Mario Ernesto Brand Matinez

Expediente 436/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
436/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
25/08/2023

Partes del expediente

  • Mario Ernesto Brand Matinez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III..."Ciudad del Carmen, Campeche, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con sede en San Francisco de Campeche, Campeche, mediante el cual transcribe el auto de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, del que se advierte que admitió la demanda de amparo directo promovida por ******, contra la sentencia de catorce de marzo de dos mil veintitrés, dictada por el Juzgado Tercero Mixto en Materia Tradicional Familiar y de Oralidad Familiar de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, en el expediente *****; de lo que este Juzgado de Distrito toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Cúmplase.

  2. Principal

    MESA III..."Ciudad del Carmen, Campeche, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio *** del Actuario Judicial del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con residencia en San Francisco de Campeche, mediante el cual, informa que dicho órgano aceptó la competencia planteada por este juzgado federal y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ****, la cual se radicó bajo el juicio de amparo directo ****, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Agréguese sin mayor proveído, el oficio ****, del Representante Legal de la empresa de mensajería "Estafeta", mediante el cual informa la imposibilidad que tiene en proporcionar información sobre el requerimiento realizado en proveído de veintidós de junio de dos mil veintitrés, consistente en el envío del oficio ****, remitido al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con residencia en San Francisco de Campeche, por lo cual, solicita copia de la guía y/o código de rastreo del oficio de referido, así como la fecha de depósito, para dar cumplimiento al requerimiento mencionado. Lo anterior, toda vez que en el presente acuerdo se recibió la contestación al oficio ****, por lo que resulta innecesario proporcionar mayor información. En consecuencia, toda vez que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. DESTINO DEL EXPEDIENTE (SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN) En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.1c.9e BRENDA YOLANDA AMBROCIO SANCHEZ que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme al artículo 19, fracción I, inciso b), del referido Acuerdo General. Efectúense las anotaciones correspondientes en el Libro uno de Juzgado, "de juicios de amparo"; así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales procedentes. Finalmente, hágase constar la valoración documental en la carátula del expediente, mediante la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del citado Acuerdo General. Cúmplase.

