Mario Delgado Escareño
Expediente 279/2022 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito. 17 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 279/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 17/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Luis Enrique Gordiano Vázquez
- Mario Delgado Escareño
- suseción intestamentario a bienes de Wenceslao Moreno Ríos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Amparo en revisión
Visto el estado que guardan los presentes autos y que mediante ejecutoria de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, dictada en el presente asunto, se revocó la sentencia recurrida, se sobreseyó en el juicio de amparo indirecto y se declaró sin materia el recurso de revisión adhesivo, y con el oficio 6912/2023, del índice de este Tribunal, se remitió al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, testimonio autorizado de la sentencia dictada en el presente expediente y los autos de origen, mismos que fueron recibidos el catorce de julio del año en curso, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en los libros de control (electrónicos). ES CONSERVABLE.
- Amparo en revisión
PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee, en el juicio de amparo promovido por ****, contra el acto y autoridad precisados en el resultando primero de esta ejecutoria. TERCERO. Se declara sin materia el recurso adhesivo.
- Amparo en revisión
Agréguese a sus autos el escrito firmado electrónicamente por ***************, recibido vía electrónica tal y como se advierte de su evidencia criptográfica, mediante el cual desahoga la vista que se le dio en proveído de quince de junio del año en curso, con motivo de la causal de improcedencia advertida por este Primer Tribunal Colegiado de Circuito. En tales condiciones, devuélvase a la ponencia de origen, para que se elabore el proyecto de resolución correspondiente.
- Amparo en revisión
Como se ordenó en la sesión ordinaria virtual de la misma fecha, este Primer Tribunal Colegiado de Circuito, anunció la posible actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, quedando en lista a fin de dar vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días, manifieste lo a que su derecho convenga, en torno a la causa de improcedencia señalada en el proyecto de resolución que se sometió a consideración; lo anterior en aras de velar por el derecho de audiencia y, en su caso, que la parte interesada se encuentre en oportunidad de expresar argumentos tendientes a favorecer su situación jurídica y se esté en aptitud de resolver lo que conforme a derecho corresponda una vez que, en su caso, se desahogue la vista conducente, la cual se sustenta en las siguientes consideraciones: "SEXTO. Revoca y sobresee. I. Marco teórico. Resulta innecesario analizar las consideraciones sustentadas en la sentencia recurrida y los agravios propuestos en su contra, por advertir este tribunal colegiado que se actualiza una causa de improcedencia, cuyo análisis es oficioso, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. En este sentido, se tiene en consideración que tratándose del recurso de revisión en los juicios de amparo, el órgano revisor puede decretar el sobreseimiento si advierte alguna causa de improcedencia no apreciada por el resolutor federal, como se desprende de los artículos 62 y 93, fracción III, de la Ley de Amparo. Tales preceptos establecen las reglas que rigen al momento de estudiar y resolver el juicio de amparo y, en su caso, el recurso de revisión, de cuya interpretación conjunta permite establecer que cuando se trate de este último, si el tribunal colegiado advierte de oficio una causa de improcedencia no estudiada o diversa a la invocada por el juzgador debe proceder a su examen, al ser las causas de improcedencia de estudio preferente y de orden público en toda resolución de amparo, por tratarse de presupuestos de procedencia de la vía indirecta. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia P./J. 122/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA. Es cierto que las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida, que no son impugnadas en vía de agravio por el recurrente a quien perjudican, deben tenerse firmes para seguir rigiendo en lo conducente al fallo, pero esto no opera en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, cuando se advierte la existencia de una causa de improcedencia diferente a la que el juzgador de primer grado estimó actualizada o desestimó o, incluso, de un motivo diferente de los apreciados en relación con una misma causa de improcedencia, pues en este caso, el tribunal revisor debe emprender su estudio de oficio, ya que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Este aserto encuentra plena correspondencia en el artículo 91 de la legislación de la materia, que establece las reglas para resolver el recurso de revisión, entre las que se encuentran, según su fracción III, la de estudiar la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito y, de considerarla infundada, confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, lo que patentiza que la procedencia puede examinarse bajo supuestos diversos que no sólo involucran a las hipótesis legales apreciadas por el juzgador de primer grado, sino también a los motivos susceptibles de actualizar esas