Mario Enrique Gomez Moreno
Expediente 177/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 23 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 177/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 14/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Mario Enrique Gomez Moreno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a catorce de junio de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA Vista la certificación de cuenta, se desprende que a la fecha, ha fenecido el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia constitucional dictada en el presente asunto, donde se sobreseyó y se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que ninguna de las mismas lo hubiera hecho. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución causó ejecutoria para todos los efectos legales. ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.14 13/10/22 09:36:08 2 SE ORDENA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. Toda vez que en la sentencia constitucional dictada en este asunto, se sobreseyó y negó el presente juicio de amparo. En relación con tal determinación, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DEPURABLE Acorde con lo dispuesto en el artículo 181, inciso b) del Acuerdo General de referencia, relacionado con el 1 Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.14 13/10/22 09:36:08 3 Amparo indirecto 177/2022 capítulo 7, punto 7.1.1 subpunto del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, el presente asunto es susceptible de depuración, al ser un juicio de amparo en el que se negó el amparo y protección de la justicia federal respecto de los actos reclamados. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 18 del citado Acuerdo General; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. DESTINO DE INCIDENTES Respecto de los cuadernos incidentales, se hace la indicación que acorde con lo dispuesto en el artículo 182, fracción l, inciso a) del Acuerdo General de referencia, relacionado con el Capítulo 7, punto 7.1, sub punto 7.1.1, parte 2, del aludido Manual, el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; y.. 2 Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas. ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.14 13/10/22 09:36:08 4 Una vez transcurrido el término de tres años a partir de esta fecha, deberá hacerse constar en el acuerdo de desincorporación, terminado el proceso de depuración, se transferirá a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno Asimismo, en términos de lo dispuesto en el numeral 20, fracción ll, inciso a) del multicitado Acuerdo General conjunto, relacionado con el Capítulo 8, punto 8.1, sub punto 8.1.1, parte 2, inciso a), del referido Manual, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental que deriva de este asunto, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. DIGITALIZACIÒN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 253 , del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaría para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 Artículo 25. Digitalización de expedientes generados con la FIREL. (.) Previo a la transferencia de su documentación, con independencia de la materia del expediente, el órgano jurisdiccional dará´ fe de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa." nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS A LA RESPONSABLE Finalmente, toda vez que la autoridad responsable Juez del Ramo Penal de Primera Instancia, con sede en Huixtla, Chiapas, remitió como apoyo a su informe justificado copia certificada de la causa penal 332/2009, y toda vez que el presente asunto se encuentra concluido, devuélvanse las mismas a la citada responsable para que disponga de ellas a su conveniencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Alma Delia García Gutiérrez, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
SENTENCIA CONSTITUCIONAL V I S TOS, para resolver los autos del juicio de amparo 177/2022 y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la Demanda. Mediante escrito depositado en el buzón judicial el uno de febrero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Mario Enrique Gómez Moreno solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez del Ramo Penal de Huixtla, Chiapas y otras autoridades, el cual precisó en su demanda de amparo. SEGUNDO. Trámite. Por cuestión de turno, el conocimiento de la demanda correspondió al Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el que en proveído de dos de febrero del año en curso, la registró con el número 132/2022, luego determinó carecer de competencia por cuestión de territorio, para conocer del citado asunto, y declinó la misma al Juez de Distrito en turno con sede en esta ciudad. TERCERO. Se acepta competencia. Así, por cuestión de turno tocó conocer a este juzgado de la citada demanda, y por acuerdo de veintidós de febrero del presente año, este juzgado aceptó la competencia declinada, y se avocó al ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.14 13/10/22 09:36:08 JUICIO DE AMPARO 177/2022 -2- conocimiento del asunto, registrándolo con el número 177/2022; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es competente para conocer del presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 37, párrafo primero, y 107 de la Ley de Amparo, 