Mario Eduardo Macias Barajas

Expediente 714/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 14 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
714/2020
Año
2020
Actuaciones
14
Última actuación
24/08/2021

Partes del expediente

  • Mario Eduardo Macias Barajas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Causa ejecutoria Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia de treinta de julio de dos mil veintiuno, que sobreseyó en el presente juicio de amparo no fue recurrida por la parte quejosa dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archivo y valoración del expediente Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 21, inciso a) del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, contado a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que se sobreseyó en el juicio. Prevención al quejoso para recoger documentos Por otra parte, toda vez que obran documentos originales que se adjuntaron a la demanda de amparo, acorde con lo previsto en el párrafo segundo del invocado ordinal 21, prevéngase a la parte agraviada para que dentro del plazo de noventa días, acuda a este juzgado a recogerlos, previa cita que habrá de gestionar para tal fin, en los términos indicados en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19; apercibida que de no hacerlo estos serán depurados del presente expediente judicial. Devolución de tomo a la responsable Finalmente, en razón de que el presente juicio se encuentra concluido, por tanto, al resultar innecesaria su retención, remítase a la autoridad responsable agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Tramitación Común de Acámbaro, Guanajuato, constante de un tomo, copia autenticada de la carpeta de investigación número ************* de la estadística de dicha representación social, que agregó a su informe de ley.