hipótesis, lo que en realidad implica que, a pesar de que el juzgador haya tenido por actualizada o desconsiderado determinada improcedencia, bien puede abordarse su estudio bajo un matiz distinto que sea generado por diversa causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma causa por diverso motivo, pues no puede perderse de vista que las causas de improcedencia pueden actualizarse por diversos motivos, por lo que si el inferior estudió sólo alguna de ellas, es dable e incluso obligatorio que se aborden por el revisor, pues al respecto, no existe pronunciamiento que pueda tenerse firme." Dicho criterio se invoca en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor, porque si bien interpreta la Ley de Amparo abrogada, lo cierto es que no se contrapone con lo dispuesto en aquélla. En efecto, este Tribunal advierte que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XII del artículo 61 en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que textualmente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" "Artículo 5. Son partes en el juicio de Amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. ." La interpretación sistemática de los numerales transcritos permite establecer que la legitimación para promover el amparo se limita a quienes aducen ser titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo y que con motivo de la ley, acto u omisión reclamados, se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica. Por ende, sólo quien se vea afectado en su esfera jurídica derivado de la ley, acto u omisión reclamada, es quien se encuentra legitimado para instar la acción constitucional -sea como persona en sí misma considerada o como miembro de una colectividad con interés legítimo-; esto es, no solo deben ser titulares del derecho, sino además debe existir una afectación o perjuicio real y actual por el acto de autoridad. En ese sentido, en virtud a la naturaleza de lo reclamado por la parte quejosa, es necesario abundar que la afectación al interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto, omisión o ley violatoria de sus derechos fundamentales; esto es, se refiere a un derecho subjetivo protegido por la norma legal que se ve transgredido por el acto de autoridad o por la vigencia o aplicación de una ley a tal grado que ocasione un perjuicio a su titular. Así, se puede establecer que si bien el quejoso sí tiene legitimación para acudir al amparo si es que considera afectada su esfera de derechos con los actos de autoridad; además, de la legitimación para acudir al amparo por estimarse gravado el interés jurídico, debe existir una afectación real y actual en la esfera jurídica del accionante de manera directa. De ahí que para que la acción constitucional proceda, no basta que sea impulsada por un interés cualquiera o simple, sino que es necesario, por una parte, que ese interés descanse en un derecho derivado de la ley a exigir del gobernado determinada conducta positiva o negativa y, como consecuencia, que tenga como correlativo el deber del gobernante de realizar tal conducta; y por la otra la existencia de una afectación real y actual en la esfera del accionante que le cause un perjuicio palpable, a fin de que proceda la acción constitucional. Por ello, con independencia de que se tiene interés jurídico cuando se cuenta con un derecho tutelado o derivado de alguna disposición legal y se cause al gobernado alguna afectación en su esfera jurídica para exigir de la autoridad determinada conducta en reparo de un daño causado por su actuar u omisión; lo cierto es que debe concurrir un perjuicio actual y real, que se incruste directamente en la esfera de derechos del accionante del amparo, ya que de no existir el perjuicio de manera vigente, inminente o efectiva, sino que se presuma, presuponga y/o se especule sobre actos futuros o inciertos, acerca de los cuales no se tiene certeza que ocurrirán, entonces no será procedente el juicio de amparo. Tiene aplicación, la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y contenido siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." II. Caso concreto. ************** interpuso el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en contra de la determinación de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, emitida por la fiscal ****************, en la que acordó que no había lugar a judicializar la carpeta de investigación y, por ende, solicitar audiencia para formular imputación. En la audiencia de impugnación de determinación de Ministerio Público, celebrada el dieciséis de junio de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de impugnación **/2021, el Juez de Control, en lo que interesa, resolvió: "[.] Por otro lado, no se puede obligar al Ministerio Público para que judicialice un asunto, una investigación, pero sí se le puede exhortar para que lo haga atendiendo a esos principios de celeridad y expeditez a que se refiere el artículo 17 constitucional, y que no debe de retardar el acceso a la justicia, entonces con todas estas decisiones que vengo tomando, por un lado, el Ministerio Público deberá de emitir una nueva determinación donde fundamente y motive su determinación, dando cabal respuesta a los asesores victímales y si en caso de que estime que no se debe de acudir ante este órgano jurisdiccional, pues incuso