48, y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, modificado mediante el diverso acuerdo 16/2016, publicado el once de marzo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, en el que el Pleno del Consejo determinó el cambio de denominación de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, y por el que a partir del catorce de marzo de dos mil dieciséis, este órgano jurisdiccional se denomina Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula; ya que los actos reclamados tienen ejecución dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.14 13/10/22 09:36:08 JUICIO DE AMPARO 177/2022 -3- SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En este considerando, se procede a fijar de manera clara y precisa el acto reclamado en esta instancia constitucional, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo y, en cumplimiento a lo dispuesto en la tesis jurisprudencial que a continuación se transcribe, misma que resulta aplicable, al no contrariar las disposiciones de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, del análisis integral de la demanda de amparo, y de las constancias obrantes en el sumario se aprecia que los actos reclamados en esta instancia constitucional, consisten en: _ La orden de reaprehensión librada en contra del aquí quejoso, en la causa penal 332/2009, del índice ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.14 13/10/22 09:36:08 JUICIO DE AMPARO 177/2022 -4- del Juzgado del Ramo Penal con sede en Huixtla, Chiapas, como probable responsable del delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, y su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El Fiscal del Ministerio Público adscrito al Juzgado Penal de Huixtla, Chiapas, al rendir su informe justificado negó categóricamente la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa desvirtuara dicha negativa con prueba fehaciente alguna. En consecuencia, al no existir dato objetivo alguno que confirme la participación de dicha potestad en la emisión y ejecución de los referidos actos reclamados; lo conducente es sobreseer en el presente juicio de amparo por cuanto a ellos, acorde a lo preceptuado por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, que dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la ley de Amparo. También, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, número veinte2, que dice: 1 Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Sexta época, Tomo VI, Página 236. 2 Semanario judicial de la federación, octava época, tomo IV, página seiscientos veintisiete. ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.14 13/10/22 09:36:08 JUICIO DE AMPARO 177/2022 -5- INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. Por otra parte, toda vez que la responsable que el quejoso denominó como Director General de la Policía Ministerial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas, con sede en Huixtla, resultó inexistente; por lo tanto, al no existir dicha potestad, es claro que los actos que de ésta se reclama resultan inexistentes. Y en ese contexto lo que procede es declarar la inexistencia de los mismos, para los efectos legales correspondientes. Al caso cobra aplicación la jurisprudencia con los siguientes datos de localización: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 167784, Instancia: Primera Sala, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: 1a./J. 111/2008, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 52, Tipo: Jurisprudencia, del texto y rubro siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.14 13/10/22 09:36:08 JUICIO DE AMPARO 177/2022 -6- decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Juez del Ramo Penal, y Agente de la Policía Especializada Encargado de la Delegación, ambos residente en Huixtla, Chiapas; en virtud de que al rendir su respectivo informe justificado, aceptaron su existencia (fojas 59 y 46), al señalar que el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, se libró orden de reaprehensión en contra del aquí quejoso, en la causa penal 332/2009, por su probable responsabilidad del delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 278, sustentada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice de 2000, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.14 13/10/22 09:36:08 JUICIO DE AMPARO 177/2022 -7- entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". De lo que se colige la existencia del acto reclamado, pues se corrobora con la copia certificada de la causa penal que el juez responsable acompañó a su informe de ley; el cual tiene valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 2° de esta última, toda vez que tienen el carácter de documentos públicos, en términos del numeral 129 del invocado Código Procesal Federal de aplicación supletoria. Al efecto, se cita la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". En consecuencia, se tienen por ciertos los actos que se reclaman a las autoridades responsables. QUINTO.- Causales de improcedencia. Las partes en este asunto no hicieron valer causales de improcedencia, ni a criterio de esta Juzgadora Federal, se advierte alguna de análisis oficioso; consecuentemente, procede el estudio de fondo del acto reclamado. ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.14 13/10/22 09:36:08 JUICIO DE AMPARO 177/2022 -8- También sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 231, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 189, tomo VI, Materia Común, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada uno de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento. SEXTO.- Estudio del fondo del asunto. Son infundados los conceptos de violación esgrimidos por el solicitante de amparo, sin que se advierta motivo para suplir la deficiencia de la queja, tal como lo ordena el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Se reitera que el acto reclamado en esta instancia, lo constituye la resolución de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, dictada por el juez responsable en la causa penal 332/2009, en la que ordenó la reaprehensión del quejoso al no haber dado cumplimiento al convenio celebrado con la denunciante. En ese sentido, la parte quejosa esencialmente aduce que el citado acto de molestia viola en su perjuicio lo ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.14 13/10/22 09:36:08 JUICIO DE AMPARO 177/2022 -9- dispuesto por los artículos 14 y 16 Constitucionales, pues tratan de privarlo de su libertad personal sin que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento. En principio, conviene establecer que la orden de reaprehensión no debe colmar los mismos requisitos de una orden de aprehensión, pues ambas tienen diversa naturaleza jurídica, ya que ésta consiste en el mandato del juez para privar de la libertad a un individuo, como consecuencia de la actividad del Ministerio Público, es decir, como resultado del ejercicio de la acción penal y la petición de éste, para que la autoridad judicial decrete el libramiento de la orden de aprehensión, debe satisfacerse los requisitos del artículo 16 constitucional y las disposiciones secundarias aplicables. En cambio, la orden de reaprehensión, si bien tiene como efecto privar de la libertad a un sujeto, se basa en requisitos y motivos distintos a los de la aprehensión, pues ésta es una consecuencia directa e inmediata del incumplimiento de determinadas obligaciones procesales a cargo del encausado, o bien, al no garantizarse la libertad caucional, después de que cesó en sus efectos la suspensión concedida en un juicio de amparo. Es aplicable al caso la tesis VI.1º.P.174 P, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible a foja 1399, Tomo XV, Marzo de 2002, Novena Época, con número de registro IUS 187469, cuyo rubro dice: ORDEN DE REAPREHENSIÓN. SU FUNDAMENTACIÓN ES DIVERSA A LA DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN. Así, el juez puede decretar la orden de reaprehensión, únicamente con los requisitos comunes a todos los actos de autoridad, es decir, en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.14 13/10/22 09:36:08 JUICIO DE AMPARO 177/2022 -10- y motive la causa legal del procedimiento; ello es así, en atención al origen de la reaprehensión, pues la persona contra la que se dicta se encuentra ya sujeta a un proceso penal. Ahora bien, a fin de verificar lo anterior, es pertinente destacar que de la lectura de las constancias que anexó a su informe justificado el Juez del Ramo Penal con sede en Huixtla, Chiapas, consistentes en copias certificadas de la causa penal 332/2009, a los que, por ser documentos públicos, se les otorga valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo vigente, por disposición de su numeral 2º, se advierte lo siguiente: _ Mediante resolución de término constitucional de once de julio de dos mil once, el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal de Huixtla, Chiapas, dictó auto de formal prisión en contra de Mario Enrique Gómez Moreno por el delito de Incumplimiento de Obligaciones de Asistencia Familiar, previsto y sancionado por los artículos 191 y 192 del Código Penal Vigente en el Estado, en relación al 9, 10, 12, párrafo primero, fracción III, 13, 14 párrafo primero, fracción III, 15 párrafos primero y segundo, y 19 párrafo primero, segundo fracción II del código punitivo (fojas 127 a 146 tomo de pruebas). _ Por acuerdo de once de julio de dos mil once, en virtud del convenio celebrado entre Mario Enrique Gómez Moreno y la denunciante Claudia Yesenia Rincón Rueda, el juez responsable, suspendió el procedimiento instaurado en contra del primero de los citados, apercibiéndolo que en caso de incumplir con el convenio se reactivaría el procedimiento y se mandaría su reaprehensión (foja 147). ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.14 13/10/22 09:36:08 JUICIO DE AMPARO 177/2022 -11- _ Oficio 2414-B/2017, de diez de noviembre de dos mil diecisiete, por el que se solicitó al Juez de Primera Instancia del Ramo Civil de Huixtla, Chiapas, informara si existía depósito de Mario Enrique Gómez Moreno por concepto de pensión alimenticia a partir del mes de agosto de dos mil once a la fecha del oficio (foja 161). _ Mediante proveído de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, el juez de la causa dio vista al fiscal del Ministerio Público adscrito, con el informe realizado por el Segundo Secretario de acuerdos del Juzgado del Ramo Civil de esta ciudad, relativo a diligencias de preliminar de Consignación de Pago de Pensión Alimenticia (foja 166). _ En proveído de once de abril de dos mil diecisiete, el juez natural, ordenó requerir a Mario Enrique Gómez Moreno para que en el término de cinco días contado a partir de que quedara