Mario Cruz Antonio
Expediente 1603/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1603/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Mario Cruz Antonio
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que ha trascurrido el plazo otorgado a la parte quejosa a efecto que desahogara la vista otorgada en auto de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, en el sentido de que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha realizara pronunciamiento alguno al respecto, no obstante de encontrarse debidamente notificada como se desprende de la constancia que obra agregada en autos. En consecuencia, y atento a lo señalado en auto de diez de noviembre del presente año, este órgano jurisdiccional procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base a los elementos existentes en el expediente y los aportados por la autoridad señalada como responsable, a fin de establecer si efectivamente se dio o no, cabal cumplimiento a la misma. En ese contexto, es necesario precisar que mediante sentencia dictada por el Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, se otorgó el amparo y protección de la justicia de la unión, para los efectos siguientes: ". lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Augusto Rivera Apaiz, para los efectos de que se precisan en el siguiente considerando. Concesión que se hace extensiva al segundo acto reclamado consistente en la ejecución de la orden de cancelar y/o suspender de pago del salario, haberes y demás prestaciones quincenales, dado que constituye una consecuencia del emplazamiento declarado inconstitucional en esta resolución. (.) Por lo cual, ante la prohibición constitucional de ser reinstalado en el cargo que desempeñaba, lo que procede es, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal, así como la Jurisprudencia 2a./J. 103/2010, conceder el amparo al quejoso para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de sus atribuciones, realicen lo siguiente: 1. Indemnicen a la parte quejosa con el monto correspondiente a tres meses de salario; más veinte días por año efectivo de servicio, que debe contarse desde la fecha en que inició la relación administrativa hasta aquella en que fue separado de su cargo. En el entendido que si existe disposición legal aplicable que establezca una indemnización mayor, deberá estarse a ésta, conforme a lo establecido en las jurisprudencias 2a./J. 198/2016 (10a.) y 2a./J. 46/2020 (10a.), sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: (.) 2. Realicen el pago correspondiente a las demás prestaciones a que tenga derecho, las cuales consisten en la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios; desde que se concretó su separación y hasta que se realicen los pagos correspondientes, salvo que en la normativa aplicable se fije alguna limitante a esa temporalidad o montos; lo cual deberá ser acreditado por las autoridades responsables. (.) 3. La institución que, por ley o convenio, otorgaba el servicio de salud a la parte quejosa, deberá reanudarlo, hasta en tanto no se realice el pago total de la indemnización y demás prestaciones monetarias; quedando vinculada dicha institución de salud a acatar este fallo. Lo anterior, porque si esa era una de las prestaciones a la que tenía derecho, también debe ser incluida para la restitución de los derechos de la parte quejosa; pues si fue injustificada la destitución o separación del quejoso, también es ilegal que se dejara de ministrarle esos servicios de salud, por lo que en vía de reparación, debe restituírsele en el goce del derecho que se le privó con motivo del acto de autoridad; de conformidad con lo señalado en la jurisprudencia 2a./J. 110/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: (.) 4. Ordenen la anotación en el expediente personal del quejoso, inclusive el resguardado en el Registro Nacional y Estatal de Personal de Seguridad Pública, de que fue separado, destituido o cesado de manera injustificada, pero que, derivado de la restricción constitucional establecida en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal, no fue posible reinstalarlo en su cargo. Lo anterior, porque esas anotaciones se traducen en un efecto pernicioso del acto reclamado que deben repararse; como así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 55/2016, el seis de julio de dos mil dieciséis, que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 117/2016 (10a.), de rubro y texto: (.) En el entendido de que al cumplimiento de la ejecutoria de amparo quedan vinculadas todas las autoridades que en razón de sus funciones les corresponda realizar alguna gestión". Inconforme con lo anterior, la autoridad responsable interpuso recurso de revisión, del cual tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, registrado con el número R.A. 199/2023, el cual fue desechado, por lo que mediante proveido de doce de junio de dos mil veintitrés, se requirió a la autoridad responsable a efecto de dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Ahora bien, de la revisión a los presentes autos se advierte lo siguiente: Por lo que respecta a los efectos concedidos en la sentencia de amparo marcados con los números "1" y "2", mediante proveído de diez de agosto se tuvieron como fijas las cantidades a entregar a la parte quejosa, previamente señaladas por la parte responsable, siendo las siguientes: $215,772.02 (doscientos quince mil setecientos setenta y dos pesos 02/100 moneda nacional) por concepto de indemnización constitucional, y $209,183.15 (doscientos nueve mil ciento ochenta y tres pesos 15/100 moneda nacional) como las demás prestaciones. Mediante proveído de veintiséis de septiembre del año en curso, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México puso a disposición del quejoso el título de crédito por los conceptos antes señalados dando una cantidad neta de $424,955.17 (cuatrocientos veinticuatro mil novecientos cincuenta y cinco pesos 17/100 moneda