Mario Eduardo Garcia Yañez

Expediente 1639/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1639/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
08/02/2022

Partes del expediente

  • Mario Eduardo Garcia Yañez
  • JUAN SANCHEZ DOMINGUEZ y Otros.
  • Juan Sanchez Dominguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por la diligenciaria adscrita al Juzgado Quinto de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento realizado en auto de veintiséis de enero de dos mil veintidós, informa que se adhiere al informe que rinda su superior, así como a las constancias que exhiba, de lo que el suscrito queda enterado para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por la presidente de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla y anexo, por medio del cual, en cumplimiento al auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, remite copias certificadas de las constancias que integran el acto reclamado, para los efectos a que haya lugar. Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que **** y *****, a través de su apoderado ****, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal. Ahora bien, la autoridad responsable presidente de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, remitió copia certificada de las cedulas de notificación diez de noviembre de dos mil veintiuno dentro del expediente laboral D-1/544/2021. En ese sentido, este órgano jurisdiccional advierte que respecto del acto reclamado a la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla y actuario adscrito, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Del precepto se infiere que, para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la quejosa en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que **** y ****, a través de su apoderado ****, comparecen a la presente instancia constitucional a reclamar de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla y actuario adscrito, la omisión de notificar a la parte demandada, el auto de quince de septiembre de dos mil veintiuno, dentro del expediente laboral D-1/544/2021. Así, de las constancias remitidas por la responsable, se advierte que el diez de noviembre de dos mil veintiuno, la actuaria adscrita a la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, notificó a los demandados "*****, y a *****, el auto de quince de septiembre de dos mil veintiuno, dentro del expediente laboral D-1/544/2021, cuya omisión se reclama. Por tanto, es dable concluir que cesaron los efectos del retardo del que se duele la peticionaria de amparo, toda vez que los efectos de dicho retardo desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. En las relatadas condiciones, como se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 íbidem, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto de los actos que **** y ****, a través de su apoderado *****, reclamaron de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla y actuario adscrito. En tales condiciones, se dejan sin efecto las nueve horas con diez minutos del cinco de enero de dos mil veintidós, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por la presidente de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla y anexo, por medio del cual, en cumplimiento al auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, remite copias certificadas de las constancias que integran el acto reclamado, para los efectos a que haya lugar. Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que **** y *****, a través de su apoderado ****, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal. Ahora bien, la autoridad responsable presidente de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, remitió copia certificada de las cedulas de notificación diez de noviembre de dos mil veintiuno dentro del expediente laboral D-1/544/2021. En ese sentido, este órgano jurisdiccional advierte que respecto del acto reclamado a la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla y actuario adscrito, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Del precepto se infiere que, para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la quejosa en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que **** y ****, a través de su apoderado ****, comparecen a la presente instancia constitucional a reclamar de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla y actuario adscrito, la omisión de notificar a la parte demandada, el auto de quince de septiembre de dos mil veintiuno, dentro del expediente laboral D-1/544/2021. Así, de las constancias remitidas por la responsable, se advierte que el diez de noviembre de dos mil veintiuno, la actuaria adscrita a la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, notificó a los demandados "*****, y a *****, el auto de quince de septiembre de dos mil veintiuno, dentro del expediente laboral D-1/544/2021, cuya omisión se reclama. Por tanto, es dable concluir que cesaron los efectos del retardo del que se duele la peticionaria de amparo, toda vez que los efectos de dicho retardo desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. En las relatadas condiciones, como se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 íbidem, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto de los actos que **** y ****, a través de su apoderado *****, reclamaron de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla y actuario adscrito. En tales condiciones, se dejan sin efecto las nueve horas con diez minutos del cinco de enero de dos mil veintidós, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el término que alude el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector, ha transcurrido, por lo que este órgano procede a resolver al respecto. El acto reclamado materia de análisis de este juicio fue: " (.) I. Del juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla: a). Todo lo actuado a partir del emplazamiento dentro del juicio ejecutivo mercantil 1419/2010, incluyendo la sentencia definitiva y el acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veinte, mediante el cual se requirió a la parte demandad o quien se encontrara en posesión del inmueble adjudicado, identificado como predio "Teochula", ubicado en el municipio de Cuautlancingo, Puebla, actualmente identificado con el número ocho de la calle Oriente, Junta Auxiliar San Lorenzo Almecatla, Cuautlancingo, Puebla, para el efecto de que dentro del término de tres días, hiciera entrega de dicho bien a la parte actora, con el apercibimiento que de no hacerlo se procedería al lanzamiento con el auxilio de la fuerza pública, en razón de que no fue emplazada a dicho juicio. II. De la diligenciaria non adscrita al Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla: b) La diligencia de emplazamiento de veinte de septiembre de dos mil diez. c) Diligencia de nueve de octubre de dos mil vente, mediante el cual en cumplimiento al auto de veintiocho de febrero de dos mil veinte, se requirió a la quejosa a efecto de que entregara la posesión del bien a la parte actora". Por resolución dictada el catorce de abril de esta anualidad, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Salome Cirila Morales Meneses, contra los actos del juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, para los siguientes efectos: ". deberá dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil 