Mario David Gómez Durán
Expediente 156/2016 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 156/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/04/2016
Partes del expediente
- Mario David Gómez Durán
- Juez Primero de lo Penal, Tijuana
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación de cuenta, que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión, dentro del término legal, en contra de la sentencia dictada el diez de marzo de dos mil dieciséis; en consecuencia, y con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria, dése aviso a las autoridades responsables, y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por lo tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el punto decimoprimero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, por virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el punto vigésimo primero, última parte, del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del expediente. Ahora, en cumplimento al artículo vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, se establece que el cuaderno principal relativo a este juicio es susceptible de destrucción, por haberse sobreseído, estableciéndose como fecha probable para tal efecto, el ocho de abril de dos mil veintiuno. En cambio, se precisa que el original del incidente de suspensión es depurable; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis de la fracción III, segundo párrafo del artículo Vigésimo Primero del mismo acuerdo; por lo que se señala como fecha probable para tal efecto, el ocho de abril de dos mil veintiuno; debiéndose conservar únicamente el acuerdo de once de febrero de dos mil dieciséis, por el cual se concedió la suspensión provisional solicitada, ya que la definitiva fue negada. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, y en cumplimiento también del referido Acuerdo General, se establece que éste es susceptible de destrucción, de conformidad con lo dispuesto por el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo complementario citado en el párrafo que antecede; por lo tanto, se fija como fecha probable para su destrucción el dieciocho de agosto de dos mil dieciséis. Se establece como fecha para la transferencia del presente expediente a la Casa de la Cultura Jurídica de Toluca, en el Estado de México, el ocho de abril de dos mil diecinueve. Glósese copia del presente acuerdo en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión que deriva del juicio de amparo en que se actúa. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes, que mediante oficio número SEADS/597/2016, de dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, por disposición del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del uno de abril de dos mil dieciséis, se acordó la adscripción del licenciado Oscar Alejandro Zúñiga Vidales, como titular de este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana.
- Principal
AGRÉGUESE EL PEDIMIENTO FIRMADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL... SE LE TIENE EN VÍA DE ALEGATOS POR HECHAS LAS MANIFESTACIONES QUE ADUCE EN EL MISMO SIN PERJUICIO DE RELACIONARLAS EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. RESPECTO DE LA SOLICITUD DE COPIAS, DÍGASELE QUE UNA VEZ QUE SE DICTE SENTENCIA E INSISTA EN SU PETICIÓN, SE ACORDARÁ LO CONDUCENTE...
- Incidental
En cumplimiento a lo ordenado por auto de esta fecha en el cuaderno del juicio de amparo 156/2016-2, promovido por Mario David Gómez Durán, por su propio derecho, contra actos del Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Tijuana, Baja California, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades, provéase sobre la suspensión provisional. Ahora, toda vez que en el territorio dentro del cual este órgano ejerce jurisdicción, no ha entrado en vigor el sistema procesal penal a que se refiere la reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, es por lo cual acorde al segundo párrafo del artículo décimo transitorio de la Ley de Amparo vigente, se aplicará en los efectos, tramite y resolución de la suspensión la Ley de Amparo abrogada, ello en atención a que en el dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República por el que se aprueban las modificaciones y adiciones hechas por la Cámara de Diputados de la Minuta con Proyecto de Decreto por la que se expide la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103, 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que el régimen que será aplicable para los estudios de la suspensión, se refiere a la ley vigente con anterioridad a la reforma de dos de abril de dos mil trece, y por lo cual acorde a la definición de régimen éste se refiere a un conjunto de reglas que imponen o se siguen; en ese contexto deberá aplicarse en lo concerniente a los efectos de la suspensión, trámite y la resolución relativos a este incidente, la Ley de Amparo abrogada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial número 32/2015, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Decima Época, que dice: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO EN MATERIA PENAL. EL TRÁMITE Y LA RESOLUCIÓN DEL