emitir la determinación que corresponda ya sea como incluso él lo señaló, de abstenerse de investigar, archivo temporal, no ejercicio, o alguna otra que prevea la ley, pero la cuestión es que le dé certeza al señor Mario Delgado Escareño acerca de la denuncia que presentó y que él sepa si se va a proseguir con la misma, o bien, encontró un fin distinto, como es uno de estos que he mencionado de acuerdo a las facultades que tiene el Ministerio Público para llevar a cabo sus tareas de persecución de los delitos; reitero, no se puede obligar al Ministerio Público para que traiga un asunto ante este juzgado de control porque ya hemos indicado pues él es el que tiene el monopolio de la acción penal, pero reitero, el exhorto para que lo haga a la mayor brevedad posible, dado que estos hechos datan ya de dos años y medio, según la denuncia interpuesta y se debe procurar un menor perjuicio al señor *******************, porque en su caso también se debe considerar que puede darse una revictimización en su perjuicio, también debe ponderar la representación social que en este caso cuando se niega la función persecutoria o se omiten algunos hechos o actos que debe de realizar de acuerdo a su actividad de investigación, si no los practica en el tiempo prudente entonces también se puede estar incurriendo no solamente en una falta administrativa que en efecto pues debe de velar el órgano de control interno de esa dependencia, sino que también puede dar lugar a la comisión de un hecho que pudiera tener, a su vez, las características de un delito, reitero, no podemos obligar al fiscal a que acuda ante este órgano jurisdiccional a formular imputación dado que la ley no prevé un tiempo determinado para que realice su investigación y si está en la aptitud acudir ante este tribunal; el parámetro que regularmente se sigue es evitar que los hechos que investiga pueda suscitarse lo que se conoce como la prescripción, regularmente se atiende a ese principio pero el exhorto estriba en que no debe de dar pauta a ello porque puede causar mayores perjuicios y sobre todo una revictimización en perjuicio de la persona que se denunció y se duele de estos hechos; entonces, lo que se determina es que el Ministerio Público debe de pronunciar una nueva resolución donde funde y motive su decisión y dé cabal respuesta a la petición que formuló la víctima, a través de sus asesores jurídicos, y en este caso si existe un acto de investigación por recabar, pues también en esa misma determinación indique cuáles son para que tenga certeza la víctima, qué es lo que se pretende recabar para el perfeccionamiento de la investigación y también en su caso esta parte y los asesores victímales pretenden que se recabe algún dato de prueba, pues también hacer lo conducente para que así la fiscalía esté en la aptitud de recabar el mismo a la mayor brevedad posible, quien para tal fin habrá de hacer uso de los medios de apremio que establece la ley, para que se dé cabal puntualidad a las exigencias constitucionales de una pronta impartición de justicia, desde este momento de la investigación. Bien, así es como se resolvería por parte de su servidor esta impugnación [.]" Contra esa determinación, *******************, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, cuyo conocimiento correspondió al Juez Primero de Distrito en el Estado, quien en la sentencia recurrida, concedió la protección constitucional en los términos siguientes: "QUINTO. Efectos del amparo. Para que el Juez de Control del distrito Judicial de la Capital, Zacatecas: 1. Deje insubsistente la resolución reclamada de fecha dieciséis de junio de dos mil veintiuno, en la carpeta administrativa de impugnación de determinación ministerial 049/2021. 2. En su lugar emita otra en la que conmine al representante social para que, en caso de aun no haber hecho, recabe los datos de prueba consistentes en dictamen pericial en materia contable, informes del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como de la Cámara Nacional de Comercio, referidos en audiencia y una vez hecho lo anterior, se pronuncie respecto del ejercicio de la acción penal, esto es, solicite audiencia inicial ante el juez de control competente, y para el caso de determinar lo contrario, fundada y motivada emita resolución al respecto." De los antecedentes relatados se advierte que la resolución emitida dentro de la carpeta de impugnación 49/2021, no genera un perjuicio real, actual o inminente al quejoso, porque no invade su esfera jurídica. En efecto, no implica una infracción pues únicamente el Juez de Control del Distrito Judicial de la Capital, determinó que el Ministerio Público pronunciara una nueva resolución en la que fundara y motivara su decisión y diera cabal respuesta a la petición que formuló la víctima, a través de sus asesores jurídicos; que si existe un acto de investigación por recabar indique cuáles son para que la víctima tenga certeza; qué es lo que se pretende recabar para el perfeccionamiento de la investigación, y si la víctima o sus asesores pretenden que se recabe algún dato de prueba hacer lo conducente para ese efecto a la mayor brevedad posible, haciendo uso de los medios de apremio que establece la ley para tal fin. Además, dentro de la investigación se precisó que aún quedan datos de prueba por recabar, específicamente