Mario David Ponce Camarillo

Expediente 1210/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 21 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1210/2016
Año
2016
Actuaciones
21
Última actuación
17/11/2017

Partes del expediente

  • Mario David Ponce Camarillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE QUE DICE: De la certificación de cuenta se deduce que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de inconformidad en contra del proveído de tres de octubre de dos mil diecisiete, en el que se declaró cumplida la ejecutoria dictada en este sumario; en tales condiciones, DICHO ACUERDO QUEDA FIRME. En atención a lo ordenado en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se hace constar que este expediente es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, debiéndose conservar la demanda, sentencia y ejecutoria. Por otro lado, este expediente no tiene valor jurídico o histórico trascendental por el cual deba conservarse; por tanto, en cumplimiento del párrafo segundo del punto decimoprimero del mencionado acuerdo, hágase la anotación correspondiente en la carátula y asiéntese la fecha en que se ordena su archivo. En razón de lo expuesto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, trasládese al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro orden el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que la medida cautelar solicitada por la parte quejosa fue concedida en términos del punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo de la normatividad en consulta, así como lo señalado en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce. Por lo expuesto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, el juicio principal y el original del incidente de suspensión trasládense al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, éste es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos más de seis meses a partir de esta fecha, procederá este Juzgado conforme a los lineamientos que establece el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo en cuestión. Háganse los registros en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el ordinal 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto totalmente concluido. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa exhibió un documento original en este juicio, por lo que con fundamento en el punto décimo primero, último párrafo, del multicitado acuerdo, requiérasele para que dentro del término de noventa días contados a partir del momento en que surta sus efectos la legal notificación de este proveído, acuda a este órgano jurisdiccional a recogerlos, previa identificación y toma de razón que de su recibo se deje en autos, o persona autorizada para tal efecto, apercibida que de no hacerlo, dicho documento será destruido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    De la certificación de cuenta se deduce que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de inconformidad en contra del proveído de tres de octubre de dos mil diecisiete, en el que se declaró cumplida la ejecutoria dictada en este sumario; en tales condiciones, DICHO ACUERDO QUEDA FIRME. En atención a lo ordenado en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se hace constar que este expediente es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, debiéndose conservar la demanda, sentencia y ejecutoria. Por otro lado, este expediente no tiene valor jurídico o histórico trascendental por el cual deba conservarse; por tanto, en cumplimiento del párrafo segundo del punto decimoprimero del mencionado acuerdo, hágase la anotación correspondiente en la carátula y asiéntese la fecha en que se ordena su archivo. En razón de lo expuesto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, trasládese al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro orden el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que la medida cautelar solicitada por la parte quejosa fue concedida en términos del punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo de la normatividad en consulta, así como lo señalado en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce. Por lo expuesto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, el juicio principal y el original del incidente de suspensión trasládense al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, éste es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos más de seis meses a partir de esta fecha, procederá este Juzgado conforme a los lineamientos que establece el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo en cuestión. Háganse los registros en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el ordinal 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto totalmente concluido. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa exhibió un documento original en este juicio, por lo que con fundamento en el punto décimo primero, último párrafo, del multicitado acuerdo, requiérasele para que dentro del término de noventa días contados a partir del momento en que surta sus efectos la legal notificación de este proveído, acuda a este órgano jurisdiccional a recogerlos, previa identificación y toma de razón que de su recibo se deje en autos, o persona autorizada para tal efecto, apercibida que de no hacerlo, dicho documento será destruido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta de la parte quejosa, y como lo solicita se tienen por autorizadas a las personas que indica en términos del artículo 24, párrafo segundo de la Ley de Amparo. Por otra parte, deberá estar a lo acordado en el auto admisorio en el que se autorizó a las partes el uso de medios electrónicos y digitales para la consulta de este expediente. Notifíquese.

