Mario Díaz Juárez
Expediente 590/2018 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 10 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 590/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 05/06/2019
Partes del expediente
- Mario Díaz Juárez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Juicio de Amparo Directo
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a cinco de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación y cuenta que anteceden, la presidencia de este Órgano de Control Constitucional procede al examen de los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, para resolver sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Al respecto, resulta conveniente destacar el contenido del artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, que establece: [.] Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla [.]. 1. Sentencia de amparo Entonces, para atender lo dispuesto en la hipótesis legal antes citada, es necesario tener en cuenta que el Pleno del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula Puebla, por ejecutoria pronunciada en sesión de once de marzo de dos mil diecinueve, concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: 1. La sala superior responsable deje sin efectos la sentencia reclamada. 2. En su lugar, emita una nueva determinación en la que, siguiendo los lineamientos señalados en esa ejecutoria, considere que los agravios esgrimidos por la parte recurrente son ineficaces, al no controvertir la totalidad de las consideraciones de la resolución recurrida, particularmente aquella en la que se determinó que no exhibió el medio de prueba idónea que acredite que el "********************"********************, cuenta con el servicio subrogado por cuanto hace a la evaluación toxicológica practicada. 3. Como consecuencia de lo anterior, confirme la determinación sometida a su escrutinio, en el recurso de revisión 743/2018, de su índice. 2. Actuaciones tendientes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En cumplimiento a dicha ejecutoria, en primer orden, mediante oficio TJA/SGA/2862/2019, de uno de abril de dos mil diecinueve, la responsable determinó, en lo que interesa, lo siguiente: (...) III. Reasígnese el presente expediente al Magistrado Claudio Gorotiesta Cedillo, para la formulación del proyecto de la resolución correspondiente en términos de lo establecido por el tercer párrafo del artículo 286 del Código de Procedimientos Administrativos de la Entidad y una vez realizado lo anterior, remítase copia certificada de la resolución correspondiente al Tribunal Federal requirente. IV. Atento a lo anterior, se solicita al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito de la manera más atenta, tenga a esta autoridad en vías de cumplimiento de la ejecutoria de amparo. (...) Posteriormente, por oficio TJA/SGA/3182/2019, de once de abril de dos mil diecinueve, la responsable remitió copia certificada de la sentencia dictada en esa misma fecha, de la que se advierte que determinó, entre otros aspectos, lo siguiente: 1. En el preámbulo de la sentencia hizo constar que dejó sin efectos la sentencia de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, tal y como se aprecia a continuación: Atento a lo anterior, y en estricto acatamiento a esa sentencia, esta Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, ordena dejar sin efectos la sentencia de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en el recurso de revisión 743/2018; y procede a dictar una nueva sentencia. 2. En el considerando tercero, atendió a las directrices plasmadas en la sentencia, como se observa de la transcripción siguiente: .TERCERO. En cumplimiento a la ejecutoria de fecha once de marzo de dos mil diecinueve, dictada en el juicio de amparo directo número 590/2018, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ésta Sección procede al análisis del único agravio del recurso de revisión, en el cual los recurrentes sostienen que la sentencia recurrida viola lo dispuesto en los artículos 22 y 273, fracciones I, III y IV del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, en virtud de que contrario a lo resuelto por la Sala A quo, la evaluación toxicológica sí puede realizarse por un laboratorio privado en términos del artículo 19, fracción II del Reglamento Interior del Centro de Control de Confianza del Estado de México. Los Magistrados que integran éste Órgano Jurisdiccional, consideran que el agravio antes transcrito resulta ineficaz, toda vez que si bien es cierto la evaluación toxicológica sí puede realizarse por un laboratorio privado en términos del artículo 19 fracción II del Reglamento Interior del Centro de Control de Confianza del Estado de México, también lo es que la autoridad recurrente omitió expresar cuál fue el medio de prueba que aportó en el juicio de origen para evidenciar que había contratado o celebrado un convenio con el "********************, relacionado con la práctica de los mencionados exámenes toxicológicos que le fueron elaborados al ahora quejoso o, en su caso, debió expresar por qué no era necesario exhibir algún documento de esa naturaleza. Máxime, cuando la Representante Legal del Centro de Control de Confianza del Estado de México, al contestar la demanda señaló que los actos realizados gozaban de validez y legalidad, en términos de la Certificación y Acreditación, la cual fue obtenida en el año dos mil diez, y conservada hasta la fecha de manera ininterrumpida, con última renovación en mayo de dos mil diecisiete y vigente hasta dos mil diecinueve; asimismo, sostuvo que ese organismo cuenta con el servicio subrogado por cuanto hace a la evaluación toxicológica, mismo que afirmó es prestado por el "********************"********************, ya que dicha empresa cuenta con la certificación