Mario Duarte Ancona
Expediente 883/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 883/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Mario Duarte Ancona
Actuaciones
- Principal
MESA I. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo en vigor, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de trece de julio del presente año, pronunciado en este juicio de garantías; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia en vigor, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de garantías; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del Despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización otorgada en sesión de veinte de junio de dos mil diecisiete, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y comunicado en oficio número CCJ/ST/2870/2017, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por *******, en representación de ***** actos que reclama del Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad; por lo anterior, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 883/2017 y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien y toda vez que de la lectura de la demanda de amparo se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la referida demanda de amparo, por los motivos que a continuación se exponen. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: - - - I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." La parte quejosa señala en esencia como acto reclamado la resolución de diecinueve de junio de dos mil diecisiete, notificada el veintidós de junio siguiente, dictada en el juicio oral familiar de pérdida de la Patria potestad con número de expediente 149/2016, promovido por Mario Duarte Ancona en contra de Kimberly Tatiana Mason Crawford, en la cual se declaró improcedente el recurso de revocación en contra del auto de veintiséis de abril del año en curso, en el que no se accedió a lo solicitado por el impetrante de amparo en el sentido que se citara a los doctores Manuel Fajardo Lara y Carlos Youseff Castro Aguilar para que rectificaran el contenido de los justificantes médicos exhibidos por la señora Mason Crawford, para justificar su inasistencia al Centro de Convivencia Familiar del Estado de Yucatán el día veintinueve de julio del año dos mil dieciséis. Precisado lo anterior, es evidente que en el presente asunto se reclama una violación procesal; sin embargo, debe determinarse si la misma puede ser combatida en amparo indirecto, por considerarse que afecta a las partes en grado predominante o superior. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que para establecer si una violación procesal causa una afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo que se dicte en contra de la sentencia definitiva, trascendiendo en el asunto de tal forma que no quedaría debidamente integrada la litis. En el caso, el suscrito estima que la demanda de amparo debe desecharse, al existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V y 172, fracción III y 174, de la Ley de Amparo. Los citados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "ARTÍCULO 172.- En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: . III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la Ley." 174. En la demanda de amparo principal y en su caso, en la adhesiva el quejoso deberá hacer valer todas las violaciones procesales que estime se cometieron; las que no se hagan valer se tendrán por consentidas. Asimismo, precisará la forma en que trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo. El tribunal colegiado de circuito, deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, en su caso, advierta en suplencia de la queja. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el tribunal colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La citada fracción XXIII del artículo 61 de la ley de la materia, establece que el juicio de amparo es improcedente, cuando así se prevea en alguna otra disposición de la propia ley; por su parte, el artículo 107, en sus ocho fracciones, establece los casos en el que gobernado podrá acudir ante el Juez de Distrito a solicitar el amparo y la protección de la Justicia de la Unión y, particularmente, en la fracción V, dispone que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por aquéllos, los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. y el artículo 172, fracción I, establece los casos en que procede el amparo directo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sentado criterio en el sentido de que los actos de imposible reparación son aquéllos emitidos durante el juicio que afectan de manera directa derechos sustantivos como la posesión, la propiedad, la libertad, entre otros. Orienta lo anterior, aplicándose en sentido contrario, la jurisprudencia con el rubro y texto siguientes: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SON AQUELLOS QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS, ASÍ COMO VIOLACIONES PROCESALES RELEVANTES, DE CONFORMIDAD CON UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIONES III, INCISO B), Y V, Y 170, FRACCIÓN I, CUARTO PÁRRAFO, ÉSTE A CONTRARIO SENSU, DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). El primero de los preceptos citados señala expresamente que por actos de imposible reparación se deben entender aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sin aludir a las violaciones procesales que afectan en grado predominante o superior, como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas jurisprudencias. En tanto que del segundo precepto legal se desprende que en amparo directo también se pueden cuestionar violaciones que se cometan durante el procedimiento, siempre y cuando afecten las defensas del quejoso, trasciendan al resultado del fallo y sean de reparación posible "por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes"; lo que implica que, a contrario sensu, la reparación imposible acontece también cuando las violaciones procesales sean "relevantes", debiendo