  4. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE QUE DICE: De la certificación de cuenta y del estado procesal de estos autos se advierte que transcurrió el término de tres días otorgado a la parte quejosa para que desahogara la vista formulada en proveído de trece de septiembre de dos mil diecisiete, sin que lo haya hecho; en consecuencia, en términos del párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente se analizará, de manera fundada y motivada, si con las constancias que obran en autos se ha dado cumplimiento total a la sentencia dictada en este juicio, o bien, si se incurrió en exceso o defecto en ese cumplimiento, inclusive, si hay imposibilidad para cumplir el fallo. Agréguese a los autos el escrito de cuenta de la parte quejosa, por medio del cual manifiesta que se encuentra conforme con el cumplimiento dado a la ejecutoria; en consecuencia, en términos del párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente se analizará, de manera fundada y motivada, si con las constancias que obran en autos se ha dado cumplimiento total a la sentencia dictada en este juicio, o bien, si se incurrió en exceso o defecto en ese cumplimiento, inclusive, si hay imposibilidad para ello. Atento a lo anterior, es preciso señalar que mediante resolución de trece de julio de dos mil diecisiete dictada en el toca R.A. 18/2017 del índice del Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito se determinó: No es materia de la revisión la determinación de sobreseimiento decretada por el Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, respecto del acto consistente en la instrumentación del procedimiento administrativo CCC/0855/16-06. Confirmar la sentencia recurrida. C) Amparar y proteger a Mario David Ponce Camarillo contra el acto que reclamó de los integrantes del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, en los términos siguientes: "(.) En tales condiciones, procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Mario David Ponce Camarillo, para el efecto de que la autoridad responsable Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México deje insubsistente el acuerdo de quince de junio de dos mil dieciséis, mediante el cual se dio inicio de procedimiento administrativo de separación número CCC/0855/16-06, por incumplimiento a los requisitos de permanencia, y emita otro, en el que funde y motive la determinación que corresponda en relación con las pruebas realizadas al quejoso, a efecto de establecer su perfil para continuar dentro de la institución, sin agravar su situación jurídica. Asimismo, la concesión anterior implica que la autoridad responsable deje sin efectos todos los actos que se hubiesen originado con la emisión del acuerdo de inicio de procedimiento administrativo CCC/0855/16-06, ya que se trata de actos derivados de otro viciado de inconstitucionalidad. (.)" En ese contexto, por oficio con registro de correspondencia 18255, la autoridad responsable y su superior jerárquico remitieron copia certificada del acuerdo de cinco de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 174 a 178), mediante el cual se dejó insubsistente el acuerdo de quince de junio de dos mil dieciséis, por el que se dio inicio al procedimiento administrativo de separación CCC/0855/16-06; así como todas las actuaciones posteriores, adicionalmente se declaró la improcedencia del inicio del procedimiento administrativo disciplinario al no contar con los elementos necesarios para ello, porque al solicitarse a la Dirección General del Centro de Control de Confianza el informe de las evaluaciones que no aprobó el quejoso, aquélla manifestó la imposibilidad legal para otorgar la información solicitada al ser de carácter reservado y confidencial. En este sentido, de conformidad con las constancias de autos, en términos del artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se determina lo siguiente: En este asunto no hay imposibilidad para cumplir la sentencia de amparo, dado que la autoridad responsable llevó a cabo los actos necesarios para cumplirla, sin que en ningún momento haya aducido o se advierta de autos tal imposibilidad. Por otra parte, con el acuerdo examinado en este proveído, emitido por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia, se tiene que no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de que se trata. En efecto, en primer lugar debe tenerse en cuenta que habrá exceso en el cumplimiento cuando la conducta de la responsable no se ajusta al tenor exacto del fallo, esto es, se extralimita en su cumplimiento al ir más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección constitucional y, en segundo lugar, existirá defecto cuando la autoridad realiza una conducta insuficiente, es decir, que los actos que emite en cumplimiento a la sentencia no satisfacen cabalmente los efectos de la concesión del amparo al ejecutar el fallo de manera parcial o incompleta. Entonces, la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo debido a que no se extralimitó en los efectos del fallo protector y tampoco fueron insuficientes para considerar que su conducta detrimentó la restitución en el goce de los derechos de la parte quejosa; por ende, se acató cabalmente la obligación impuesta en la ejecutoria dictada en autos al dejar sin efectos el acuerdo de quince de junio de dos mil dieciséis, mediante el cual se dio inicio al procedimiento administrativo de separación CCC/0855/16-06, así como todos los actos que se hubiesen originado con la emisión del referido acuerdo de inicio y declarar la improcedencia del asunto, al no haberse especificado los exámenes que no aprobó el quejoso. Por último, la autoridad responsable realizó los actos a que se encontraba obligada por el fallo protector, que se hicieron consistir en dejar insubsistente el acuerdo de quince de junio de dos mil dieciséis, mediante el cual se dio inicio al procedimiento administrativo de separación número CCC/0855/16-06, por incumplimiento a los requisitos de permanencia, así como todo lo actuado con posterioridad y emitir un nuevo acuerdo, actos que llevó a cabo en su totalidad, de conformidad con lo destacado en párrafos precedentes. En esas condiciones, la responsable ha observado lo necesario para acreditar que se cumplieron los efectos del fallo protector; por tanto, con fundamento en los artículos 77, fracción I, y 192 de la Ley de Amparo, la sentencia dictada en este asunto ha quedado cumplida. En atención a la determinación alcanzada, con fundamento en lo previsto en los numerales 201, fracción I, y 202 de la Ley de Amparo vigente, dese vista al quejoso con este proveído para que en el plazo de quince días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación manifieste lo que a su derecho convenga. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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