emitida por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, autoridad facultada para expedir las acreditaciones para los centros de evaluación y control de confianza de la Federación y Entidades Federativas, así como a los privados, tal como lo señalan los artículos 22, fracción V, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y 17 y 14, fracción II, del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por tanto, los preceptos invocados por dicha autoridad ponen en evidencia que el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, debe verificar, evaluar y certificar que los centros de evaluación y control de confianza de la Federación, Estados y Distrito Federal (en su denominación anterior, ahora Ciudad de México), realizan sus funciones de conformidad con las normas técnicas y estándares mínimos en materia de evaluación y control de confianza de los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública. Para ello, expedirá las acreditaciones para los centros de evaluación y control de confianza de la federación y entidades federativas, las cuales tendrán una vigencia de dos años, y en el caso de los privados su vigencia será de un año. En tales circunstancias, para que no existiera duda de que el Centro de Control de Confianza del Estado de México contaba con el servicio subrogado por cuanto hace a la evaluación toxicológica, que le prestó el "********************, resultaba indispensable que se exhibiera el documento que avalara que el laboratorio privado de referencia cuenta con la acreditación vigente para efectuar las evaluaciones de control de confianza, lo cual no ocurrió en la especie. En consecuencia, ante lo infundado del agravio esgrimido por las recurrentes, con fundamento en el artículo 288 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, se confirma la sentencia de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, dictada por la Primera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en el juicio administrativo 50/2018. [.] 3. Vista a las partes con lo actuado por la autoridad responsable a fin de dar cumplimiento. Con la resolución precedente, mediante proveído de quince de abril de dos mil diecinueve, se dio vista a las partes quejosa y tercero interesada, a fin de que expresaran lo que a su derecho conviniera; al respecto, únicamente la autoridad tercero interesada realizó manifestaciones, las que se analizaran con posterioridad, razón por la cual, se procede oficiosamente verificar si la autoridad responsable acató el fallo protector, y en su caso, si existe exceso o defecto en su cumplimiento, acorde con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo. 4. Análisis del cumplimiento. De las actuaciones de la autoridad responsable anteriormente transcritas, la presidencia de este Tribunal Colegiado advierte que la autoridad responsable acató los lineamientos de la ejecutoria que concedió el amparo, pues dejó sin efectos el acto reclamado y dictó una nueva sentencia en la que procedió como sigue: Dejó sin efectos la sentencia de veintisiete de septiembre de dos mil ocho, dictada en los autos del recurso de revisión 743/2018. Emitió nueva sentencia en la que, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria en cumplimiento, consideró que el único agravio esgrimido por la parte recurrente resultó ineficaz, toda vez que si bien es cierto la evaluación toxicológica sí se puede realizar por un laboratorio privado en términos del artículo 19, fracción II, del Reglamento Interior del Centro de Control de Confianza del Estado de México, también lo es que la autoridad recurrente, omitió expresar cuál fue el medio de prueba que aporto en el juicio de origen, para evidenciar que había contratado o celebrado un convenio con que el "********************"********************, relacionado con la práctica de los mencionados exámenes toxicológicos que le fueron elaborados al aquí quejoso, o en su caso, debió expresar por qué no era necesario exhibir algún documento de esa naturaleza. C) Consecuentemente, ante lo infundado del agravio esgrimido por la autoridad recurrente, con fundamento en el artículo 288 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, confirmó la sentencia de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, dictada por la Primera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de México, en el procedimiento administrativo 50/2018, en la que se declaró la invalidez de: a) El citatorio a garantía de audiencia con de folio 202LG0000/DGAJ/14744/2017, de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, contenido dentro de los autos que integran el expediente número SS/CHJ/PR/026/2017, signado por los integrantes de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado de México, mediante el cual solicita la comparecencia de ********************, para otorgarle el derecho de su garantía de audiencia; b) La razón de notificación personal de trece de diciembre de dos mil diecisiete, signada por el servidor público adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado de México; y, c) El acta administrativa de diecinueve de diciembre del año dos mil diecisiete, por medio del cual se desahogó la Garantía de Audiencia de ********************, contenida dentro de los anexos que integran el expediente SS/CHJ/PR/026/2017. En esas condiciones, al haber dejado insubsistente la sentencia reclamada, y dictado otra, siguiendo los lineamientos establecidos por la ejecutoria de amparo, debe estimarse que la autoridad responsable restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, sin que se aprecie que hubiese incurrido en exceso o defecto alguno al cumplir con dicha ejecutoria. Al respecto, cabe precisar que el cercioramiento del exceso o defecto en el acatamiento del fallo amparador tiene por objeto determinar la materia del