INCIDENTE RELATIVO EN LOS CASOS EN DONDE NO HAYA ENTRADO EN VIGOR EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO, DEBERÁN REGIRSE CONFORME A LA LEY DE AMPARO ABROGADA. De la interpretación sistemática y teleológica de los artículos primero, segundo y décimo transitorios de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, tratándose del trámite y la resolución de un incidente de suspensión en materia penal, en los casos donde no haya entrado en vigor el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, por disposición expresa del párrafo segundo del artículo décimo transitorio citado, deben aplicarse las disposiciones previstas en la Ley de Amparo abrogada (no así en la vigente), en todo lo concerniente a la tramitación y resolución de dicha medida cautelar, pues ésta debe entenderse como una institución unitaria; sin que sea válido establecer que la "parte general" será regulada por la nueva Ley de Amparo, y la relativa específicamente a la "suspensión en materia penal" por la abrogada, ya que la aplicación simultánea de ambas legislaciones en un caso concreto, derivaría en la generación de inseguridad jurídica para las partes. Lo anterior, en aras de garantizarles un principio de seguridad jurídica, derivado de la existencia de sendas diferencias entre los sistemas de enjuiciamiento mixto y acusatorio que actualmente coexisten." Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 124, 124 bis, 130, 131, 132, 136, 138 y 142, de la Ley de Amparo abrogada, con dos copias simples de la demanda de amparo, se abre a trámite por duplicado el presente incidente de suspensión. En consecuencia, pídase el informe previo a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo por duplicado dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir de la hora siguiente al en que reciban el oficio de notificación; para tal efecto, se les envía copia simple de la demanda que se atiende. En el entendido y para estar en condiciones de proveer lo conducente al artículo 124 Bis, de la Ley de Amparo abrogada, el citado informe previo se deberá concretar a expresar si son o no son ciertos los actos que se atribuyen a las autoridades que lo rinden, la naturaleza, modalidades y características del o los delitos que se les imputen a la parte quejosa; el o los preceptos en los que se encuentren previstos y sancionados, es decir su penalidad. Haciéndoles saber que la falta de informes establece la presunción de ser cierto el acto que se les atribuye, para el solo efecto de la suspensión, además en caso de no rendir el informe requerido con la debida oportunidad, esto es, antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia incidental, se sanciona con una corrección disciplinaria, de conformidad con el párrafo tercero del artículo 132, de la ley de la materia abrogada. En este sentido, indíquese a dichas autoridades que el artículo 55, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se reconoce entre las correcciones disciplinarias la multa que no exceda de sesenta días, cuyo máximo le será impuesto en caso de que incurran en la irregularidad citada. Se señalan las nueve horas con treinta y cinco minutos del dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. Se faculta a la actuaria de la adscripción, para que una vez constituida en la dirección en la que se encuentran ubicadas las autoridades responsables en el presente incidente de suspensión, si éstas se rehúsan a recibir el comunicado a ellas dirigidos, se les entregue en términos del artículo 33, de la Ley de Amparo abrogada. Ahora, al considerar que se reclama la orden de aprehensión, por la que se pretenda privar a la parte quejosa de su libertad; por tanto, conforme al artículo 107, fracción X, de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformada, y toda vez que se actualizan, en la especie, las hipótesis previstas en los artículos 130 y 136, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo abrogada, en relación con el diverso precepto 124, de la propia ley, pues el aquí peticionario de amparo solicita expresamente la suspensión del acto reclamado; además de que, con la concesión de la medida no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público y de no otorgarse la misma, con la ejecución del acto se causaría al promovente daños y perjuicios de difícil reparación; por ende, se concede a Mario David Gómez Durán, la suspensión provisional de los actos reclamados para el efecto de que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan y no sea privado de su libertad personal, con motivo de todas las acciones encaminadas a privarle de ésta, quedando a disposición de este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, por lo que hace a la misma, lo anterior hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables sobre la suspensión definitiva. La suspensión que se concede, surte sus efectos desde luego en términos del artículo 124 Bis de la Ley de Amparo, pero dejará de surtirlos si el quejoso no exhibe, dentro del plazo de cinco días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, garantía por la cantidad de $7,000.00 pesos (siete mil