Mario Eleazar Lara Belman
Expediente 985/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 985/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Mario Eleazar Lara Belman
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto por el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto de veintiuno de septiembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por ********************, sin que lo hiciera. Por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta, agréguese el escrito signado el autorizado en términos amplios del quejoso; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y de acuerdo con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, otórguense los permisos necesarios en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) para que bajo su responsabilidad, el usuario "********************", pueda consultar el expediente electrónico y se le practiquen notificaciones de carácter personal.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Tribunal Unitario de Juicio Oral del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, sede Irapuato; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 985/2023-III. Desechamiento. De conformidad con lo que dispone el artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado tiene la obligación de examinar la demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano de conformidad con el artículo 113 del citado ordenamiento legal, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no es dable tramitar demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al juez de distrito de examinar con todo detenimiento la demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Acto reclamado Del análisis integral de la demanda, se advierte que el promovente reclama la resolución emitida el doce de septiembre de dos mil veintitrés por la autoridad responsable en la causa penal ***, respecto a la remoción de su defensor particular por la inasistencia de éste a la audiencia de juicio oral y, en su lugar, la designación de defensor público. Causa de improcedencia. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos dos últimos interpretados a contrario sensu, toda vez que el acto reclamado no causa una afectación de imposible reparación. Los artículos invocados establecen textualmente lo siguiente: De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]." De la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]." El acto reclamado no es de imposible reparación, porque su posible incorrección sólo inobservaría normas de fuente procesal, no sustantiva; por tanto, únicamente afectaría derechos adjetivos susceptibles de repararse en la sentencia que se dicte en ese proceso. Por ende, esa actuación es intraprocesal porque puede repararse en definitiva si la parte quejosa obtiene una sentencia favorable en el juicio laboral de origen, de manera que, al final, el acto que combate no le produzca algún perjuicio. Entonces, el acto reclamado no reviste el carácter de uno de imposible reparación para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues sus consecuencias no afectan directa e inmediatamente alguno de los derechos fundamentales de la persona tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es decir, sólo tiene consecuencias o produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que pueden quedar subsanados con el solo hecho de que quien se dice afectado obtenga un fallo favorable a sus intereses. En efecto, los actos procesales únicamente tienen una ejecución de imposible reparación, cuando, como consecuencia de ello se afecta de manera cierta e inmediata alguno de los derechos fundamentales del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad y la propiedad, entre otros; de modo que esa afectación no pueda repararse con el hecho de obtener una resolución favorable, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trate, ya que en estos casos específicos la justicia federal debe intervenir sin demora a través del juicio de amparo indirecto, porque las consecuencias de la violación no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese resolución favorable a sus intereses; por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. Es por ello que la razón de ser de dichos derechos encuentra su fin último en la obtención de una resolución favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal se reparan y desaparecen en la realidad jurídica, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ningún derecho sustantivo; es decir, en estos casos, en el momento en que se producen las violaciones del procedimiento, no se afecta de manera irremediable algún derecho público subjetivo, sino que tan sólo hace surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado y por esta razón, es necesario esperar hasta el dictado de la resolución definitiva. En los antecedentes narrados en la demanda de amparo, se observa que la audiencia de juicio oral se ha reprogramado en diversas ocasiones, de las cuales, las últimas dos han sido a causa de que el defensor particular del imputado -aquí quejoso- no se presentó a su celebración el seis y doce de septiembre del año en curso. Ante dicha situación, en la segunda fecha referida, la responsable declaró el abandono de la defensa del quejoso y, por ende, revocó su representación particular y, en su lugar, le designó defensa pública. Por tanto, la decisión de la autoridad responsable no es un acto susceptible de reclamación en vía de amparo indirecto, pues no es un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que, en todo caso, sólo implica la infracción de derechos adjetivos con efectos intraprocesales, lo cual puede ser reparado de obtener una resolución favorable en el proceso de origen. En caso de una resolución adversa a los intereses del justiciable, podría combatirse en amparo directo como una violación procesal, de conformidad el artículo 173 de la Ley de Amparo. Similar criterio se sostuvo en el juicio de amparo 370/2017-IV de este índice, resuelto el seis de octubre de dos mil diecisiete, en cuya sentencia se consideró que el cambio de defensor no afecta derecho sustantivo alguno. Igualmente, semejantes argumentos fueron confirmados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, al resolver el recurso de queja 93/2021. En ese orden de ideas, el juicio de amparo es improcedente, pues al ser una violación procesal cometida en la causa penal de origen, debe ser analizado en el juicio de amparo directo que, en su caso, se promueva en contra de la sentencia definitiva. Así, la resolución reclamada no puede considerarse un acto de imposible reparación en términos del artículo 107, fracción V, de la ley de la materia. En esas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, el último precepto interpretado a contrario sensu. Por lo expuesto, se desecha de plano la demanda de amparo de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados Téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle *****, de esta ciudad. Asimismo, ténganse como autorizado del quejoso en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ****, toda vez que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación de días y horas Con apoyo en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa, así como para que en el supuesto de no lograr la notificación personal de algún proveído, ante la presencia de causas que impidan dicha notificación, la practique mediante la publicación en la lista de acuerdos, con apoyo en la jurisprudencia 20/2008, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veinte de febrero de dos mil ocho, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES." Transparencia y protección de datos personales. Por último, con apoyo en los artículos 6, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, 20 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se hace constar que en la publicación de las determinaciones que se dicten en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE EN SÍNTESIS DICE: "...Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Tribunal Unitario de Juicio Oral del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, sede Irapuato; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 985/2023-III. Desechamiento. De conformidad con lo que dispone el artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado tiene la obligación de examinar la demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano de conformidad con el artículo 113 del citado ordenamiento legal, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no es dable tramitar demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al juez de distrito de examinar con todo detenimiento la demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Acto reclamado Del análisis integral de la demanda, se advierte que el promovente reclama la resolución emitida el doce de septiembre de dos mil veintitrés por la autoridad responsable en la causa penal ***, respecto a la remoción de su defensor particular por la inasistencia de éste a la audiencia de juicio oral y, en su lugar, la designación de defensor público. Causa de improcedencia. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos dos últimos interpretados a contrario sensu, toda vez que el acto reclamado no causa una afectación de imposible reparación. Los artículos invocados establecen textualmente lo siguiente: De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]." De la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]." El acto reclamado no es de imposible reparación, porque su posible incorrección sólo inobservaría normas de fuente procesal, no sustantiva; por tanto, únicamente afectaría derechos adjetivos susceptibles de repararse en la sentencia que se dicte en ese proceso. Por ende, esa actuación es intraprocesal porque puede repararse en definitiva si la parte quejosa obtiene una sentencia favorable en el juicio laboral de origen, de manera que, al final, el acto que combate no le produzca algún perjuicio. Entonces, el acto reclamado no reviste el carácter de uno de imposible reparación para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues sus consecuencias no afectan directa e inmediatamente alguno de los derechos fundamentales de la persona tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es decir, sólo tiene consecuencias o produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que pueden quedar subsanados con el solo hecho de que quien se dice afectado obtenga un fallo favorable a sus intereses. En efecto, los actos procesales únicamente tienen una ejecución de imposible reparación, cuando, como consecuencia de ello se afecta de manera cierta e inmediata alguno de los derechos fundamentales del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad y la propiedad, entre otros; de modo que esa afectación no pueda repararse con el hecho de obtener una resolución favorable, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trate, ya que en estos casos específicos la justicia federal debe intervenir sin demora a través del juicio de amparo indirecto, porque las consecuencias de la violación no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese resolución favorable a sus intereses; por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. Es por ello que la razón de ser de dichos derechos encuentra su fin último en la obtención de una resolución favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal se reparan y desaparecen en la realidad jurídica, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ningún derecho sustantivo; es decir, en estos casos, en el momento en que se producen las violaciones del procedimiento, no se afecta de manera irremediable algún derecho público subjetivo, sino que tan sólo hace surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado y por esta razón, es necesario esperar hasta el dictado de la resolución definitiva. En los antecedentes narrados en la demanda de amparo, se observa que la audiencia de juicio oral se ha reprogramado en diversas ocasiones, de las cuales, las últimas dos han sido a causa de que el defensor particular del imputado -aquí quejoso- no se presentó a su celebración el seis y doce de septiembre del año en curso. Ante dicha situación, en la segunda fecha referida, la responsable declaró el abandono de la defensa del quejoso y, por ende, revocó su representación particular y, en su lugar, le designó defensa pública. Por tanto, la decisión de la autoridad responsable no es un acto susceptible de reclamación en vía de amparo indirecto, pues no es un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que, en todo caso, sólo implica la infracción de derechos adjetivos con efectos intraprocesales, lo cual puede ser reparado de obtener una resolución favorable en el proceso de origen. En caso de una resolución adversa a los intereses del justiciable, podría combatirse en amparo directo como una violación procesal, de conformidad el artículo 173 de la Ley de Amparo. Similar criterio se sostuvo en el juicio de amparo 370/2017-IV de este índice, resuelto el seis de octubre de dos mil diecisiete, en cuya sentencia se consideró que el cambio de defensor no afecta derecho sustantivo alguno. Igualmente, semejantes argumentos fueron confirmados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, al resolver el recurso de queja 93/2021. En ese orden de ideas, el juicio de amparo es improcedente, pues al ser una violación procesal cometida en la causa penal de origen, debe ser analizado en el juicio de amparo directo que, en su caso, se promueva en contra de la sentencia definitiva. Así, la resolución reclamada no puede considerarse un acto de imposible reparación en términos del artículo 107, fracción V, de la ley de la materia. En esas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, el último precepto interpretado a contrario sensu. Por lo expuesto, se desecha de plano la demanda de amparo de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados Téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle *****, de esta ciudad. Asimismo, ténganse como autorizado del quejoso en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ****, toda vez que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación de días y horas Con apoyo en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa, así como para que en el supuesto de no lograr la notificación personal de algún proveído, ante la presencia de causas que impidan dicha notificación, la practique mediante la publicación en la lista de acuerdos, con apoyo en la jurisprudencia 20/2008, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veinte de febrero de dos mil ocho, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES." Transparencia y protección de datos personales. Por último, con apoyo en los artículos 6, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, 20 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se hace constar que en la publicación de las determinaciones que se dicten en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información..."
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