cumplimiento y el alcance del efecto restitutorio; en esa tesitura, se estima que existe defecto en la ejecución del fallo protector siempre que la autoridad responsable se abstiene de realizar todos los actos necesarios para que la sentencia que concedió el amparo resulte íntegramente cumplida; en cambio, hay exceso en la ejecución de la resolución amparadora cuando la responsable, además de efectuar todos los actos conducentes para lograr que las cosas queden restituidas al estado que guardaban antes de la violación advertida, ejecuta u ordena actos distintos o ajenos a la sentencia de amparo, los cuales tampoco son efecto inmediato de lo decidido en la mencionada resolución. Partiendo de tales hipótesis, la presidencia de este Tribunal Colegiado no aprecia que la autoridad responsable hubiese incurrido en exceso o defecto alguno, porque al proceder en el sentido en que lo hizo, la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, restableció las cosas al estado que guardaban antes de la violación denunciada por la parte quejosa, ajustándose únicamente a llevar a cabo los actos conducentes y necesarios para lograr que las cosas quedaran restituidas al estado que guardaban antes de la violación advertida. 5. Manifestaciones respecto al cumplimiento. Mediante oficio recibido el ocho de mayo del año en curso, la autoridad tercero interesada a través del Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, manifestó su desacuerdo con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en cuanto a lo siguiente: Cumpliendo lo establecido por el numeral 196 de la Ley de Amparo y una vez analizada la sentencia de once de abril de dos mil diecinueve, dictada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo directo 590/2018, en la que se deja insubsistente la sentencia de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal, del recurso de revisión 743/2018, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y se confirma la sentencia de fecha veintiuno de marzo de dos mil dieciocho emitida por la Primera Sala Regional del actual Tribunal de Justicia Administrativa del estado de México, en el juicio administrativo 50/2018. Sin embargo, la sentencia de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, emitida por la Primera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, condena a lo siguiente: . > Cancelar del Libro de Gobierno correspondiente al procedimiento administrativo de remoción incoado en contra del justiciable. > Restituir en el pleno goce de sus derechos a Mario Díaz Juárez en el cargo de Policía adscrito a la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte, lo anterior derivado de la medida precautoria que se impuso. > Pagarle las prestaciones que dejó de percibir desde el momento en que fue suspendido de manera temporal hasta que se le reinstale en el cargo desempeñado, y que regularmente le eran otorgados. Aunado a lo anterior, esta autoridad hace del cocimiento que el C. ********************, presentó ante la Secretaría de Seguridad RENUNCIA VOLUNTARIA con carácter de irrevocable, a partir del diecinueve de junio de dos mil dieciocho en la cual manifestó que le fueron cubiertas las prestaciones y deberes que le otorgó a su favor la legislación en la materia y de conformidad con los establecido en el artículo 158, fracción III, inciso a) de la Ley de Seguridad del Estado de México. Así mismo, en el mismo acto NO se reservó acción alguna que en derecho proceda en contra de la dependencia, aunado a que mediante resolución de fecha tres de agosto de dos mil dieciocho, los integrantes de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, decretaron la remoción del C. ******************** del empleo, cargo o comisión que ocupaba la Secretaría de Seguridad del Estado de México; por lo que contrario a la apreciación de la Primera Sección la sentencia de fecha once de abril de dos mil diecinueve, cae en exceso del cumplimiento, pues al confirmar la sentencia de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, emitida por la Primera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en la que condena al Órgano Colegiado a realizar diversos trámite para efecto de resarcir al demandante sus derechos afectados, en cuestión de haber presuntamente violado sus derechos de su esfera jurídica, sin embargo como se ha hecho del conocimiento no se violentó en ningún momento, puesto que como se advirtió le corresponde al Director General de la Dirección Médica Toxicológica del Centro de Control de Confianza del Estado de México, practicar directamente o a través de terceros, las evaluaciones médicas y toxicológicas al personal adscrito a dicha dependencia. Argumentos que son inoperantes, debido a que son tendentes a exponer la imposibilidad de dar cumplimiento, por parte de esa autoridad a lo resuelto por la responsable al confirmar la sentencia de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, dictada por la Primera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de México, en el procedimiento administrativo 50/2018, en la que se declaró la invalidez de: a) El citatorio a garantía de audiencia con número de folio 202LG0000/DGAJ/14744/2017, de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, contenido dentro de los autos que integran el expediente número SS/CHJ/PR/026/2017, signado por los integrantes de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado de México, mediante el cual solicita la comparecencia de ********************, para otorgarle el derecho de su garantía de audiencia; b) La razón de notificación personal de trece de diciembre de dos mil diecisiete, signada por el servidor público adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado de México; y, c) El acta administrativa de diecinueve de diciembre del año dos mil diecisiete, por medio del cual se desahogó la Garantía de Audiencia de ********************, contenida dentro de los anexos que integran el expediente número SS/CHJ/PR/026/2017; aspectos que no son materia de esta determinación de cumplimiento, ya que como se adelantó, lo aquí analizado versa sobre el cumplimiento de los lineamientos fijados en la sentencia de amparo, los cuales según se ha expuesto, fueron cumplidos. 