Mario Efren Mena Costeño
Expediente 1344/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1344/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 21/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Mario Efren Mena Costeño
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, el cual contiene transcripción de proveído de catorce de julio de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 638/2023 de su índice, de cuyo contenido se advierte que dicho órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento de la competencia planteada por este juzgado mediante acuerdo de veintisiete de junio del año que transcurre, asimismo devuelve los autos originales del juicio de amparo 1344/2023-VIII-4; acúsese recibo de estilo a la superioridad. Por otra parte en relación a lo que solicita, desglósense del expediente 1344/2023-VIII-4, la demanda, sus anexos y escrito aclaratorio que obran en dichos autos y remítansele al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoséptimo Circuito. En tal virtud, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido, en la inteligencia de que una vez transcurridos tres años, será destruido en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese.
- Principal
Visto el oficio de cuenta signado electrónicamente por la Actuaria Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, el cual contiene transcripción del proveído de seis de julio del año en curso por medio del cual informa que solicito a al Magistrado de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, el toca de apelación 117/2023 de su índice, así como las constancias que integran el juicio de primera instancia, lo anterior a fin de proveer respecto de la incompetencia planteada por este Juzgado Federal. Notifíquese.
- Principal
se notifica por medio de lista el auto de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, a la parte quejosa que en lo conducente dice: Agréguese a los autos el escrito signado por el apoderado legal de la persona jurídica quejosa y copias de traslado, y en atención a su contenido se le tiene dando cumplimiento a la prevención formulada mediante proveído de catorce de junio de dos mil veintitrés. INCOMPETENCIA Ahora bien, el análisis integral de la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio, se evidencia que la parte quejosa reclama la determinación de once de mayo de dos mil veintitrés dictada en el Toca de Apelación 117/2023 por el Magistrado de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia, con residencia en esta ciudad, en la cual resolvió el recurso de denegada apelación interpuesta por la quejosa el veintinueve de marzo del año en curso, y con la cual puso fin al procedimiento en el cual fue parte. Precisado lo anterior debe decirse que la resolución reclamada constituye una determinación que, como se precisó en el párrafo que antecede puso fin al juicio principal, y respecto de las cuales las leyes comunes no conceden otro recurso ordinario; por tanto, encuentra cabida dentro de aquellas a las que alude el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; Por su parte, el numeral 47 de la normatividad en cita, dispone: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. Además, el artículo 641 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, establece: "ARTÍCULO 641. Contra resoluciones que declaren inadmisible la apelación, procede el recurso de denegada apelación, que en todo caso el juez la admitirá." Bajo ese contexto, como la resolución cuya constitucionalidad cuestiona la persona jurídica promovente, encuentra cabida dentro de aquéllas a las que alude el artículo invocado, pues se trata de una resolución que sin decidir el asunto en lo principal lo da por concluido, lo que permite afirmar desde luego, que la demanda de amparo que aquél promueve, debe enderezarla ante los Tribunales Colegiados de Circuito a través del juicio de amparo directo correspondiente, en observancia a lo establecido en el ordinal 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 47 y 170 de la Ley de la materia. Apoyan lo anterior, las tesis de rubros y textos siguientes: "RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. SU SIGNIFICADO CONFORME A LAS REFORMAS DE LA LEY DE AMPARO. Es verdad que con anterioridad a las reformas que fueron efectuadas a la Constitución Federal, Ley de Amparo y Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que entraron en vigor a partir del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, se establecía que sólo correspondía conocer a la Suprema Corte de Justicia o a los Tribunales Colegiados de Circuito según su respectiva competencia de los juicios de amparo promovidos contra sentencias definitivas o laudos, sea que la violación se cometiera durante el procedimiento o en la sentencia misma, sin embargo, a raíz de dichas reformas se incluyó una nueva facultad de competencia exclusiva de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer, además de las sentencias definitivas o laudos, también de resoluciones que pongan fin al juicio, ahora bien, la palabra "resolución" empleada por el legislador en la nueva figura de competencia, "resoluciones que pongan fin al juicio", no fue empleada como sinónimo de sentencia definitiva, por el contrario, se refirió a aquellas resoluciones que sin tener tal naturaleza ponen también fin al juicio, esto es, que puede tratarse de un simple auto o de una resolución interlocutoria. Lo común tanto a los autos definitivos como a las sentencias interlocutorias que ponen fin al juicio para efectos del caso que nos ocupa, estriba en que deben impedir o paralizar definitivamente la prosecución de éste, dándolo así por concluido. Tanto la doctrina como el legislador coinciden en que por resolución que pone fin al juicio debe entenderse, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por terminado y respecto de las cuales las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario en su contra por lo que pueden ser modificadas o revocadas, por tanto indispensable es la reunión de todas estas características para que puedan ser consideradas como tales. De esta forma participan así dichas resoluciones de algunas de las características que contienen también las sentencias definitivas". Atento a los razonamientos antes blandidos, la suscrita Jueza, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de Amparo, se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de mérito, por estimar, salvo la opinión de la Superioridad, que resulta serlo el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Trabajo del Décimo Séptimo Circuito en turno, con sede en esta ciudad, que será el que deba calificar la procedencia del amparo, respecto de los actos que en esta vía se reclaman. Apoya lo anterior, el criterio jurisprudencial siguiente: "AMPARO DIRECTO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NO DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE PARA CONOCER DE AQUEL JUICIO, AUN CUANDO LA LEY CONCEDA UN RECURSO ORDINARIO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA O RESOLUCIÓN RECLAMADA QUE PONE FIN AL JUICIO (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 16/2003). Los párrafos primero y tercero del artículo 46 de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 establecen lo que debe entenderse por sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio para los efectos del numeral 44 del propio ordenamiento, "y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas", lo cual condujo al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a interpretar que al existir un recurso ordinario, el Tribunal Colegiado de Circuito no era competente para conocer de la demanda, dada la ubicación de esos dispositivos en el capítulo de competencia; sin embargo, en el artículo 170, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo en vigor a partir del 3 de abril del año citado, simplemente se establece que por sentencias definitivas o laudos se entenderá los que decidan el juicio en lo principal, y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido, pero ya no se añade lo referente a que las leyes no concedan recurso ordinario en su contra, por lo que es dable interpretar que la existencia de un recurso incide sólo en la improcedencia del juicio, mas no en la competencia del órgano jurisdiccional indicado. Lo anterior es así, ya que en el tercer párrafo del último precepto mencionado se prevé que para la procedencia del juicio deben agotarse previamente los recursos establecidos en la ley de la materia, por virtud de los cuales, las sentencias definitivas o resoluciones puedan ser modificadas o revocadas. Por tanto, en el nuevo contexto normativo resulta inaplicable la jurisprudencia P./J. 16/2003, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA." (Época: Décima Época. Registro: 2006612. Instancia: Plenos de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo II. Materia(s): Común. Tesis: PC.XXX. J/8 K (10a.). Página: 854). Luego, en acatamiento al imperativo legal contenido en el numeral 48 de la invocada codificación, se ordena remitir el expediente original, así como copias simples de la demanda de amparo, previa formación que del cuadernillo de antecedentes se realice, a la Oficialía de Partes Común a los Tribunales Colegiados en Materias Civil y de Trabajo de este Circuito, con residencia en esta ciudad, para que el órgano colegiado al que corresponda conocer de la misma tenga a bien proveer lo conducente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes remitido por la Secretaria del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, sin mayor proveído, toda vez que se acordó lo conducente en auto de veinte de junio del año en curso. Cúmplase.
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