Mario Ernesto Martínez Rétiz
Expediente 987/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 987/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 24/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Mario Ernesto Martínez Rétiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Agréguense a éstos autos el oficio signado por el Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Uno del Ministerio Público del Fuero Común; mediante el cual cumplen con el requerimiento de doce de abril del año en curso, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con las constancias remitidas por la responsable y hágase relación de las mismas, al celebrarse la audiencia constitucional relativa. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, doce de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que la Juez Primero de Oralidad Familiar turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, no ha dado continuidad al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, es decir, no ha acreditado el emplazamiento de V******************** a las diligencias de jurisdicción voluntaria de divorcio sin causales ********************. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo vigente; requiérase a la citada autoridad responsable, para que dentro del término de tres días siguientes al en que se le notifique este acuerdo, cumpla con la ejecutoria de amparo. Apercibida que de no cumplir, se le impondrá una multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia de que los autos se remitan al Tribunal Colegiado de Circuito, para el trámite de inejecución, en términos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de la materia. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma, Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria Erika Esther Góngora Barbosa, con quien actúa y da fe. Dos firmas electrónicas con evidencia criptográfica.
- Principal
V. V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 225/2023-V del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ********************, contra actos de la Fiscal Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Número 3, con residencia en Mérida, y otra autoridad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El veinte de octubre de dos mil veintidós, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, recibió la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos de la Fiscal Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Número 3, con residencia en Mérida, y otras autoridad, consistente en la multa impuesta dentro de la carpeta de investigación y su ejecución. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo La demanda fue enviada por razón de turno al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán; por acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, se registró con el número de expediente 2500/2022, y se admitió a trámite la demanda. En la secuela procesal, se recibió el informe con justificación de las autoridades responsables; se dio intervención al representante social de la adscripción, y a ******************** tercera interesada en términos del artículo 5, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo. Seguida la secuela procesal, el doce de enero de dos mil veintitrés, se celebró la audiencia constitucional. Posteriormente, en cumplimiento a la medida de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en cumplimiento al artículo 6 del Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, contenida en el punto de acuerdo 219/2022 aprobado por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, remitió el presente juicio de amparo para que este Juzgado de Distrito dicte la resolución, y continúe con el eventual cumplimentación y archivo definitivo. Así, mediante acuerdo de veinte de enero de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito se avocó al conocimiento del juicio de amparo remitido por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, registrándolo con el número de expediente 225/2023-V, y se turnó para el dictado de la sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, ya que los actos reclamados tienen ejecución dentro de la jurisdicción de este Juzgado Federal; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, primer párrafo, 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a los acuerdos 104/2022 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. En ese sentido, del estudio íntegro de la demanda, y sus anexos, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: [...] Delimitada la materia de estudio, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la inexistencia o certeza, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Certeza del acto reclamado La Fiscal Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Número 3, con residencia en Mérida, aceptó la existencia del acto reclamado; existencia que se corrobora con la copia autorizada de la carpeta de investigación, documental a la que se le concede pleno valor legal, de conformidad con los artículos 129 y 202 A del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Por