Mario Eli Marroquín Pérez

Expediente 1387/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1387/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
17/12/2019

Partes del expediente

  • Mario Eli Marroquín Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia dictada el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella sentencia, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. En consecuencia, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, para que dentro del término de tres días siguientes contados desde que reciba el oficio en el que se le transcribe el presente acuerdo, se sirva informar a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo, cuyos efectos son los siguientes: "De inmediato la junta responsable deberá proveer lo que legalmente corresponda respecto al emplazamiento a la demandada ******************** dentro de los autos del juicio reclamatorio laboral de origen ********************Asimismo, deberá constatar y supervisar que el Actuario de su adscripción acate lo ordenado por la junta en el juicio de origen, en relación al emplazamiento de la parte demandada." En consecuencia, hecho lo anterior, la nombrada responsable, deberá remitir a este tribunal federal las constancias relativas a todo lo actuado con motivo de dicho ordenamiento; con el apercibimiento que de no hacerlo así, dentro del término legal que para tal efecto se le señala, se procederá conforme al artículo 193 de la citada legislación y acorde a lo estipulado en la fracción XVI, del artículo 107 de la Constitución Federal, esto es, se le impondrá una multa de cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al dictado del presente acuerdo, con fundamento en los artículos 238 y 258, ambos de la Ley de Amparo y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado a que corresponda o en su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 54/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el catorce de noviembre de dos mil catorce, que al rubro dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las catorce horas del veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, hora y día señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 1387/2019-V, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, quien actúa ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. El Juez declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes. A continuación, la secretaria da cuenta con el escrito de demanda, con el acuerdo de cuatro de octubre de dos mil diecinueve, en el que se admitió la demanda de amparo, con la constancia de notificación a la autoridad responsable y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y con el informe justificado rendido por la autoridad responsable. El Juez acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana ofrecidas por la parte quejosa en su escrito de demanda y con las copias certificadas de las constancias que remitió la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con su informe justificado (fojas 14 a 35). El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y desahogadas por su naturaleza las probanzas de referencia; con lo anterior se cierra dicho periodo de prueba. Posteriormente, se abre el período de alegatos en el que la secretaria no da cuenta con promoción alguna, por lo que se concluye la fase de referencia. Finalmente, no habiendo diligencia pendiente por desahogar y al encontrarse integrado este expediente se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Vistos, para resolver el presente juicio de amparo número 1387/2019-V promovido por Mario Eli Marroquin Pérez, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por estimarlo violatorio a los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el tres de octubre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, Mario Eli Marroquin Pérez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado. Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de cuatro de octubre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo, se ordenó dar a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito, la intervención legal que le compete, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgado de Distrito; lo anterior, por tratarse de un juicio de amparo promovido contra una omisión atribuida a un tribunal laboral con residencia dentro del ámbito territorial en donde ejerce jurisdicción este Juzgado. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con el criterio sustentado en la tesis P.VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Resulta necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de fijar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente el que en apariencia señaló como tal. Así, de las constancias se advierte que la parte quejosa reclama de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, la denegación de justicia consistente en la falta de emplazamiento a juicio de la demandada Comisión Federal de Electricidad, en el juicio reclamatorio laboral 685/2018. Tercero. Existencia del acto reclamado. La Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, en representación de la Junta responsable, en su informe justificado, manifestó que es cierto el acto que se le reclama, por lo que se tiene por cierto el mismo. Dicha circunstancia se acreditó