Mario Cruz Pérez
Expediente 596/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 596/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 05/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Mario Cruz Pérez
- Juez Mixto de Primera Instancia Primero del distrito judicial de Ocotlán, Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la actuaria judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, mediante el cual informa que se admitió el recurso de revisión hecho valer por el quejoso en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, firmada y autorizada el treinta de agosto de dos mil veintiuno, al que le correspondió el número de expediente 229/2021, por lo que este órgano jurisdiccional queda enterado de lo expuesto, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, realícese la vinculación del expediente electrónico de éste asunto con el recurso de revisión 229/2021 de su índice; por tanto, con fundamento en lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, relativo al expediente electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; instrúyase a la analista jurídico adscrita para que realice la habilitación del expediente electrónico correspondiente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. El Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y en observancia de los requisitos y el trámite establecidos en la Ley de Amparo dicta la siguiente: S E N T E N C I A Mediante la que resuelve el juicio de amparo indirecto 596/2021 promovido por ************* en contra de la omisión del Juez Mixto de Primera Instancia de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, de concluir el procedimiento penal *************. El problema jurídico en el presente asunto exige analizar, en el caso de que se cumplan los presupuestos procesales correspondientes para el dictado de una sentencia de fondo, si la omisión reclamada, vulnera en perjuicio del inconforme los derechos fundamentales consagrados por los artículos 1, 14, 16, 17 y 20, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. I. ANTECEDENTES Manifiesta el quejoso que el tres de noviembre de dos mil dieciséis, la autoridad responsable libró orden de aprehensión en contra de *************, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de lesiones, cometido en su agravio. Que el quince de noviembre de dos mil dieciséis, se dictó auto de formal prisión al citado indiciado y se le otorgó el beneficio de la libertad provisional bajo caución; sin embargo, dicho procesado dejó de realizar sus presentaciones mensuales, por lo que se le requirió para que justificara sus inasistencias y al no hacerlo, se le libró orden de reaprehensión, mandato que hasta la fecha no se ha cumplido. Que no obstante haber aportado pruebas para justificar el monto de la reparación del daño, hasta este momento no se ha dado continuidad a la causa penal a pesar de haber transcurrido cinco años desde que se inició. Lo anterior constituye el motivo de disenso en esta instancia constitucional. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Mediante escrito presentado el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, ************* promovió juicio de amparo en contra de la omisión del Juez Mixto de Primera Instancia de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, de concluir el procedimiento penal en el expediente *************. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados los consagrados en los artículos 1, 14, 16, 17 y 20, apartado C, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Por autos de veintiocho de mayo y siete de junio del año en curso, se previno a la parte quejosa; y en proveído de once de junio de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto admitió a trámite la demanda registrada bajo el expediente 596/2021; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. No obstante que el quejoso señaló como tercero interesado a *************, quien tiene el carácter de imputado en la causa penal *************, del índice de la responsable, en el caso, se considera innecesario su emplazamiento a este juicio constitucional, en virtud que se sustrajo a la acción de la justicia, motivo por el que se le libró orden de reaprehensión que hasta el momento no se ha cumplimentado. La audiencia constitucional se llevó a cabo el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, en términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo establecido en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; y, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior porque el acto reclamado es de naturaleza penal y se atribuye a una autoridad que tiene su residencia en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que la inconforme reclama el acto siguiente: Del Juez Mixto de Primera Instancia de Ocotlán de Morelos, Oaxaca: La omisión de proveer lo conducente para que se concluya el proceso penal ************* de su índice. V EXISTENCIA DE ACTO RECLAMADO Por razón de método en toda sentencia de amparo, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen y, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia XVII.2o. J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, Tomo 76, Abril de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 212775, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Al rendir informe justificado, la Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, negó la existencia del acto reclamado, manifestando lo siguiente: "NO ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO por el quejoso, ya que mediante proveído de fecha veintiséis de julio de dos mil dieciocho se libró orden de reaprehensión en contra de *************, por la comisión del delito de lesiones, cometido en agravio de *************. Lo anterior al haber incumplido con sus obligaciones procesales que contrajo ante esta autoridad al momento de concederle el beneficio de la libertad caucional, suspendiéndose el procedimiento penal ordinario hasta en tanto se logre la captura de dicho procesado. Determinación que fue notificada al representante social el treinta y uno de julio de dos mil dieciocho. [.]". Dicha negativa se desvirtúa, toda vez que, de las constancias que obran en autos, las cuales adquieren valor probatorio pleno en su carácter de documentales públicas, de conformidad con lo previsto en los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se