6. Decisión Con base en lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO para los efectos legales a que haya lugar. 7. Medio de impugnación en contra de la presente resolución. Infórmese a las partes, quejosa y tercera interesada que, conforme a los artículos 201, fracción I y 202 de la Ley de Amparo, cuentan con el plazo de quince días para interponer, si lo estiman pertinente, recurso de inconformidad en contra de la presente resolución. De igual manera, hágase de su conocimiento que el aludido recurso, de interponerse, se sustanciará ante este tribunal colegiado, ya que derivado de la reforma de siete de septiembre de dos mil diecisiete, se adicionó la fracción IV del punto Octavo y se modificó el párrafo segundo y la fracción IV del punto Noveno del Acuerdo General número 5/2013, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservara para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados, dicho medio de impugnación procede contra las resoluciones de cumplimiento dictadas por los presidentes de los tribunales colegiados, y se resolverá por el Pleno del Tribunal Colegiado. Una vez que transcurra el término para la interposición del recurso de inconformidad, acuérdese lo conducente en relación al archivo del expediente acorde con lo previsto en el numeral 214 de la ley en cita 8. Notificaciones. Para los para los fines antes indicados, notifíquese personalmente la presente resolución al quejoso, y mediante oficio a la autoridad tercero interesada. Finalmente, hágase del conocimiento de esta determinación a la autoridad responsable, por medio de oficio, para los efectos legales procedentes. Notifíquese, en los términos indicados. Lo acordó y firma el Presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, Magistrado Guillermo Núñez Loyo, quien actúa con la Secretaria de Acuerdos que da fe, licenciada María Elena Vargas Burgos. La que suscribe María Elena Vargas Burgos, secretaria de acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, estado de México, certifica y hace constar que el auto que antecede se incorporó al expediente impreso como al electrónico. Lo anterior, para todos los efectos legales conducentes.- Doy fe. María Elena Vargas Burgos. Secretaria de Acuerdos
- Juicio de Amparo Directo
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a nueve de mayo de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos para que obren como correspondan el oficio de cuenta y anexos que se acompañan; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, se tiene a la autoridad tercero interesada desahogando la vista concedida mediante auto de quince de abril de dos mil diecinueve, respecto al cumplimiento que la autoridad responsable pretende dar a la ejecutoria de amparo dictada en este juicio. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que señala en su oficio, y como delegados en términos del artículo 9 de la ley de Amparo a las personas que señala en su oficio de mérito. Finalmente, pasen los autos al dictado de la resolución correspondiente. Notifíquese.
- Juicio de Amparo Directo
En veintinueve de abril de dos mil diecinueve, la secretaria de acuerdos da cuenta al magistrado presidente con el oficio TJA/SGA/3494/2019, suscrito por la secretaria general de acuerdos de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, y anexo que se acompaña, el cual fue registrado en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional con el número 2776.- Conste. Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintinueve de abril de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos únicamente para que obre como correspondan el oficio de cuenta y anexo que se acompaña, en razón de que en auto de quince de abril del presente año ya se acordó lo conducente. Cúmplase. Lo acordó y firma el Presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, Magistrado Guillermo Núñez Loyo, quien actúa con la Secretaria de Acuerdos que da fe, licenciada María Elena Vargas Burgos. La que suscribe María Elena Vargas Burgos, secretaria de acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, certifica y hace constar que el auto que anteceden se incorporó al expediente impreso como al electrónico. Lo anterior, para todos los efectos legales conducentes.- Doy fe. María Elena Vargas Burgos. Secretaria de acuerdos.
- Juicio de Amparo Directo
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a quince de abril de dos mil diecinueve. Agréguense a sus autos para que obren como correspondan el oficio de cuenta, y anexo que se acompaña, por medio del cual la autoridad responsable remite copia certificada de la sentencia de once de abril de dos mil diecinueve, con la que manifiesta dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente amparo directo. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa y tercera interesada, haciendo entrega de copia íntegra de la constancia que ha remitido la autoridad responsable dando cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que, en el plazo de diez días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se les practique de este acuerdo, manifiesten a este tribunal lo que a su interés convenga, en la inteligencia que de no desahogar la vista, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, Marzo de 2000, página 243, de rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la parte tercera interesada.
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