otro lado, el Director Jurídico de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, con sede en Mérida, negó el acto de ejecución que se reclama, sin embargo, esa negativa se desvirtúa, ya que no se reclama su participación por vicios propios, sino como ejecutora del acto emitido por la ordenadora. CUARTO. Hipótesis de procedencia del juicio de amparo El juicio de amparo indirecto que se analiza se ubica en la hipótesis de procedencia que establece el artículo 107, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que se reclaman actos emitidos por autoridades administrativas en ejercicio de sus facultades legales. En efecto, la multa reclamada fue impuesta a la quejosa en la investigación inicial, la cual es una fase previa al enjuiciamiento penal de un imputado. En esta fase el Ministerio Público actúa en ejercicio de sus facultades investigadoras, por lo que las actuaciones que emita sin la intervención del Juez de Control, deben considerarse autónomas a los tribunales judiciales, de ahí que el supuesto de procedencia del juicio sea el previsto en la fracción II del artículo 107 de la Ley de Amparo. QUINTO. Oportunidad para presentar la demanda de amparo La demanda de amparo se presentó oportunamente, como se expone a continuación: A. Conforme al artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para ejercer la acción de amparo es de quince días, ya que la imposición de una multa no se ubica en alguno de los plazos excepcionales que prevé el precepto invocado. B. El cálculo del plazo debe realizarse conforme a la tercera hipótesis del artículo 18 de la Ley de Amparo; esto es, a partir del día siguiente al que el inconforme se ostentó sabedor de los actos, lo cual ocurrió el seis de octubre de dos mil veintidós. C. El plazo para presentar la demanda transcurrió del siete al veintiocho de octubre de dos mil veintidós; término del cual deben descontarse los sábados y domingos, así como el doce de octubre de dos mil veintidós, al ser considerados como inhábiles. D. La demanda se presentó el veinte de octubre de dos mil veintidós, dentro del plazo legal. SEXTO. Antecedentes del acto reclamado A fin de resolver el presente asunto, se reseñan los antecedentes relevantes del acto reclamado: > El Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Número 3, con residencia en Mérida, conoce de la carpeta de investigación ********************, la cual comenzó con la querella que formuló ******************** por hechos posiblemente constitutivos de delito, ya que ******************** se negó a entregar un vehículo que la querellante le prestó. > Durante la integración de la carpeta de investigación, ******************** compareció ante el fiscal investigador a formular denuncia en contra de ********************, por hechos posiblemente constitutivos del tipo penal de fraude, toda vez que aproximadamente, en el mes de diciembre de dos mil catorce, ******************** le enajenó un vehículo de la marca ********************, tipo ********************, color ********************, modelo ********************, con placas de circulación ******************** del Estado de Yucatán, el cual no era de su propiedad. > Como parte los actos de investigación, el Fiscal del Ministerio Público requirió a ********************, para que presentara el vehículo de la marca ********************, tipo ********************, color ********************, modelo ********************, con placas de circulación ******************** del Estado de Yucatán, para la práctica de peritajes. Requerimientos que el Fiscal realizó el veintisiete y treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, catorce y veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. > Debido a que ******************** no atendió los requerimientos, el seis de octubre de dos mil veintidós, la fiscal hizo efectivo apercibimiento que formuló en los requerimientos e impuso una multa de 100 Unidades de Medida de Actualización, equivalente a la suma de $********************. Hasta aquí los antecedentes del acto reclamado. SÉPTIMO. Causas de improcedencia En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. Expuesto lo anterior, este Órgano de Control Constitucional no advierte la actualización de alguna causa de improcedencia que impida analizar el fondo del asunto, sin que sea necesario realizar un estudio de cada una las hipótesis descritas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. OCTAVO. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado En el estudio del presente asunto, aunque en un orden diverso al escrito que los contiene, serán examinados los argumentos contenidos en la demanda de amparo, razón por la que es innecesaria su transcripción. La impetrante del amparo argumenta que la multa que le impuso el Fiscal responsable, es inconstitucional, porque vulnera los derechos fundamentales de seguridad jurídica, legalidad y debido proceso, reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; postulado que apoya en los argumentos siguientes: Primero. Que no fue notificada oportunamente del apercibimiento de multa, por lo cual no era procedente imponerle la medida de apremio. Segundo. La multa de 100 Unidades de Medida de Actualización, es excesiva ya que el monto de $******************** equivale a cincuenta y seis días de salario mínimo, un mes de su salario, por lo que afecta su derecho al mínimo vital. Tercero. La responsable no expuso las razones que la condujeron a cuantificar el monto de la multa; no realizó alguna ponderación de las razones y motivos que justifiquen la aplicación de 100 Unidades de Medida de Actualización, y soslayó que es una trabajadora que obtiene el salario mínimo. El primer concepto de violación es infundado, ya que la quejosa sí fue notificada del apercibimiento de imposición de multa. En efecto, acorde a las constancias de la carpeta de investigación, se obtiene que como parte de su integración, la Fiscal requirió en diversas ocasiones a la aquí quejosa para que presentara el vehículo de la marca ********************, tipo ********************, color ********************, modelo ********************, con placas de circulación ******************** del Estado de Yucatán. Así, previo a la imposición de la multa reclama, el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, la quejosa compareció a las instalaciones del Ministerio Público responsable en respuesta a un requerimiento para presentar el vehículo descrito y manifestó la imposibilidad para cumplir con lo solicitado; por lo tanto, el Ministerio Público le otorgó un plazo de cinco días para hacerlo, apercibiéndola que de no hacerlo se le impondría una multa equivalente a 100 Unidades de Medida de Actualización. Ahora, como se advierte de la constancia agregada al expediente de amparo, la determinación descrita fue notificada a la quejosa en esa actuación; entonces, contrario a lo aducido en los conceptos de violación, sí fue notificada del apercibimiento de multa antes de su imposición. En otro orden de ideas, son fundados los conceptos de violación segundo y tercero, pues el Fiscal del Ministerio no justificó el monto de la multa y pasó por alto que en la carpeta de investigación sólo obra el dato de que la quejosa es empleada. En efecto, el artículo 16, primer párrafo, de la Norma Suprema, reconoce la garantía de legalidad como herramienta para salvaguardar los bienes jurídicos del gobernado, frente al acto de autoridad; en esencia, consiste en que las autoridades están obligadas a expresar en sus actos, el fundamento legal y las razones que los motivan; es decir, todo acto de autoridad que implique molestia en la esfera de derechos del gobernado debe estar apoyado en las disposiciones legales aplicables, y expresar las razones que así lo justifiquen. En el sistema jurídico mexicano, tradicionalmente, la fundamentación de un acto de autoridad consiste en la cita del precepto legal aplicable al caso concreto. La motivación reside en el razonamiento contenido en el mismo acto de autoridad, según el cual quien lo emitió llegó a la conclusión de que el acto concreto al cual se dirige está ajustado exactamente a las prevenciones de determinados preceptos legales. Al respecto es ilustrativa la jurisprudencia 11 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Ahora, en los procesos penales, el artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales, faculta al juzgador y el Ministerio Público para imponer las medidas de apremio a fin de hacer cumplir sus determinaciones que ordenen en el ejercicio de sus funciones, como lo son el apercibimiento, multa, expulsión o desalojo público de la sala de audiencias y arresto; asimismo, establece que la resolución que determine la imposición de cualquiera de estas medidas de apremio, deberá estar debidamente fundada y motivada. En el caso de la multa, el citado precepto prevé que podrá ascender de veinte a un mil días de salario mínimo, parámetro que debe ser entendido en Unidades de Medida y Actualización, como lo establece el artículo 2, fracción II, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. Igualmente, dispone que su cuantía estará limitada a una Unidad, cuando se trate de jornaleros, obreros y trabajadores que perciban salario mínimo, y a un día de su ingreso respecto de los de trabajadores no asalariados. Ahora, en el Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Número 3, impuso a la aquí quejosa una multa equivalente a 100 Unidades de Medida de Actualización, sin que haya justificado la determinación de cuantía, tanto en los requerimientos previos y como en el auto de seis de octubre de dos mil veintidós. En efecto, de las constancias de la carpeta de investigación, se obtiene que el catorce de septiembre de dos mil veintidós, el Fiscal requirió a la quejosa para que presentara el vehículo de la marca ********************, tipo ********************, color ********************, modelo ********************, con placas de circulación ******************** del Estado de Yucatán, apercibiéndola que de no hacerlo le impondría una multa equivalente a cien Unidades de Medida de Actualización; requerimiento que reitero el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Sin embargo, respecto al monto al que