Mario David Villarreal Hernández

Expediente 877/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 12 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
877/2017
Año
2017
Actuaciones
12
Última actuación
15/12/2017

Partes del expediente

  • Mario David Villarreal Hernández
  • Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, Tlaxcala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 293 a 297), en el cual se decretó el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en la fracción I, del artículo vigésimo primero de dicho ordenamiento, pues en el presente asunto decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, lo que constituye un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, una vez que transcurra el término de cinco años a que se refiere dicho Acuerdo. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el último párrafo del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General en comento, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. De igual forma, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Por otra parte, devuélvase al Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer el original de la causa penal 288/2015, mismo que remitió en apoyo al informe justificado rendido en el presente asunto, previa certificación de desglose que se haga en autos. Finalmente, dado que las partes nada manifestaron con relación a lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al hacerse público el auto por el que sobreseyó el juicio fuera de audiencia dictado en el presente juicio, no deberán suprimirse los datos sensibles de dicha resolución y demás constancias; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por la Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento de catorce de noviembre último, remite el duplicado de la causa penal 376/2015 y sus acumulados de su índice; únicamente para que obre como corresponda, toda vez que el veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, se dictó resolución en la que se sobreseyó el presente asunto y se dejó sin efectos el requerimiento formulado a dicha autoridad. En virtud de lo anterior, devuélvanse las constancias supracitadas a la autoridad oficiante solicitando el acuse de recibo correspondiente.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado por los quejosos ********************mediante el cual, informan que han cesado los efectos de acto reclamado en el presente juicio de amparo; únicamente para que obre como corresponda, toda vez que el veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, se dictó resolución en la que se sobreseyó el presente asunto

  4. Principal

    Notifico por medio de lista a la defensora público federal el contenido del acuerdo del veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, que en la parte que interesa dice: Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta signado por la Jueza Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, mediante el cual en contestación al requerimiento formulado el catorce de noviembre de dos mil diecisiete, remite copia certificada de diversas constancias que obran en la causa penal 376/2015 y sus acumulados, por lo que se ordena agregarlos a los presentes autos para los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de autos se advierte que el veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 280 a 282), la Juez responsable, resolvió la acumulación de solicitada por Federico Zárate Camacho, en su carácter de defensor de Hiram Javier Villareal Hernández y Mario David Villareal Hernández, aquí quejosos, mismo que fue notificado el veintinueve de septiembre del presente año (foja 283); asimismo, que por auto de diez de octubre último, dicha resolución causó ejecutoria (foja 290), el cual fue notificado el doce de octubre del mismo año (foja 291), documentales a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2º. Lo expuesto pone de relieve que en el caso se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues al emitir la resolución correspondiente a la decretación de acumulación de autos dentro del proceso penal 376/2015 del índice de la autoridad responsable, cesó la omisión reclamada; circunstancia que impone sobreseer el juicio fuera de la audiencia de ley. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente la parte quejosa, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Cobra aplicación al razonamiento expuesto, la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, correspondiente a Marzo de 2003, Novena Época, cuyo contenido se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En ese sentido, tal como se precisó, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De conformidad con el precepto legal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie a la quejosa; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Igualmente, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Ahora, para mejor comprensión del presente acuerdo, debe analizarse la naturaleza del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en: La omisión de proveer, respecto de la solicitud de acumulación planteada dentro de los procesos 288/2015 del índice del Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, y el diverso 376/2015 del índice del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer. Lo que puede vulnerar el derecho fundamental establecido en el artículo 17, párrafo segundo, constitucional, que prevé: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del precepto constitucional transcrito se desprende que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; asimismo, que su servicio será gratuito, quedando prohibidas las costas judiciales. Ahora, en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que la Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, remitió copia certificada de la resolución de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, dictada en la causa penal 376/2015 de su índice, en la que se resolvió decretar la acumulación de los procesos 458/2014, 474/2015, 430/2014, 377/2015 y 288/2015 al diverso 376/2015, misma que le fue notificada a la parte quejosa, el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, circunstancia que se acredita con las copias certificadas de la referida resolución y su respectiva constancia de notificación. De lo anterior se desprende la cesación de efectos del acto reclamado, toda vez que el veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, se resolvió la interlocutoria correspondiente a la acumulación de las causas penales, misma que le fue notificada a los quejosos el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Asimismo, de las referidas constancias, se advierte que por auto de diez de octubre de dos mil diecisiete, la referida resolución causó ejecutoria, el cual fue notificado a la parte quejosa el doce de octubre del mismo año. Por ende, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. En este orden de ideas, es indudable que se surte la causa de improcedencia señalada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto al acto reclamado por Hiram Javier Villareal Hernández y Mario David Villareal Hernández, sin que resulte necesario dar vista a la parte quejosa, dado que no podría desvirtuar la causal de improcedencia. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional respecto del acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por tanto, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Finalmente, en razón de la presente determinación, se deja sin efectos el requerimiento formulado a la Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, en acuerdo de catorce de noviembre de dos mil diecisiete.

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