  2. Principal

    VISTOS, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 714/2020, promovido por ***********; y, Resultando Primero. Demanda de amparo. Por escrito recibido el catorce de diciembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad de Celaya, turnado ese día a este Juzgado, ************, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de actos del agente del Ministerio Público, adscrito a la Unidad de Investigación de Tramitación Común de Acámbaro, Guanajuato, que hizo consistir en: "IV. ACTO RECLAMADO: El en (sic) contra el acto de liberación el cual obra mediante el oficio el oficio (sic) número ********* de fecha 04 de septiembre de 2020, y acuerdo correspondiente (suponiendo sin conceder que exista); y la falta de notificación de dicho acuerdo del cual hasta el día de hoy no tengo conocimiento; del vehículo de motor marca ********* línea ******** tipo Sedan modelo *****, color rojo tinto con número de serie **********, y del que tuve conocimiento el día miércoles 09 nueve del mes y año en curso, de lo único que tuve conocimiento (a la vista), fue sobre el oficio número *********, y que obra dentro de la carpeta citada al rubro." Actos que consideró violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 13, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. Segundo. Trámite del juicio. Por proveído de quince de diciembre de dos mil veinte (fojas 43 a 45), se registró la demanda con el número 714/2020-1, y se requirió al promovente para que, entre otras cosas, precisara si promovió medio ordinario de defensa en contra de los actos reclamados, el estado procesal y se el vehículo ya había sido liberado. Por escrito presentado el cuatro de marzo de dos mil veintiuno (en virtud de la suspensión de labores), compareció el quejoso a dar cumplimiento a la prevención (fojas 48 y 49). Así, por auto de diez de marzo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda; se otorgó la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe justificado; y finalmente se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que, cumplidos los requisitos de ley, tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 Constitucionales; 1°, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; pues la determinación reclamada tuvo ejecución material en la ciudad de Acámbaro, Guanajuato; lugar donde este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias de este juicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se tiene como actos reclamados: El oficio ****** de cuatro de septiembre de dos mil veinte, emitido dentro de la capeta de investigación ******, por el que se ordenó realizar la entrega física y material en depósito a la persona de nombre **********, del vehículo de motor marca ********, línea ******** tipo sedan, modelo ******, color rojo tinto, con número de serie **********. La omisión del fiscal investigador de notificar al quejoso tal oficio reclamado. La autoridad señalada como responsable es: Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Tramitación Común de Acámbaro, Guanajuato. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Tramitación Común de Acámbaro, Guanajuato (fojas 65 a 84), al rendir su informe justificado, aceptó la existencia de los actos que se les reclama; en consecuencia, deben tenerse por cierto tales actos, pues las manifestaciones de las autoridades responsables constituyen una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Cobra aplicación en el caso, la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza de los actos reclamados se robustece con las constancias que acompañó la agente del Ministerio Público responsable a su informe justificado, relativas a la carpeta de investigación ******; documental a la que se le otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°. CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Los antecedentes más destacados de los actos reclamados, cuyos datos se obtienen de las constancias exhibidas por la autoridad responsable, se desprende: En veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, dio inicio la carpeta de investigación *******, ante la autoridad responsable, con motivo de los hechos denunciados por ******** (fojas 1 a 4 del tomo de pruebas). El veintitrés de enero de dos mil veinte, dio inicio la carpeta de investigación ******, ante la autoridad responsable, con motivo de la denuncia o querella que formuló ********* en contra de ************y quien o quienes resulten autor o partícipe por el delito de fraude cometido en su agravio, relativo a un vehículo de motor marca *********, línea ******, tipo sedan, modelo 2017, color rojo tinto, con número de serie ******* (fojas 7 a 22 del tomo de pruebas). Ese mismo día veintitrés de enero de dos mil veinte, el agente del ministerio público investigador ordenó el aseguramiento del vehículo de referencia; mientras se determine la situación jurídica de dicho automotor (fojas 38 y 39, ídem). El treinta de enero de dos mil veinte, el agente del Ministerio Investigador señaló que de las diligencias que integran la carpeta de investigación ******** se desprende la existencia de hechos constitutivos de delito conexos con los hechos denunciados dentro de la carpeta de investigación ******, por lo tanto, ordenó la acumulación de la carpeta de investigación citada en primer término a la diversa ******, con el fin de esclarecer los hechos (foja 6, ídem). El veinticinco de mayo de dos mil veinte, se hizo el aseguramiento del vehículo de motor marca *******, línea ******, tipo sedan, modelo 2017, color rojo tinto, con número de serie ******* (foja 57, ídem). El veintiséis de mayo de dos mil veinte, compareció *********, a rendir su entrevista y acreditar la propiedad del vehículo citado, por ser a quien se lo aseguraron (fojas 58 a 61, ídem). El nueve de junio de dos mil veinte, se recibió la denuncia de *********+, en contra de ******** y/o quien o quienes resulten responsables, así mismo refirió ser el propietario actual del vehículo, dado que regresó el dinero de la compraventa a ************ (fojas 71 a 78, ídem). En fecha catorce de julio de dos mil veinte, el hoy quejoso **********, compareció a solicitar la devolución el multicitado vehículo (fojas 90 92, ídem); petición a la que recayó el auto de dieciocho de julio de dos mil veinte, en el que no se acordó favorable, entre otras cosas, porque debían entrar al estudio de una debida posesión y propiedad (fojas 108 y 109, ídem). El cuatro de septiembre de dos mil veinte, se emitió el oficio 3836-UTC1-20, por parte de la autoridad responsable, en la que ordenó lo siguiente: ".Por medio del presente le solicito gire instrucción a personal a su cargo, a efecto que proceda a realizar la entrega física y material en DEPOSITARIA a la persona de nombre ********** previa identificación de los mismos, del vehículo de motor marca ********, línea *****, tipo SEDAN, modelo 2017, color ROJO TINTO, con número de serie *********, toda vez que ya fue acreditada la propiedad del mismo y no resulta necesaria más la retención de dicho vehículo por parte de esta fiscalía. (.)." La determinación anterior, así como la omisión de notificarlo, constituyen los actos reclamados en el presente juicio de amparo. QUINTO. Causales de improcedencia. En ese contexto, este juzgado federal considera que en el presente juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, numeral que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" De lo trascrito, se obtiene que el juicio de amparo se encuentra reservado en exclusiva, contra actos ciertos, concretos y respecto de los cuales la ley común no conceda algún recurso o medio de defensa legal a través del cual puedan ser combatidos y por ende, modificados, revocados o nulificados, por lo que, en atención al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, los promoventes -previo a la instauración del procedimiento constitucional- deben agotar el medio ordinario de defensa, pues es claro que a través de este puede alcanzar la pretensión jurídica de nulificar el acto reclamado y lograr que desaparezcan de su esfera jurídica las violaciones que argumenta en su demanda de amparo. Ahora bien, el Código Nacional de Procedimientos Penales, concede el medio de defensa previsto en el artículo 258, pues establece que las omisiones realizadas por el Ministerio Público deberán impugnarse ante el Juez de Control, por lo que es imperativo para los quejosos agotar la vía jurisdiccional ordinaria, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial, no así