pesos 00/100 moneda nacional), en billete de depósito o en cualquiera de las formas permitidas por la ley, a nombre del directamente agraviado, ante y a satisfacción de este Juzgado, en el entendido de que si las garantías se exhiben en póliza de fianza, éstas tendrán que ser expedidas bajo el sometimiento expreso de la compañía respectiva, a la jurisdicción de este tribunal federal para el caso de que las garantías que ahí se establezcan, se hicieran efectivas y además, por tiempo indeterminado, para los efectos a que se refiere el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianza; pues de lo contrario, quedará sin efectos la medida suspensional concedida, lo cual se hará del conocimiento de las autoridades responsables que podrán ejecutar el acto reclamado; cantidad que se fija de manera discrecional, toda vez que por el momento no existen bases para considerar los requisitos que precisa el artículo 124 bis de la Ley de Amparo abrogada, como la naturaleza, modalidades y características del delito que se le impute al agraviado, situación económica y la posibilidad de que se sustraiga de la acción de la justicia; en el entendido de que dicha determinación podrá ser modificada al resolver la suspensión definitiva. Lo anterior, se apoya en la tesis I.7o.P.39 P, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página un mil doscientos treinta y uno, Tomo XVIII, correspondiente al mes de julio de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de texto y rubro siguientes: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTEN LA LIBERTAD PERSONAL. APLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 124 BIS DE LA LEY DE AMPARO. Para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecte la libertad personal, de conformidad con el artículo 124 bis de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe exigir del quejoso que exhiba una garantías, cuyo monto se fija tomando en cuenta la naturaleza, modalidades y características del delito que se le impute, la situación económica del mismo y la posibilidad de que el impetrante de garantías se sustraiga a la acción de la justicia. Sin embargo, tratándose de la suspensión provisional, en la mayoría de los casos el juzgador carece de los elementos suficientes que le permitan constatar esas circunstancias; no obstante, en este caso, ante el inminente peligro de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, al otorgar la suspensión provisional del acto reclamado, lo procedente es cuantificar la garantía con los datos asentados en la demanda interpuesta, ya que con base en los informes previos podrá modificarse su monto para que surta efectos la suspensión definitiva, pues es hasta ese momento que se cuenta con los elementos suficientes para tal efecto, y tiene de facto plena aplicación el precepto 124 bis." La suspensión provisional decretada surte sus efectos, desde luego, empero, se advierte a la parte quejosa de que en caso de incumplir con lo anterior, en términos de lo que establece el artículo 138, de la Ley de Amparo abrogada, dejará de surtirlos y quedará expedita la jurisdicción de las autoridades responsables para la ejecución del acto reclamado. Por otra parte, por el momento no es dable imponer a la parte quejosa la obligación de comparecer ante las autoridades responsables para la continuación del procedimiento respectivo, como lo establece el artículo 138 segundo párrafo, de la Ley de Amparo abrogada, por virtud que no se tiene la certeza respecto de la existencia del acto reclamado; sin embargo, una vez que obren en autos los informes previos que deberán rendir las autoridades señaladas como responsables, se proveerá lo conducente al resolverse sobre la suspensión definitiva. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis Jurisprudencial 149/2001 aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de diez de octubre de dos mil siete, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ. El artículo 138, segundo párrafo, de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afectan la libertad personal, la obligación del quejoso de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa o el Ministerio Público, apercibido que de no hacerlo la suspensión concedida dejará de surtir efectos, se actualiza hasta que se tiene certeza respecto de la existencia del acto reclamado (orden de aprehensión o de presentación) y de la autoridad que lo emitió. Ello es así, por que ante la eventualidad de que en la demanda de garantías se señalara una multiplicidad de posibles autoridades responsables, resultaría innecesario y desproporcional que se constriñera al quejoso a presentarse ante cada una de ellas; de ahí que en tal supuesto el juez de amparo que conceda la suspensión provisional debe hacerlo en términos de los artículos 124 bis, 136 y 138 de la Ley de Amparo, pero en el entendido de que la mencionada medida de aseguramiento será exigible hasta que se tenga la certeza respecto de la existencia del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad que lo emitió, lo cual ocurre, en el juicio de amparo indirecto, cuando las autoridades señaladas como