Mario Emilio Uc Dzul

Expediente 810/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 17 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
810/2021
Año
2021
Actuaciones
17
Última actuación
31/01/2022

Partes del expediente

  • Mario Emilio Uc Dzul
  • Mario Emilio Uc Dzul y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Vista la primera de las certificaciones secretariales de cuenta y atento al estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa [única legitimada], interpusiera recurso de revisión contra el auto de siete de enero de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que se haya hecho valer medio de impugnación la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, 86 y demás relativos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales. Por otra parte, toda vez que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, así como el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, envíese al archivo. Asimismo, en cumplimiento artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, por haberse sobreseído el amparo, una vez transcurrido el plazo de tres años. De igual forma, en observancia a lo previsto en el numeral 35 del citado Acuerdo General, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15 del propio acuerdo; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la presente fecha no obra en autos el informe justificado del Consejero Presidente del Consejo de Salubridad General, con residencia en la Ciudad de México, ni la constancia de notificación del oficio *** por el que se le requirió tal informe, mismo que se ordenó reexpedir en proveído de treinta de noviembre de esta anualidad. Asimismo, visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que por escrito presentado el trece de diciembre de dos mil veintiuno, la parte quejosa informó que le fue aplicada a su hijo la segunda dosis de la vacuna contra el COVID 19, motivo por el cual exhibió copia simple de los comprobantes de vacunación contra el virus SARSCOV2, relativos a la primera y segunda dosis. Ahora, tomando en consideración que dicha documental, al tratarse de una copia fotostática simple carente de valor legal, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Secretaría de Salud y los Servicios Estatales de Salud, ambos del Estado de Quintana Roo, para que dentro del término de tres días, legalmente computado, remita copia certificada de los referidos comprobantes de vacunación contra el virus SARSCOV2, relativos a la primera y segunda dosis, aplicadas al aquí menor quejoso. Apoya las consideraciones expuestas, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero de 1997, Tomo V, Materia Común, Novena Época, visible en la página 108, que indica: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto". Se apercibe a la autoridad responsable que de ser omisa, se le impondrá una multa por la cantidad de ****, equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación. Por tanto, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fija como nueva fecha y hora para su celebración las doce horas con veinte minutos del veintiocho de enero de dos mil veintidós. Sin que resulte necesario notificar a la autoridad responsable, a través de oficio, el señalamiento de la nueva fecha y hora para su celebración, pues esta determinación no tiene la transcendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio, no obstante, podrá consultar la página de, con el objeto de hacer de su conocimiento la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Máxime que es un hecho público que la pandemia provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19), sigue latente; por lo que la anterior determinación se emite en salvaguarda de la salud e integridad física de la actuaría, y demás personal de este órgano, así como de los propios justiciables. Notifíquese.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por ***, representante del menor ***, por medio del cual informa que le fue aplicada a su hijo la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la parte quejosa las consistentes en: Comprobantes de vacunación contra el virus SARS-COV2, relativos a la primera y segunda dosis. Mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, y que serán tomadas en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese.

Quedan 13 actuaciones en este expediente

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