con las copias certificadas de las constancias que la Presidenta de la junta responsable remitió a estos autos, deducidas del juicio reclamatorio laboral 685/2018, las cuales tienen pleno valor probatorio al tenor de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cuarto. Causales de improcedencia. Previamente al estudio del fondo, deben analizarse las causas de improcedencia que se adviertan oficiosamente o propongan las partes, toda vez que éstas son de estudio preferente a cualquier otra cuestión planteada, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. La Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, hizo alusión a la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, refiriéndose a la establecida en la jurisprudencia con registro 2011580, que es en relación con los actos que no son de imposible reparación, como interpreta la tesis de número 48/2016 (10a.), que fue aprobada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Común, visible en la página 1086, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación materia a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Al respecto, cabe señalar que del contenido de la tesis señalada por la autoridad responsable, se determinó que por excepción será procedente el juicio de amparo cuando exista una abierta dilación del procedimiento. Entonces, al ser precisamente el acto reclamado por la parte quejosa en este juicio la omisión de emplazar a la parte demandada en el juicio laboral de origen, desde que se radicó dicho juicio; es evidente que no se actualiza la causa de improcedencia invocada con base en aquel criterio, pues de las constancias remitidas por la responsable se puede advertir una dilación abierta; por tanto, es infundada la causal de improcedencia planteada por la responsable. Por otra parte, no ha lugar a hacer pronunciamiento alguno en relación a la diversa causal de improcedencia invocada por la responsable, relativa a la extemporaneidad en la presentación de la demanda de amparo, debido a que dicha causal la autoridad la sustenta, partiendo de la base de que la quejosa señaló como acto reclamado la fecha lejana señalada para la audiencia de Ley y que el quejoso conoció de dicha fecha en la audiencia de catorce de agosto de dos mil diecinueve; sin embargo, ello no es así, debido a que lo que la parte quejosa reclamó en este juicio no es la fijación de la fecha lejana, sino la omisión de emplazar a la parte demandada; acto respecto del cual sí se encuentra en tiempo la promoción de este juicio. De ahí que no le asista la razón a la junta responsable respecto a la acreditación de las causales invocadas. Quinto. Estudio de fondo. No existiendo diversa causa de improcedencia que hagan valer las partes, ni advirtiéndose de oficio alguna, se procede al análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo, que por economía procesal se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no encontrarse este resolutor obligado a transcribirlos. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 58/2010, aprobada por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País. La parte quejosa aduce que en esencia la autoridad laboral ha dejado de cumplir con sus funciones y deberes que la Ley de la materia le impone, violando en su perjuicio el derecho contemplado en el numeral 17 constitucional, consistente que se administre justicia de manera pronta dentro de los plazos establecidos. El concepto de violación aducido por la parte quejosa es fundado en suplencia de la queja en base al artículo 79, fracción V de la Ley de Amparo, por tratarse de la parte trabajadora en el juicio laboral de origen, ya que en el caso a estudio se contraviene el derecho humano de acceso efectivo a la justicia, prevista en el artículo 17 constitucional. El mencionado precepto, en su parte conducente establece: "ARTÍCULO 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando prohibidas las costas judiciales. (.)" El derecho humano contenido en el artículo transcrito dispone que los tribunales jurisdiccionales impartirán justicia en forma expedita y gratuita; de tal forma que entre los diversos derechos fundamentales que se tutelan en ese numeral, está el relativo a tener un acceso efectivo a la administración de justicia; empero, para su debido acatamiento no basta el que se permita a los gobernados instar ante un órgano jurisdiccional, sino que tal acceso debe hacerse efectivo en la medida en que pueda obtenerse una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley, se resuelva si le asiste o no razón sobre los derechos cuya tutela jurisdiccional ha solicitado. Por tal motivo, la impartición de justicia y por ende, su efectivo acceso por la quejosa, se debe sujetar a los plazos y términos que fije en la Ley Federal del Trabajo. La norma constitucional en análisis pertenece al tipo de las garantías de seguridad jurídica, que en lo atinente, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Del texto constitucional, se advierte que la prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento, como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. Estos principios generales, aplicados a la materia específica, deben entenderse referidos al juicio laboral y al laudo. Una de las características esenciales del juicio laboral, además de su