juez responsable tuvo por exhibida la ficha de depósito número 3571697, por la cantidad de $7,295.20 (siete mil doscientos noventa y cinco pesos 20/100 moneda nacional), de la institución bancaria Santander, S.A., para garantizar la libertad provisional del inculpado, por lo que ordenó su libertad, haciéndole saber las obligaciones que le impone el artículo 150 del Código de Procedimientos Penales, y que debería presentarse el día viernes de cada semana a firmar el libro de control de procesados bajo caución que se lleva en ese Juzgado, apercibiéndole que en caso de no cumplir con dichas obligaciones, se le revocaría su libertad y se ordenaría su reaprehensión, y la cantidad exhibida para garantizar las obligaciones procesales, se haría efectiva a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado. g).- El veintinueve de mayo de dos mil trece, se dictó auto de formal prisión en contra del indiciado, declarando procedente la vía sumaria. h) Continuado el procedimiento, por auto de seis de noviembre de dos mil catorce, se libró orden de reaprehensión, en tanto que el indiciado incumplió con sus presentaciones semanales ante el órgano jurisdiccional a fin de firmar el libro de control de procesados que gozan de la libertad provisional bajo caución. i).- Mediante comparecencia de once de noviembre de dos mil catorce, Mario Eugenio Muñoz Corona, compareció ante el Juzgado del conocimiento a ponerse a disposición del mismo para la continuación del procedimiento, dictándose su detención legal; sin embargo, para que continuara gozando de su libertad provisional bajo caución, se le fijó la cantidad de cinco mil pesos en efectivo, y en esa misma diligencia exhibió la ficha de depósito por la citada cantidad, por lo que se ordenó su libertad provisional bajo caución. Asimismo, se le hizo saber las obligaciones impuestas por el artículo 150 del Código de Procedimientos Penales, y que debía presentarse el día viernes de cada semana a firmar el libro de control de procesados bajo caución, con el apercibimiento de que de no cumplir con dichas obligaciones se le revocaría su libertad, se ordenaría su reaprehensión y la cantidad exhibida por concepto de garantía procesal, se haría efectiva a favor del fondo Auxiliar para la Administración de la Justicia. Luego, el nueve de febrero de dos mil dieciséis, el Segundo Secretario de Acuerdos del Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, certificó que el quejoso Mario Eugenio Muñoz Corona, desde el doce de junio de dos mil quince, dejó de firmar el libro de control de firmas de procesados que se encuentran gozando del beneficio de la libertad bajo fianza. Lo que de ninguna manera implica la pérdida o restricción de libertad de manera definitiva, de ahí que el acto reclamado tenga el carácter de conducto para hacer cumplir una determinación provisional. Sin perjuicio de lo antes considerado, se tiene que el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, precisamente serán observadas cuando el quejoso se presente ante el juez de la causa en donde tendrá oportunidad de nombrar defensor, presentar pruebas de descargo en relación a los hechos atribuidos por el representante social y alegar lo que estime pertinente, debiéndose resolver lo correspondiente cuando se sujete nuevamente al procedimiento; de ahí que el proceder del juez responsable lejos de violentar garantías en perjuicio del quejoso, protege el derecho de defensa en la medida de que será ante el propio órgano jurisdiccional que el quejoso podrá ejercer su derecho de defensa; por tanto, el acto reclamado no contiene violaciones formales que norman el inicio del proceso penal previstas en los artículos 14 y menos aún las previstas en el diverso 22; en virtud de que el acto reclamado no se ubica en ninguno de los supuestos que prevé dicho precepto Constitucional. Asimismo, la orden de reaprehensión reclamada tampoco es violatoria de las garantías individuales contenidas en el artículo 16 Constitucional, ya que del contenido del auto de nueve de febrero de dos mil dieciséis, se aprecia que goza de la debida fundamentación y motivación que una resolución de esa naturaleza debe de contener, pues el juez responsable, expuso los razonamientos lógico-jurídicos por los cuales consideraba procedente librar en contra del aquí quejoso, la orden de reaprehensión, ya que para tal efecto indicó que ello obedecía a que no había cumplido con las obligaciones contraídas (en el caso, haber dejado de firmar el libro de control de procesados bajo fianza), de ahí que fue legal librar orden de reaprehensión conforme a lo establecido en los artículos 152, fracción II y 153 del Código de Procedimientos Penales. Es por ello que el acto de molestia reclamado, está debidamente fundado y motivado, al estar expresadas las causas inmediatas por las cuales la jueza responsable estimó procedente la reaprehensión del sentenciado, adecuando su actuación exactamente a las porciones normativas de referencia; de ahí que no exista infracción a las garantías individuales contenidas en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE.- Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. De igual forma, se advierte que la libertad personal del impetrante se encuentra sujeta a disposición del juez natural; y en esa tesitura, al no encontrarse vigente alguna medida cautelar a favor del quejoso, al no haber cumplido con la totalidad de las obligaciones que se le impusieron como lo fue el haber dejado de firmar el libro de control de procesados bajo fianza; es evidente que su conducta contumaz trajo como consecuencia la emisión de la orden de reaprehensión que reclama con miras a levantar la suspensión del procedimiento, pues se ubicó en el supuesto a que se refieren los artículos 152, fracción II y 153 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, que establecen: "Artículo 152. Se revocará la libertad en los siguientes casos: (.) II. Incumpla el inculpado injustificadamente, las obligaciones inherentes a la libertad acordada o las órdenes legítimas del tribunal. Artículo 153. Se mandará a aprehender o reaprehender al inculpado en los supuestos de revocación de libertad previstos en el artículo anterior, salvo cuando el inculpado se presente voluntariamente o se constituya nueva garantía, en el caso de la fracción V, y cuando se apliquen los beneficios mencionados en la última parte de la fracción VII. El tribunal mandará hacer efectiva la garantía en los supuestos de las fracciones I, II y IV del artículo anterior, a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, en los términos del artículo 24 de la Ley Orgánica de dicha institución. En los demás casos, el tribunal dispondrá la cancelación de la garantía así como cuando se dicte sentencia absolutoria, sobreseimiento o libertad absoluta del inculpado, y estas resoluciones causen ejecutoria." Como se advierte, en términos del artículo 152 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, el inculpado a quien se otorga el beneficio de la libertad provisional bajo caución, previamente notificado, contrae, entre otras obligaciones la de "Incumpla el inculpado injustificadamente, las obligaciones inherentes a la libertad acordada o las órdenes legítimas del tribunal"; asimismo el arábigo 153, indica que en los casos en que haya garantizado la libertad del inculpado se mandará a reaprehender a éste al actualizarse cualquiera de las hipótesis contenidas en el numeral 152. En ese orden de ideas, debe considerarse entonces como correcto el proceder del resolutor de origen que ante el incumplimiento del sentenciado de firmar el libro de control de firmas de procesados que se encuentran gozando del beneficio de la libertad bajo fianza, conforme a lo dispuesto por los citados artículos 152, fracción II y 153, del Código de Procedimientos Penales; por tanto, al quedar acreditado en la determinación reclamada que la Juzgadora responsable se apoyó en la certificación asentada por su Segundo Secretario de Acuerdos, en la cual se hizo constar que el quejoso desde el doce de junio de dos mil quince, había dejado de cumplir con las obligaciones antes descritas, máxime que como se indicó previo a su emisión, el quejoso fue debidamente notificado de las consecuencias que traería consigo el incumplimiento a dichas obligaciones procesales, es decir, que le sería cancelado el beneficio de su libertad caucional y se ordenaría su reaprehensión. De ahí que al constatarse el conocimiento cierto de Mario Eugenio Muñoz Corona, de la obligación procesal impuesta por la que se le vinculó al conocimiento de las obligaciones cuyo incumplimiento justifica la emisión de la orden de reaprehensión impugnada, debe sostenerse como correcto que el mandamiento de reaprehensión se fundara precisamente en el incumplimiento de dichas obligaciones, por lo cual debe concluirse que, contrario a lo argumentado en vía de conceptos de violación, se observa que el acto reclamado cumple con los requisitos de fundamentación y motivación y, por lo tanto, no se aprecia que con la misma se conculque en perjuicio del quejoso alguna garantía individual. En ese sentido, lo procedente es negar al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. Negativa que se hace extensiva respecto del acto reclamado a la autoridad ejecutora, en virtud de no haber sido impugnados por vicios propios; es aplicable, la jurisprudencia 91, sustentada por la Primera Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en las páginas setenta y dos y setenta y tres, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, del tenor siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía." Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, fracción I, y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E : PRIMERO.- Se sobresee el juicio de amparo número 726/2016, promovido por Mario Eugenio Muñoz Corona, por las razones contenidas en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO.- La justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a MARIO EUGENIO MUÑOZ CORONA, contra los actos y las autoridades precisadas en el resultando primero, y por los motivos expuestos en el último de los considerandos de esta resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el trece de septiembre de dos mil dieciséis, asistido por Maria del Rosario Romero Delgado, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
AVISO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA AUTORIZADA EL TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS, MISMO QUE DICE... SENTENCIA.- SE RESUELVE. PRIMERO.-SE SOBRESEE EL JUICIO DE AMPARO NÚMERO 726/2016... PROMOVIDO POR MARIO EUGENIO MUÑOZ CORONA... SEGUNDO.- LA JUSTICIA DE LA UNION NO AMPARA NI PROTEGE A MARIO EUGENIO MUÑOZ CORONA...
- Principal
Acapulco, Guerrero; a diecisiete de agosto de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que la notificación del inicio del presente juicio a la tercero interesada Marisol Villegas Castillo, se efectuó el doce de agosto del presente año, de ahí que se encuentra transcurriendo el término de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que se imponga del contenido del informe justificado rendido por el Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad; por lo tanto, para dar margen a lo estipulado en el numeral de referencia, se difiere la audiencia señalada para este día según se advierte de la certificación de cuenta, para las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS.
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