desprende la existencia de la omisión reclamada, por lo tanto, debe tenerse por cierto el acto que a ellas se reclama. En ese orden, este juzgado constitucional tiene por ciertos los actos omisivos reclamados, porque a la fecha de presentación de la demanda -veintiséis de mayo de dos mil veintiuno-, la Juez responsable no ha dictado resolución en la causa penal *************. La determinación anterior tiene sustento en la tesis aislada emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de contenido siguiente: ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. Además, como quedó precisado, el acto reclamado consiste en la omisión de concluir el procedimiento en la causa penal *************, en la que el quejoso es víctima, por lo cual debe estimarse que ante actos negativos -simples-, esto es, el reclamo de una omisión, no basta la sola manifestación de inexistencia del acto reclamado por parte de la autoridad responsable, sino que tiene la carga para probar lo contrario [conducta positiva], ya que jurídicamente no es posible acreditar algo que no existe. Apoya a lo expuesto, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos". De igual forma, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE TIENE EL CARÁCTER DE NEGATIVO. CARGA DE LA PRUEBA. NO CORRESPONDE AL QUEJOSO SINO A LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE. No es exacta la consideración del Juez de Distrito en el sentido de que no son ciertos los actos reclamados atribuidos a las responsables por haberlos negado ésta al rendir su informe justificado, consistentes en la falta de resolución a las peticiones del ahora quejoso, puesto que no por el hecho de que autoridad responsable niegue los actos reclamados, esta circunstancia baste para tenerlos por negados, ya que si se atiende a que el acto reclamado tiene la naturaleza de negativo, es a la autoridad responsable a quien corresponde acreditar que no incurrió en la omisión apuntada, motivo por el cual no es suficiente su afirmación en el sentido de que no son ciertos los actos reclamados, si no demuestra haber dictado el acuerdo respectivo y haberlo hecho del conocimiento del peticionario." Aunado a esto, de las constancias remitidas por la autoridad jurisdiccional responsable como apoyo a su informe justificado, deducidas de la causa penal mencionada, a las que se otorga valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de lo establecido en su numeral 2, se evidencia la existencia de tal motivo de disenso. Por tanto, queda demostrada la certeza de los actos omisivos combatidos. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación20, de contenido siguiente: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. VI. LEGITIMACIÓN ************* se encuentra legitimado para promover el presente juicio de amparo dado que es víctima del delito de lesiones por el que se instruye la causa penal *************, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, y la omisión de que se concluya dicho procedimiento penal impacta en su esfera normativa y esa situación lo legitima para ejercer la acción constitucional en términos de lo previsto en el artículo 5, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo. VII. OPORTUNIDAD La demanda de amparo fue presentada oportunamente, pues la omisión reclamada por la parte quejosa, al ser de carácter negativo, no está sujeta al término de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, sino que puede reclamarse en cualquier momento. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis que lleva por rubro y texto los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA INTERPONERLA TRATÁNDOSE DE ACTOS NEGATIVOS Y OMISIVOS. En los primeros la autoridad se rehúsa o rechaza expresamente obrar a favor de la pretensión del gobernado; en tanto que en los omisivos se abstiene de contestar la petición del particular ya sea en forma afirmativa o negativa. En ese contexto, se afirma que contra los actos negativos sí corre el término que prescribe el artículo 21 de la Ley de Amparo, en la medida de que el gobernado resiente una afrenta con la actitud de la autoridad de no complacerlo en los términos que éste pretende, situación que se consuma en el instante de la negativa y es lo que da la pauta para establecer, a partir de que se tenga conocimiento del mismo, el plazo a que alude el referido precepto; lo que no sucede con los actos omisivos, puesto que la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, razón por la cual en esta clase de actos no corre el término de referencia". VIII. PROCEDENCIA Con fundamento en el arábigo 62 de la Ley de Amparo se deben analizar las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y de estudio preferente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia II.1o. J/5 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, las partes no hicieron valer causas de improcedencia, ni este órgano jurisdiccional, de oficio, advierte que se actualice alguna; por tanto, toca hacerse cargo del estudio de fondo del acto reclamado. IX. ESTUDIO DEL ASUNTO Los conceptos de violación si bien no se transcriben, se tienen por insertos en aras de economía procesal, en virtud de no existir disposición en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción; no obstante, para su análisis se sintetizarán enseguida. El quejoso adujo en esencia, que la autoridad responsable viola en su perjuicio el derecho humano de acceso a la justicia consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal, ya que la juez responsable no ha dictado de oficio los acuerdos tendentes a impulsar el procedimiento hasta su conclusión, dejando con ello de impartir justicia pronta y expedita, pues han trascurrido más de cinco años sin que el quejoso obtenga justicia en relación a las lesiones y perjuicio patrimonial que sufrió; faltando además a los principios de igualdad de las partes en el proceso, continuidad e inmediación que rigen el procedimiento penal. Lo alegado es infundado. Para evidenciar lo anterior, conviene señalar brevemente los antecedentes del acto reclamado, que se desprenden de las constancias que integran los autos en este juicio de amparo, de las que se advierte: El tres de noviembre de dos mil dieciséis, se libró orden de aprehensión contra *************, en los autos de la causa penal *************, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de