sencillez, es la prontitud con la cual se van desarrollando cada una de sus etapas, en las cuales algunos de los actos se desenvuelven en forma inmediata, lo que no deja lugar a dudas de la expedites en la tramitación y resolución de los juicios laborales. Lo anterior se desprende de los artículos 685 y 750, de la Ley Federal del Trabajo, que disponen: "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Cuando la demanda del trabajador sea incompleta, en cuanto a que no comprenda todas las prestaciones que de acuerdo con esta Ley deriven de la acción intentada o procedente, conforme a los hechos expuestos por el trabajador, la Junta, en el momento de admitir la demanda, subsanará ésta. Lo anterior sin perjuicio de que cuando la demanda sea obscura o vaga se proceda en los términos previstos en el artículo 873 de esta Ley"; "Artículo 750. Las notificaciones, citaciones o emplazamientos deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la Ley exista disposición en contrario." Asimismo, el diverso artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, aplicable al presente caso dispone que: "Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley. Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda o que estuviere ejercitando acciones contradictorias o no hubiere precisado el salario base de la acción, en el acuerdo le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y la prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días. Dicho acuerdo deberá notificarse personalmente al actor". De lo anteriormente, se advierte la omisión de la autoridad responsable de ajustar su actuación a los términos que la legislación laboral le impone y que, indefectiblemente ha tenido como consecuencia que dentro del juicio laboral de origen no se respeten los términos que señala la Ley Federal del Trabajo, si se toma en cuenta que las actuaciones que lo rigen son de tracto sucesivo y, con la reiterada omisión de la Junta Laboral, al no llevar acabo el emplazamiento de la demandada Comisión Federal de Electricidad, en el juicio reclamatorio laboral 685/2018, de cuya violación se duele la parte quejosa, que se sucede momento a momento y genera esa situación o estado permanente de las cosas, por tanto, se reproduce día con día, lo mismo que sus consecuencias, porque, a la postre, retarda la expedites que debe regir en los procedimientos laborales, impidiendo su culminación mediante el oportuno pronunciamiento del laudo respectivo. Bajo esta perspectiva, está probado en autos que la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, radicó la demanda laboral del quejoso bajo el expediente 685/2018, fijó las diez horas del veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y ordenó notificar y emplazar a juicio a todas las partes en el referido juicio laboral; sin embargo, hasta la fecha en que rindió su informe justificado, no había emplazado a la demandada Comisión Federal de Electricidad, por tanto, dicho proceder incumple cabalmente con lo ordenado por el artículo 17 Constitucional. El numeral 873 de la legislación obrera establece que dentro de las veinticuatro horas contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, la junta dictará acuerdo en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, la cual deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda; además, que dicho acuerdo se debe notificar personalmente a las partes con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos; asimismo, el diverso artículo 750 de la referida Ley establece que las notificaciones, citaciones o emplazamientos se deberán de realizar dentro de los cinco días siguientes a su fecha. Así, de las constancias que obran en autos se pone de manifiesto que desde el trece de septiembre de dos mil dieciocho, la Junta responsable recibió el escrito de demanda laboral, proveyó su admisión el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, señaló las diez horas del veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y ordenó practicar la primera notificación a las partes; sin embargo, dicha audiencia de ley, quedó diferida para el catorce de agosto de dos mil diecinueve, y posteriormente para el dos de marzo de dos mil veinte, ante la falta de notificación de la parte demandada en el juicio reclamatorio laboral de origen 685/2018. De igual manera, si bien es cierto que de las constancias del juicio reclamatorio laboral de origen 685/2018 que la junta responsable remitió con su informe, se advierte que al admitir la demanda laboral el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, acordó notificar a todas las partes; sin embargo, a la fecha en que se dicta este fallo, no se advierte que la junta haya notificado dicho acuerdo y emplazado a juicio a la demandada Comisión Federal de Electricidad y en consecuencia proveído lo conducente al emplazamiento de la misma. De ahí, es evidente que la autoridad laboral ha tramitado el juicio reclamatorio laboral de origen fuera de los plazos y términos establecidos en la Ley Federal de Trabajo. La consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al artículo 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. Por ello debe estimarse que existe contra la parte quejosa, violación al derecho de impartición de justicia pronta y expedita, previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, porque