contra la omisión de la fiscalía señalada como responsable. En efecto, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se obtiene que la víctima u ofendido deben impugnar ante el juez de control las omisiones o negligencias de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de este recurso es que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, y en caso de estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos En estas condiciones, es evidente que el medio ordinario de defensa establecido en el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales debe agotarse previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, ya que al resolverse se puede obligar al agente del Ministerio Público a actuar como pretende la parte quejosa. Es aplicable la jurisprudencia 27/2018 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, aprobada en sesión privada de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, de rubro y texto siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." Además en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 27/2018 citada, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que de una interpretación funcional y extensiva de los artículos 16, párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permite concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de Control quien revise la legalidad de las mismas. Asimismo, determinó que tales determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral 258 del Código Nacional (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. Por tanto, se considera que se actualiza la referida causa de improcedencia, toda vez que el quejoso, al tener el carácter de víctima dentro de la carpeta de investigación, estaba obligado a promover el medio de impugnación correspondiente contra el oficio y la omisión de notificarlo que reclama, antes de acudir a la instancia del amparo, pues de considerar lo contrario se dejaría al arbitrio de las partes la procedencia o no de un medio ordinario de defensa contemplado en la legislación aplicable; sin que se advierta que el peticionario del amparo se ubique en alguna de las excepciones al principio de definitividad. Lo anterior, pues el párrafo décimo cuarto del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de garantizar los derechos humanos de los indiciados, víctimas u ofendidos, prevé los actos que requieren de control judicial inmediato. En tal sentido, si el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece cuáles son las determinaciones del Ministerio Público susceptibles de impugnación y que debe resolver el juez de Control, con citación de las partes en una sola audiencia, no obstante que no aluda a la devolución de objetos dentro de la carpeta de investigación, pues acorde con la interpretación realizada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.), sobre el contenido del artículo 258 citado, en donde quedó dilucidado que no solamente los actos descritos en esa norma podían ser sujetos de control judicial, sino también las determinaciones que, en general, realice el Ministerio Público en la fase de investigación. Se concluye que la devolución de un objeto dentro de una carpeta de investigación, respecto del cual el quejoso reclama su entrega a diversa persona, así como su omisión de notificar tal devolución, previo a su reclamo en amparo, debió ser confrontado ante el juez de Control, con la finalidad de que determine si hubo afectación a los derechos humanos que reconoce la Constitución Federal a su favor, pues es a través de ese medio de impugnación que se permitirá, en su caso, dilucidar si tal entrega estuvo o no correcta, en forma expedita y en breve término (en una sola audiencia y con citación de las partes). Apoya lo anterior, por las razones que informa la tesis X.1o.1 P (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, registro 2023161, Undécima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "ASEGURAMIENTO DE OBJETOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO DENTRO DE UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, DEBE AGOTARSE EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Hechos: En el juicio de amparo indirecto el quejoso reclamó la devolución de diversos objetos que fueron asegurados dentro de una carpeta de investigación, que afirma son de su propiedad; el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio por falta de interés jurídico; inconforme con esta decisión, aquél interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito, al advertir de oficio que se actualiza una causa de improcedencia diversa a la señalada por el Juez de Distrito, en específico, la prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, determina que previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto contra el aseguramiento de objetos por el Ministerio Público dentro de una carpeta de investigación -respecto de los cuales el quejoso solicita su devolución-, debe agotarse el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Justificación: Lo anterior, pues el párrafo décimo cuarto del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de garantizar los derechos humanos de los indiciados, víctimas u ofendidos, prevé los actos que requieren de control judicial inmediato; por tanto, si el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece cuáles son las determinaciones del Ministerio Público susceptibles de impugnación y que debe resolver el Juez de Control, con citación de las partes en una sola audiencia, no obstante que no aluda a los objetos asegurados dentro de la carpeta de investigación, acorde con la interpretación realizada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.), sobre el contenido del artículo 258 citado, en donde quedó dilucidado que no solamente los actos descritos en esa norma podían ser sujetos de control judicial, sino también las determinaciones que, en general, realice el Ministerio Público en la fase de investigación, se concluye que el aseguramiento de objetos dentro de una carpeta de investigación, respecto de los cuales el quejoso reclama su devolución, por ser el legítimo propietario, previo a su reclamo en amparo, debe ser confrontado ante el Juez de Control, con la finalidad de que determine si hubo afectación a los derechos humanos que consagra la Constitución Federal, pues es a través de ese medio de impugnación que se permitirá, en su caso, levantar el aseguramiento de los objetos, en forma expedita y en breve término (en una sola audiencia y con citación de las partes), con independencia de que se trate de una técnica de investigación, pues corresponde al Juez de Control determinar su legalidad, antes de acudir al juicio de amparo indirecto." En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. En la inteligencia de que el sobreseimiento decretado impide a este órgano jurisdiccional estudiar los conceptos de violación, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Finalmente, resta decir que al quedar demostrado que el presente juicio de amparo es improcedente, resulta irrelevante el estudio de las diversas causales de improcedencia que invocó la responsable. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2ª/J.54/98, consultable en la página 414, del tomo VIII, agosto de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Por lo expuesto y fundado se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********, en contra del acto de la autoridad que se precisó en el considerando segundo de este fallo, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia.

  3. Principal

    Por este medio se tiene por notificada a la parte quejosa respecto de la sentencia de treinta de julio de dos mil veintiuno, cuyos puntos resolutivos dicen lo siguiente: Por lo expuesto y fundado se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********, en contra del acto de la autoridad que se precisó en el considerando segundo de este fallo, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia.

  4. Principal

    Agréguese a los autos únicamente para que obre como constancia legal el ocurso firmado por el quejoso ****, a través del cual refiere formular alegatos, toda vez que en la hora programada, se celebró la audiencia constitucional en el presente asunto. Atento a la certificación de cuenta, fórmese cuadernillo provisional con la promoción y el presente acuerdo, mientras se dicta la sentencia correspondiente. En su momento, sin ulterior acuerdo, glósese al cuaderno principal.

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