Mario Domínguez Ramírez
Expediente 110/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 110/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/07/2021
Partes del expediente
- Mario Domínguez Ramírez
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, veintidós de julio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio (con anexos) de cuenta; mediante el cual el Jefe del Departamento Jurídico del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, Delegación Regional Nezahualcóyotl, Estado de México, en esencia, informa lo relativo a la notificación de Aristeo López Galván; sin embargo, no pasa inadvertido que la misiva que se atiende se encuentra dirigida al Juez Noveno de Distrito en el Estado de México. En consecuencia, en obvio de mayores dilaciones, mediante oficio que al efecto se gire, remítase a su destinatario correcto, previa copia que obre en autos para debida constancia legal.
- Principal
Toluca, Estado de México, doce de abril de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, a través del cual el Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, acusa recibo de los autos originales del juicio en que se actúa, promovido por *******, así como sus anexos; asimismo , comunica que ese órgano jurisdiccional no insiste en declinar la competencia a favor de este Juzgado de Distrito y reanudó el procedimiento; circunstancias de las que se toma conocimiento, sin que sea necesario notificar dicha determinación a la parte quejosa toda vez que del comunicado que se atiende se advierte que el juzgado oficiante hizo lo propio. En diversa tesitura, dado que no existe diligencia pendiente por desahogar en el presente asunto, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido.
- Principal
Toluca, Estado de México, cinco de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio de cuenta, a través del cual el Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, remite el original del Juicio de amparo 445/2020 de su índice, así como dos anexos formados por separado, promovido por Mario Domínguez Ramírez, por propio derecho, en contra de los actos del Juez de Primera Instancia del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves del Distrito Judicial de Tuxtla, Chiapa de Corzo y Cintalapa y otras; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 110/2021-III. Luego, de la misiva que se atiende, se aprecia que la autoridad oficiante declina competencia a este Juzgado de Distrito, en atención a que el juez competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueve contra los actos de un Juez de Distrito, dese ser otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. En ese contexto, de la revisión de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como en el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se pone de manifiesto que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer el presente juicio de amparo, por las razones que a continuación se expondrán. En la especie, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Por lo que, de la interpretación literal de dicho precepto, se advierte que para conocer de la demanda de amparo será competente el Juez de Distrito: Que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. El del lugar en que se presente la demanda, siempre que el acto reclamado no requiera de ejecución material. Que prevenga en el conocimiento del asunto, cuando a otro también le resulte competencia, porque la ejecución del acto reclamado se lleve a cabo en sus jurisdicciones. Como se aprecia, la competencia por territorio en materia de amparo se fija en atención a la naturaleza del acto reclamado; por lo cual, en principio, se debe calificar ésta, a fin de determinar si posee ejecución material o si se trata de actos que carezcan de principio de ejecución. Además, la intención del legislador al fijar la competencia de los Jueces de Distrito en función de la ejecución material de los actos reclamados, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al Juez de Distrito más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se ejecute, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto se haya comenzado a ejecutar en un distrito y se siga ejecutando en otro, pues, sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, para detener la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia. Tal intención queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, en el cual se establece que si el acto no requiere ejecución material será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Apoya las consideraciones expuestas, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 2a./J.13/95, registro 200781, en la página 107, tomo I, junio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, que dice: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo, se advierte que el quejoso Mario Domínguez Ramírez, reclama a las siguientes autoridades: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. Ordenadoras: 1.- Juez de Primera Instancia del Ramo Penal para la atención de Delitos Graves del Distrito Judicial de Tuxtla, Chiapa de Corzo y Cintalapa, con domicilio ubicado en Rancho San José, Ejido Lázaro Cárdenas, Carretera Internacional Km. 1000, con residencia contigua al CERSS No. 14., "El Amate". 2.- Juez Tercero de distrito de Procesos Penales Federales del Segundo circuito, con domicilio ubicado en Calle Doctor Nicolás San Juan, Delegación San Lorenzo Tepaltitlán I, Delegación San Lorenzo, Toluca de Lerdo, Estado de México. Ejecutoras: 1.- Director del CERRRS número 14 catorce (El Amate), con domicilio ubicado en Rancho San José, Ejido Lázaro Cárdenas, Carretera Internacional Km. 1000, con residencia contigua al CERSS No. 14., "El Amate." De quienes reclama respecto de las ordenadoras la negativa de aplicación de Protocolo de Estambul; asimismo, se puede apreciar que el quejoso Mario Domínguez Ramírez, se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados número Catorce, "El Amate", con residencia en la misma localidad. Aunado a lo anterior, no se advierte dato alguno que ponga de manifiesto o aporte algún indicio de que el acto reclamado pudiera tener ejecución en este territorio jurisdiccional, pues incluso la autoridad señalada como ejecutora, tiene su domicilio en la lo calidad de "El Amate", Ejido de Lázaro Cárdenas, Tuxtla. Por lo tanto, este Juzgado de Distrito considera carecer de competencia legal, por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo planteada, toda vez que el acto reclamado tiene ejecución en la circunscripción territorial en que ejerce jurisdicción el Juez Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el estado de Chiapas. . Sobre lo expuesto, sirve de apoyo la Tesis I.1o.A.44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de dos mil uno, Novena Época, con registro 189167, que establece: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a sí el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Por lo antes expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, y con apoyo además en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límite territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, no se acepta la competencia planteada por el Juzgado oficiante; ya que dentro de su jurisdicción se ejecuta el acto reclamado por la parte quejosa. En tal virtud, en obvio de mayores dilaciones, remítase el expediente en que se actúa, así como sus anexos al Juez Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el estado de Chiapas, para lo que tenga a bien determinar. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se solicita al referido Juez de Distrito, que de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar inmediatamente a este órgano jurisdiccional respecto de la competencia planteada, asimismo acuse el recibo de estilo correspondiente a través del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), con el uso de su firma electrónica. Además, con copia certificada de las constancias necesarias, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo. En otro orden, se tiene como autorizados en términos del artículo 24, párrafo segundo de la Ley de Amparo a Iván Trujillo Santiago y Diana Carolina Cabrera Girón, limitación que se establece hasta en tanto cuenten con el registro electrónico de su cédula profesional, lo que deberán hacer del conocimiento de este Juzgador mediante diversa promoción. Sustenta lo anterior por identidad jurídico-procesal, la tesis VI.3o.A.30 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, de la Novena Época a página 2626, cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL." Por lo tanto, de conformidad con los artículos 5, fracción I, y 26, fracción I, inciso a, de la citada ley, toda vez que el quejoso Jesús Orta Martínez, señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en Avenida Huixtla número 14-A catorce letra A, Colonia Manguitos, Tuxtla Gutiérrez Chiapas, es decir, fuera del lugar de residencia de este juzgado; con apoyo en los artículos 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, líbrese exhorto al Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el estado de Chiapas, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda notifique la presente determinación al quejoso en cita; hecho lo anterior, se sirva remitir las constancias de notificación correspondientes. Con fundamento en los artículos 3°, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDTI/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Se faculta a la secretaria adscrita a este Juzgado de Distrito para que, en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual.
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