la autoridad responsable Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, no ha acordado ni notificado lo conducente al emplazamiento a la demandada Comisión Federal de Electricidad, en el juicio reclamatorio laboral de origen 685/2018, dentro del término establecido en la Ley Federal del Trabajo, lo que se aparta de los principios del proceso derivado de los juicios laborales, que señala que el derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte, por lo que las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 209 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, octubre de dos mil siete, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales". En las relatas circunstancias, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a Mario Eli Marroquin Pérez, a fin de restituirlo en el goce de su derecho que le fue violado. Sexto. Precisión de los efectos para los que se concede el amparo. El artículo 77 de la ley de la Materia, establece que cuando el acto reclamado es de carácter omisivo o negativo, como en el caso, la sentencia tendrá por objeto obligar a la responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el caso, la autoridad responsable, una vez que causé ejecutoria la sentencia, deberá realizar lo siguiente: De inmediato la junta responsable deberá proveer lo que legalmente corresponda respecto al emplazamiento a la demandada Comisión Federal de Electricidad, dentro de los autos del juicio reclamatorio laboral de origen 685/2018. Asimismo, deberá constatar y supervisar que el Actuario de su adscripción acate lo ordenado por la junta en el juicio de origen, en relación al emplazamiento de la parte demandada. Séptimo. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto, considerado y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo aplicable, es de resolverse y se: R e s u e l v e: Primero. La Justicia de la Unión ampara y protege a Mario Eli Marroquin Pérez, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por los motivos expuestos en el quinto considerando de esta resolución y para los efectos precisados en el sexto considerando. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de noviembre de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que inmediatamente antecede y toda vez que se encuentra transcurriendo el término otorgado a las partes en proveído de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, respecto a la vista que se les dio con el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fija para su celebración las catorce horas del veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. Sin que el presente acuerdo deba notificarse por oficio a las autoridades responsables, dado que no se considera de trascendencia, acorde a lo sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por licencia del Titular, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido del licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán; y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes para el uso de sus derechos de estimarlo pertinente. Por otra parte, con fundamento en el artículo 5 de la Ley de Amparo interpretado en sentido contrario, no ha lugar a tener como tercero interesada a la Comisión Federal de Electricidad, pues si bien es cierto que la parte quejosa lo señala como parte tercero interesada, también es verídico que de la lectura integral de la demanda, se advierte que la quejosa señala como acto reclamado la falta de emplazamiento de la referida demandada al juicio laboral de origen; por tanto, resulta claro que ésta no se ubica dentro de alguna de las hipótesis que establece en el artículo 5 de la Ley de Amparo, puesto que no tiene el carácter de contraparte de la quejosa en el juicio laboral de origen, en razón de que aún no ha sido emplazada, según se advierte del informe con que se da cuenta, y la resolución que recaiga al presente juicio de amparo no pudiera afectarle. Sirve de apoyo, criterio jurisprudencial emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el número 2a./J.67/2009, visible en la página 265, Tomo XXIX, Mayo de 2009, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003). Conforme al artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la contraparte del agraviado tiene derecho a intervenir en el juicio de garantías como tercero perjudicado cuando el acto reclamado emane de juicios del orden civil, administrativo o del trabajo. Ahora bien, esa disposición debe interpretarse en el sentido de que cuando el promovente del amparo es el actor en el juicio natural, sólo el demandado emplazado, tiene el carácter de tercero perjudicado, toda vez que con el llamamiento a juicio se ha constituido la relación procesal. Lo anterior es congruente con el artículo 167 de la Ley de Amparo, ya que el tercero perjudicado debe comparecer ante el Tribunal Colegiado de Circuito a defender sus derechos, pues quien todavía no es emplazado en el juicio de origen no ha resentido afectación alguna a su esfera jurídica y, en consecuencia, no tiene derechos que defender." Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por licencia del Titular, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido del licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe.

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