lesiones, cometido en agravio de *************. El quince de noviembre de dos mil dieciséis, se resolvió la situación jurídica del imputado y se dictó auto de formal prisión; asimismo, se concedió al imputado el beneficio de la libertad provisional bajo caución, quedando sujeto a realizar sus presentaciones mensuales ante el órgano jurisdiccional de su causa. El veintiséis de julio de dos mil dieciocho, la juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, dictó un auto que en lo conducente dice: "OCOTLÁN DE MORELOS, OAXACA; VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se da cuenta con el escrito de *************, procesado en la presente causa penal, recibido el once de junio del año en curso. Visto su contenido se le tiene señalando como domicilio para recibir sus notificaciones el que indica y por autorizada a la persona que cita para que las reciba, mismo que se glosa a los autos para los efectos de ley. Asimismo, se da cuenta con dos oficios pedimentos sin números de la Agente del Ministerio Público adscritos, recibidos el once y doce de junio del año en curso. Vistos sus contenidos, ante lo expuesto en el primero de los citados, resulta improcedente proveer de forma favorable lo planteado en virtud de que el citado activo no ha pretendido hasta este momento someterse de forma voluntaria a este proceso, puesto que ha dejado de cumplir y sigue incumpliendo con sus presentaciones mensuales como ha quedado precisado en las certificaciones secretariales que antecede, y que se obligó al momento de concederle dicho beneficio, y como consecuencia, lo planteado en el segundo de los de cuenta resulta procedente, toda vez que el procesado *************, ha incumplido de forma evidente con una de sus obligaciones contraídas con este Juzgado y que hace referencia el artículo 284 fracción I en relación con el numeral 282 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, no obstante que le fue concedido dicho beneficio, sabiendo que estaba siendo puesto en libertad provisional bajo caución, por lo que ante tal desacato, lo procedente es librarle la correspondiente orden de reaprehensión por incumplimiento con esta autoridad para con su proceso; y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los numerales 269, 282, 284 fracción I, 286, 308 fracción I, 309 y 311 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, como lo solicitó el Agente del Ministerio Público en el segundo de los pedimentos de cuenta y por ser a petición de esta es que se libra ORDEN DE REAPREHENSIÓN, en contra de *************, por el delito de LESIONES cometido en agravio de *************; por ello se suspende el procedimiento penal ordinario, hasta que se logre la captura de dicho procesado, para continuar con el mismo, ordenándose transcribir la presente determinación a la Agente del Ministerio Público Adscrita, para su conocimiento y ejecución respectiva, requiriéndose a los elementos aprehensores para que normen su conducta y actúen conforme a la ley, tutelando derechos humanos al momento de llevar a cabo la reaprehensión del activo y hecho que sea esto, lo pongan a disposición de este Juzgado e internado en un centro de Internamiento del Estado establecido legalmente para tal fin, en donde continuará formalmente preso y a disposición de esta autoridad, bajo los efectos del auto de formal prisión de fecha quince de noviembre de dos mil dieciséis por el ilícito y ofendido en cita. [.] De lo que se desprende que el veintiséis de julio de dos mil dieciocho se suspendió el procedimiento en la causa penal *************, con motivo de la orden de reaprehensión librada en contra del indiciado *************, al haber incumplido con las obligaciones procesales que contrajo con el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, al haber obtenido la libertad provisional bajo caución, lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 308, fracción I, del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado y que rige dicho procedimiento, que a la letra dice: "Art. 308.- Iniciado el procedimiento judicial, no podrá suspenderse sino en los casos siguientes: I.- Cuando el responsable se hubiere substraído a la acción de la justicia; [.]". Por consiguiente, la causa penal de origen no se encuentra en un estado procesal que permita su conclusión y, por ende, la omisión reclamada no transgrede el derecho humano de acceso efectivo a la justicia consagrado en el artículo 17 Constitucional. Lo anterior, al margen de que la actuación del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, de suspender el procedimiento, sea o no correcta, pues tal tópico, no forma parte de la litis en este juicio de amparo. X. DECISIÓN En tales condiciones, al resultar infundado el motivo de impugnación expresado por la parte quejosa, sin que proceda la suplencia de la queja, por no advertirse motivo alguno para ello, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, respecto del motivo de disenso consistente en la omisión de la Juez Mixto de Primera Instancia de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, de proveer lo conducente para que se concluya el proceso penal ************* de su índice. 85. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE Único. La Justicia de la Unión NO ampara ni protege a *************, en contra la omisión reclamada al Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, por las razones expuestas en el apartado IX de este fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de agosto de dos mil veintiuno. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el acuerdo que desechó la ampliación de su demanda de amparo, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de julio de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, el suscrito considera que debe diferirse la audiencia constitucional que estaba programada para hoy. La razón esencial: mediante auto de veintisiete del mes en curso, se desechó la ampliación de demanda promovida por el quejoso Mario Cruz Pérez, de ahí que deba darse oportunidad al impetrante, a efecto de que tenga conocimiento de dicho auto, para los efectos legales consiguientes. En consecuencia, la audiencia constitucional señalada para hoy se reprograma para las CATORCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. NOTIFÍQUESE.
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