responsables rinden informe previo dentro del término de veinticuatro horas y en él manifiestan, entre otras cosas, si es o no cierto el acto que se les atribuye, cuestión que deberá notificarse personalmente al quejoso.". Asimismo, la suspensión que se concede, no producirá el efecto apuntado, si el delito por el cual se libró la orden privativa de libertad reclamada, es de aquéllos considerados como graves, en términos del artículo 123, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California, en cuyo caso, este mandamiento no impide que el quejoso, sea privado de su libertad personal, pues la suspensión sólo producirá el efecto de que quede a disposición de este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, en el lugar donde deban ser recluido, en cuanto a su libertad personal y al del juez de la causa, por lo que respecta a la secuela del procedimiento respectivo, en términos del artículo 136, párrafo quinto, de la abrogada Ley de Amparo. Esta medida, tampoco surte efecto legal alguno, si el agraviado es sorprendido en la comisión de delito flagrante. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en despacho 318, Calzada Tecnológico, fraccionamiento Tomás Aquino de esta ciudad, autorizando en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, a los licenciados Felipe Saucedo Rubalcava, Marco Antonio Mejía Cisneros, Juan Pablo Martín Ornelas y Felipe Saucedo Hernández. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 282, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que deriven de este asunto. Al entender que se trata de un sólo quejoso, expídase únicamente una copia certificada de este proveído por conducto de sus autorizados, previa constancia que por su recibo obre en autos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Sirve a de apoyo a lo anterior, la tesis I.10o.C.13 K, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Octubre de 2006, página 1374, que a la letra reza: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS PROCESALES. LA DECISIÓN JUDICIAL DE NEGAR SU EXPEDICIÓN EN MÁS DE UN TANTO NO ENTRAÑA INFRACCIÓN NI DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS PARTES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. De la interpretación del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no se advierte que el juzgador tenga la obligación de expedir a las partes más de un tanto de las copias del documento o constancia que al efecto soliciten, pues dicho numeral sólo dispone que las partes podrán solicitar, en todo tiempo y a su costa "copia certificada" de cualquier constancia o documento que obre en autos, derecho que pueden ejercer en el momento que convenga a su interés jurídico, sin que sea óbice que dicho numeral no haga la prohibición expresa de expedir en más de una ocasión las copias solicitadas, toda vez que la satisfacción de diversas peticiones es una facultad discrecional del juzgador en la cual debe observar si el caso lo amerita y si existe la posibilidad material de hacerlo. En consecuencia, la decisión judicial de negar copias certificadas en más de un tanto no entraña infracción ni desconocimiento del derecho previsto en el referido artículo 278, toda vez que al igual que sucede con las normas rectoras de todo procedimiento judicial, el precepto señalado tutela, a favor de las partes, el ejercicio de un derecho por una sola vez, respecto del cual, una vez agotado, operaría el principio de preclusión, lo que significa que no podría volverse a ejercer tantas veces como se quiera, puesto que su verdadera razón de ser estriba en que las partes interesadas tengan a su alcance copia certificada de las constancias que deseen para el ejercicio de cualquier otro derecho, lo que se logra colmar cuando éstas se expiden por primera vez o en un solo tanto." Por último, en atención al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, y artículo 3 de la Ley de Amparo vigente, que prevé que los órganos están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincida íntegramente para la consulta de las partes; por consiguiente, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese. Así lo acordó y firmó la licenciada Adriana Herrera Palma, Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en funciones de Jueza, con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, autorizada mediante oficio CCJ/ST/278/2016, de sesión de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Alma Rosa Flores Castañón, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AHP/ARFC/ama*
- Principal
Se admite la demanda de amparo...pídase a las responsables sus informes jutificados a fin de que los rindan en el término de quince días...tramítese por duplicado el incidente de suspensión...se señalan las nueve horas con diez minutos del diez de marzo de dos mil dieciseis, para la celebración de la audiencia constitucional...dése la intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación...Se habilitan días y horas inhábiles...Requiérase a las partes para que manifiesten lo conducente a la publicación de sus datos personales...
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