nacional), con la cual se ordenó dar vista a la parte quejosa para que se presentara ante las autoridades responsables a recoger dicho título. Sin embargo, no obstante de estar debidamente notificado de lo anterior, el quejoso no ha realizado ninguna manifestación al respecto, y aunado a lo anterior, en proveído de diez de noviembre de dos mil veintitrés, la autoridad informó que la parte quejosa, aun no se presentaba a recoger el título de crédito. Ahora bien, por lo que hace a los efectos concedidos en el punto 3, se advierte que toda vez que el pago ha sido puesto a disposición de la parte quejosa, no obstante que no se acreditó aún que haya sido entregado, la institución que, por ley o convenio, otorgaba el servicio de salud a la parte quejosa, debió reanudar el citado servicio y seguirá otorgándolo, hasta en tanto no se realice el pago total de la indemnización y demás prestaciones monetarias; quedando vinculada dicha institución de salud a acatar este fallo. Finalmente por lo que hace al punto número 4, en proveído de diez de agosto de dos mil veintitrés, la apoderada para la defensa jurídica y en representación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México exhibió copia de diversos documentos a efecto de acreditar que se anotó en la hoja única de servicios del quejoso (documento que refiere es el único con que cuenta para demostrar la cancelación de la sanción impuesta), que éste fue destituido de manera injustificada, como se observa a continuación: En ese contexto, con las actuaciones mencionadas, a criterio de este juzgado se encuentra cumplida dicha ejecutoria, toda vez que las autoridades responsables pusieron a disposición de la parte quejosa el cheque por concepto de indemnización constitucional así como las demás prestaciones a que tiene derecho a recibir el quejoso de la cantidad que fue determinada, y se realizó la inscripción en el expediente del quejoso. Se precisa que no influye en esta determinación que la parte quejosa no se haya presentado haber recibido el título de crédito en mención, dado que la autoridad requerida cumplió con la obligación de ponerlo a su disposición; máxime que el que la parte quejosa se apersone a realizar el cobro correspondiente no es materia de la ejecutoria, pues como se advierte en líneas precedentes, la autoridad responsable acreditó poner a disposición de ésta el documento de valor, siendo su responsabilidad presentarse ante la autoridad responsable y su posterior cobro; ello, pues la concesión del amparo no vincula a la autoridad responsable a verificar si la parte quejosa hizo el cobro de la cantidad que se puso a su disposición, sino que se limita únicamente a devolver la cantidad correspondiente. Por tanto, la conducta de la parte quejosa, en el sentido de no confirmar a este Juzgado si recibió o no el pago correspondiente, no puede condicionar el cumplimiento de la obligación de la responsable. Es aplicable, por identidad de razón, la tesis III.3o.A.52 A, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, mayo de dos mil cinco, Tomo XXI, Materia Administrativa, página 1455. Registro 2006027 cuyo rubro es: "DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS. CUANDO DERIVA DE UNA SENTENCIA DE AMPARO, BASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORME QUE EL QUEJOSO PODRÁ HACER EFECTIVO EL COBRO Y LO ACREDITE CON LAS CONSTANCIAS RELATIVAS PARA QUE AQUÉLLA SE CONSIDERE CUMPLIDA. Con todo lo antes relatado, es dable concluir que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado, en ese sentido, con fundamento en el segundo y tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplido el fallo protector, sin que se advierta exceso o defecto en su acatamiento. Comuníquese a las partes la presente determinación; háganse las anotaciones que correspondan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa(o en forma electrónica de así haberse acordado.
- Principal
Ciudad de México, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de la parte quejosa, por medio del cual realiza diversas manifestaciones tendientes a evidenciar el incumplimiento de la ejecutoria que concedió el amparo y protección de la justicia de la unión, por lo que solicita hace efectivas las medidas de apremio indicadas en autos. Atento a lo anterior, dígase a la oficiante que no resulta conducente acordar favorablemente su petición, en virtud de que se encuentra transcurriendo el plazo concedido en acuerdo de diez de octubre de dos mil veintitrés, concedido a la sala de origen, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los presentes autos y al expediente electrónico el oficio del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual comunica su proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el amparo en revisión administrativo 590/2022; y, remite copia el acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, dictado por la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 794/2023, mediante el cual asumió la competencia originaria para conocer del recurso de revisión tramitado en el juicio de amparo del cual deriva el presente cuaderno de antecedentes. Quedando a la espera de la resolución que emita dicha autoridad. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, diez de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos la razón de la actuaria adscrita; en la que asienta el motivo por el cual no le fue posible notificar el oficio 43204/2023, dirigido al Dirección General de Finanzas, de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés; en virtud que, el mismo debe ser enviado a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. En ese contexto; en obvio de mayores dilaciones, reenvíense el oficio de referencia 43204/2023, dirigido a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a efecto de que sea notificada del requerimiento de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Notifíquese.
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