Mario Enrique Navarro Zamorano
Expediente 26/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 18 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 26/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 12/05/2022
Partes del expediente
- Mario Enrique Navarro Zamorano
- Luz María Guadalupe Navarro Zamorano
- Jorge Manuel Grajeda Mata
- Noatarío Público Arturo Luna López
- Mauro Francisco Navarro Zamorano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que dentro del término legal concedido, las partes no se inconformaron con la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que esa sentencia CAUSA EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido. Luego, con fundamento en el artículo 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el inciso a, del arábigo 21, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías se sobreseyó, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. Además, no se tramitó incidente de suspensión. Finalmente, por resultar innecesarios, devuélvanse los siete tomos de prueba remitidos por la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad, que acompañó a su informe justificado. NOTIFÍQUESE.
- Principal
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA:EPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa dentro del término de tres días que se le concedió mediante proveído de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, no hizo manifestación alguna respecto del cumplimiento dado al fallo protector por la autoridad responsable el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad de Tepic, aun cuando se le apercibió que de no hacerlo, se resolvería al respecto conforme a las constancias que obran en autos. Luego, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso SAMUEL SANTOYO ORTIZ, el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: "SEXTO. Efectos de la concesión de amparo. En las relatadas condiciones, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso SAMUEL SANTOYO ORTIZ, para el efecto de que la autoridad responsable provea en una resolución sobre la inmediata ejecución del laudo dictado en autos del expediente laboral 69/2012 de su índice, y haga efectivo los apercibimientos - multa-, para efecto de hacer cumplir su determinación, y de esa manera se restituya a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho constitucional violado." A efecto de acatar el citado fallo, la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, exhibió en autos las diversas constancias: Copia certificada del auto de nueve de febrero de dos mil dieciocho, dictado en el juicio laboral 69/2012, en el que se advierte dio trámite al incidente de nulidad de actuaciones, promovido por la parte demandada Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, mismo que se declaró improcedente y se ordenó la reinstalación de la parte actora -aquí quejoso- en el puesto que venía desempeñando hasta el día de su despido en dicha secretaría; además de señalar fecha para que tuviera verificativo la audiencia incidental de Actualización de Planilla de Liquidación, según se acreditó con las copias certificadas de los autos de veintidós y veintiséis de marzo de dos mil dieciocho. Copia certificada del acuerdo de veintinueve de junio de ese mismo año, en el que ordenó la diligencia de reinstalación y requerimiento de pago en favor del aquí quejoso SAMUEL SANTOYO ORTIZ, por la cantidad de $493,107.28 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SIETE PESOS 28/100 MONEDA NACIONAL). Copia certificada de la constancia de reinstalación, así como del acuerdo dictado con fecha ocho de octubre de dos mil dieciocho, en el que asentó haberse reinstalado al actor el veintinueve de octubre del año en comento, y requirió nuevamente a la demandada para que diera cumplimiento por cuanto hace al pago condenado en el laudo de origen. Copia certificada de la resolución del incidente de liquidación dictada el nueve de septiembre de dos mil diecinueve, en el juicio laboral 69/2012, en el que aprobó la cantidad actualizada respecto del pago condenado en el laudo emitido en el juicio natural, siendo esta la cantidad de $518,769.46 (quinientos dieciocho mil setecientos sesenta y nueve pesos 46/100 moneda nacional). Copia certificada de los cuatro comprobantes de pago por vía transferencia bancaria a favor del quejoso por la cantidad de $97,611.70 (noventa y siete mil seiscientos once pesos 70/100 moneda nacional), en cumplimiento al convenio conciliatorio celebrado entre las partes en los autos del juicio laboral 69/2012 de su índice; además de las devoluciones de las aportaciones del fondo de pensiones -por las cantidades de $25,665.12 (veinticinco mil seiscientos sesenta y cinco pesos 12/100 moneda nacional)-. Así, de esa manera quedó restituida la parte quejosa en el pleno goce y disfrute de sus derechos fundamentales. En ese orden de ideas, debe decirse que la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo indirecto se encuentra cumplimentada conforme a los lineamientos indicados; por tanto, procede hacer efectivo el apercibimiento de que fueron objeto las partes por auto de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, y el día de hoy se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa; consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Finalmente, toda vez que resultan innecesarias las constancias que el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad de Tepic, adjuntó a su oficio recibido en este Juzgado el once de noviembre de dos mil diecisiete (tomos I y II de pruebas), devuélvasele, para los efectos legales procedentes.
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R E S U E L V E ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a Luz María Guadalupe y Mario Enrique, ambos de apellidos Navarro Zamorano, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, precisado en el resultando primero y en el considerando segundo de esta sentencia, conforme a los razonamientos jurídicos vertidos en el último de sus considerandos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA:R E S U E L V E ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a Luz María Guadalupe y Mario Enrique, ambos de apellidos Navarro Zamorano, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, precisado en el resultando primero y en el considerando segundo de esta sentencia, conforme a los razonamientos jurídicos vertidos en el último de sus considerandos
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