legalmente notificado del citado proveído, diera cumplimiento al convenio de once de julio de dos mil once, celebrado con la denunciante Claudia Yesenia Rincón Rueda, apercibido que de no hacerlo se daría vista al Fiscal del Ministerio Público adscrito. _ En auto de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, el juez de la causa en virtud de la imposibilidad que existía para notificar personalmente al procesado Mario Enrique Gómez Moreno, el requerimiento anterior, ordenó notificar por lista y requerirle para que en el término de cinco días diera cumplimiento al convenio de referencia, con el apercibimiento citado. (foja 214). _ En acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, al transcurrir el término de cinco días otorgado al procesado sin que diera cumplimiento a lo requerido, el juez de origen dio vista al Fiscal del Ministerio Público adscrito ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.14 13/10/22 09:36:08 JUICIO DE AMPARO 177/2022 -12- para que manifestara lo que a su representación social conviniera (foja 216). _ En proveído de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, y atendiendo la petición del Fiscal del Ministerio Público adscrito, y a que el procesado Mario Enrique Gómez Moreno no dio cumplimiento al requerimiento que se le hizo mediante proveído de veintitrés de octubre de esa anualidad, esto es, cumplir con el convenio de once de julio de dos mil once, celebrado con la denunciante Claudia Yesenia Rincón Rueda, con fundamento en el artículo 195, párrafo cuarto en relación con el 536 fracción V y 539 de la ley en comento (sic) ordenó la búsqueda y reaprehensión del aquí quejoso (foja 217). La anterior determinación constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Precisado lo anterior, se reitera que los conceptos de violación que hace valer el quejoso, resultan infundados pues la orden de reaprehensión ordenada por el juez responsable se encuentra ajustada a las exigencias que prevén los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, ya que la misma derivó de un procedimiento penal al cual el quejoso se encontraba sujeto y por ende no desconocía de su tramitación; además se expusieron los fundamentos y argumentos en los que sustentó el libramiento del mandamiento de recaptura reclamado, los cuales engastan en la hipótesis que establece el artículo 195 del Código Penal del Estado, en virtud de no haber cumplido con el convenio de once de julio de dos mil once, celebrado con la denunciante Claudia Yesenia Rincón Rueda. Además, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.14 13/10/22 09:36:08 JUICIO DE AMPARO 177/2022 -13- esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que la resolución jurisdiccional constitutiva del acto reclamado, cumple con la garantía constitucional de referencia, cuando de la misma se advierte con claridad las disposiciones en que se basa y que además hacen referencia a la motivación que engasta en dichas hipótesis legales. Apoya esta conclusión la tesis P. CXVI/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de 2000, página 143, que dice: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS.- La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.14 13/10/22 09:36:08 JUICIO DE AMPARO 177/2022 -14- general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa". En efecto, la orden de reaprehensión reclamada no resulta violatoria de las garantías individuales del quejoso, por cuanto se trata de una consecuencia jurídica al no otorgar los montos de las pensiones alimenticias correspondientes y que se comprometió en términos de lo pactado en el citado convenio, tal como lo prevé el invocado normativo 195 del código represivo local; de ahí que lo procedente era ordenar su reaprehensión, como se le hizo saber en proveído de once de julio de dos mil once; amén de que el mandamiento de recaptura también tiene sustento en los efectos del auto de formal prisión emitido en su contra al haberse pronunciado por delito que amerita pena de prisión. De ahí que es inconcuso que la reaprehensión reclamada de ninguna manera puede estimarse inconstitucional, por ser una consecuencia legal y directa del incumplimiento a lo ordenado por el juez responsable en el proveído de once de julio de dos mil once mencionado, en el que se le apercibió que de no cumplir con el convenio se reactivaría el procedimiento y se ordenaría su reaprehensión el cual fue notificado al impetrante. Es de citarse la tesis aislada del ahora Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la página 419, Tomo X, octubre de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.14 13/10/22 09:36:08 JUICIO DE AMPARO 177/2022 -15- REAPREHENSIÓN, ORDEN DE. POR SI SOLA NO VIOLA GARANTÍAS CUANDO EMANA DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN.- No es violatoria de las garantías individuales que tutelan los artículos 14, 16 y 22 constitucionales, por sí sola la determinación del juez de la causa en el sentido de que una vez quedado el auto de formal prisión firme, procedió al dictado de la orden de reaprehensión reclamada, la cual en ninguna manera puede estimarse como inconstitucional por ser consecuencia directa de lo anterior, si de todos modos la quejosa ya está sujeta al auto de bien presa y lo único que se persigue es que el reo continúe en la situación jurídica ya existente". Aunado a lo anterior, el juez de origen previo a ordenar la reaprehensión del quejoso, en proveído de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, lo requirió para que diera cumplimiento al convenio de que se habla, otorgándole un plazo de cinco días a partir de la legal notificación, sin que éste lo hiciera, y ante tal rebeldía, lo procedente era ordenar su reaprehensión para la continuación del procedimiento, tal como lo hizo el juez instructor. En suma, al ser constitucional la orden de reaprehensión reclamada, sin advertirse deficiencia que suplir en términos de la fracción II del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal a Mario Enrique Gómez Moreno, contra actos del Juez del Ramo Penal con sede en Huixtla, Chiapas. Negativa de amparo que se hace extensiva al acto de ejecución que se reclama al Agente de la Policía Especializada encargado de la delegación de Huixtla, Chiapas, al no impugnarse por vicios propios. Por lo antes expuesto y fundado, se Resuelve: PRIMERO.- Se Sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Mario Enrique Gómez Moreno, en contra de las autoridades señaladas en el considerando tercero de esta resolución, por los motivos expuestos en el mismo. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Mario Enrique Gómez Moreno, en contra de los actos atribuidos al Juez del Ramo Penal y agente de la policía Especializada encargado de la Delegación, ambos con sede en Huixtla, Chiapas, en términos de lo expuesto en el considerando último de esta resolución. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables; a la tercera interesada y al Agente del Ministerio Público de la Federación por lista. Así lo resolvió y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida por Alma Delia García Gutiérrez, Secretaria del Juzgado con quien actúa, el día de hoy veinticinco de mayo de dos mil veintidós, fecha en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy Fe.
- Incidental
AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN INCIDENTAL. En Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chapas, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintiocho de abril de dos mil veintidós, hora y fecha señalada para que tenga verificativo la audiencia dentro del incidente de suspensión que deriva del juicio de amparo 177/2022, encontrándose en audiencia pública Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Alma Delia García Gutiérrez, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, declaró abierta la audiencia incidental sin la asistencia personal de ninguna de las partes. De inicio, la Secretaría hace constar que obran agregados a los autos: 1.- Copia de la demanda de amparo. 2.- Constancia de emplazamiento a las autoridades responsables. 3.- Informes previos de las responsables 4.- Que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, no formuló alegatos de su intención. Enseguida, la Jueza acuerda: Visto lo de cuenta, se tiene por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar en términos del artículo 144 de la Ley de Amparo. Por otro lado, con fundamento en el artículo 144 de la Ley Amparo, se abre el período de pruebas, la Secretaría hace constar que no fueron aportadas por ninguna de las partes. A continuación se procede a la apertura del diverso de alegatos, en donde se tiene que ninguna de las partes formuló los de su intención; ante ese escenario, se declara ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.14 13/10/22 09:36:08 2 cerrada dicha fase, y se ordena dictar la siguiente resolución. VISTOS para resolver en definitiva los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 177/2022. RESULTANDO ÚNICO. Actos reclamados y efectos para los que se solicita la suspensión. En el presente caso, la parte quejosa en su escrito de demanda, reclama de las autoridades responsables lo siguiente: ? "Las órdenes de detención y/o reaprehensión, así como su ejecución. A su vez, solicita la suspensión de los actos reclamados para el efecto que no se continúe con la ejecución del acto reclamado. Atento a lo anterior, este juzgador procede a analizar los elementos jurídicos de la medida cautelar solicitada. CONSIDERANDO PRIMERO. Análisis de los elementos jurídicos de la suspensión en el amparo. Este órgano jurisdiccional procede al análisis de los elementos jurídicos respecto de la suspensión definitiva solicitada. SEGUNDO.- El Ministerio Público adscrito al Juzgado Penal de Huixtla, Chiapas, al rendir su respectivo informe previo negó la existencia del acto reclamado ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.14 13/10/22 09:36:08 3 Amparo indirecto 177/2022 Motivo por el que se impone NEGAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada, por no existir materia a qué aplicarla. Es aplicable a lo anterior, la tesis jurisprudencial visible a página 5983, Tomo LXXIII, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que estatuye: "INFORME PREVIO, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN SI NO SE DESVIRTÚA LA NEGATIVA DEL ACTO, EN EL. Si no se desvirtúa la negativa de la autoridad responsable, contenida en su informe previo, es claro que tal negativa queda firme, y por consecuencia, se estará frente a actos que no existen, por lo que debe concluirse que es improcedente conceder el beneficio de suspensión, contra actos de esa naturaleza". EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS TERCERO.