  3. Principal

    MESA III..."Ciudad del Carmen, Campeche, veintidós de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el sobre devuelto por la empresa de mensajería "Estafeta", del que se advierte la imposibilidad para entregar el oficio ***, enviado al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con residencia en San Francisco de Campeche, por el que se le comunica el auto de diez de mayo de dos mil veintitrés, en el que éste Juzgado de Distrito se declaró incompetente por razón de la vía, para conocer la demanda de amparo promovida por ***, por el motivo que se expone en la etiqueta, esto es "Rechazado por el destinatario". En consecuencia, a fin de evitar mayores dilaciones procesales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en aras de la impartición de justicia pronta y expedita, con relación en los artículos 26, fracción II de la Ley de Amparo, reenvíese nuevamente por vía estafeta el mencionado oficio a la autoridad responsable Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con residencia en San Francisco de Campeche. Por otra parte, se requiere a la empresa de paquetería "Estafeta", para que en el caso de que le resulte alguna imposibilidad para la entrega del oficio de referencia, deberá asentar en el sobre que se devuelva, los motivos y razones por los que le sea imposible la entrega de dichos oficios. Se apercibe el encargado de la empresa "Estafeta Mexicana" S.A. de C.V. con residencia en Ciudad del Carmen, que de no dar cumplimiento a lo anterior, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a la cantidad de $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete, moneda nacional), que resulta de multiplicar por cincuenta el valor diario de dicha unidad de medida, esto es, $103.74 (ciento tres pesos, setenta y cuatro centavos, moneda nacional) determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el uno de febrero de dos mil veintitrés, en términos de los artículos 1, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en ese medio de difusión el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. Cúmplase. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Joel Moisés Estañol González, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    MESA III "... Ciudad del Carmen, Campeche, diez de mayo de dos mil veintitrés. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la Jueza Interna del Juzgado Tercero Mixto en Materia Tradicional Familiar y de Oralidad Familiar de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial del Estado con sede en Ciudad del Carmen, Campeche y otra autoridad, radíquese con el número de expediente ***, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. INCOMPETENCIA. La competencia es un presupuesto procesal de orden público y de estudio preferente a cualquier otra cuestión, por tanto, este órgano jurisdiccional se pronunciará si tiene competencia legal, por razón de la vía, para conocer de la demanda de amparo promovida por ***. En efecto, los artículos 47, párrafo primero, 170, fracción I, párrafo segundo, y 176 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante una jueza o un juez de distrito o ante un tribunal colegiado de apelación, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Artículo 176. La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes. La presentación de la demanda ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos que para su promoción establece esta Ley." Por su parte, el artículo 38, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dispone: "Artículo 38. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta Ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: (.) c) En materia civil o mercantil, de sentencias o resoluciones respecto de las que no proceda el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios del orden común o federal, y;" De conformidad con los preceptos legales transcritos, el juicio de amparo directo es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, y procede en materia civil, entre otros supuestos, contra de sentencias o resoluciones respecto de las que no proceda el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios del orden común o federal. Asimismo, por sentencias definitivas deben entenderse las que decidan el juicio en lo principal y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Precisado lo anterior, el análisis integral de la demanda pone de manifiesto que el acto reclamado es la resolución de catorce de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el juicio de divorcio sin expresión de causa ***, que decretó una pensión compensatoria a favor ***, a cargo de *** (aquí quejoso), consistente en el diez por ciento (10%) sobre el cien por ciento (100%) del salario mínimo general diario, percepciones, y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias por el tiempo de 15 años 9 meses y 28 días. Asimismo, que esa pensión compensatoria se estableció en la misma resolución que decretó la disolución del vínculo matrimonial que existía entre *** y ***. A partir de lo anterior, se concluye que el acto reclamado se trata de una resolución definitiva de las que se refiere el artículo 170 de la Ley de Amparo. Se expone lo anterior, ya que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las contradicciones de tesis 135/2011 y 104/2019, estableció que la resolución que decreta el divorcio sin expresión de causa resuelve dos pretensiones, a saber: la disolución del vínculo matrimonial y la regulación de las consecuencias inherentes a ésta, por lo que materialmente es una sentencia definitiva, independientemente de las alusiones o denominaciones formales con las que se refiera a ella el legislador, en contra de la cual procede el juicio de amparo directo. Bajo ese contexto, determinó que la determinación que resuelve el divorcio sin expresión de causa y se ocupa de cuestiones inherentes al matrimonio (entre ellas, el tópico relativo a la pensión compensatoria), adquiere la calidad de sentencia y no de interlocutoria, las cuales son definitivas para la procedencia del juicio de amparo directo, en términos del artículo 170 de la Ley de Amparo. De la ejecutoria relativa a la contradicción 135/2011, emergió la jurisprudencia 1a./J. 111/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, febrero de 2013, Tomo 1, página 592, Décima Época, que establece: "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. LAS SENTENCIAS DICTADAS EN LOS RECURSOS DE APELACIÓN INTERPUESTOS CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE, SIN DECRETARLO, RESUELVE CUESTIONES INHERENTES A LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL, SON DEFINITIVAS PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De la interpretación armónica y sistemática de diversas disposiciones del Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Distrito Federal, se advierte que el juicio de divorcio sin expresión de causa se integra por un solo proceso que concluye con una sentencia, que puede ser emitida desde el inicio cuando se decreta el divorcio y se aprueba en su totalidad el convenio, o al final, cuando se resuelven totalmente las cuestiones inherentes al matrimonio. Ahora bien, la resolución que sin decretar el divorcio, sólo se ocupa de cuestiones inherentes al matrimonio, adquiere la calidad de sentencia y no de interlocutoria, las cuales conforme a los artículos 685, 685 Bis y 691, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, son apelables. De ahí que, acorde con los numerales 46 y 158 de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los recursos de apelación interpuestos contra la resolución que sólo resuelven cuestiones inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, son definitivas para la