Mario Cruz Mora
Expediente 465/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 465/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Mario Cruz Mora
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, y atendiendo al contenido de la certificación de cuenta, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que el artículo 98 de la Ley de Amparo establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de queja en contra del proveído de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. Archivo y anotaciones en el libro de control electrónico. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico respectivo y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. De conformidad con el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se desechó la demanda, no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa y no se encuentra dentro de los criterios de valoración para ser calificado de relevancia documental o conservable, ni obra en autos ninguna determinación de información reservada con motivo de alguna solicitud de acceso a la información calificada. Temporalidad para destrucción de expediente. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 20 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del citado expediente principal. Anotación de valoración documental y fecha de archivo en carátula de expediente. Inscríbase tal dato, así como la fecha de este acuerdo en la carátula del citado expediente, en observancia a lo dispuesto en el artículo 34, párrafo segundo, del Acuerdo General invocado. Notifíquese.
- Principal
téngase recibido y agréguese a los presentes autos el ocurso signado por el quejoso y atento a su contenido de conformidad con los dispuesto en el precepto legal 280 del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2o, se autoriza la devolución de los documentos que indica, previa copia certificada que de los mismos se deje en autos, autorizando para recibirlos a la persona que señala. Horario de atención. En la inteligencia que el referido trámite lo podrá realizar en el horario de atención de este juzgado de Distrito, el cual comprende de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, de lunes a viernes. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Identificación de promovente y registro. Vista la demanda de amparo promovida por ..... contra actos del Ingenio Plan de Ayala, S.A. de C.V., con residencia en esta ciudad; regístrese su ingreso en el libro de control electrónico que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 465/2023-I-D. Integración del expediente físico y electrónico. Se precisa que, con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, la integración del presente expediente - electrónico y en su caso físico- se llevará a cabo en términos de lo dispuesto por el numeral 3° del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Hágase del conocimiento de las partes, para los efectos conducentes. Desechamiento de la demanda. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente de la demanda de la que se advierte que el quejoso señaló como autoridad responsable al Ingenio Plan de Ayala, S.A. de C.V., con residencia en esta ciudad y como actos reclamados los siguientes: Todo lo actuado dentro de cualquier procedimiento de carácter administrativo en que se haya basado para cancelar el contrato de arrendamiento de fecha veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, con número de clave ********************de socio cañero en dicho ingenio; así como los alcances de preliquidación, liquidación y diferenciales por tonelada, que ampara el instrumento notarial que al efecto acompaña, con el que fungía como socio cañero del citado ingenio y que ahora por el actuar de la responsable de manera unilateral favorece a otra persona ejidataria por lo que hace a la parcela ******************** amparada por el certificado parcelario ******************** inscrita en el Registro Agrario bajo el número de folio ********************de********************ubicada en el********************municipio de********************la cual aduce cuenta con una superficie de ********************hectáreas. Bien, en el caso se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que procede desechar la demanda constitucional en términos de lo dispuesto en el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción XXIII del numeral 61, así como con los diversos 1 y 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, en los que se establece lo siguiente: .......... Como se aprecia de las normas transcritas, la acción de amparo procede única y exclusivamente contra actos o leyes dictadas por autoridad, que violen derechos fundamentales y las garantías para su protección, es decir, no es suficiente que se reclame una violación a dichos derechos y garantías para que el juicio constitucional sea procedente, sino que es necesario que tal transgresión se atribuya a una autoridad. Ello, pues no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de que se trata, sino únicamente los actos de "autoridad" Ahora, del texto de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo se advierten dos supuestos para considerar a un sujeto como autoridad responsable, a saber: a) La autoridad que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica, o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, con independencia de la naturaleza formal de dicho sujeto. b) Los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De lo anterior, se colige que se atribuye la calidad de autoridad con independencia de la naturaleza formal del órgano o sujeto que emite el acto. Es decir, el concepto de autoridad responsable quedó desvinculado de su naturaleza formal y atiende ahora, al tipo de acto que se impugne, el cual debe ser susceptible de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, de forma unilateral y obligatoria, precisando que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general Así, para definir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio constitucional, debe tenerse en cuenta: a) La existencia de un ente y organismo del Estado, independientemente de su naturaleza formal; b) Que emita actos jurídicos, desde luego, derivados de las facultades que les confiera una norma jurídica u omita hacerlos, y c) Que cree, modifique o extinga una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria. Como puede advertirse, la definición de autoridad para efectos de juicio de amparo que se establece en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, sigue esencialmente las notas distintivas que se describen en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, pero resulta ser más flexible, debido a que acepta la posibilidad de que los actos de particulares sean considerados de autoridad, cuando afecten derechos de las personas y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. El criterio en cita es consultable en la página 520, tomo II, del Apéndice 2011 al Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. ........ En la especie, la parte quejosa reclama en esencia la cancelación del contrato de arrendamiento de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, con número de clave ********************de socio cañero en el Ingenio Plan de Ayala, S.A. de C.V., con residencia en esta ciudad, a quien señala como responsable, así como los alcances de preliquidación, liquidación y diferenciales por tonelada, que ampara el instrumento notarial que al efecto acompaña al escrito de demanda, con el que fungía como socio cañero del citado ingenio y que ahora aduce que por el actuar de la responsable de manera unilateral, favorece a otra persona ejidataria respecto de la parcela ******************** amparada por el certificado parcelario ******************** inscrita en el Registro .Agrario bajo el número de folio ********************de********************ubicada en el********************municipio de********************la cual aduce cuenta con una superficie de ********************hectáreas. De lo anterior, se advierte que los actos de que se duele el impetrante no derivan de una relación de supra a subordinación jurídica establecida entre el gobernado y la autoridad que señala como responsable, pues no se trata de una actuación investida de imperio, sino que surge en un plano de igualdad Ello, porque los actos que reclama derivan del contrato que aduce celebró con quien señala como autoridad responsable Ingenio Plan de Ayala, S.A. de C.V., como socio cañero, pues la posición de la parte quejosa frente a esa factoría azucarera no es la de un gobernado, dado que como bien se advierte la pretensión que por esta vía constitucional intenta obtener (que no se le prive de los beneficios que produce la parcela como son la cosecha de producción de caña de azúcar, su liquidación y preliquidación derivados del arrendamiento y posesión que ostenta). Por lo que los actos que reclama y que alega transgreden sus derechos humanos, no tienen la naturaleza de actos de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, pues la autoridad responsable señalada por el quejoso no tiene ese carácter, pues su actuación surge en una relación contractual y no en un plano de supra-subordinación como autoridad investida de imperio. De ahí que los actos que reclama el promovente, no constituyen actos de autoridad para efecto del juicio de amparo, por lo que es inconcuso que en el caso se actualiza la causa de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1º, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la demanda de que se trata, con apoyo además en el numeral 113 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia III.4o.T. J/3 (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, tomo II, marzo de 2016, página 1500, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. ......... No impide la anterior conclusión lo dispuesto en los artículos 1, último párrafo, en correlación con el numeral 5, fracción II, último párrafo, de la Ley de Amparo, en los que se dispone que el juicio de garantías procede contra actos de particulares, pues la procedencia de dicha hipótesis está condicionada a que éstos actúen como autoridades, lo que no ocurre en la especie, dado que como se precisó, la cancelación del contrato de arrendamiento como socio cañero, no es realizada en su carácter de ente público. Tampoco es óbice a lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, junio de 2016, Tomo II, página 829, bajo la voz: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA." dado que de las manifestaciones de la quejosa, realizadas bajo protesta de decir verdad, así como de las documentales que exhibe, se advierte de manera clara y manifiesta que el acto reclamado no proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, conforme los razonamientos expuestos en la presente determinación, ya que aun y cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes, pues de todas suertes se arribaría a la conclusión anotada. Domicilio y autorizados. En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda. Asimismo, se tiene como su autorizad en términos amplios del artículo 12 de la mencionada legislación, la profesionista ********************, al contar con cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales que lo autoriza a ejercer la profesión de abogado y por así haber sido solicitado. Exhortación a tramitar asuntos "en línea", y consulta de expedientes. Con apoyo en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado a través del acuerdo general del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Asimismo, de conformidad con los artículos 261 y 262 del primero de los citados acuerdos generales, hágase del conocimiento de las partes, que las personas que acudan a los órganos jurisdiccionales podrán hacer uso de los equipos de cómputo que en cada órgano jurisdiccional se dispondrán para tal efecto, los cuales podrán destinarse a la consulta de expedientes electrónicos, a la actuación en el Portal de Servicios en Línea, o a la participación en videoconferencias con el personal del órgano cuyo equipo se esté utilizando. Habilitación de días y horas inhábiles para la práctica de notificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Digitalización. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el expediente en el sistema electrónico, a efecto de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, oficial judicial "A" y oficiales judiciales "c" que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. Transparencia y protección de datos personales. Con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tomando en cuenta lo previsto en los artículos 1, 9, 16, 68, 113, fracción l, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 23 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción Vlll, 43, 46 y 47, fracción ll, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en el entendido que aun cuando no se opongan expresamente a tal publicación, en la versión pública de la sentencia respectiva y demás resoluciones que se dicten en el presente juicio de amparo, así como de las diversas constancias, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener. Notifíquese personalmente.
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