- El Secretario de Acuerdos del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado del Ramo Penal de Primera Instancia y el Agente de la Policía Especializada Encargado de la Delegación, ambos con residencia en Huixtla, Chiapas, al rendir sus respectivos informe previos aceptaron el acto reclamado; pues la autoridad judicial refirió que el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, se libró orden de reaprehensión en contra del aquí quejoso Mario Enrique Gómez Moreno, en autos de la causa penal 337/2019, por el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO La actuación impugnada por la parte quejosa es de naturaleza positiva, dado que conlleva un hacer por parte de las autoridades; por tal razón, desde esa óptica, sí es ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.14 13/10/22 09:36:08 4 factible pronunciarse sobre de la medida cautelar solicitada. INTERÉS SUSPENSIONAL Y ANÁLISIS DE LA VULNERACIÓN AL ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL En la especie, se tiene acreditado el interés suspensional de la parte quejosa para solicitar la presente medida cautelar, toda vez que con la misma se pretende paralizar un acto privativo o de molestia que de ejecutarse trascendería de manera directa a su esfera de derechos cuya titularidad pretende salvaguardar. DECISIÓN Ahora bien, como el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, por el cual se libró la orden de reaprehensión, no es considerado grave; por consiguiente, se actualizan en la especie las hipótesis previstas en el artículo 139 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 128, fracciones I y II, y 129 de la Ley de Amparo, se concede a Mario Enrique Gómez Moreno, la suspensión definitiva de los actos reclamados consistentes en la orden de reaprehensión, librada en su contra, así como su ejecución, para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, y no sea privado de su libertad, quedando a disposición de este Juzgado en cuanto a su libertad personal, hasta en tanto se notifiquen a las autoridades responsables que ha causado ejecutoria la sentencia que se dicte en cuanto al fondo del amparo. GARANTÍAS ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.14 13/10/22 09:36:08 5 Amparo indirecto 177/2022 Como el procedimiento penal es de orden público y no es dable suspenderlo, este Juzgador en uso de la facultad discrecional que le confiere el artículo 162, primer párrafo parte final de la Ley de Amparo vigente, además, con apoyo en la jurisprudencia número 1a./J. 16/97, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que se localiza bajo el rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO, TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL",1 estima procedente fijar a la parte peticionaria de amparo, las medidas de aseguramiento siguientes: 1. La suspensión concedida surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si la parte quejosa no otorga a satisfacción de este Juzgado dentro del término de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, de conformidad con el artículo 136 de la Ley de Amparo, garantía por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), debiendo exhibirla en billete de depósito o en cualquiera de las formas permitidas por la ley a nombre de la parte incidentista; cantidad que se fija de manera discrecional por no contar con mayores elementos para fijarla, sin perjuicio de que con posteridad, de aparecer mayores datos, dicha cantidad se adecue en su oportunidad. 2. Por otra parte y respecto a la obligación que le impone al quejoso el artículo 150 de la Ley de Amparo, de presentarse ante la autoridad responsable, se requiere al peticionario de amparo, para que dentro del término de tres días, se ponga a disposición del Juez 1 Visible en las páginas 226 y 227 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, Mayo de 1997, Pleno y Salas. ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.14 13/10/22 09:36:08 6 del Ramo Penal, con sede en Huixtla, Chiapas, para la continuación del procedimiento, apercibido que de no hacerlo dejará de surtir efectos la suspensión concedida; lo cual deberá informar a este órgano jurisdiccional, el juez responsable a la brevedad posible. Ahora bien, en caso de que exhiba garantía para que surta efectos la presente suspensión, y de no demostrar con documento fehaciente que compareció ante el Juez de la causa, con apoyo en los artículos 150 y 163 de la Ley de Amparo, dejará de surtir efectos la suspensión concedida, asimismo, se hará efectiva la garantía de mérito a favor del erario público. Resulta aplicable la jurisprudencia número 1ª./J. 94/2001, que sustentó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo XIV, Noviembre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que puede verse en la página 26, cuyo texto dice: SUSPENSIÓN EN CONTRA DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 138, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, EL JUEZ DE DISTRITO AL CONCEDERLA GOZA DE LA MÁS AMPLIA FACULTAD PARA IMPONER AL QUEJOSO LA OBLIGACIÓN DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA PARA RENDIR SU DECLARACIÓN PREPARATORIA, COMO REQUISITO DE EFECTIVIDAD DE ESA MEDIDA. Del criterio sustentado por esta Primera Sala en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 