procedencia del juicio de amparo directo." Mientras que de la ejecutoria relativa a la contradicción 104/2019, surgió la jurisprudencia 1a./J. 1/2020 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 75, febrero de 2020, Tomo I, página 597, Décima Época, intitulada: "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE LO DECRETA, AUN SIN RESOLVER LA TOTALIDAD DE LAS CUESTIONES INHERENTES AL MATRIMONIO, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COAHUILA Y AGUASCALIENTES). El juicio de divorcio sin expresión de causa es un proceso en el que se ventilan dos pretensiones, a saber: la disolución del vínculo matrimonial y la regulación de las consecuencias inherentes a ésta. Ahora bien, cuando las leyes locales que lo regulan, admiten la posibilidad de escisión, siempre que se actualicen ciertos supuestos, el proceso iniciado en común puede culminar con más de una sentencia definitiva y no sólo con una en la que se decida la totalidad del litigio. En el caso del juicio en cuestión, la resolución que decreta el divorcio concierne a la controversia principal, por lo que materialmente es una sentencia definitiva, independientemente de las alusiones o denominaciones formales con las que se refiera a ella el legislador, en contra de la cual procede el juicio de amparo directo en conformidad con el artículo 170 de la Ley de Amparo, ante un Tribunal Colegiado de Circuito, y no el juicio de amparo indirecto ante un Juez de Distrito." Por consiguiente, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer del presente asunto, pues tomando en consideración que el caso se reclama una resolución en la que se resolvió una cuestión inherente al matrimonio al decretarse una pensión compensatoria de manera provisional a la hoy tercera interesada ***, a cargo del quejosos, consistente en el 10% sobre 100 %, del salario mínimo general diario, percepciones, y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias por el tiempo de 15 años 9 meses y 28 días, resulta evidente que como ha quedado definido jurisprudencialmente, la vía idónea para combatir el acto reclamado es el juicio de amparo directo por tratarse de una sentencia que reviste el carácter de definitiva en términos del artículo 170 de la Ley de Amparo. No pasa desapercibido, que en las jurisprudencias invocadas se analizaron las legislaciones de la Ciudad de México, Coahuila y Aguascalientes; sin embargo, las consideraciones adoptadas en los criterios jurisprudenciales analizados, resultan plenamente aplicables al caso concreto, puesto que en el artículo 304 del Código Civil de Estado de Campeche, se recogió esencialmente el espíritu de los códigos civiles locales de la Ciudad de México, Coahuila y Aguascalientes, al establecer que al decretarse el divorcio, el juez en dicha resolución deberá decidir sobre cuestiones inherentes al matrimonio como lo es el pago de una pensión compensatoria a favor de la o el cónyuge siempre que se haya dedicado durante el matrimonio a las tareas domésticas, ya sea mediante la ejecución material de las mismas o a través de diversas funciones de dirección y gestión de la economía del hogar o bien, se haya dedicado a la atención y cuidado de las y los hijos, por tanto, debe observarse lo sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los criterios jurisprudenciales invocados. En tal sentido, la competencia por razón de la vía, para conocer de la demanda de amparo promovida por Mario Ernesto Brand Martínez recae en un Tribunal Colegiado de Circuito, de conformidad con el artículo 38, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Derivado de lo anterior, con fundamento en el artículo 47, párrafo primero, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional declara carecer de competencia, por razón de la vía, para conocer de la demanda de amparo promovida por Mario Ernesto Brand Martínez, y la declina a favor del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con residencia en San Francisco de Campeche, Campeche, a quien deberá remitírsele el original de este juicio de amparo, solicitándose el acuse correspondiente. Fórmese el cuaderno de antecedentes. AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. Se tienen por autorizadas con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados en derecho ***, *** e ***, pues de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que se realizó consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, de la que se desprende que los autorizados de la parte quejosa cuenta con cédula profesional de licenciada en derecho. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. VIII/2020 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, página 4456, Décima Época, de la voz: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, sólo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública." AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE AMPARO. Con fundamento en el artículo 24 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizada únicamente para oír y recibir notificaciones, a Rosa Adriana Mena Matus, quien no gozará de las demás facultades previstas en el artículo 12 de dicho ordenamiento legal. Lo anterior, dado que en el escrito de demanda el quejoso no proporciona datos que acrediten que la mencionada persona se encuentra legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Por otra parte, como lo solicita el promovente, con fundamento en los artículos 6, 9, 10, 14, 16 y 21 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al promovente con nombre de usuario ***, consultar el expediente electrónico formado con motivo del presente asunto. Por consiguiente, se instruye que se ingrese el nombre de usuario ***, al módulo de autorizados del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que el referido autorizado, tenga acceso al expediente electrónico y pueda consultarlo. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. A LA PARTE QUEJOSA. Ahora bien, como lo señala la parte quejosa, las notificaciones que deriven del presente juicio se realizaran de manera electrónica, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y 57 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena que las notificaciones que le correspondan en este juicio, se le efectúen de manera electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con el nombre de usuario ***. DATOS DE CONTACTO. Por otra parte, con fundamento en el artículo 57, del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el numeral 2° de la Ley de Amparo, no ha lugar a tener la dirección de correo electrónico y número telefónico que proporciona el promovente como medio de contacto para entablar comunicaciones no procesales, ello en virtud de que la Ley de Amparo no los contempla. AUTORIZACIÓN DE USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Desde este momento, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias de autos (salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales), en la inteligencia que toda reproducción se llevará a cabo ante el secretario que tiene a cargo el expediente en que se actúa, quien levantará la certificación correspondiente del medio electrónico utilizado y de la constancia reproducida. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 263 fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto, mediante el esquema de "juicio en línea"; para lo cual, deberán proporcionar su nombre de usuario, solicitar que las notificaciones subsecuentes se les realicen de manera electrónica y que tengan firma electrónica vigente. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Patricia Guadalupe Avendaño López, Secretaria Proyectista de Juzgado con quien actúa y da fe.

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