ascendería la medida de apremio, la Fiscal se limitó a citar los preceptos del Código Nacional de Procedimientos Penales, que la facultan para imponerla, así como a la contumacia de la quejosa para presentar el automotor involucrado en la investigación, pero omitió exponer las razones que sustenten la determinación del monto de la multa. Además, en la resolución de seis de octubre de dos mil veintidós, en la que el Ministerio Público hizo efectivo el apercibimiento, tampoco se emitió razonamiento que sustentara el monto de la multa, lo cual resultaba necesario para que la impetrante conociera por qué le resulta aplicable esa sanción. Lo anterior, adquiere mayor relevancia porque al comparecer ante la autoridad responsable la quejosa manifestó que era empleada, por lo que antes de imponer la multa, se debió indagar sobre sus ingresos, y al no hacerlo, la autoridad responsable debió aplicar la última parte de la fracción II del artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales, estos es, imponer una multa que no exceda de un día se salario mínimo. Así, en lo relativo a la individualización de la sanción impuesta, la autoridad responsable no colmó los requisitos formales de fundamentación y motivación, lo que provoca incertidumbre jurídica en el gobernado, pues el vicio formal detectado le impide conocer las razones, motivos y elementos que se consideraron para graduar la multa, situación que constituye una violación al principio de legalidad que consagra el artículo 16 del Pacto Federal. Es así, pues como se precisó, la norma constitucional invocada impone a todas las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, lo que se traduce en que se deben expresar los fundamentos de derecho y los motivos de hecho que sean considerados para su dictado; además debe existir siempre adecuación entre unos y otros, todo lo anterior con la finalidad de que el gobernado conozca los hechos que se le atribuyen, así como la ley aplicada por la autoridad para emitir en su contra el acto de molestia, para el efecto de que esté en posibilidad de impugnarlo si considera que la cita y aplicación de dichos fundamentos fueron incorrectos, o bien, que los hechos no fueron acordes con la motivación citada. De modo que al no cumplir con la exigencia que impone el numeral en comento, la autoridad responsable violentó el derecho fundamental de legalidad en perjuicio de la parte quejosa, al emitir un acto que no está motivado en cuanto a la individualización de la sanción impuesta. En ese contexto, es evidente la autoridad responsable transgredió en perjuicio de la parte quejosa el principio de legalidad establecido en el numeral 16 de la Carta Magna, pues al realizar la determinación de la cuantía de la multa no expresó motivo que justificara la imposición de la cuantía máxima, ya que no motivó la individualización de la multa impuesta.. Apoya lo considerado la jurisprudencia de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "MULTAS. SU IMPOSICIÓN DEBE FUNDARSE Y MOTIVARSE DE MANERA INDIVIDUALIZADA, PRUDENTE Y ADECUADA." En ese panorama, ante lo fundado de los conceptos de violación planteado, lo procedente es otorgar la protección constitucional solicitada por la quejosa, para los efectos que se precisarán en el considerando inmediato. Finalmente, la protección constitucional debe hacerse extensiva al Director Jurídico de la agencia de Administración Fiscal de Yucatán, pues sus actos no se reclaman por vicios propios. NOVENO. Efectos de la protección constitucional En las relatadas condiciones, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se impone conceder el amparo liso y llano, para los efectos siguientes: Se deje insubsistente la multa de 100 Unidades de Medida de Actualización, impuesta a ******************** el seis de octubre de dos mil veintidós, decretada dentro de la carpeta de investigación ********************. Cabe aclarar que, la concesión de la protección constitucional no impide a la responsable aplicar las medidas de apremio que prevé el artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justica de la Unión Ampara y Protege a ********************, contra actos del Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Número 3, con residencia en Mérida, y otra autoridad, consistente en la multa impuesta dentro de la carpeta de investigación y su ejecución, por las razones expuestas en el considerando octavo y para los efectos indicados en el último punto de esta resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE [...]
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de marzo de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el oficio signado por el Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, y anexo que acompaña, mediante el cual informa la situación jurídica que guarda el directo quejoso ************************. En consecuencia, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo dese vista a las partes con dicho oficio y hágase relación del mismo al celebrarse la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.
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