entenderse como tales aquellas cuyos efectos afectan a las partes en grado predominante o superior, por lo que en su contra resulta procedente el juicio de amparo indirecto, sin que sea obstáculo a lo anterior, que el numeral 170, fracción I, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se refiera a cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales, pues es una interpretación amplia, no restrictiva, la más benéfica para los gobernados, la que permite arribar a la convicción de que para determinar si el acto es de imposible reparación se debe atender al nuevo concepto que proporciona el dispositivo en comento, es decir, si es relevante o no la violación procesal." Del mismo modo, cobra aplicación la jurisprudencia siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." La propia Ley de Amparo, en su nuevo texto estableció que tales actos de imposible reparación son aquéllos emitidos durante el juicio que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales en que el Estado Mexicano sea parte; debiendo entenderse entonces que la afectación de que se trata debe recaer en derechos como la posesión, la propiedad, la libertad, entre otros. Ahora bien, de la lectura integral a la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama en esencia: "la resolución de diecinueve de junio de dos mil diecisiete, notificada el veintidós de junio siguiente, dictada en el juicio oral familiar de pérdida de la Patria potestad con número de expediente 149/2016, promovido por Mario Duarte Ancona en contra de Kimberly Tatiana Mason Crawford, en la cual se declaró improcedente el recurso de revocación en contra del auto de veintiséis de abril del año en curso, en el que no se accedió a lo solicitado por el impetrante de amparo en el sentido que se citara a los doctores Manuel Fajardo Lara y Carlos Youseff Castro Aguilar para que rectificaran el contenido de los justificantes médicos exhibidos por la señora Mason Crawford, para justificar su inasistencia al Centro de Convivencia Familiar del Estado de Yucatán el día veintinueve de julio del año dos mil dieciséis." Determinación, que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Así, se estima que respecto de tal acto no se actualiza la hipótesis de procedencia del amparo indirecto prevista por la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, ya que no es un acto cuyos efectos sean de imposible reparación, en la medida en que no impacta en algún derecho sustantivo del quejoso, y en cambio, se trata de una violación de naturaleza intraprocesal susceptible de ser analizada y reparada, en su caso, en el juicio de amparo directo que se llegue a presentar en contra del sentencia dictada en el juicio Oral Familiar del Pérdida de patria Potestad con número 149/2016. Lo anterior originó la jurisprudencia con el rubro siguiente: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO." De todo lo anteriormente expuesto, se puede advertir que como se ha mencionado la violación que se realizó en el caso concreto, en la que se declaró improcedente el recurso de reclamación interpuesto por el nombrado promovente del amparo contra la parte conducente del auto de veintiséis de abril del año dos mil diecisiete, dictado por el Juez de Oralidad Familiar responsable en el juicio, en la que declaró que no se accedía a lo solicitado, respecto de que se citara a los doctores Manuel Fajardo Lara y Carlos Youseff Castro Aguilar para que ratificaran del contenido de los justificantes médicos exhibidos por Kimberly Tatiana Mason Crawford, para que rectificaran el contenido de los justificantes médicos, para justificar su inasistencia al Centro de Convivencia Familiar del Estado de Yucatán el día veintinueve de julio del año dos mil dieciséis; es una violación intraprocesal, además de que, la resolución emitida en la resolución reclamada, no impacta algún derecho sustantivo protegido por la Constitución, como puede ser, la libertad o la propiedad, por tanto, y como ha quedado expuesto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que tales violaciones, si pueden ser reclamadas vía amparo pero siendo la vía correcta el amparo directo en contra de la sentencia definitiva que se llegara a dictar. Sin que pase inadvertido para este juzgador que el quejoso promueve el presente juicio de amparo por su propio y personal derecho y en representación de su hijo menor, sin embargo, el acto reclamado no trastoca el interés superior de ésta última, pues se advierte que no genera afectación a su esfera jurídica. En esas condiciones, al haberse actualizado ese motivo manifiesto e indudable de improcedencia, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR MARIO DUARTE ANCONA como representante de la Menor María del Mar Duarte Mason, al resultar que esta no es la vía correcta para promover el amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en virtud de haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, y 172, fracción I, de la Ley de Amparo. Apoya lo antes considerado la tesis con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Asimismo, atento a lo solicitado por el quejoso, téngasele como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo y como autorizada para tal efecto a Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el predio señalado en la demanda de amparo; y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Dianely Grissel Canché Panty, y con las limitaciones que establece el citado numeral de la ley de la materia, a Cinthya Isabel López Lara, Carlos Enrique Ortegón Medina y Edwin Gabriel Zozaya González, hasta en tanto acrediten el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, se les autoriza a la parte quejosa y a los nombrados autorizados que de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, hagan uso de aparatos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos. Por otra parte, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias inherentes a este asunto.
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