Mario Ernesto Lugo González

Expediente 108/2023 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 8 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
108/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
01/06/2023

Partes del expediente

  • Mario Ernesto Lugo González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a uno de junio de dos mil veintitrés. ? Causa estado. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término para interponer el recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de nueve de mayo de dos mil veintitrés, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar1 . ? Archivo. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archíveseCuaderno principal. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: el presente expediente como asunto totalmente concluido...

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a nueve de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio que remite el delegado de la autoridad responsable Oficial del 08 Registro Civil Delegación Otay Centenario, con domicilio en esta ciudad, mediante el cual informa que en resolución de fecha catorce de abril del año en curso, emitida por la Dirección de Registro Civil del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, resolvió declarar fundada la rectificación de acta de nacimiento, levantando una nueva acta a nombre de Mario Ernesto Lugo González, asentándose el sexo masculino al registrado, tal como se desprende de las documentales que se anexa. Ahora bien, de autos se advierte que el quejoso Mario Ernesto Lugo González también conocido como Ilse Lugo González, en la demanda de amparo presentada el dos de febrero del año en curso, reclamó de la autoridad responsable Coordinador Estatal del Registro Civil del Estado de Baja California, lo siguiente: " (sic). Por otra parte, la autoridad responsable, mediante oficio recibido en este Juzgado el ocho de mayo del año en curso, informó que mediante resolución de fecha catorce de abril del año en curso, emitida por la Dirección de Registro Civil del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, resolvió declarar fundada la rectificación de acta de nacimiento, levantando una nueva acta a nombre de Mario Ernesto Lugo González, asentándose el sexo masculino al registrado, tal como se desprende de las documentales que se anexa, constancias con las que acredita su dicho; documentales que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los numerales 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2 de la citada Ley, toda vez que fueron expedidas por servidor público en el ejercicio de sus funciones. De igual forma resulta aplicable la jurisprudencia 226, establecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época, página 153, registro 394182; que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por haber cesado los efectos del acto reclamado, el cual señala: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [...]." La causal de improcedencia mencionada, establece que el juicio de amparo es improcedente por haber cesado los efectos del acto reclamado, es decir, que se destruyan sus efectos de manera incondicional o inmediata, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77, circunstancia que acontece en el juicio de amparo en que se actúa. En efecto, lo anterior se sustenta al considerar que de las constancias supraindicadas y valoradas, se colige que han cesado los efectos del acto reclamado por el solicitante del amparo, ya que como ha quedado apuntado, reclamó el retraso injustificado de su trámite de cambio de nombre y género en el acta de nacimiento; sin embargo, como se advierte, la autoridad responsable delegado de la autoridad responsable Oficial del 08 Registro Civil Delegación Otay Centenario, con domicilio en esta ciudad, el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, dio trámite al cambio de nombre y género en el acta de nacimiento del quejoso Mario Ernesto Lugo González, tal como se desprende de las documentales que obra en autos (nueva acta de nacimiento), por lo cual resulta evidente que a la fecha en que se dicta el presente proveído el acto que reclamaba fue destruido total e incondicionalmente, actualizándose por ello la casual de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia a que alude la fracción XXI, del artículo 61, de la ley de la materia. En virtud de lo antes expuesto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta y dos minutos del once de mayo de dos mil veintitrés. En apoyo a lo anterior, se citan las siguientes tesis que si bien interpretan los artículos de la abrogada Ley de Amparo, continúan siendo aplicables conforme al artículo sexto transitorio del Decreto por el que se promulgó la actual legislación de Amparo, por no ser contrarias al contenido de los artículos de dicha Ley. Jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, cuyo texto literal es: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, correspondiente al mes de Marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto que a continuación se transcriben: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Háganse las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este órgano jurisdiccional. Este proveído se firma de manera electrónica por el suscrito juzgador y la Secretaria que da fe, al tener el mismo valor de firma autógrafa y se instruye al personal correspondiente para que, en su oportunidad, se incluya la evidencia criptográfica de la firma para la actualización de los expedientes físicos, en términos de los artículos 3, fracciones I, V y VII, 22 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencias de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, a ocho de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese al presente expediente, el escrito presentado por el quejoso Mario Ernesto Lugo González, mediante el cual manifiesta que se desiste de la presente instancia constitucional, en consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente, para que en el acto de la notificación del presente proveído manifieste si ratifica el escrito de desistimiento, o comparezca dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, ante la presencia judicial a ratificar la firma de éste; en el entendido, que de no cumplir con lo anterior, se continuará con el trámite del presente juicio de amparo. Este proveído se firma de manera electrónica por el suscrito juzgador y la Secretaria que da fe, al tener el mismo valor de firma autógrafa y se instruye al personal correspondiente para que, en su oportunidad, se incluya la evidencia criptográfica de la firma para la actualización de los expedientes físicos, en términos de los artículos 3, fracciones I, V y VII, 22 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencias de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, a doce de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos de los cuales se advierte que transcurre el plazo de quince días señalado en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que la autoridad señalada como responsable Coordinación Estatal del Registro Civil del Estado de Baja California, rinda el informe justificado; consecuentemente, a fin de dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para hoy se difiere y, en su lugar, se fijan las nueve horas con cincuenta y dos minutos del once de mayo de dos mil veintitrés para que tenga verificativo....

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