1419/2010, de su índice, a partir de la diligencia emplazamiento practicada el veintiuno de septiembre de dos mil diez, incluyendo la sentencia definitiva y el procedimiento de ejecución, por derivar de aquélla que se estima ilegal".. Inconforme con lo anterior, el cuatro de mayo de esta anualidad, se tuvo al tercero interesado Roberto Rocha Villarauz interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos. Y por auto de dieciocho de mayo de este año, se ordenó remitir al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito en turno. Así el treinta y uno de mayo del año que transcurre, se tuvo al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, informando que admitió a trámite el citado recurso de revisión, registrándolo bajo el número de toca R-144/2021 de su estadística. Posteriormente, mediante oficio recibido el uno de octubre del año en cita, el referido órgano colegiado, remitió el testimonio de la ejecutoria pronunciada el dos de septiembre de dos mil veintiuno, dentro del toca R-144/2021, de la que se desprende que se resolvió en los siguientes términos: "PRIMERO. Se confirma la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. Para los efectos precisados en la sentencia recurrida, la Justicia de la Unión ampara y protege a SALOME CIRILA MORALES MENESES o SALOMÉ MORALES MENESES, contra los actos que reclamó, del Juez y diligenciario, ambos adscritos al Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, que han quedado precisados en os resultandos primero y quinto de esta ejecutoria". En consecuencia, el cuatro de octubre de esta anualidad, se requirió al juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, el cumplimiento a la sentencia dictada en autos Posteriormente, el juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, mediante oficio 4143, recibido en la oficialía de este Juzgado el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, remitió copia certificada del acuerdo de ocho de octubre del año en curso dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 1419/2010 en el que dejó sin efectos todo lo actuado a partir de la diligencia de emplazamiento practicada el veintiuno de septiembre de dos mil diez, incluyendo la sentencia definitiva y el procedimiento de ejecución. De igual manera, la diligenciaria non adscrita al Juzgado Segundo de lo Civil del distrito judicial de Cholula, Puebla mediante oficio recibido el dieciocho de octubre del año que transcurre, remitió copias certificadas de la diligencia de emplazamiento realizado a la quejosa Salomé Cirila Morales Meneses o Salomé Morales Meneses. Y, el juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, por oficio 4434, recibido el veintiocho de octubre del presente año, remitió copia certificada del oficio del Registrador Público de la Propiedad de la circunscripción territorial de Cholula, Puebla por medio del cual hizo del conocimiento que el folio inmobiliario 197405 1 correspondiente al inmueble identificado como fracción restante del inmueble con número oficial 108 de la calle oriente, de la Junta Auxiliar de San Lorenzo Almecatla, municipio de Cuautlancingo, Puebla presenta la inscripción de caducidad de la inscripción del embargo registrada con el número 1148827; y, del oficio de la Notaría Pública Treinta y Ocho de la Ciudad de Puebla informó la cancelación del protocolo seis mil seiscientos treinta, volumen ciento dos, de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, relativo a la manifestación de erección y adjudicación por venta judicial a nombre de María de la Luz Oropeza Aguilar también conocida como Alicia Aguilar Oropeza y/o Alicia Oropeza Aguilar, por la parte proporcional del predio identificado como "Teochula" ubicado en Cuautlancingo, Puebla. Por lo anterior, el veintinueve de octubre de la presente anualidad, se dio vista a las partes con las constancias remitidas por la autoridad responsable, el cual se notificó a la quejosa y a los terceros interesados el ocho del mes y año en curso. Ahora, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, del Tomo XI, marzo de dos mil, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que enseguida se transcribe: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Del examen de las documentales exhibidas por el juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía del derecho fundamental de audiencia y defensa contenido en el artículo 14 constitucional, por cuya infracción se concedió el amparo; ello, en atención a que la autoridad responsable en acuerdo de ocho de octubre del año en curso, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 1419/2010 dejó sin efectos todo lo actuado a partir de la diligencia de emplazamiento practicada el veintiuno de septiembre de dos mil diez, incluyendo la sentencia definitiva y el procedimiento de ejecución; así como que la quejosa Salomé Cirila Morales Meneses o Salomé Morales Meneses fue emplazada a dicho procedimiento; y a solicitud del citado juez, el Registrador Público de la Propiedad de la circunscripción territorial de Cholula, Puebla informó que el folio inmobiliario 197405 1 correspondiente al inmueble identificado como fracción restante del inmueble con número oficial 108 de la calle oriente, de la Junta Auxiliar de San Lorenzo Almecatla, municipio de Cuautlancingo, Puebla presenta la inscripción de caducidad de la inscripción del embargo registrada con el número 1148827; y, la Notaría Pública Treinta y Ocho de la Ciudad de Puebla realizó la cancelación del protocolo seis mil seiscientos treinta, volumen ciento dos, de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, relativo a la manifestación de erección y adjudicación por venta judicial a nombre de María de la Luz Oropeza Aguilar también conocida como Alicia Aguilar Oropeza y/o Alicia Oropeza Aguilar, por la parte proporcional del predio identificado como "Teochula" ubicado en Cuautlancingo, Puebla, por lo que se entiende que se cumplió en su totalidad. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo y cuarto de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en este juicio, sin excesos ni defectos. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE]; asimismo, archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional, determinación que fue confirmada por el Tribunal Colegiado correspondiente Por otra parte, como lo dispone el capítulo Décimo Tercero, artículo 35, primer y segundo párrafo del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de los expedientes y en su momento, hágase la relación a fin de que se integre para efectos de su transferencia. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Respecto al cuaderno principal, una vez que transcurra el plazo de tres años que aduce el penúltimo párrafo del artículo 18, dentro de los siguientes noventa días posteriores, este juzgado federal deberá depurar el presente expediente; y, una vez hecho lo anterior, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental, ya que no encuadra en los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. NOTIFÍQUESE. Así, lo proveyó y firma Tomás Zurita García, juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, ante la licenciada Nelly Ana Meza Martínez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. L'NAMM/mpas.

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