Mario Escalante López
Expediente 1190/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1190/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Mario Escalante López
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese en autos el escrito signado por ********************, quien se ostenta como apoderado legal de ********************, a través del cual interpone recurso de queja contra el auto de catorce de noviembre del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de protección derechos fundamentales; por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y 101, primer párrafo, de la Ley de Amparo, remítase el escrito mediante el cual se formula la queja, al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, en turno, con residencia en Xalapa, Veracruz, al que se acompañe copia certificada de las actuaciones que se han practicado hasta el momento en el presente expediente. En consecuencia, ríndase informe en el sentido de que es cierto que en el referido auto se desechó la demanda instaurada, al estimarse actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXlll, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, al considerarse que la resolución combatida no causa afectación a derechos sustantivos, sino que en todo caso afecta cuestiones procesales susceptibles de ser reparadas en la resolución final que llegue a dictarse, en caso de que la parte quejosa obtenga sentencia favorable. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Sandra Alicia Castelán González, secretaria con quien actúa y da fe.SACG/Ecg* Certificación: La secretaria certifica que el expediente electrónico y físico del presente expediente, se integran en los términos establecidos en el artículo 3 de la Ley de Amparo, y el numeral 22 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, conforme a su texto reformado mediante el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Doy fe.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de protección de derechos fundamentales presentada por********************, quien se ostenta como apoderado legal de ********************, exhibiendo una carta poder con fecha treinta de octubre de dos mil veintitrés, lugar de expedición la Ciudad de México, con el nombre del quejoso y dos testigos, así como unas firmas; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo indirecto******************** DESECHAMIENTO En principio, conviene precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo y de los documentos que se anexen. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Lo anterior, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que sustenten la causal de improcedencia, dado que lo manifiesto e indudable deriva del ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados por los quejosos y la correspondiente hipótesis normativa, lo que nada impide al operador jurídico sustentar consideraciones profundas o de gran amplitud. En ese sentido, el que suscribe considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, porque el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza, no es uno de aquellos que produzca efectos que sean de imposible reparación por afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Para justificar lo anterior, procede traer a contexto los aludidos numerales que son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" De la interpretación sistemática de esos preceptos legales se obtiene que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente cuando los actos reclamados no tengan efectos de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, sobre el tema de imposible reparación para efectos del juicio de amparo, el Pleno del Tribunal Constitucional del país determinó lo siguiente: Señaló que a partir de la publicación de la Ley de Amparo vigente desde el tres de abril de dos mil trece, en su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al prever que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Indicó que para calificar a los actos como irreparables, éstos necesitarían: a) Producir afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; y, b) Debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Apuntó que el legislador secundario dispuso de dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente sean "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual, a diferencia de los sustantivos, pues depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Con motivo de la nueva disposición no podía seguirse aplicando el criterio donde se reconocía que el juicio de amparo indirecto era procedente contra actos de imposible reparación que, aunque por ser una cuestión formal, no se tradujeran en una afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo; ello, porque conforme al citado precepto, uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen. Lo anterior se cristalizó en la jurisprudencia 37/2014 de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En el caso, en el apartado correspondiente al acto reclamado la parte quejosa señaló como tal lo siguiente: "1. EL ACUERDO DE LA AUDIENCIA DE OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS DE FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2023." Asimismo, en el capítulo que denominó "ANTECEDENTES", narró lo siguiente: "EL ACTOR CON FECHA 19 DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, PRESENTÓ ESCRITO INICIAL DE DEMANDA EN LA OFICIALIA DE PARTES COMÚN DE LA JFCA 45 EN DONDE SE DEMANDA LA REINSTALACIÓN DEL ACTOR EN SU PUESTO, A LO QUE SE LLEVO TODO EL PROCEDIMIENTO Y CON DATA 31 DE OCTUBRE DE 2023, SE CELEBRÓ LA AUDIENCIA DE OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS, A LO QUE DICHA ETAPA SE CELEBRÓ CON DIVERSAS IRREGULARIDADES, ES EL CASO QUE EL QUE SUSCRIBE QUISO COMPARECER EN DICHA DILIGENCIA Y LA ACTUARIA QUE USURPA FUNCIONES DE SECRETARIA DE ACUERDOS ********************NO ME DEJÓ COMPARECER A LA AUDIENCIA YA QUE MANIFESTÓ QUE NO TENÍA PERSONALIDAD JURÍDICA, A LO QUE LE COMENTÉ QUE HABÍA INGRESADO MIS DOCUMENTOS RESPECTIVOS POR LA OFICIALÍA DE PARTES PARA ACREDITAR MI PERSONALIDAD, A LO QUE POR SER ACTUARIA Y DESCONCER DE LAS FUNCIONES DEL SECRETARIO DE ACUERDOS esta me negó el poder intervenir y así poder ofrecer probanzas a favor de mi patrocinado, sin pasar por alto que en dicha diligencia promoví incidente de acumulación, con diverso juicio de la Ciudad de México." De lo anterior se observa que el acto reclamado consiste en la determinación emitida en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, en el expediente 1039/2020, del índice de la Junta Especial número Cuarenta y Cinco de la Federal Conciliación y Arbitraje, con sede en Veracruz, Veracruz, en la cual aduce que no le fue reconocida la personalidad jurídica con la que pretendió comparecer en dicho asunto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 55/98, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." En ese sentido, es claro que no se está ante la presencia de una resolución que afecte derechos sustantivos reconocidos por la Constitución Federal y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, y solo se está frente a una violación procesal susceptible de ser reparada durante el desarrollo del juicio, en donde la parte reo puede obtener sentencia favorable o no, por lo que no se surte el supuesto previsto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que no es un acto cuyos efectos sean de imposible reparación. Se afirma lo anterior, pues como se aprecia de lo expuesto, el acto reclamado versa sobre la negativa al reconocimiento de personalidad de quien compareció a una audiencia dentro de juicio en representación de la parte actora, lo cual se trata de la clase de actos sobre los que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que no se ubican en el supuesto de afectación a derechos sustantivos y que, por ende, en su contra no procede el juicio de amparo indirecto; aunado a que lo mismo acontece en lo que atañe a su aseveración de que promovió un incidente de acumulación de autos, pues ese tema tampoco entraña una afectación a derecho sustantivo alguno, al ser un tópico de carácter meramente procesal. Máxime que de los antecedentes que narra el promovente en el ocurso de demanda, se advierte que aún no se ha emitido el laudo respectivo en dicho expediente. En las relatadas circunstancias, debido a que en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada de forma manifiesta e indudable, con apoyo en el diverso artículo 113, de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de solicitud de protección de derechos fundamentales. Cabe señalar que el desechamiento de la demanda no prejuzga sobre la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, ni sobre el actuar de la autoridad responsable. AUTORIZADO PARA ACCESO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. Como lo solicita el promovente, de conformidad con los artículos 3, 26, fracción IV, 30 y 31 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 37, 38, 55 y 57 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, se autoriza al usuario "********************", para el ingreso, consulta y notificaciones electrónicas de los acuerdos correspondientes a este expediente a través del portal www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx. En razón de lo anterior, se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este órgano de control constitucional, para que conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, realice las acciones técnicas necesarias a fin de habilitar al usuario "********************", para que pueda ingresar, consultar y notificarse vía internet el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. Por tanto, se instruye a los actuarios adscritos a este juzgado, realicen las notificaciones respectivas en la vía indicada. DATOS DE CONTACTO Respecto al correo electrónico que proporciona, será utilizado únicamente como medio de contacto tratándose de comunicaciones no procesales. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Al surtirse uno de los supuestos a que se refiere el artículo 20 de la Ley de Amparo, conforme con el diverso numeral 21 de la misma legislación, se habilitan días y horas inhábiles para que en su caso los actuarios judiciales comisionados realicen las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se autoriza al Secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. Notifíquese electrónicamente a la parte promovente. Así lo acordó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Sandra Alicia Castelán González, secretaria con quien actúa y da fe.SACG/Ecg*
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