16/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, mayo de 1997, página 226, así como de la exposición de motivos de la iniciativa que adicionó un segundo párrafo al artículo 138 de la Ley de Amparo, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, y de los preceptos de dicha ley que rigen la suspensión del acto reclamado, se desprende que el Juez de amparo cuenta con las más amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime pertinentes cuando conceda la suspensión tratándose de una orden de aprehensión emitida en contra del quejoso, entre ellas, la prevista en el citado párrafo, consistente en su comparecencia ante el Juez de la causa, como requisito para que surta efectos la suspensión concedida; medida que tiene como finalidad que el quejoso sea devuelto a la autoridad responsable en caso de que le sea negado el amparo, que no se sustraiga a la acción de la justicia, y que la concesión de la suspensión no constituya un obstáculo para la continuación del procedimiento penal, en virtud de que de conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del propio artículo 138, dicho procedimiento debe continuar para asegurar un equilibrio entre el interés particular de la agraviada que solicita amparo en contra de un acto que afecta su libertad personal y el interés de la sociedad en general. De manera que aun cuando el segundo párrafo del citado precepto, no establece expresamente que la comparecencia de la quejosa ante el juzgado de la causa tenga por objeto que rinda su declaración preparatoria, del análisis de los elementos antes citados se advierte que esa es precisamente su finalidad, toda vez que al ser dicha declaración parte de la instrucción, resulta necesaria para la continuación del proceso seguido en contra del quejoso, quien no puede quedar eximido de rendirla por gozar de la suspensión. Lo anterior, sin menoscabo del beneficio que en favor del gobernado prevé la fracción II del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que no podrá ser obligado a declarar, prerrogativa que puede hacer valer en el momento en que comparezca ante el Juez de la causa, al desahogo de dicha diligencia. También es aplicable, la jurisprudencia 1a./J. 149/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 371, tomo XXVII, Enero de 2008, Materia Penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del rubro siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ. El artículo 138, segundo párrafo, de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afectan la libertad personal, la obligación del quejoso de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa o el Ministerio Público, apercibido que de no hacerlo la suspensión concedida dejará de surtir efectos, se actualiza hasta que se tiene certeza respecto de la existencia del acto reclamado (orden de aprehensión o de presentación) y de la autoridad que lo emitió. Ello es así, porque ante la eventualidad de que en la demanda de garantías se señalara una multiplicidad de posibles autoridades responsables, resultaría innecesario y desproporcional que se constriñera al quejoso a presentarse ante cada una de ellas; de ahí que en tal supuesto el juez de amparo que conceda la suspensión provisional debe hacerlo en términos de los artículos 124 Bis, 136 y 138 de la Ley de Amparo, pero en el entendido de que la mencionada medida de aseguramiento será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad que lo emitió, lo cual ocurre, en el juicio de amparo indirecto, cuando las autoridades señaladas como responsables rinden informe previo dentro del término de veinticuatro horas y en él manifiestan, entre otras cosas, si es o no cierto el acto que se les atribuye, cuestión que deberá notificarse personalmente al quejoso. CUMPLIMIENTO La medida cautelar que se concede deberá de ser acatada por las autoridades responsables y aquella que resulte vinculada, con el apercibimiento de que en caso de desobediencia, se actualizaría la hipótesis contenida en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO.- Se NIEGA a Mario Enrique Gómez Moreno, la suspensión definitiva de los actos reclamados de la autoridad precisada en el considerando segundo de la presente resolución incidental, y por las razones ahí expuestas. SEGUNDO.- Se CONCEDE a Mario Enrique Gómez Moreno, la suspensión definitiva de los actos reclamados de las autoridades precisadas en el considerando tercero de la presente resolución incidental, y por las razones y términos ahí expuestos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Alma Delia García Gutiérrez, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Incidental
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintisiete de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa fue omisa en relación a la vista que se le dio en proveído de diecisiete de marzo del año actual; por lo que, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, y se tiene por inexistente a la autoridad responsable señalada como Director General de la Policía Ministerial de la Fiscalía General con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y se ordena suspender toda comunicación oficial con la misma. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Alma Delia García Gutiérrez, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
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