un dictamen pericial en materia de contabilidad, así como dos informes a cargo del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de la Cámara Nacional de Comercio; lo que revela que no existe un pronunciamiento sobre la abstención de investigar, de archivo temporal, aplicación de un criterio de oportunidad o el no ejercicio de la acción penal, al contrario, se advierte que la investigación aún está en curso. Bajo este contexto es concluyente que la determinación del Juez de Control responsable no es un acto que vulnere la esfera de derechos de la víctima, ni que lesione, por tanto, su interés jurídico. En tales condiciones, resulta evidente la improcedencia del juicio de amparo indirecto promovido por Mario Delgado Escareño, en contra de la determinación emitida en audiencia de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, en la carpeta de impugnación **/2021. III. Decisión. En esas condiciones, la falta de interés jurídico del quejoso deriva de la ausencia de afectación directa de algún derecho subjetivo y la falta de éste, genera la improcedencia del juicio de amparo por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII, en relación con el artículo 5° fracción I, ambos de la Ley de Amparo, cuyo estudio es de orden preferente a la invocada en la sentencia recurrida, por lo que se impone revocar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio, en términos de la fracción V, del numeral 63 de la ley de la materia. No pasa desapercibida para este órgano colegiado, la jurisprudencia 1a./J. 9/2021 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que surgió al resolver la contradicción de tesis 89/2020 suscitada entre el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. Sin embargo, se estima que no es aplique al caso, en virtud de que en esa ejecutoria la Primera Sala concluyó que no se actualiza una causa indudable y manifiesta de improcedencia del juicio de amparo, cuando la persona imputada impugna por esa vía la resolución del Juez de Control que revoca la determinación ministerial de no ejercicio de la acción penal y ordena la continuación de la investigación. Precisando: "87. No obstante, se recuerda que el presente pronunciamiento se emite tomando en cuenta el inicio de un juicio constitucional, en el cual el juez debe admitir o desechar la demanda de amparo. Por lo que no prejuzga sobre una eventual causa de improcedencia que pueda advertirse o actualizarse en la substanciación del juicio de amparo. Es decir, a lo largo del procedimiento podrían desvirtuarse o modificarse las consideraciones que llevaron a la admisión, mediante las pruebas aportadas en juicio." Siendo que en el caso el acto reclamado no consistió en la resolución del Juez de Control que revocó la determinación ministerial de no ejercicio de la acción penal y, como consecuencia, ordenó continuar con la investigación, sino, en que únicamente pronunciara una nueva resolución en la que fundara y motivara su decisión y diera cabal respuesta a la petición que formuló la víctima, a través de sus asesores jurídicos; petición que, como quedó precisado, fue rechazada por la fiscalía bajo el argumento de que aún quedaban pendientes datos de prueba por recabar, consistentes en un dictamen pericial en materia contable, así como informes por parte del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de la Cámara Nacional de Comercio. Tampoco se soslaya que el juez de amparo, en la resolución recurrida, citó la contradicción de tesis 233/2017, también resuelta por la Primera Sala del alto tribunal del país, que dio origen a las jurisprudencias 1a.J. 27/2018 (10a.) y 1a.J. 28/2018 (10a.), de rubros y textos siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." Sin embargo, tampoco son aplicables, en virtud de que en esa ejecutoria se estableció que la víctima u ofendido pueden impugnar las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, desistimiento y suspensión de la acción penal y, en general, las determinación del Ministerio Público cuando estimen que, durante la etapa de investigación -inicial o complementaria-, el órgano acusador incurrió en una actitud omisiva y carente de justificación legal con relación a su deber de investigar los delitos, previo a la promoción del juicio de amparo indirecto. No obstante, como se precisó, la víctima ****************** promovió el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contra la determinación del Ministerio Público, en la que estimó que existió una conducta omisiva al denegar su solicitud de judicializar la carpeta de investigación; empero, ello no hace procedente el juicio de amparo indirecto, en virtud de que, como quedó precisado, no se afecta el interés jurídico del quejoso". En tales condiciones, con fundamento en el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se da vista a la parte quejosa, por el plazo de tres días, para que manifieste lo a que su derecho convenga, en torno a la causal de improcedencia advertida de oficio por la secretaria en funciones de magistrada ponente y puesta a consideración del Pleno de este Tribunal Colegiado. Por otra parte y sin necesidad de un nuevo acuerdo, una vez que transcurra dicho plazo, devuélvase el presente expediente a la ponencia de origen para que se dé cuenta al pleno.
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